PGN-DAÑO ANTIJURIDICO-Lineamientos jurisprudenciales

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-No se probó falla en el servicio por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia/DAÑO ANTIJURÍDICO-No se acreditó de manera fehaciente que la prescripción de la acción penal fuera consecuencia de una falla en el servicio El artículo 69 de la Ley 270 de 1996 establece que cuando el daño no proviene de un error judicial o de la privación injusta de la libertad, el título de imputación jurídica radica en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales. Al respecto debe señalar el Ministerio Público que la duración de la investigación no genera por sí misma la responsabilidad de la administración de justicia, toda vez que para ello se requiere la prueba de la falta de justificación. Solamente puede imputarse morosidad previo el análisis de un conjunto de circunstancias como la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como ha sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal, sino desde la propia

realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-No se acreditó de manera fehaciente que el tiempo durante el cual se adelantó la actuación no fuera justificado ni necesario/COPIAS SIMPLES-Tiene plena validez siempre y cuando no haya sido tachada de falsa por adolecer de los requisitos de ley por la parte demandada De la revisión del acervo probatorio no se evidencia inactividad por parte del conductor del proceso, lo que excluye la mora entendida como la falta de dinamismo en el trámite, pues no se acreditó de manera fehaciente que el tiempo durante el cual se adelantó la actuación no fuera justificado ni necesario en razón del volumen o carga laboral que pudiera tener el despacho judicial, sin que resulte suficiente para establecer el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el lapso de tiempo que transcurre entre el inicio y su terminación. Aunque la Fiscalía profirió resolución de acusación el 24 de agosto de 2005 y el 11 de mayo de 2007 resolvió el recurso de apelación declarando la extinción de la acción penal, no se acreditó de manera irrefutable que ese lapso no fuera justificado ni necesario en razón del volumen o carga laboral que pudiera tener la Fiscalía de conocimiento, carga de la prueba en cabeza de la parte actora habida consideración a que el régimen de responsabilidad no es objetivo sino de falla probada. En ese orden de ideas, debe concluir el Ministerio Público que no se probaron los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial de la administración de justicia

por defectuoso funcionamiento, en tanto que no se acreditó de manera fehaciente que la prescripción de la acción penal en la actuación fuera consecuencia de una falla en el Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45718 (250002326000200900180 01) E.a.s.t servicio, o lo que es lo mismo, que el tiempo que se demoró en la Fiscalía no fue razonable y justificable en razón de la carga laboral y complejidad de los asuntos Así pues, con fundamento en los breves argumentos expuestos a lo largo del presente concepto, es dable colegir, que los hechos materia de la presente demanda, no son atribuibles a título de responsabilidad administrativa a la parte demandada (NaciónFiscalía General de la Nación), dado que al no demostrase el daño que adujo haber sufrido la actora, obliga a concluir que la sentencia de primera instancia deberá confirmarse aclarando que la copia simple tiene plena validez siempre y cuando no haya sido tachada de falsa por adolecer de los requisitos de ley por la parte demandada. La Procuraduría General de la Nación en la búsqueda de la eficiencia y la transparencia del debido proceso y protección de las garantías básicas constitucionales, derecho de defensa y contradicción, a través de esta Delegada solicita sea exonerada de

responsabilidad patrimonial la Fiscalía General de la Nación. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45718 (250002326000200900180 01) E.a.s.t CONCEPTO No. 64 / 2013

Bogotá, 21 de marzo de 2013.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor MAURICIO FAJARDO GOMEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 2500023260002001900180 01 (45718)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: LUÍS ALEJANDRO HUERTAS RAMÍREZ.

DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida del Tribunal Administrativo de Cundinamarca / No se probó falla en el servicio por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia / No se acreditó de manera fehaciente que la prescripción de la acción penal fuera consecuencia de una falla en el servicio.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la

Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.a.s.t

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

El señor LUÍS ALEJANDRO HUERTAS RAMÍREZ, actuando por intermedio de su representante legal y a través de apoderado judicial, instaura acción de reparación directa contra LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el fin de que se le declare administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados por la falla en el servicio judicial por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia atribuido a la Fiscalía General de la Nación. 1.2. La contestación 1.2.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación. La Nación - Fiscalía General de la Nación a través de apoderado judicial, contestó oportunamente la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por el demandante:  Argumentó que el proceso penal seguido contra el señor Alfredo Emilio Rojas, por denuncia instaurada por el ahora demandante, se surtió conforme a las normas legales que regían el procedimiento penal, sin que se vislumbrara error judicial o vía de hecho imputable a la autoridad instructora  Arguyó que la parte actora no demostró los perjuicios alegados en la

