PGN - DAÑO Lo constituye un evento de mayor magnitud

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Pago de perjuicios sufridos por la muerte de soldado voluntario CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Al vencimiento del plazo de los dos años Los hechos tuvieron ocurrencia el 11 de agosto de 2001 y la demanda se presentó el 1° de noviembre de 2002, esto es, dentro del término legal de 2 años previsto en el art. 136 del cca. (se surtió conciliación prejudicial el 15 de octubre de 2002. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Falla del servicio Como quiera que quienes de manera voluntaria deciden prestar el servicio militar o seguir la profesión militar asumen los riesgos inherentes de la misma, la responsabilidad por los daños que sufran surge cuando se prueba una falla del servicio o que fue sometido a riesgos extraordinarios y superiores diferentes a propios que asumen en razón del servicio o de la profesión. En concepto del Ministerio Público el daño que sufrieron los actores resulta imputable a la demandada, pues la muerte del Soldado Voluntario Paulo Andrés Patiño Buitrago no fue consecuencia de un riesgo propio del servicio, sino que fue el resultado de una acción de otro miembro del Ejército dentro de la estación militar cuando se cumplía una operación de instrucción. PERJUICIOS MORALES-Se infieren en la víctima directamente Frente a la prueba de los perjuicios morales sufridos por los demandantes debe decirse que, según las reglas de la experiencia, acogidas por la jurisprudencia, pueden válidamente inferirse en la víctima directa y también se presume sufrido también por los parientes cercanos. DAÑO-Lo constituye un evento de mayor magnitud

Siguiendo estos lineamientos jurisprudenciales, probada el parentesco en primero y segundo grado de consanguinidad y atendiendo el contenido de las declaraciones de los testigos, en concepto del Ministerio Público habría lugar a condenar al reconocimiento y pago de tales perjuicios a favor de los actores padres y hermanos de la víctima en tanto que el hecho dañoso lo constituye un evento de gran magnitud. PERJUICIOS MATERIALES-No se acreditó dependencia económica de los padres respecto al hijo fallecido Como señaló el a-quo no se acreditó la dependencia económica de los padres respecto del hijo al punto que de acuerdo con las declaraciones el padre trabajaba en construcción. Adicionalmente se tiene que para la fecha de la muerte el 11 de agosto de 2001 la victima había cumplido 25 años (nació el 23 de febrero de 1976) y no era hijo único, de lo que sigue que los otros hermanos seguían con la obligación alimentaria respecto de sus progenitores. PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 27.893 (250002326000 2002 02230 01) PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA 2 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094.

Expediente No. 27.893 (250002326000 2002 02230 01)

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 043 / 2013

Bogotá, D.C., 22 de febrero de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctora OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 27.893 (250002326000 2002 02230 01)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: LUIS CARLOS PATIÑO MUÑOZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda. El 1° de noviembre de 2002 (fl. 20 c. 1), en ejercicio de la acción de reparación directa, los señores Luis Carlos Patiño Muñoz, María Máryori Buitrago González (padres), Jhon Jaime Buitrago, Paola Andrea Patiño Buitrago en su nombre y en el de la menor Angie Vanessa Villegas; Diana María Montoya Buitrago, Humberto Montoya Buitrago, Adriana Patiño Alzate, Pedro Antonio Patiño Alzate y Carlos Mauricio Patiño Alzate (hermanos) demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se declarara que son patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos con ocasión de la

muerte de Paulo Andrés Patiño Buitrago, en hechos ocurridos el 11 de agosto de 200,1 siendo activo del Ejército como Soldado Voluntario. Se adujo que el 11 de agosto de 2001, a las 18:30, cuando salían a una operación se escuchó un disparo en una zona oscura pero poblada de soldados que dificultó 3 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 27.893 (250002326000 2002 02230 01) identificar al autor material, que le produjo una herida al SLV Patiño Buitrago, quien fue remitido al Hospital San Rafael donde falleció a las 23:20. 1.2. Contestación de la demanda. (fls. 34 a 38 c. 1). Señaló que como la víctima no era conscripto sino soldado voluntario no se aplicaba el régimen de riesgo excepcional, porque asumió voluntariamente los riesgos y había recibido un entrenamiento especial, contaba con seguridad social y derechos prestacionales. Que por tanto no se estructura la responsabilidad de la administración por falla o riesgo. 1.3. Fallo de primera instancia (fls. 61 a 70 c. 4) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca1 declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los daños sufridos por Luis Carlos Patiño Muñoz, María Máryori Buitrago González (padres), Jhon Jaime Buitrago, Paola Andrea Patiño Buitrago;

