PGN - DAÑO Hecho generador en los diferentes desplazamientos a que se vieron avocados los

ACCION DE REPARACION DIRECTA-Responsabilidad estatal por omisión de protección consecuencia de desplazamiento forzado INDEMNIZACION-Por el desplazamiento a nivel nacional del grupo que conforman la condición. En tal orden de ideas mencionó en el hecho primero de la demanda que quienes demandan conforman el grupo de “personas desplazadas de los diferentes municipios y corregimientos y/o ciudades a nivel nacional entre ellos (Ibagué – Tolima y alrededores, Neiva – Huila y alrededores, Florencia chaqueta ((leáse o entiéndase Caquetá)) y alrededores, Quibdó – choco ((leáse o entiéndase (Chocó)) y alrededores , Villavicencio meta y alrededores entre otros(…) hechos que aún no han finalizado y los está re victimizando en la actualidad”. Señala que los demandantes junto con su núcleo familiar fueron desplazados violentamente del lugar de sus orígenes por grupos al margen de la ley (paramilitares, guerrillas, bacrim), hechos consignados en las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público y registrada en el sistema único de registro que lleva la acción social, e indicó en el hecho quinto de la demanda que “todos los integrantes del grupo accionante reúnen condiciones uniformes en la causa”. ACCION DE GRUPO-Que los hechos de la demanda estén gobernados bajo la noción de condiciones uniformes respecto del hecho generador del daño/ ACCION DE GRUPO-Previsión legal De tal forma, conforme con lo que se ha venido exponiendo se tiene que la causa generadora debe ser la misma para todos los integrantes del grupo, el daño causado,

sin que las reparaciones pretendidas a favor de cada uno de ellos tengan que ser iguales para todos. Como acercamiento al alcance y requisitos del mencionado medio de control se debe partir de la previsión legal sobre el tema, para retomar luego los correspondientes pronunciamientos del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El artículo 3 de la Ley 472 de 1998 establece: DAÑO-Hecho generador en los diferentes desplazamientos a que se vieron avocados los miembros del grupo que demanda (…) sin embargo ni se indican ni las fechas en que se dieron aquéllos traslados o movilizaciones ni que grupos armados al margen de la ley dentro del marco del conflicto armado interno colombiano fue que afectó a los referidos sitios que menciona 2 Expediente AG 730012333004 2017 00111 01 la parte actora mencionando en términos generales cinco departamentos del territorio patrio, circunstancia que conduce a las claras a sostener que no existe uniformidad en el grupo, puesto que nada permite inferir que la causa de los daños alegados sea la misma para todos quienes integran la parte actora, ya que no se tiene certeza que los desplazamientos hayan devenido por causa de unos mismos agentes de la ilegalidad, llámese guerrilla, bacrim o paramilitares, o que hubieren obedecido a razones políticas para todos ellos o de otro tipo de desplazamiento. DESPLAZAMIENTO FORZADO-Los hechos de la demanda no cumplen con uno de los requisitos establecidos en la Ley De tal manera, no porque con el mencionado registro se haya reconocido a los

demandantes como como desplazados o víctimas del conflicto interno colombiano, se puede inferir que los hechos que originaron el daño sean los mismos, pues para ello se debían cumplir ciertos requisitos que en este caso no pudieron ser verificados. 3 Expediente AG 730012333004 2017 00111 01

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 0262/ 2018

Bogotá, D.C., 14 de diciembre de 2018 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente doctor: GUILLERMO SANCHEZ LUQUE

E. S. D.

Ref: Proceso 73001-23-33-004 2017 00111 01

Acción de Grupo – Medio de Control de reparación directa

Actor: María Luz Helida Cerquera Otálvaro y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Otros El Ministerio Público, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1.- Adolfo Guapacho Vega, Edufay Caleño García, María Luz Helida Cerquera

Otálvaro, José Israel Cerquera Palomino, Armando Cutiva, Gloria Cutiva Lasso, Daniela Sthephanie Morales Martínez, Fernando Morales Gordillo, Hermides Rodríguez Morales, Yeine Serley Guerrero Murcia, Luis Alejandro Riaño, Virginia García De Caleño, Noemí Vega Torres, Aquilino Quiñonez Rada, Hernando Miranda Martínez, Yazmín Rincón Medina, Manuel Fermín Torres,

