PGN - DAÑO No se logró demostrar que fuera antijurídico en el presente sub exámine

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad por perjuicios a AEROREPÚBLICA S.A al expedirse norma que fue declarada inexequible DAÑO-No se logró demostrar que fuera antijurídico en el presente sub exámine …..no están llamados a prosperar los argumentos expuestos mediante el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad Comercial AEROREPÚBLICA S.A., puesto que no se logró demostrar que el daño sufrido durante la vigencia del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, resulta antijurídico, ya que la promulgación de esta norma constituye la presunción de la legalidad de la obligación impuesta hasta tanto no sea desvirtuada, respecto al pago de la tasa de vigilancia en favor de la Superintendencia de Puertos y Transporte; ley que se mantuvo validad por el lapso de 3 años, 10 meses y 6 días, vigencia en el que la demandante efectuó el correspondiente pago de la obligación legal impuesto a los vigilados por esta superintendencia existiendo entonces una causa jurídica que justifica este pago. PRUEBAS-No obran que demuestren si la empresa inició procedimiento para solicitar reembolso de dinero Llama la atención al Ministerio Público, que en el expediente que contiene el presente medio de control de reparación directa no obra prueba que demuestre si la empresa AEROREPÚBLICA inició procedimiento para solicitar el rembolso del dinero cancelado en los años 2012, 2013 y 2014; por concepto del pago de la tasa de vigilancia, en cumplimiento de la obligación impuesta mediante la Ley 1450 de 2011 declarada inexequible por la Corte Constitucional. CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Se relacionan con gastos imperiosos

generados dentro del proceso Respecto a la condena en costas impuesta por el Tribunal, el Ministerio Público se permite resaltar que estas, se encuentran relacionadas con los gastos imperiosos generados dentro del proceso, tales como copias, traslados de testigos, prácticas de pruebas periciales, honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, entre otros. Pero para que se proceda a imponerlas, ha manifestado el Consejo de Estado que, se debe verificar su causación debidamente en el proceso, pues de no ser así no habrá lugar a esta condena. CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-No es procedente imponerlas al no demostrarse su causación y comprobación En este sentido, considera esta Delegada que en el caso sub examiné no es procedente imponer condena en costas respecto a ninguno de los extremos, lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, el cual, indica que los procesos adelantados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se rigen por las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en este asunto, pues no existen pruebas que demuestren que en el desarrollo procesal se causaron gastos propios al trámite, máxime cuando el trámite del proceso en primera instancia no tuvo práctica de pruebas al corresponder el litigio a una discusión de mero derecho, siendo no

Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co (62871) Exp. No 250002336000201502947 01 procedente su imposición, por lo tanto, el imponer una condena en costas a la parte que resulte vencida dentro del proceso o a quien se le despachó desfavorablemente las súplicas constituye un limitante para acceder de manera libre a la justicia. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-No es viable por la sola declaratoria de inexequibilidad de la ley 1450 de 2011 …..En consecuencia, el Ministerio Público coincide con el fallador de primera instancia, al señalar que en el presente proceso existió falta de interés por parte de la actora, en cuanto la demostración del daño alegado, aspecto que es determinante para negar las pretensiones de la demanda, puesto que, no obra prueba alguna que permita determinar el perjuicio ocasionado por parte de la Nación – Congreso de la República con la expedición de la Ley 1450 de 2011 y su posterior declaratoria de inexequibilidad, máxime cuando, no solo por el hecho de que durante su vigencia AEROREPÚBLICA efectuó el pago de la tasa de vigilancia, debe predicarse que se ocasionó un daño. Se trata en otras palabras, de la demanda de daños especulativos, que no tienen trascendencia jurídica. En este orden de ideas, esta Delegada del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo

de Estado CONFIRMAR la providencia proferida en primera instancia, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera Subsección A, el quince (15) de agosto de 2018, en el sentido de denegar la indemnización de perjuicios invocados mediante el presente medio de control de reparación directa, atendiendo que, la sola declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1450 de 2011, no constituye el daño alegado en antijurídico, máxime, cuando el pago de la obligación de la tasa de vigilancia en favor de la Superintendencia de Puertos y Transporte efectuado por la demandante, se realizó en vigencia de la ley que para ese entonces se tornaba obligatoria. CARGA DE LA PRUEBA-La parte actora no cumplió con esta ….la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía, pues no obra material probatorio que permita determinar el perjuicio ocasionado con la expedición de la Ley 1450 de 2011 y su posterior declaratoria de inexequibilidad. 2 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co (62871) Exp. No 250002336000201502947 01

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 055 / 2019

Bogotá, D. C., 29 de abril de 2019.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002336000201502947 01 (62871) Medio de control de reparación directa – Ley 1437 / 2011

ACTOR: AEROREPÚBLICA S.A.