Diana María Montoya Buitrago, Humberto Montoya Buitrago, Adriana Patiño Alzate, Pedro Antonio Patiño Alzate y Carlos Mauricio Patiño Alzate (padres y humanos) y condenó a pagar por perjuicios morales el equivalente a 100 smlm a favor de cada uno de los padres y 50 smlm a favor de cada uno de los hermanos de la víctima. Negó las demás pretensiones. Señaló el a-quo que el régimen de responsabilidad era el de falla del servicio y que se encontraban acreditados sus elementos estructurales. Se probó que el proyectil que causó las heridas que llevaron a la muerte del soldado Patiño provino de un disparo efectuado por uno de los miembros del Ejército que se encontraba en el sector de los Cárcamos de la base Militar de Tolemaida. Que el hecho daño no proviene de la concreción de los riesgos propios de la actividad del servicio que asumió como soldado voluntario. Encontró que debían indemnizarse los perjuicios morales a los padres y hermanos, no así a la sobrina porque no se probó. No accedió a indemnizar los perjuicios materiales que se pedían a favor de los padres porque no se acreditó la dependencia económica de ellos respecto de la 1 Sentencia de 23 de octubre de 2003 4 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 27.893

(250002326000 2002 02230 01) víctima, por el contrario de las declaraciones se evidencia que el padre desarrolla una actividad productiva para sostener el hogar. 1.5. Apelación. (fls. 72, 80 y 81 c. 4). La parte actora impugnó el fallo para que se reconozca los perjuicios materiales solicitados alegando que sí se acreditó la dependencia económica de los padres. 1.6. Conciliación. Por auto de 21 de noviembre de 2012, de conformidad con la facultad oficiosa otorgada en el art. 43 de la ley 640 de 2001, la Consejera Ponente fijó el 5 de marzo de 2013 (10:00 a.m.) como fecha para llevar a cabo audiencia de conciliación.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico. Consiste en determinar si la demandada es responsable patrimonialmente por la muerte del Soldado Paulo Andrés Patiño Buitrago y, de ser así, si está llamada a indemnizar los perjuicios que se reclaman.

Se observa que la parte actora es apelante única pero como la condena impuesta a la demandada supera los 300 smlm (se condenó a 550 smlm por perjuicios morales) procede el grado jurisdiccional de Consulta2 y por tanto la competencia en segunda instancia no se encuentra limitada a los argumentos de la apelante. 2.2. Caducidad. Los hechos tuvieron ocurrencia el 11 de agosto de 2001 y la demanda se presentó el 1° de noviembre de 2002, esto es, dentro del término legal de 2 años previsto en el art. 136 del cca. (se surtió conciliación prejudicial el 15 de

octubre de 2002 fls. 28 y 29 c. 2). 2 Cca. ARTICULO 184. CONSULTA. <Subrogado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.> Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas. Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior. (…) 5 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 27.893 (250002326000 2002 02230 01) 2.3. Lo probado 3 - La muerte de Paulo Andrés Patiño Buitrago se acreditó con el registro civil de defunción conforme al cual el deceso se produjo el 11 de agosto de 2001 (fl. 3 c. 2). - Copia del Acta No. 345 de 12 de agosto de 2001. Asunto levantamiento del acta Militar por muerte de un Soldado Voluntario Orgánico del Batallón Contraguerrillas No. 18 Cimarrones de la Brigada Móvil No. 2: El día sábado 11 de agosto de 2001 siendo aproximadamente las 18:30 horas en el

Sector de los Cárcamos de la Base Militar de Tolemaida en hechos confusos que son materia de investigación fue herido con arma de fuego a la altura del 4to. Costatal (sic) Izquierdo el SLV PATIÑO BUITRAGO PAULO ANDRÉS CM 98654438 orgánico del Batallón de Contraguerrillas No. 18 Cimarrones, fue remitido de inmediato al Hospital San Rafael de Girardot donde se (sic) atenido y posteriormente siendo las 23:20 horas falleció” (fl. 20 c. 2) (Subrayas con negrillas fuera del texto) - Copia del Informativo Administrativo por muerte, suscrito por el Comandante del Batallón de C/G No. 18, “RESUMEN DE LOS HECHOS: Tendiendo en cuenta el informe presentado por el señor CT. DE LA HOZ DE LA HOZ JUAN CARLOS CM 72309155 Comandante de la Compañía B del Batallón de Contraguerrillas No. 18 Cimarrones, para el día 11 de agosto de 2001, a las 18:30 horas terminada la formación de la Brigada de alistamiento para salir a una operación, donde se emitieron órdenes del Comando de la Unidad Operativa Menor de asistir a una instrucción nocturna con el apoyo de un helicóptero, empezando a desarrollar dichas órdenes sonó un disparo en una zona oscura pero poblada de Soldados que dificultó la identidad del autor material. Impacto que le produjo una herida en el 4to. Espacio intercostal lado izquierdo al SLV. PATIÑO BUITRAGO PAULO ANDRÉS CM 98654438, hechos