demanda, causados por la actuación judicial 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, negó las pretensiones, 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45718 (250002326000200900180 01) E.a.s.t mediante sentencia proferida el veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012), (Fls. 133 a 140 C. Consejo de Estado):  Consideró que en el plenario no se observan las piezas procesales del expediente penal, denuncia, decisión inhibitoria, providencia que revocó el auto inhibitorio y resolución acusatoria, se aportaron en copia simple con la demanda y la parte actora no solicitó se decretara medio de convicción para arrimar el proceso penal en debida forma.  Arguyó que no se relacionó el detalle, trámite y tiempos en que se desarrolló el proceso penal, ni tampoco las razones o actuaciones por las cuales se demoró la definición de la conducta penal denunciada.  Concluyó que en el documento analizado no se verifican las circunstancias que soportaron el tiempo que utilizó la Fiscalía para instruir el proceso penal, ni tampoco se evidencia que este período atendió a una falla o actuación defectuosa de la autoridad instructora. 1.4. Argumentos de la apelación.

El apoderado de la parte actora dentro del proceso referido, incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (Fls.142 a 145 del cuaderno del Consejo de Estado):  Manifestó que la prescripción de la acción penal, se produjo mientras el 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45718 (250002326000200900180 01) E.a.s.t expediente estaba en poder de dicha autoridad, para resolver sobre la apelación interpuesta a la providencia calificatoria y permaneció en el despacho de la misma por espacio de 10 meses.  Consideró que la prescripción la decretó dicha autoridad, no obstante que la obligación funcional de la misma era confirmar o revocar la providencia calificatoria, con base en los hechos sustanciales de este momento, obrantes en el proceso, pero la Fiscalía 50 Delegada de Bogotá, lo que hizo fue anunciar la revocatoria a partir del análisis de la existencia de la prescripción de los delitos penales denunciados.  Concluyó que la Fiscalía tuvo en sus manos la resolución legal del caso, en cuanto a la definición del recurso, pero no lo hizo y si en cambio dejó que prescribieran las acciones de los delitos denunciados estando el expediente en su poder para el trámite.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Es administrativa y patrimonialmente responsable la Fiscalía General de la Nación por supuesta falla judicial por la prescripción penal de los delitos de estafa y fraude procesal, denunciados por el señor LUÍS ALEJANDRO

HUERTAS RAMÍREZ?

2.2. Marco Teórico. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45718 (250002326000200900180 01) E.a.s.t Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración.

b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...”. Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45718 (250002326000200900180 01) E.a.s.t b) El daño antijurídico c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración. 2.2.2. Responsabilidad del Estado Juez. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 90 la responsabilidad patrimonial del Estado. Dice su primer inciso:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. La Ley 270 DE 19961 (Marzo 7) -Diario Oficial No. 42.745, de 15 de marzo de

1996preceptúa, en el CAPÍTULO VI. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Y DE SUS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES: “ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. “En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.” “ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. “ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.” 1 La Corte Constitucional, en sentencia C-037/96 efectuó la Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, "Estatutaria de la Administración de Justicia". Magistrado ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO

MESA. 5 de febrero de 1996. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45718 (250002326000200900180 01) E.a.s.t 2.2.3. Sobre el valor probatorio de las copias. Se ha dicho en la jurisprudencia del Consejo de Estado: ¿Pero será que la presunción de autenticidad recae sobre cualquier estado en que se aporte el documento? Para resolver este interrogante es indispensable acudir a la ley procesal civil en materia de la aportación de documentos en la cual se exige lo siguiente sobre la prueba documental: Que se aportarán al proceso en originales o en copia y que ésta podrá consistir en trascripción o reproducción mecánica del documento (art. 253 del C. de P. C.); Que para que la copia tenga el mismo valor del original es necesario que se obtenga de una de las formas previstas en el siguiente artículo: "ARTÍCULO 254 del C. de P. C. ( ) 1º. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2º. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. 3º Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de

inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa" (…) Con todo lo anterior se aprecia que los documentos amparados con la presunción de autenticidad de que trata el artículo 12 de la ley 446 de 1998 son solamente LOS

ORIGINALES DE DOCUMENTOS PRIVADOS O DE DOCUMENTOS PÚBLICOS.

Por lo tanto, cuando se aportan copias de documentos, para que los mismos tengan valor se requiere que las copias en las cuales se contienen estén autenticadas de alguna de las formas establecidas en el artículo 254 del C. de P. C., para que puedan tener el mismo valor probatorio del original.” 2.2.4. Sobre la prescripción de la acción penal. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45718 (250002326000200900180 01) E.a.s.t Las causales de extinción de la acción son las contempladas por la Ley 594 de 2000 así: “Artículo 82. Extinción de la acción penal. Son causales de extinción de la acción penal: (…)

4. La prescripción. (…)” “Artículo 86. Interrupción y suspensión del término prescriptivo de la acción. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada.

Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por

un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10)”. 2.3. Las pruebas obrantes. Obran las siguientes en el plenario:  A folios 1 a 5 del cuaderno 2 obra copia simple de la denuncia penal formulada por el señor Luís Alejandro Huertas Ramírez contra el señor Alfredo Rojas Reyes por los delitos de estafa y fraude procesal ante la Fiscalía General de la Nación.  A folios 6 a 11 del cuaderno 2 obra copia simple de la providencia del 29 de mayo de 2002, emitida por la Fiscalía Seccional 161 de Bogotá, en la que se profirió decisión inhibitoria dentro de las preliminares iniciadas por la denuncia instaurada.  A folios 12 a 15 del cuaderno 2 obra copia simple del recurso de apelación interpuesto por el señor Luís Alejandro Hueras contra el auto inhibitorio. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45718 (250002326000200900180 01) E.a.s.t  A folios 16 a 20 del cuaderno 2 obra copia simple de la providencia del 16 de octubre de 2002, por la cual la Fiscalía Cuarta Delegada de Bogotá resolvió el recurso de apelación, revocando la decisión impugnada.

 A folios 27 a 37 del cuaderno 2 obra copia simple de la providencia del 24 de agosto de 2005, por el cual se califica el mérito sumario 557051, profiriendo resolución de acusación contra el señor Alfredo Emilio Rojas Reyes, como autor del delito de fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo con estafa.  A folios 38 a 47 del cuaderno 2 obra copia simple de la providencia del 11 de mayo de 2007, proferida por la Fiscalía 50 Delegada de Bogotá, por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el defensor de el señor Alfredo Emilio Rojas Reyes contra la resolución de acusación, en la que se declaró extinguida la acción penal seguida contra el acusado. 2.4. Caso concreto 2.4.1. El artículo 69 de la Ley 270 de 1996 establece que cuando el daño no proviene de un error judicial o de la privación injusta de la libertad, el título de imputación jurídica radica en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45718 (250002326000200900180 01) E.a.s.t 2.4.2. Al respecto debe señalar el Ministerio Público que la duración de la investigación no genera por sí misma la responsabilidad de la administración de justicia, toda vez que para ello se requiere la prueba de la falta de justificación. Solamente puede imputarse morosidad previo el análisis de un conjunto de circunstancias como la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como ha sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal, sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla. 2.4.3. De la revisión del acervo probatorio no se evidencia inactividad por parte del conductor del proceso, lo que excluye la mora entendida como la falta de dinamismo en el trámite, pues no se acreditó de manera fehaciente que el tiempo durante el cual se adelantó la actuación no fuera justificado ni necesario en razón del volumen o carga laboral que pudiera tener el despacho judicial, sin que resulte suficiente para establecer el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el lapso de tiempo que transcurre entre el inicio y su terminación. Aunque la Fiscalía profirió resolución de acusación el 24 de agosto de 2005 y el

11 de mayo de 2007 resolvió el recurso de apelación declarando la extinción de la acción penal, no se acreditó de manera irrefutable que ese lapso no fuera justificado ni necesario en razón del volumen o carga laboral que pudiera tener el 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45718 (250002326000200900180 01) E.a.s.t la Fiscalía de conocimiento, carga de la prueba en cabeza de la parte actora habida consideración a que el régimen de responsabilidad no es objetivo sino de falla probada. 2.4.4. En ese orden de ideas, debe concluir el Ministerio Público que no se probaron los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial de la administración de justicia por defectuoso funcionamiento, en tanto que no se acreditó de manera fehaciente que la prescripción de la acción penal en la actuación seguida contra Alfredo Rojas Reyes fuera consecuencia de una falla en el servicio, o lo que es lo mismo, que el tiempo que se demoró en la Fiscalía no fue razonable y justificable en razón de la carga laboral y complejidad de los asuntos 2.4.5. Así pues, con fundamento en los breves argumentos expuestos a lo largo del presente concepto, es dable colegir, que los hechos materia de la presente demanda, no son atribuibles a titulo de responsabilidad administrativa a la parte

demandada (NaciónFiscalía General de la Nación), dado que al no demostrase el daño que adujo haber sufrido la actora, obliga a concluir que la sentencia de primera instancia deberá confirmarse aclarando que la copia simple tiene plena validez siempre y cuando no haya sido tachada de falsa por adolecer de los requisitos de ley por la parte demandada. La Procuraduría General de la Nación en la búsqueda de la eficiencia y la transparencia del debido proceso y protección de las garantías básicas constitucionales, derecho de defensa y contradicción, a través de esta Delegada 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.45718 (250002326000200900180 01) E.a.s.t solicita sea exonerada de responsabilidad patrimonial la Fiscalía General de la Nación.

III. CONCLUSIÓN En concepto de esta Agencia del Ministerio Público la sentencia recurrida por la parte actora del veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012) proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA debe ser

CONFIRMADA

Del H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co