PGN - DEBIDO PROCESO Ejercicio del derecho de defensa

FALTA DISCIPLINARIA-Por aportar documentos falsos para desempeñarse como funcionaria pública CAUSAL DE NULIDAD-Por violación al debido proceso Los argumentos expuestos en la impugnación del fallo de primera instancia se concreta en la violación al debido proceso al considerar que si bien es cierto en el plenario aparecen una serie de documentos que soportan la investigación, no es menos cierto, que en las pruebas que sustentan el cargo, no aparece como fundamento probatorio el acta de posesión, máxime si se tiene en cuenta que para una prueba alcance su cometido, ya sea en pro o en contra del investigado, esta tiene que ordenarse y practicarse con todas las solemnidades que el procedimiento así lo establece, ya que se nota, que si bien a cierto a folio 77 aparece inserta una acta de posesión, no es menos cierto, que esta no fue allegado al mismo conforme a las ritualidades establecidas en el estatuto procesal. CAUSAL DE NULIDAD-Para declararla en la ley disciplinaria La ley disciplinaria en su artículo 143 consagra las tres causales que dan lugar a la declaratoria de nulidad, así: “1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo, 2. La violación del derecho de defensa del investigado y 3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”. Es de anotar, que cuando se invoca una causal de nulidad, se debe señalar la misma en forma concreta y la manera que afecta las garantías constitucionales. En ese orden de ideas, la defensa alega las causales segunda y tercera. CAUSAL DE NULIDAD-Oportunidad para proponerla/CAUSAL DE NULIDADTeoría del acto complejo Además de lo anterior, el artículo 146 del Código Disciplinario Único define el tiempo en el cual se puede formular una solicitud de nulidad “antes de proferirse el fallo definitivo”, “(…) el cual, conforme con reiterada doctrina de la Procuraduría General de la Nación, bajo la teoría del acto complejo, por fallo definitivo debe entenderse el de primera o el de única instancia y no el que resuelve los recursos que contra tales decisiones se interpongan. Ello es así, dado que las decisiones que desatan los recursos de reposición y de apelación, conforman una unidad jurídica que se integran a la decisión impugnada (…) (i) Las solicitudes de nulidad se pueden hacer hasta antes de proferirse el fallo de primera o única instancia; (ii) Proferido el fallo de primera o único instancia, ya no es procedente la solicitud de anulación, pues ha precluído la oportunidad para hacerlo; (iii) Lo anterior no le impide a los sujetos procesales que, a través de los recursos, el de apelación para fallos de primera instancia y el de reposición para fallos de única instancia, hagan las peticiones de nulidad que consideren pertinentes, siempre y cuando no hayan sido presentadas y decididas con anterioridad dentro del proceso. En estos casos, ha de entenderse que esa petición hace parte del recurso y que se resolverá estudiándola como uno de los aspectos de inconformidad, no como nulidad; (iv) Al poderse alegar dentro de los argumentos del recurso, implica que debe presentarse el pedimento durante el término concedido para recurrir el fallo, de acuerdo con el artículo 111 del Código Disciplinario Único que

consagra: “se podrán interponer desde la fecha de expedición de la respectiva decisión hasta el vencimiento de los tres días siguientes a la última notificación”. (v) Si no lo presenta en ese término, se entenderá que el escrito de nulitación es extemporáneo. Ello, sin embargo, no inhabilita al funcionario de segunda instancia para estudiar, de manera oficiosa, la ocurrencia de alguna de las causales de nulidad”. 1 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5ta No 15-80. Piso 8. PBX 5878750.Fax 10896. Ext10817 IUS-2014-115980

IUC-D-2014-104-682291

Además de lo anterior, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación dentro del radicado IUS 2010 – 117739, en auto del 21 de febrero del año en curso consideró: «Así las cosas, las solicitudes de los apelantes, pese a que las formulan como nulidades sobrevinientes al fallo, no cumplen con los requisitos señalados en el artículo 146 de la Ley disciplinaria en tanto fueron formuladas antes de proferirse el fallo definitivo y la primera instancia las resolvió al momento del fallo, quedando entonces la decisión en firme frente a estas solicitudes. (…)Por lo que es posible colegir que las providencias del fallador de instancia, son intangibles dada la independencia del operador disciplinario para evaluar las situaciones fácticas y jurídicas en que fundó sus decisiones. No obstante lo anterior, la Sala tendrá en cuenta las manifestaciones presentadas por los apelantes ante esta dependencia, respecto de las solicitudes de nulidad como argumentos de la apelación».