que son material de investigación. Fue remitido al Hospital San Rafael de la ciudad de Girardot donde se atendió y posteriormente siendo las 23:20 horas falleció. (…). 3 Esta Procuraduría Delegada en razón al principio de lealtad procesal sostiene la validez de las copias simples cuando aquellas no fueren tachadas por la parte contraria, como sucede en el sub judice. Ver sentencia de 9 de mayo de 2011, la SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C. Radicación número: 05001-23-31-000-2001-01546-02(36912). Sección Tercera, subsección A, en sentencia de 8 de febrero de 2012, Exp. 88001-23-31-000-2000-00014-01 (22244). SUBSECCIÓN C. 22 de octubre de 2012. Radicación número: 05001-23-24-000-1996-00680-01(20738). 6 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 27.893 (250002326000 2002 02230 01) IMPUTABILIDAD: De acuerdo al Decreto 2728 de 1968 Artículo 8, la muerte del PATIÑO BUITRAGO PAULO ANDRÉS CM 98654438 se produjo en misión del servicio.” (fl. 21 c. 2).” (Subrayas con negrillas fuera del texto)

• Certificación suscrita por el Jefe de Nómina del Comando del Ejército en la que certifica que los valores devengados en septiembre de 2001 por el SLV PATIÑO BUITRAGO PAULO ANDRÉS con C.C. 98654438, del Contingente 004 de 1996

(fl. 26 c. 2). - Resolución 16210 de 24 de diciembre de 2001, por medio de la cual se reconcome y ordena el pago de prestaciones sociales a los padres del SLV Patiño Buitrago (fls. 29 a 30 vto. c. 2). 2.4. De la responsabilidad En punto a la responsabilidad Patrimonial de la Administración por los daños que sufren los soldados voluntarios la SECCION TERCERA, en sentencia de 9 de junio de 2010. Radicación número: 11001-03-26-000-1999-00014-00(16258) precisó: “La jurisprudencia de la Sala ha precisado en distintas oportunidades las diferencias existentes entre el régimen de responsabilidad aplicable a los eventos de daños causados a miembros de la Fuerza Pública que ingresan al servicio en calidad de conscriptos, es decir, aquellos que son reclutados de manera obligatoria (Soldados regulares, bachilleres, campesinos etc.)4 y el régimen jurídico aplicable por los daños causados al personal de la Fuerza Pública y de los organismos de defensa y 4 (pie de página de la cita) Artículo 13 de la Ley 48 de 1993: El Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. “ARTICULO 13º. Modalidades prestación servicio militar obligatorio.

“El Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. “Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar: a. Como soldado regular, de 18 a 24 meses; b. Como soldado bachiller, durante 12 meses; c. Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses; d. Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses. “PARAGRAFO 1º. Los soldados, en especial los bachilleres, además de su formación militar y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados a la realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica. “PARAGRAFO 2º. Los soldados campesinos prestarán su servicio militar obligatorio en la zona geográfica donde residen. El Gobierno Nacional organizará tal servicio tomando en cuenta su preparación académica y oficio. 7 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 27.893 (250002326000 2002 02230 01) seguridad del Estado que ingresan de manera voluntaria (personal de soldados voluntarios y profesionales, suboficiales y oficiales, personal de agentes de la Policía Nacional, detectives del DAS, entre otros)5. En efecto, de tiempo atrás ha analizado la responsabilidad respecto de los conscriptos bajo el régimen objetivo del daño especial, determinado, por dos