4 Expediente AG 730012333004 2017 00111 01 Equin Aderson Torrescastiblanco, Jaime Borja Vera, Nidia Viviana Torres Castiblanco, Blanca Flor Delgado Ordóñez, Rocio Jaqueline Leonas, María Isabel Gómez Cassaleth, Marlén Ardila Gutierrez, Azucena Vinasco Silva, Isabelina Herrera De Botache, Neffi Miranda Vega, Jael Rocío Peralta García, Alba Luz Ramírez De García y Álvaro José Vergara Álvarez mediante la acción de grupo demandan a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional ( Ejército Nacional – Policía Nacional – Fuerza Armada Colombiana ); Red de Solidaridad – Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación InternacionalUnidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el fin de que se les declare administrativa y solidariamente responsables por los perjuicios y daños materiales, morales, fisiológicos y de daño a la vida de relación, los que fueron padecidos por los demandantes a raíz de la omisión de las demandadas en brindar la protección y seguridad en la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades habiendo sido desplazados violentamente de los diferentes lugares de sus orígenes hechos que atribuye la parte actora a grupos armados al margen de la ley ( paramilitares, guerrilla, bacrim ). 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional se opuso a las pretensiones.

Propuso como excepciones la de: indebida escogencia de la acción, culpa exclusiva de un tercero e inexistencia de falla en el servicio por omisión en el

deber de vigilancia y protección. Alega el desconocimiento de los topes indemnizatorios por la parte actora, como la ausencia de prueba sobre la existencia de los daños reclamados, los que de llegar a ser probados recaerían en el Fondo Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia. Propuso como excepciones entre otras: la de falta de legitimación en la causa tanto de los demandantes como del Ministerio de Defensa; la ausencia de causa común y de falla den el servicio, y el hecho de un tercero (Cfr. fls. 204 a 230 C.1). 5 Expediente AG 730012333004 2017 00111 01 1.2.2. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional manifestó atenerse a los hechos que resulten probados sin que se haya acreditado la imposibilidad de retorno al lugar donde habitaban. Propuso como excepciones la de caducidad de la acción, la de falta de legitimación en la causa tanto por pasiva del Ministerio de Defensa, como por activa de los demandantes toda vez que no acreditan su condición de víctimas del desplazamiento forzado; inepta demanda por indebida escogencia de la acción constitucional en cuanto debieron acudir a la acción de reparación directa (Cfr. fls. 317 a 371 C.1). 1.2.3. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas indicó que las normas que regulan sus competencias no le asignan funciones para atender asuntos relacionados con el desplazamiento forzado. Señaló que acorde con el Registro Único de Víctimas éstas ha recibido la ayuda

humanitaria sin que la UARIV sea la causante del desplazamiento. Indicó que la reparación por vía administrativa y la reparación judicial son distintas, y que si lo pretendido es la reparación administrativa por desplazamiento debieron acudir a Acción Social hoy DPS. Alega sobreestimación de las pretensiones. Propuso las excepciones de improcedencia de la acción de grupo, falta de legitimación por pasiva, ausencia de responsabilidad, eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero e inexistencia de prueba sobre los perjuicios alegados (Cfr. fls. 388 y ss. C.1). 1.3. El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 26 de febrero 2018 señaló: “ (…) de conformidad con el material probatorio anexado al sublite, se entrevé que los accionantes fueron desplazados de diferentes municipios del país en el marco del conflicto armado, empero, no se puede establecer, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya que no es claro el hecho que como tal ocasionó los daños alegados; pues debe resaltarse desde ya, que la causa común no versa sobre la calidad de la persona que demanda (en este caso víctimas del conflicto), o que simplemente exista un grupo de 20 personas, sino que los hechos que originaron el daño sea el mismo, verbigracia, una toma guerrillera, una confrontación militar, un atentado terrorista e.t.c..” 6 Expediente AG 730012333004 2017 00111 01 Consideración luego de la cual denegó las pretensiones al concluir que no se dio cumplimiento al presupuesto sobre las “condiciones uniformes”, establecido