DEMANDADO: Nación - Congreso de la República.

Sentido del concepto: de CONFIMAR la providencia recurrida / El daño que se reclama tuvo su origen en la obligatoriedad de la Ley 1450 de 2011, por lo tanto la carga impuesta a través de su expedición es legal y debe ser soportada / No aparece aportada prueba alguna que permita demostrar perjuicios ocasionados con ocasión a la expedición de la norma declarada inexequible / La parte demandante no cumplió con la carga probatoria de demostrar el daño antijurídico alegado / deberá REVOCARSE la condena en costas impuesta a la demandante / En el sub examine No procede la condena en costas procesales, máxime cuando el trámite se surtió sin practica de pruebas al ser un proceso de mero derecho / Procede la condena en contra de AEROREPÚBLICA respecto a agencias en derecho.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda – Antecedentes.

La empresa AEROREPÚBLICA S.A., por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda invocando el medio de control de reparación directa dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, solicitando se declare administrativamente responsable a la NACIÓN - CONGRESO DE LA REPÚBLICA, por los perjuicios que alega la actora se le generaron con ocasión de la promulgación y aplicación del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, que dispuso la ampliación del cobro de la tasa de vigilancia, inspección y control de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE; disposición normativa que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C218 del 22 de abril del 2015. Invocó como fundamento fáctico del presente medio de control de reparación directa, los siguientes hechos: 3 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co (62871) Exp. No 250002336000201502947 01  El Congreso de la República aprobó la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”, disponiendo a través de su artículo 89 ampliar el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2 de la Ley 1° de 1991, a la totalidad de sujetos de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, lo anterior, fue publicado en el Diario Oficial 48.102 del 16 de junio de

2011.  Mediante decisión del 22 de abril de 2015, la Honorable Corte Constitucional a través de la sentencia C - 218 declaró inexequible la expresión “y/o inversión” contenida en el inciso primero, y segundo del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, argumentando su decisión en que “la disposición vulneraba el principio de igualdad en materia tributaria, al establecer, sin justificación alguna, un trato diferenciado en la metodología empleada para calcular el valor en que debían incurrir los sujetos objetos de vigilancia por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, con el fin de financiar los servicios que presta dicha entidad”.  La decisión constitucional se efectuó sin modulación temporal, es decir que, en la sentencia la Corte Constitucional no estableció los efectos retroactivos atribuibles por la declaratoria de inexequibilidad del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011.  La diferencia establecida entre la Ley 1° de 1991 y la Ley 1450 de 2011, es que en la primera la liquidación de la tasa de vigilancia se determinaba con base en los gastos de funcionamiento de la entidad, obligando a su pago a las sociedades y operadores portuarios; mientras que en la segunda, se amplio el grupo de obligados a los operadores que prestaban el servicio de transporte terrestre, férreo y aéreo, estableciendo la liquidación a partir de los gastos de funcionamiento e inversión de la entidad.  La vigencia del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, perduró por 3 años, 10 meses y 6 días, esto es, desde el 16 de junio de 2011 al 22 de abril de 2015, período en el que