situaciones que deben concurrir:6 en primer lugar, por el rompimiento del equilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas que se genera al ser incorporados, por mandato constitucional7 en los términos8 y salvo las excepciones consagradas por la Ley, a prestar el servicio militar de manera obligatoria, pese a que no todos los asociados están llamados a soportar tal situación y, en segundo lugar, por las mayores contingencias a las que están sometidos en relación con los demás miembros de la sociedad, por consiguiente, cuando sufren desmedro físico o fallecen por razón del servicio, el Estado asume la obligación de reparar todos los daños antijurídicos que se causen con ocasión del mismo, pues el conscripto sólo está obligado a soportar la restricción relativa de los derechos y libertades que resultan inherentes del ejercicio de la actividad militar. La anterior situación no se genera, en principio, con el segundo grupo, es decir, con el personal de las Fuerzas Armadas que se vincula de manera voluntaria en virtud de una relación legal y reglamentaria, (…) como sucede igualmente, por vía de ejemplo, con el personal de Suboficiales y Oficiales las Fuerzas Armadas (Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional), porque al elegir su oficio consienten su incorporación y asumen los riesgos inherentes al mismo, a su turno, la Entidad estatal debe brindar la instrucción y el entrenamiento necesario para el adecuado desempeño de sus funciones, por consiguiente, si se concreta el riesgo que voluntariamente asumieron se genera la llamada por la doctrina francesa indemnización a forfait9,10 de manera que, en principio, para que la

responsabilidad estatal surja en este tipo de eventos, además del riesgo inherente a la profesión debe ocurrir un hecho anormal generador de un daño que no se está obligado a soportar, evento en el cual surge el derecho a reclamar una indemnización plena y complementaria a la que surge de la esfera prestacional, bajo el régimen general de la responsabilidad de la administración, con las connotaciones propias en relación con los elementos estructurales y las causas extrañas enervantes del fenómeno jurídico. Es de anotar que la Sala ha precisado que la “indemnización a forfait” y la indemnización plena no son, en principio, excluyentes entre sí, porque la primera tiene una causa legal independiente del fenómeno de la responsabilidad civil extracontractual, lo cual implica que debe pagarse de manera independiente a que la responsabilidad de la administración se halle o no comprometida por la ocurrencia de los hechos, en tanto la segunda tiene origen en la responsabilidad misma, proveniente del daño 5 (pie de página de la cita) Entre otras, Sentencia proferida dentro del radicado 12.799. 6 (pie de página de la cita) Sentencia proferida el 23 de abril de 2008 Exp. 15720. 7 (pie de página de la cita) Artículo 216 de la Constitución Política. 8 (pie de página de la cita) Artículo 3º de la Ley 48 de 1993. 9 (pie de página de la cita) Michel Paillet. La responsabilidad administrativa. Año 2001. Traducción: Jesús María Carrillo Ballesteros. Universidad Externado de Colombia 10 (pie de página de la cita) A este respecto en sentencia de fecha 3 de mayo de 2007. Radicación 16200, la Sala

precisó: “…El mismo ordenamiento jurídico, se ha encargado de establecer un régimen prestacional de naturaleza especial, que reconozca esa circunstancia de riesgo connatural a las actividades que deben desarrollar estos servidores públicos, cuando quiera que resulten lesionados o muertos en razón y con ocasión del cumplimiento de sus funciones, por lo cual se puede afirmar que, desde este punto de vista, los miembros de tales instituciones se hallan amparados de un modo que generalmente excede el común régimen prestacional de los demás servidores públicos, en consideración al riesgo especial que implica el ejercicio de las funciones a su cargo….” 8 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 27.893 (250002326000 2002 02230 01) antijurídico que no está obligado a soportar la víctima11. (…) La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado en reiteradas oportunidades que la realización de los riesgos que comporta la actividad militar pueden afectar los derechos a la vida y a la integridad personal de quienes los asumen, al desarrollar actos propios del servicio consistentes, por vía de ejemplo en la ejecución de labores de inteligencia, de inspección, de seguridad, de vigilancia12, control de áreas o patrullaje13. Precisamente la fuerza pública en general y las fuerzas militares en particular están instituidas primordialmente para defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional a