en el artículo 46 de la Ley 472 de 1998, pues en el caso no era posible sostener la existencia de unos mismos hechos como generadores del desplazamiento forzado, cuando los mismos se dieron en “distintas fechas y diferentes zonas del país; lo cual sin hesitación alguna responde a situaciones personales independientes y aisladas”, lo que hacía inviable el medio de control empleado por los demandantes al concluir que en el caso concreto no existían las condiciones uniformes, aunado a que toda víctima del conflicto armado debía sujetarse a lo establecido en los artículos 151 y 159 del Decreto 4800 de 2011 referidos a la indemnización administrativa (Cfr. fls. 2 a 26 C. de Estado). 1.4. Apelación. La parte actora concretó sus inconformismos en: i.- Que el desplazamiento forzado que se alega devino de condiciones previstas en la Ley 387 de 1997, para lo cual bastaba que la UARIV procediera a la inscripción de los actores en el correspondiente registro único de víctimas. ii.- Que la Ley 1448 de 2011 contempla las medidas de reparación administrativa como los beneficios a que tienen derecho las víctimas del desplazamiento forzado, ante lo cual cuestiona que no se hayan ordenado por el a quo las medidas de satisfacción económica y moral como de reparación integral. iii. Que se debió dar un enfoque “diferencial” siendo el hecho generador del daño y el nexo causal el mismo a saber: ser víctimas de desplazamiento forzado y víctimas afectadas por un evento lesivo común ocurrido en el territorio nacional “lo que amerita un tratamiento procesal unitario”.

iv.- Que el a quo desconoce la larga espera realizada por los demandantes para poder recuperar la tranquilidad física, económica y emocional sin que se el organismo correspondiente les haya ofrecido algún tipo de ayuda humanitaria. 7 Expediente AG 730012333004 2017 00111 01 v.- Que los actos reclamados son delitos de lesa humanidad debiendo ser valorados conforme a las decisiones de la Corte Constitucional como del derecho internacional humanitario y el bloque de constitucionalidad. Así, la apelante luego de referirse de manera extensa a los precedentes históricos y alcances del derecho internacional humanitario finalizó su argumentación solicitando se modifique el fallo apelado, amparando los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado en razón del conflicto, disponiendo la reparación integral a que haya lugar.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Si bien lo relativo a los presupuestos procesales (jurisdicción, competencia, caducidad, legitimación) no son objeto de la apelación, y no se aprecian circunstancias que ameriten que los mismos sean reexaminados en esta instancia, el Ministerio Público no obstante lo anterior de manera previa a entrar a examinar el fondo del asunto disertara de manera breve sobre la oportunidad para el ejercicio del medio de control que no es otro que el de reparación directa. 2.1. Caducidad Para los efectos a que se refiere el subtítulo anterior es pertinente acudir a los argumentos expuestos el 15 de diciembre de 2008 por el Dr. Enrique Gil Botero, dentro del Expediente No.: 230012331000200700332 01, Número interno:

34.831. “Un análisis sobre el particular lleva a concluir, que en los asuntos en los cuales se discuta la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a causa de desconocimientos y vulneraciones a derechos humanos, los términos de caducidad deben ceder frente a los principios y postulados que benefician al demandante – víctima de la violación (pro actione y pro damato)1. 1 Pie de página de la cita. “En efecto, los daños que se reclaman tienen la calidad de continuados como quiera que se producen de manera sucesiva en el tiempo, esto es, día a día sin que exista solución de continuidad. Al respecto, ha 8 Expediente AG 730012333004 2017 00111 01 Así las cosas, el derecho interno y/o nacional debe estar en consonancia con las obligaciones y compromisos del Estado Colombiano, frente al derecho internacional, como también en relación con las normas de reparación de daños derivadas que están contenidas en otros cuerpos legales, verbigracia en la ley 975 de 20052, en cuyo artículo 8 se estableció: “El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas. […] “La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.” […] Existe por lo tanto, un deber jurídico, consistente en la obligación a la cual se enfrenta el Estado, de brindar todos los mecanismos e instrumentos para que el