DEBIDO PROCESO-En el derecho disciplinario/DEBIDO PROCESO-Ejercicio del derecho de defensa Sin embargo, previo a la revisión de la actuación sancionatoria, el Despacho debe concretar la competencia cuando se controvierte el debido proceso por el aspecto probatorio y el marco para su prosperidad por cuanto el debido proceso como derecho fundamental está referido en materia procesal disciplinaria, a que el inculpado conozca las pruebas en que se fundamentó los cargos para que pueda ejercer todos los medios de réplica. PRUEBAS-Deben ser aportadas en forma oportuna garantizando su contradicción y con las formalidades legales esenciales requeridas para su producción Lo dicho debe armonizarse con el procedimiento disciplinario, que concede una amplia gama de posibilidades para ejercer el derecho de defensa a lo largo de sus diversas etapas, por ello es necesario verificar que la prueba ( acta de posesión) recaudada en el trámite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales primordiales, lo que significa, que la acción objetiva resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba, siempre y cuando esta sea manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, o sea, aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios rectores de esa actividad imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa, es importante anotar que la ilegalidad en recaudo de una prueba solo opera cuando sea manifiestamente contraevidente. …Por lo que dentro del expediente se encuentra demostrado la calidad de servidora pública de la investigada, argucia defensiva que no es de recibo por este despacho, ni a

la luz del derecho ni de su sana práctica, tiene asidero, en la medida que para que una prueba allegada por servidor público en debida forma conservando su validez de plena prueba por cuanto son documentos que obraban conservados en archivos de la institución, y que demuestran que fueron expedidos u obtenidos al momento de percatarse el Agente Especial Interventor de la Superintendencia Nacional de Salud de los hechos denunciados, por lo que no puede ser declarada ilícita, pues no viola normas de procedimiento, no podemos olvidar que el acta de posesión fue allegada con la queja y ella sirvió de medio para que este ente de control estuviera al corriente, de buena fuente, de unas presuntas irregularidades endilgada a la demandada, copias que gozan den presunción de legalidad frente a los originales. 2 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5ta No 15-80. Piso 8. PBX 5878750.Fax 10896. Ext10817 IUS-2014-115980

IUC-D-2014-104-682291

FUNCIÓN PÚBLICA-Se sustenta en principios sustanciales/FUNCIÓN PÚBLICAOpera bajo el principio de sujeción El servicio público se concreta como un elemento del Estado de Derecho y encuentra en él su justificación y razón de ser; se sustenta en principios sustanciales, consagrados en reglas sociales, que lo hacen opuesto al poder sin límites; opera en este estadio el principio de sujeción, que se erige como la exigencia, sin excepción, de ajustar el ejercicio de la función pública a los fines del Estado, sometiendo el poder público a las normas jurídicas preestablecidas.

En ese sentido, ninguna función pública puede estar exenta de cumplir la Constitución y la ley y su afectación por acción, omisión o extralimitación, genera actos de poder contrarios a la actividad de la administración, sobre los cuales debe recaer la acción disciplinaria. RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO-Regulación constitucional art. 6/ RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR ESTATAL-Asunción de cargas especiales no exigible a particulares Los servidores públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Constitución Política Colombiana, son responsables por infringir la Constitución y la ley. También lo serán por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, por lo que no cabe duda, que cuando el servidor público en ejercicio de sus funciones incurre personalmente en una conducta por acción u omisión calificada como dolosa o gravemente culposa, con consecuencias penales, disciplinarias y patrimoniales, debe responder conforme lo ordena el ordenamiento jurídico. Así en un Estado Social y Democrático de Derecho como el colombiano, los servidores públicos no solamente son responsables por sus acciones como meros ciudadanos del común, por incumplir los mandatos constitucionales y faltar a lo prescrito en las leyes, sino también, por el ejercicio de las funciones encomendadas, que han sido aceptadas bajo la gravedad de juramento en el momento de posesionarse. En cuanto al rigor del juramento para los empleados públicos, la Constitución ordena: «artículo 122. (...) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben». DERECHO DISCIPLINARIO-Valora la inobservancia de las normas que impliquen

el quebrantamiento del deber funcional En este orden de ideas, en materia disciplinaria, la ley se orienta a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público y el derecho disciplinario valora la inobservancia de normas positivas que impliquen el quebrantamiento de ese deber funcional. DERECHO SANCIONADOR-Busca asegurar el ejercicio de la función pública El derecho sancionador de la Administración se concreta en la facultad que se le atribuye a los entes públicos de imponer sanciones a sus propios funcionarios. Con esta potestad disciplinaria se busca, particularmente, asegurar el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (C.P. art. 209). 3 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5ta No 15-80. Piso 8. PBX 5878750.Fax 10896. Ext10817 IUS-2014-115980