términos del artículo 217 de la Constitución Política y ello implica que en cumplimiento de la función constitucional encomendada puedan concretarse los riesgos contingentes, bien sea por el accionar de grupos subversivos, delincuencia común, bandas emergentes etc., y en estos eventos sólo tendrán derecho a exigir, como se dijo anteriormente, los reconocimientos que previamente el ordenamiento ha dispuesto para este tipo de servidores públicos que se someten a riesgos mayores y de frecuente ocurrencia y según la prueba que obra en el proceso esos reconocimientos fueron satisfechos por la entidad demandada (forfait indemnizatorio). (…) De suerte que para obtener la indemnización plena de los perjuicios que se afirman irrogados, los demandantes debieron acreditar que, a más de los riesgos conocidos y que libremente decidieron asumir, el daño se concretó por la realización de riesgos extraños o desconocidos que sobrepasan la carga voluntariamente asumida o riesgos mayores a los cuales se hallaban avocados de manera contingente los demás integrantes de la compañía que ostentan igual posición, o como consecuencia de una falla en la prestación del servicio.” (Subrayas con negrillas fuera del texto) La Subsección B de la Sección Tercera, en sentencia de 26 de julio de 2012.

Radicación número: 19001-23-31-000-1999-12390-01(24358), sostuvo: 3.2.1.5 De otro lado, frente a la responsabilidad del Estado en relación con el daño ocasionado a los soldados voluntarios, esta Corporación ha señalado que éstos asumen el riesgo propio que comporta su actividad profesional y que, en

consecuencia, el Estado solo responderá por el daño originado en la “conducta negligente e indiferente que deja al personal en una situación de indefensión”14 o en 11 (pie de página de la cita) Sentencia de marzo 1 de 2006, Exp. 14002 y Sentencia del 30 de agosto de 2007. Exp.15724. 12 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, expediente No. 17.658 13 (pie de página de la cita) En este sentido se pronunció la Sala en reciente Sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 17.645. 14 (pie de página de la cita) Sentencia de 26 de febrero de 2009, expediente 31824, M.P. Enrique Gil Botero y de 19 de agosto de 2004, expediente 15971, M.P. Ramiro Saavedra Becerra. 9 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 27.893 (250002326000 2002 02230 01) un riesgo excepcional, anormal, esto es, diferente al inherente del servicio15. Al respecto, la jurisprudencia ha indicado que “cuando el daño se originó en el riesgo propio del servicio, (…) el afectado únicamente tendría derecho a recibir las indemnizaciones previstas en la ley especial para tales eventos; empero, tratándose de la materialización de un riesgo ajeno a la actividad de la administración, habría

lugar a la indemnización plena, tanto para los terceros perjudicados como para la víctima directa16”. Como quiera que quienes de manera voluntaria deciden prestar el servicio militar17 o seguir la profesión militar asumen los riesgos inherentes de la misma, la responsabilidad por los daños que sufran surge cuando se prueba una falla del servicio o que fue sometido a riesgos extraordinarios y superiores diferentes a propios que asumen en razón del servicio o de la profesión. En concepto del Ministerio Público el daño que sufrieron los actores resulta imputable a la demandada, pues la muerte del Soldado Voluntario Paulo Andrés Patiño Buitrago no fue consecuencia de un riesgo propio del servicio, sino que fue el resultado de una acción de otro miembro del Ejército dentro de la estación militar cuando se cumplía una operación de instrucción. Si bien no se estableció la identidad de quien accionó el arma de fuego, es el mismo Comando el que señala que el sitio estaba poblado de Soldados y que únicamente por la oscuridad no fue posible determinar al autor del disparo. No se trató de una acción del enemigo –riesgo ordinario que asume quien voluntariamente opta por cumplir la misión militarsino de una imprudencia o descuido - por lo menos porque no se acredita la intención de herir al compañero-, de otro Soldado al maniobrar el arma. Por tanto no puede calificarse el hecho como la concreción de un riesgo propio del servicio. Así las cosas, el daño antijurídico que sufrieron los actores resulta imputable a la

15 (pie de página de la cita) Sentencia de febrero 7 de 1995, expediente S-247, M.P. Carlos Orjuela Góngora; de 3 de mayo de 2007, expediente 16200, M.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 25 de febrero de 2009, expediente 15793, M.P. Myriam Guerrero de Escobar y de 26 de mayo de 2010, expediente 18950 M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 16 (pie de página de la cita) Sentencia de 19 de agosto de 2011, expediente 19439, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 17 Ley 131 de 1985 "Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario". reglamentada por el decreto 370 de 1991 10 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 27.893 (250002326000 2002 02230 01) Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 2.5. La indemnización. - Parentesco: Se acreditó que Paulo Andrés Patiño Buitrago era hijo de Máryori Buitrago González y Luis Carlos Patiño Muñoz quienes a su vez son los padres de Paola Andrea Patiño Buitrago (fls. 1, 2, 6, C. 2). De igual manera Máryori Buitrago es la madre de Diana María y Humberto Montoya Buitrago y Jhon Jaime Buitrago (fls. 7, 8 y 12 c. 2). Y el señor Luis Carlos