según la sociedad demandante pagó por concepto de la indicada tasa la suma de

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS ($682.161.080). 1.2. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera Subsección A, mediante sentencia proferida el 15 de agosto de 2018, resolvió en primera instancia las pretensiones del medio de control de reparación directa, negando las pretensiones de la demanda, efectuando condena en costas y agencias en derecho, considerando, lo siguiente:  El Tribunal de primera instancia, encontró debidamente probado la aprobación y promulgación de la Ley 1450 de 2011, que modificó la Ley 1 de 1991 por el Congreso de la República, lo anterior quedó debidamente publicado en el Diario Oficial 48.102 del 16 de junio de 2011. Asimismo, encontró que a través de la sentencia de constitucionalidad C-218 del 22 de abril de 2015, la expresión “y/o inversión” establecida en el inciso primero y segundo del articulo 89 de la Ley 1450 de 2011, fue declarado inexequible sin modulación temporal.  No obstante, al analizar el daño alegado por la sociedad actora, la Sala de primera instancia no lo encontró acreditado, indicando que la decisión adoptada por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-218, no estableció que esta tuviera efectos retroactivos, por lo tanto, no se generó la obligación de reparación a cargo del Estado.

4 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co (62871) Exp. No 250002336000201502947 01 De esta manera, los pagos efectuados en vigencia del inciso segundo del articulo 89 de la Ley 1450 de 2011 se realizaron en cumplimiento de lo establecido para la época en el ordenamiento legal, por ello, se encontraban amparadas con la presunción de legalidad.  Por otro lado, resaltó el Ad Quo que la inexequibilidad de la norma no radicó en la ampliación de los sujetos que debían pagar la tasa de vigilancia, sino en la metodología para liquidar el valor del pago, esto es, en la inclusión de los gastos de inversión, de modo que, le correspondía a la parte actora demostrar que el daño generado fue producto de cómo se efectuó la liquidación del valor, es decir que fue incluido el valor de inversión además del valor de funcionamiento; obligación que no se cumplió por la demandante.  En este orden de ideas, consideró el Tribunal que la parte activa no cumplió con la carga procesal de la prueba, al no demostrar que el porcentaje de las sumas canceladas corresponden a los gastos inversión y funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte.  Procedió a efectuar condena en costas y expensas en favor de la parte demandada por valor de $3.500.000, el cual debe cancelar la sociedad demandante, una vez ejecutoriada la decisión.

1.4. Argumentos de la apelación. 1.4.1. Mediante escrito radicado el 28 de agosto de 2018, la apoderada de la sociedad AEROREPÚBLICA S.A., sustentó recurso de apelación1 en contra de la totalidad de la decisión adoptada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de agosto de 2018, argumentando:  Desconoció el Tribunal el alcance de la declaratoria de inexequibilidad del inciso segundo del articulo 89 de la Ley 1450 de 2011, mediante la sentencia C-218 de 2015, respecto a la responsabilidad patrimonial que le asiste al Estado por el daño antijuridico causado a los particulares por el hecho del legislador.  De las situaciones fácticas que fundamenta la presente Litis, es claro que concurren los elementos que configuran la falla en el servicio derivada de la potestad normativa ejercida en contravía de la constitución, por lo tanto, procede la reclamación efectuada mediante el medio de control invocado de reparación directa. De esta manera, no es aceptable que el Ad Quo concluya que en el presente caso no existe daño antijurídico, argumentando, que los pagos realizados por AEROREPÚBLICA antes de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 se realizaron atendiendo una norma que en su momento estaba amparada por el principio de legalidad.  Olvidó el Tribunal de instancia que, al declararse la inexequibilidad del artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 en lo relativo a los elementos estructurales de la tasa de

vigilancia, tanto la base gravable como la tarifa, exigible a los nuevos vigilados, se hace inaplicable durante su vigencia por encontrarse contraria a la Constitución Nacional. 1 Folios del 116 al 129 del cuaderno principal del Consejo de Estado. 5 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co (62871) Exp. No 250002336000201502947 01  Aunque la tasa de vigilancia fue ampliada a unos nuevos vigilados, AEROREPÚBLICA no debía pagar ninguna suma por concepto de la tasa de vigilancia en los años 2012 a 2014, pues al haber sido declarada inexequible la norma que contenía los elementos estructurales del tributo, este no podía ser cobrado por la administración. Por consiguiente, se hace innecesario probar que el pago realizado por concepto de tasa de vigilancia 2012, 2013, y 2014 se derivaba directamente de la ampliación de la Ley 1450 de 2011 a los nuevos vigilados, ni tampoco si dicho pago correspondía a gastos de funcionamiento o inversión, toda vez que, la Corte constitucional suprimió totalmente los elementos estructurales del cobro de la tasa de vigilancia.  Del análisis efectuado por la Corte Constitucional, se evidencia la antijuricidad del actuar del legislador al proclamar el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, en el que se configuró una desigualdad en la aplicación de la norma a los nuevos vigilados, quienes