principio de reparación integral sea una realidad. Ahora bien, con fundamento en este postulado no se puede, en todos los casos, aligerar o distensionar la vigencia de las normas de caducidad; a contrario sensu, esta regulación tiene como objetivo garantizar, como se precisó, la seguridad jurídica, motivo por el cual, debe enfatizarse, las normas de caducidad por regla general, tienen plena validez y vigencia, de acuerdo con cada respectiva acción, en los términos del artículo 136 del C.C.A. No es que se disponga sin razón que en algunos eventos, las normas de caducidad no operan, lo cual implicaría, de suyo, una vulneración al derecho fundamental de igualdad (art. 13 C.P.). Lo que debe quedar claro es que, en aquellas situaciones en las cuales el juez del proceso evidencie que de los hechos y pruebas allegadas con la demanda donde se debate y se reclama la responsabilidad del Estado a causa de una vulneración de derechos humanos, la caducidad no puede llegar a enervar la acción judicial, toda vez que el carácter de imprescriptible de la persecución de la violación, así como el imperativo de reparar integralmente a las víctimas, prevalecen en esos casos concretos, en cuanto se refiere a la posibilidad de acudir al aparato jurisdiccional para reclamar la indemnización y la adopción de medidas necesarias para el restablecimiento del daño antijurídico. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corporación ha desarrollado la conexión existente entre el sistema interno y el internacional, desde la perspectiva de la reparación integral, en los siguientes términos: sido reiterada la jurisprudencia de la Sección, en el sentido de que cuando se demanda la reparación de un daño

continuado en el tiempo, como sería el caso de la desaparición forzada, el término para intentar la acción, solo inicia su conteo a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo.” Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 19 de julio de 2007, exp. 31.135. 2 Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. 9 Expediente AG 730012333004 2017 00111 01 […] (…) la jurisprudencia contencioso administrativa –encargada de la reparación de los daños antijurídicos que se le imputan al Estado– es quien debe armonizar y dar concreción a los principios y reglas jurídicas contenidas en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos, a efectos de garantizar la verificación y materialización de las garantías de las cuales es titular el ser humano. Los esquemas políticos y jurídicos modernos parten del reconocimiento de la existencia de un modelo “garantista”, en el cual la protección y pleno ejercicio de los derechos de la persona constituyen el fin mismo de la organización estatal. Por lo tanto, el hecho de asumir criterios como el de esta estirpe, es decir, según el cual la reparación integral de un daño antijurídico derivado de la violación de derechos humanos no tiene prescripción ni caducidad, no puede considerarse ni ser entendido como una ruptura que desconocería la seguridad jurídica, o como el de una

interpretación que atentaría contra el patrimonio público, toda vez que si el Estado no responde, por la violación de los derechos humanos, no habrá posibilidad alguna de que los valores y principios que trazó el constituyente en la Carta Política de 1991, se vean efectivamente realizados. De lo contrario, no se entendería el por qué el Estado puede perseguir a las personas responsables de violaciones a derechos humanos sin que opere la prescripción de la acción penal y, desde el lado opuesto, no pudieran las víctimas de la trasgresión buscar la reparación del daño en cabeza del Estado; este último, principal encargado de la protección y satisfacción de las garantías humanas3. Por último, se requiere hacer especial énfasis en el cuidado y valoración que deben emplear los jueces al momento de admitir las correspondientes demandas, como quiera que la única forma de morigerar los términos de caducidad, se dará en aquellos eventos en los cuales de los hechos narrados en la demanda, así como de las pruebas acompañadas con la misma, se desprenda de forma clara y manifiesta que la reparación que se pretende tiene su origen en la vulneración de derechos humanos; de lo contrario, si aquella se fundamenta en los conceptos antes delineados, con el fin de revivir o retomar términos procesales ya vencidos, el juez deberá dar aplicación estricta al artículo 143 del C.C.A., y proceder a rechazarla de plano4. 3 “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva, elocuente, concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera; de

igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes; si son injustas han de ser reformadas o abolidas. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar.” (Resalta la Sala) RAWLS, John “Teoría de la Justicia”, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, Pág. 17. 4 “Podemos, por tanto, corregir la afirmación con que comenzamos este epígrafe. Hoy, ciertamente, los jueces tienen una gran responsabilidad en la vida del derecho desconocida en los ordenamientos del Estado de derecho legislativo. Pero los jueces no son los señores del derecho en el mismo sentido que lo era el legislador en el pasado siglo. Son más exactamente los garantes de la complejidad estructural del derecho en el Estado constitucional, es decir, los garantes de la necesaria y dúctil coexistencia entre ley, derechos y justicia. Es más, podríamos afirmar como conclusión que entre Estado constitucional y cualquier “señor del derecho” hay una radical incompatibilidad. El derecho no es propiedad de uno, sino que debe ser objeto del cuidado de todos.” ZAGREBELSKY, Gustavo “El derecho dúctil”, Ed. Trotta, Pág. 153. 10 Expediente AG 730012333004 2017 00111 01 Contexto dentro del cual el Ministerio Público no se extenderá en mayores disquisiciones pues si se esgrime, como en este caso, en últimas el amparo de los derechos de las víctimas del conflicto interno el término de caducidad no se limita a los dos años que preveía el CCA o el CPACA.

2.2. Daño Hay que señalar que tanto la parte actora como el a quo y el agente del Ministerio Público que intervino en primera instancia coinciden en que conforme al Registro Nacional de población desplazada que maneja Acción Social de la Presidencia de la República los integrantes del grupo que demanda son personas desplazadas de diferentes municipios del país, posición que comparte el Ministerio Público en segunda instancia, pues en tal sentido el Consejo de Estado ha indicado que: “la lista de personas inscritas en el registro de desplazados que efectuó la oficina de la Red de Solidaridad, que de acuerdo con la ley tenía competencia para ello (…), a criterio de la Sala constituye la prueba de desplazado por que el registro final es la consecuencia de haber adelantado las diligencias pertinentes de declarar ese estado de desplazamiento ante las autoridades relacionadas en la ley 387 de 1997 en su artículo 32 y su decreto reglamentario número 2569 de diciembre 12 de 2000, artículo 2 numerales 1 y 2, artículo 4.” (se destaca y subraya) Razón por la cual no debería existir reparo alguno frente al daño alegado, sin embargo como lo hizo el a quo, del daño alegado por la parte actora surge imperioso considerar lo relativo a las características y requisitos de las acciones de grupo, en especial a las denominadas condiciones uniformes, a lo que se procederá a continuación. 2.3. De la Acción de Grupo 11 Expediente AG 730012333004 2017 00111 01 Como acercamiento al alcance y requisitos del mencionado medio de control se debe partir de la previsión legal sobre el tema, para retomar luego los

correspondientes pronunciamientos del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El artículo 3 de la Ley 472 de 1998 establece: “Acción de Grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. ”La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios.” El Consejo de Estado sobre el particular ha señalado: “De acuerdo con la Ley 472, la acción de grupo tiene como finalidad la obtención del reconocimiento y pago de la indemnización a un grupo de no menos veinte personas que reúnen condiciones uniformes respecto de la misma causa que originó los daños individuales. De conformidad con el artículo 48 de esa misma ley, quien actúa como demandante en esa acción “representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder”, sin perjuicio de que estos últimos, con el fin de obtener la indemnización de su daño individual, puedan hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, o de no concurrir al mismo, acogerse posteriormente a lo resuelto, dentro del término establecido por el artículo 555 de la misma norma. Sobre lo anterior, la Corte Constitucional sostuvo que6: Y es que la finalidad perseguida por la norma demandada es de una parte, 5 Pie de página de la cita. Artículo 55º.- Integración al Grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u

omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas. 6 Pie de página de la cita. Sentencia C-215 de 1999, M.P. (E) Martha Victoria Sáchica de Moncaleano. 12 Expediente AG 730012333004 2017 00111 01 permitir a aquellas personas que sufrieron un mismo daño o perjuicio a un derecho o interés de la colectividad, y que por motivo de desinformación, desconocimiento u otro, no conocieron de la existencia del proceso puedan, previo el lleno de unos requisitos fijados en la norma, acogerse a los beneficios de la sentencia. Ello no sólo favorece al particular, sino también a la administración de justicia, pues evita que ésta se desgaste con un nuevo proceso por los mismos hechos y contra la misma persona. Además, es pertinente señalar, que dada la naturaleza reparadora de esta acción, es válido