Patiño es el padre Adriana, Carlos Mauricio y Pedro Antonio Patiño Alzate (fls. 9 a 11 c. 2). La menor Angie Vanessa Villegas es hija de Paula Andrea Patiño Buitrago, es decir sobrina de la victima (fl. 13 c. 2). - Prueba testimonial.  Pedro Pineda Guerrero (fls. 28 a 30 c. 3). Declaró conocer a la familia, dijo que la mamá se llama Máryori y el señor no sabe el nombre “porque él trabaja y sé que llega por las tardes”, cree que tiene 4 hijos, unos viven en esa casa y “el muchacho era el único que veía por esa casa y ahora los otros muchachos están ayudándole a ella”; que el padre trabajo en construcción cuando resulta trabajo; que los otros hermanos son mayores que pablo Andrés. Dijo conocer a Paula Andres porque ahora acompaña a la mamá y vive con la hija en la casa; y que los padres sufrieron mucho con la muerte de su hijo.  Diana Marcela Gaviria Zuluaga (fls. 30 y 31 c. 3). Dijo conocer de la familia de Paulo Andrés, a los padres y a dos hermanos paula y Jhon Jaime, la niña que tiene por ahí 5 años, y que sabía que tenía dos hermanos medios que no conoció. Que era una familia muy unida, que el papá por el trabajo viaja mucho, cree que es constructor; que Paulo Andrés colaboraba con la 11 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094.

Expediente No. 27.893 (250002326000 2002 02230 01) familia cuando llegaba del Batallón. La muerte de aquél fue un golpe muy duro para la familia, viven muy acongojados.  Roberto Tamayo Arenas (fls. 31 a 33 c. 3). Declaró que Paulo Andrés vivía con los padres, dos hermanos y la hija de una hermana; que sabía que colaboraba con los gastos del hogar; que le parece que el padre es contratista; no sabe si otros hermanos colaboraban con la casa; que en el hogar fue horrible la muerte de Paulo Andrés; que sabía que Adriana, Pedro Antonio y Carlos Mauricio eran hermanos mayores de Paulo y que de ellos sabe muy poco.  María Piedad Sánchez Rendón (fls. 33 y 34 c. 3). Dijo que el hogar lo conformaban el papá, la mamá dos hermanos y la sobrina; que tenía otros hermanos medios, se criaron juntos pero fueron creciendo y formando su hogar; Jhon Jaime es Buitrago y Paula Andrea es Patiño; que la relación de Paulo Andrés con los padres y hermanos era muy buena, él ayudaba económicamente a la mamá y hermanos que vivían en la casa; el padre trabaja en construcción y viaja donde le resulte el trabajo; la situación de la familia por la muerte de Paulo fue muy horrible sentimentalmente. Ahora Paula Andrea trabaja, cuando el papá tiene trabajo viene y está pendiente de la casa. Las declaraciones extra proceso no pueden ser valoradas porque no cumplen con los requisitos del art. 298 del cpc, (antes de la modificación de la ley 1395 de 2010),

teniéndose como prueba sumaria: ARTÍCULO 298. <modificado por el Decreto 2282 de 198> Con el fin de allegarlos a un proceso, podrá pedirse que se reciban testimonios anticipados únicamente a personas que estén gravemente enfermas, con citación de la parte contraria en la forma prevista en el artículo 318 y en los numerales 1., 2. y 3. del 320. La solicitud deberá formularse ante el juez de la residencia del testigo, y el peticionario expresará bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación del escrito, que el testigo se encuentra en la circunstancia mencionada, e informará el lugar donde puede citarse a la persona contra quien pretende hacer valer la prueba. Cuando el peticionario manifieste también bajo juramento prestado de igual manera, que ignora dónde puede citarse a la presunta contraparte, se aplicará el artículo 318. 12 PHM Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. Expediente No. 27.893 (250002326000 2002 02230 01) El juez rechazará de plano la recepción de testimonios extraproceso para fines judiciales, cuando la solicitud no cumpla los requisitos exigidos en los incisos anteriores. Los testimonios que se reciban con violación de este artículo no podrán ser apreciados por el juez. ARTÍCULO 299. TESTIMONIOS ANTE NOTARIOS Y ALCALDES. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 130 del Decre