estaban sujetos al pago de una tasa en condiciones distintas y más gravosas que las de los antiguos vigilados, sin fundamento alguno.  Así las cosas, la expedición de la Ley 1450 de 2011 específicamente su artículo 89, excedió el nivel que debían soportar todos los sujetos vigilados en las mismas condiciones, pues más allá de que el pago de la tasa de vigilancia sea imperativo, se requiere que el cobro de la misma, en condiciones diferentes se haga con el debido sustento legal para ello, situación que no ocurrió en el presente caso, lo que conlleva a una clara desigualdad y trato diferencial frente a las cargas públicas que debían asumir los vigilados.  Concluyó la apelante que, efectivamente en el sub lite concurre el daño antijurídico alegado por la actora, el cual es atribuible al Estado, sin que se presente el fenómeno de la fuerza mayor, ni conducta negligente por la demandante, pues AEROREPÚBLICA de manera obligatoria debió liquidar y pagar la tasa de vigilancia por mandato expreso de una norma que posteriormente fue declarada inexequible, por ende, procede la aplicación del articulo 90 de la Constitución Nacional, pues dicha responsabilidad es procedente por el simple hecho de la existencia de una acción del Estado que causa un daño antijuridico a un particular. De conformidad con lo anterior, solicitó la parte actora, proceda el Ad Quem a revocar totalmente la decisión objeto del recurso y en consecuencia profiera condena en contra de la Nación – Congreso de la República, accediendo totalmente a las pretensiones invocadas en la demanda.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas jurídicos. Puede ser expresado en los siguientes términos:  ¿De acuerdo con las situaciones fácticas y jurídicas que sustentan el presente medio de control de reparación directa, es procedente declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Congreso de la República, por los presuntos daños y perjuicios ocasionados al patrimonio económico la Sociedad AEROREPÚBLICA S.A., por el pago efectuado durante los años del 2012 al 2014, de la tasa de vigilancia cobrada y liquidada por la Superintendencia de Puertos y Transportes, con sustento en la ley 1450 de 2011 que permaneció vigente desde el 16 6 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co (62871) Exp. No 250002336000201502947 01 de junio del 2011 hasta el 22 de abril de 2015, fecha en la fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-218, debiéndose ordenar el reconocimiento y pago de la correspondiente indemnización de los perjuicios invocados?  ¿Cumplió la parte demandante con la carga que le asiste, de probar de manera cierta que con la expedición de la Ley 1653 de 2013 se causó un perjuicio directo al grupo homogéneo conformado por los sujetos pasivos del arancel judicial?  ¿De acuerdo a los términos de la sentencia proferida en primera instancia, concurre

en el caso sub examine los requisitos establecidos en la ley, para la imposición de condena en costas y agencias en derecho al extremo que resulte vencido? 2.2. Análisis probatorio. Conforme a los problemas jurídicos planteados, el Ministerio Público se permite resaltar las siguientes piezas probatorias obrantes en el plenario, por considerarlas relevantes en el caso sub examine.  El escrito de la demanda, se acompañó de la certificación de existencia legal de la empresa Compañía Colombiana de Aviación Copa Colombia -AEROREPÚBLICA S.A. con Nit No 800185781-1, matrícula mercantil renovada el 27 de marzo de 2015; certificado electrónico expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá con No de verificación 04805443678C9A, obrante desde el folio 3 al 7 del cuaderno No 2.  En copia auténtica se aportó la sentencia C-218 de 22 de abril de 2015 proferida por la Corte Constitucional – M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, decisión que se adoptó con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad tramitada en el expediente No D10445 (Folios del 9 al 25 del cuaderno No 2). En la mencionada sentencia se estableció: “En efecto, la Sala tiene certeza que se encuentra ante una disposición de carácter legal que establece un trato diferenciado entre los sujetos vigilados por la referida superintendencia, porque el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 no sólo amplia el cobro de la tasa establecida en el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de sujetos vigilados actualmente por la Superintendencia de Puertos