para quien no se hizo parte en el proceso antes del fallo, que lo haga con posterioridad, dentro de las condiciones fijadas en la norma. Ello no desconoce en ningún caso, el debido proceso, pues quien se acoge al fallo, lo hace a sabiendas del contenido del mismo y del respeto y garantía que al trámite del proceso le dio el juez, siempre avalado con la intervención del Ministerio Público.”7 (se destaca y subraya) Así, descendiendo al tema que nos ocupa, como es si en el caso sub lite se cumplen los presupuestos formales para la viabilidad de la acción de grupo el Ministerio Público acude a algunos de los lineamientos que el Consejo de Estado ha trazado sobre el particular, a saber: “1.1. Requisitos de la acción de grupo En los términos del artículo 46 de la Ley 472 de 19988, para que proceda la acción de grupo es necesario que la demanda se presente: i) por un mínimo de veinte (20) personas, y ii) que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales. Aplicando lo dispuesto en la norma citada y revisado el contenido de la demanda, el primero de los requisitos se cumple sin discusión alguna, el inconveniente se presenta respecto de las condiciones uniformes, ya que para la primera instancia no se configura este elemento para todos los demandantes porque, en su criterio, son distintas las causas que originan el perjuicio, razón por la cual rechazó la demandada (…) […] Ahora bien frente a lo que debe entenderse como “condiciones uniformes”, se han emitido diferentes pronunciamientos jurisprudenciales tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. Para la Corte Constitucional la

existencia de la uniformidad jurídica en la causa del daño debe ser atendida mucho más que una determinada por factores naturales, fácticos o causales9. 7 Sentencia del veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018) - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Consejera ponente: María Elizabeth García González - Radicación número: 05001-23-33-000-2015-02028-01 8 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones” 9 Pie de Página de la cita. Corte Constitucional. Magistrado Ponente (E): Rodrigo Uprimny Yepes. Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil cuatro (2004). Sentencia C-569 del 2004. 13 Expediente AG 730012333004 2017 00111 01 Por su parte, el Consejo de Estado, si bien comparte la posición que la Corte fijó en la sentencia C-569 de 2004 respecto de la uniformidad jurídica en la causa del daño, ha efectuado algunas precisiones acerca del análisis que debe realizarse frente a las condiciones uniformes respecto de una misma causa que generó perjuicios, como requisito de procedencia de la acción de grupo: “i) en primer término identificar el hecho o hechos generadores alegados en la demanda y determinar si éstos son uniformes para todo el grupo; ii) en segundo término, mediante el análisis de la teoría de la causalidad adecuada, determinar si éstos hechos generadores tienen un mismo nexo de causalidad con los daños sufridos por los miembros del grupo;

1. finalmente,“…el resultado de este análisis debe ser la identidad del grupo, como pluralidad de personas que sufren unos daños originados en uno o varios hechos generadores comunes a todos; si se descubre lo contrario, en cualquiera de los dos pasos, debe concluirse la inexistencia del grupo y por consiguiente la improcedencia de la acción…10”.

Es relevante entonces que en casos como el presente, se identifique si la causa del daño es común a todos los demandantes, a pesar de provenir de una o varias conductas, pues será la única manera de establecer este requisito de uniformidad que la norma exige. Para el caso en concreto tal y como se expone en la demanda, el grupo reclama el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados con las conductas criminales del grupo los “Pachelly” que dicen, está integrado, entre otros, por miembros activos de la Policía Nacional, quienes aprovechándose de su condición efectuaban retenes a vehículos de carga para hurtarles no solo la mercancía sino también los vehículos. Así lo refieren las distintas denuncias aportadas con la demanda (…) […] Ahora bien en este estado de la providencia se pregunta la Sala si esta similitud de conductas criminales que terminaba con el hurto de mercancía transportada en el área metropolitana y alrededores de la ciudad de Medellín, es suficiente para tener configurado el requisito de condiciones uniformes y proceder a la admisión de la demanda en los términos solicitados por el apelante. Lo anterior, porque ninguna duda queda respecto al carácter meramente indemnizatori