y Transporte, sino que establece en los nuevos vigilados la obligación de financiar, además, los gastos de inversión. Además, mientras que el artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 no establece el valor máximo con el cual deben concurrir los obligados al financiamiento de la Superintendencia, el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011 señala que el tributo no podrá ser superior al 0.1% de los ingresos brutos de los nuevos vigilados”.  Se aportó en copia auténtica memorial suscrito por la señora Tatiana Quirola Guamán en calidad de representante legal (S) de AEROREPÚBLICA S.A., dirigido al Grupo de Financiero de Cobro y Control de Tasa de Vigilancia de la Supertransporte, fechado el 9 de febrero de 2012, en el que se informa que se efectuó par parte de la empresa EREOREPUBLICA el pago de la tasa de vigilancia por valor de $618.162.633, el cual se efectuó mediante consignación 114257797. Documentos visibles a folios 27 al 30 del cuaderno No 2.  Obra certificación efectuada por el Dr. Mario Aneyder Forero Palacios en calidad de revisor fiscal, expedida el 6 de diciembre de 2012, en la que se menciona que en los estados financieros de AEROREPÚBLICA S.A. se encuentra el pago efectuado por 7 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co

(62871) Exp. No 250002336000201502947 01 concepto de pago de tasa de vigilancia en favor de la superintendencia de Transporte por valor de $618.162.633, escrito a página 33 del cuaderno No 2.  A folios del 37 al 39 del cuaderno No 2, reposa memorial suscrito por el representante legal de AEROREPÚBLICA S.A., dirigido a la Superintendencia de Puertos y Transporte, con fecha del 26 de diciembre de 2013, en el que se informa que se había efectuado el pago de la tasa de vigilancia desarrollada en la Ley 1450 de 2011, por valor $759.768.908,732, adjuntando copia del comprobante único de consignación 14212654.  Obra documento del 26 de diciembre de 2014, por Eduardo Lombana Córdoba – Representante legal de AEROREPÚBLICA S.A., dirigido al grupo Financiero de Cobro y Control de la Tasa de Vigilancia de Superintendencia de Transporte, en el que da a conocer el pago de la tasa de vigilancia que le correspondía pagar a la empresa para el período del 2014, pago que se efectuó mediante comprobante de consignación 16937640, por valor de $728.932.309.970 (Folios del 40 al 42 del cuaderno No 2).  Obra certificación efectuada por la Dra. Mireya Orozco Acosta en calidad de revisor fiscal, expedida el 24 de noviembre de 2015, en la que se menciona que en los estados financieros de AEROREPÚBLICA S.A. correspondiente al año 2014, se

encuentra el pago efectuado por concepto de tasa de vigilancia en favor de la superintendencia de Transporte por valor de $728.932.309,970, escrito a página 33 del cuaderno No 2, documento visible en la página 43 del cuaderno No 2.  A folio 45 y vuelto, obra constancia de conciliación extrajudicial del 9 de diciembre de 2015, suscrito por la Dra. Aida Luz Granada Parra – Procuradora Judicial II para Asuntos Administrativos, en el que se indica que en la misma fecha se adelantó audiencia de conciliación en donde asistieron las partes, como extremo convocado el representante judicial del Congreso de la República y como convocante AEROREPÚBLICA S.A., sin poder llegar aun acuerdo de conciliación respecto a las pretensiones por no existir entre las partes ánimo conciliatorio. Declarando de esta manera el agotamiento del requisito de procedibilidad en el asunto. 2.3. Análisis jurídico – caso en concreto. Conforme a las pruebas analizadas, y las situaciones fácticas mencionadas en el escrito del medio de control de reparación directa, la decisión de primera instancia, como en el recurso de apelación interpuesto por la actora, el Ministerio Público, sin asomo de duda establece que, el Congreso de la República aprobó la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”, la cual, mediante su artículo 89 amplió el cobro de la tasa establecida en el artículo 27, numeral 2 de la Ley 1° de 1991, a la totalidad de sujetos de

vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transportes, ley que fue publicada en el Diario Oficial 48.102 del 16 junio de 2011. Por otro lado, esta claro en el presente proceso que la demandante AEROREPÚBLICA S.A., corresponde a una empresa vigilada por la Superintendencia de Puertos y Transportes atendiendo su razón y objeto social, por lo anterior, en vigencia de la Ley 1450 de 2011 efectuó el pago anual correspondiente a la tasa de vigilancia establecida en el artículo 89 de la mencionada ley. De esta manera, para la vigencia 2012, se encontró probado el pago efectuado por parte de AEROREPÚBLICA S.A., a la Superintendencia de Puertos y Transporte a través de 8 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co (62871) Exp. No 250002336000201502947 01 comprobante de consignación 114257797 por valor de $618.162.6332, hecho que se constató además en la certificación suscrita por el Revisor Fiscal de la empresa obrante a folio 33 del cuaderno No 2. Para la vigencia 2013, la demandante efectuó consignación por valor $759.768.908,732 tal como se verifica a través del comprobante único de consignación 142126543; y para el período del 2014, mediante comprobante de consignación 16937640, efectuó el pago de la tasa de vigilancia por valor de $728.932.309.9704, valor que fue certificado mediante constancia suscrita por la Dra.

Mireya Orozco Acosta quien, para el 24 de noviembre de 2015 cumplía funciones de revisor fiscal de la sociedad comercial demandante, conforme el documento visible en la página 43 del cuaderno No 2. Asimismo, está claramente establecido conforme las situaciones fácticas y de derecho que la vigencia de la ley eiusdem se encontró vigente durante 3 años, 10 meses y 6 días, esto es hasta el 22 de abril de 2015, fecha en la que la Honorable Corte Constitucional profirió la sentencia de inconstitucionalidad C-218, mediante la cual declaró inexequible la expresión “y/o inversión” del inciso primero y segundo del artículo 89, por considerar que dicha disposición vulneraba el principio de igualdad en materia tributaria, al establecer sin justificación alguna, un trato diferenciado en la metodología empleada para calcular el valor en que debían incurrir los sujetos objeto de vigilancia por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, con el fin de garantizar la financiación de los servicios que presta la entidad, mencionando que se había establecido dos regímenes de liquidación de la tasa de vigilancia, concretando al respecto: “La de los antiguos vigilados, en virtud de la Ley 1° de 1991, esto es, las sociedades y operadores portuarios, la liquidación de la tasa de vigilancia se determinaba con base en los gastos de funcionamiento de la entidad. La de los nuevos vigilados, en razón de la Ley 1450 de 2011, esto es, aquellos que prestan el servicio de transporte terrestre, férreo, y aéreo, la liquidación de la tasa de vigilancia, se debía establecer,

teniendo en cuenta los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión de la entidad”5 En este orden de ideas, se tiene que el medio de control de reparación directa impetrado por AEROREPÚBLICA S.A., busca el resarcimiento de los presuntos perjuicios alegados, con ocasión de la expedición de la Ley 1450 de 2011, por la cual se impuso la obligación del pago de la tasa de vigilancia ampliando no solo el grupo de quienes debían cancelarla, sino que además a comparación de la Ley 1° de 1991, la nueva disposición legal efectuaba la liquidación de la tasa a cancelar teniendo en cuenta los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, incrementándose la fórmula de liquidación, pues en vigencia de la ley anterior solo se liquidaba sobre los gastos de funcionamiento de la supertransporte. La sociedad comercial demandante, efectuó el pago de la tasa de vigilancia durante los años 2012, 2013, y 2014, períodos en los que se encontró vigente la Ley 1450 de 2011, puesto que como ya se precisó el 22 de abril de 2015, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-218/2015 declaró su inexequibilidad, hecho por el cual según la parte actora, se configuró un daño antijurídico que afectó a AEROREPÚBLICA S.A. quien en cumplimento de la obligación impuesta por la norma efectuó de manera anual el pago de la tasa de vigilancia, invocando que por lo tanto, es procedente declararse la responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho del legislador, el cual, según lo 2 Folios del 27 al 30 del cuaderno No 2

3 Folios del 37 al 39 del cuaderno No 2 4 Folios del 40 al 42 del cuaderno No 2 5 Folios 9 al 25 del cuaderno No 2. 9 YPCF Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80 Piso 19. PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co (62871) Exp. No 25000233600020