IUC-D-2014-104-682291

DERECHO DISCIPLINARIO-Finalidad/RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO-Se configura por acción, omisión y extralimitación de funciones Desde esta perspectiva, la Corte ha establecido que el derecho disciplinario es una rama esencial en el funcionamiento de la organización estatal, pues, se encuentra orientado a regular el comportamiento disciplinario de su personal, fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones y previendo un estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades,

impedimentos y conflicto de intereses. Se trata de una armónica combinación de elementos, misiones y mandatos jurídicos que posibilitan el cumplimiento de los fines del Estado y que al ser desconocidos, involucran la existencia de una falta disciplinaria. Haciendo énfasis en lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-417 de 1993, agregó que el derecho disciplinario está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan. Lo anterior ocurre porque todos los servidores públicos deben propender por el logro del objetivo principal para el cual fueron nombrados, esto es, servir al Estado y a la comunidad en general con estricta sujeción a lo dispuesto en la Constitución, la ley y el reglamento (C.P. arts. 6° y 122). De lo anterior resulta que cualquier funcionario del Estado, puede verse sometido a un proceso de responsabilidad pública de índole disciplinaria, no sólo cuando en su desempeño vulnera el ordenamiento superior y legal vigente, sino también cuando incurre en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (C.P. art. 6° y 123). …A su vez, el artículo 123 ibídem impone a los servidores públicos la obligación de ejercer sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento, y del quebrantamiento de estos deberes o la incursión en prohibiciones surge la aplicación de un régimen especial de responsabilidad disciplinaria, que es una de las modalidades del ejercicio del poder punitivo del Estado. El constituyente asignó al legislador la

determinación de dicho régimen y la manera de hacerlo efectivo; el desarrollo de esta norma constitucional se materializa justamente en la ley 734 de 2002. FALLO SANCIONATORIO-Debe obrar prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad De acuerdo con lo establecido en el artículo 142 de la ley 734 de 2002, el fallo sancionatorio procede cuando obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad de la investigada; razón por la cual, al momento de estudiar de fondo el presente recurso de apelación contra .la providencia de primera instancia, este Despacho deberá determinar cuáles son las pruebas concretas allegadas al expediente que dan cuenta de la conducta investigada. Está debidamente acreditado como lo indico el a-quo que la señora demandada, fungió como Médico en la plaza del Servicio Social Obligatorio M10, en el Hospital de Santa Rosalía, adscrito a la Unidad Básica de Atención Nuestra Señora del Carmen ESE. …Por lo tanto, se estructura, a juicio de este Despacho, el hecho irregular, que constituye falta disciplinaria, la cual está debidamente tipificada, y consiste en: “suministrar documentos falsos, conforme lo establece el numeral 56 del Artículo 48 de la ley disciplinaria, el cual le fue citado de manera expresa y concreta en este proceso desde el auto de citación a audiencia verbal. Demostrado el hecho y su adecuación típica, consagrado como falta disciplinaria gravísima, a la misma le corresponde sanción de DESTITUCIÓN, por mandato legal, por

lo cual solo resta examinar la responsabilidad que se le puede atribuir a la sancionada. 4 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5ta No 15-80. Piso 8. PBX 5878750.Fax 10896. Ext10817 IUS-2014-115980

IUC-D-2014-104-682291

ILICITUD SUSTANCIAL-Debe implicar el desconocimiento de los principios que rigen la función pública Respecto de la conducta reprochada a la investigada, debe señalarse, en primer lugar que la Ilicitud Sustancial disciplinaria señalada en el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, “debe ser entendida como la afectación sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública”. Además, “El comportamiento, más que desconocer formalmente la norma jurídica que lo prohíbe, debe ser opuesto o, cuando menos, extraño a los principios que rigen función pública”. Partiendo de este principio, es decir, no cualquier irregularidad o contradicción debe ser objeto de la aplicación de la Ley Disciplinaria y que es la infracción sustancial de dicho deber lo que generaría una posible sanción; se tiene que el haber aportado documentos que acreditaban el título de médico expedido por la Universidad Cooperativa de Colombia de Santa Marta, requisito indispensable para optar por dicho cargo. …Entonces la infracción sustancial al deber funcional se genera al momento de que la investigada como lo explicó el a-quo al momento de su posesión, que se consolido al momento de tomar posesión el 28 de febrero de 2013 adquirió la calidad de servidor

público, momento a partir del cual ya se le puede reprochar el haber actuado de dicha manera frente al Estado o a la ESE Unidad Básica de Atención Nuestra Señora del Carmen, haciendo manifestaciones y aportando documentos con contenidos contrarios a la realidad con el propósito de acreditar en forma falsa y de mala fe, unos requisitos preestablecidos para acceder al cargo CULPABILIDAD-A título de Falta Gravísima Como se dijo en renglones anteriores, la falta cometida se determina bajo la calificación de GRAVÌSIMA, pues como se advirtió en el auto de cargos y en el fallo de primera instancia, así se califica en el artículo 48 numeral 56 de la Ley 734 de 2002, al señalar: “56. Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera administrativa”. (subrayado fuera del texto ) Por ello, dicho comportamiento encuadra perfectamente el proceder del disciplinado al tenor del artículo 48 numeral 56º de la Ley 734 de 2002, debe el Despacho puntualizar que cuando una persona toma posesión en un cargo público está en la obligación de saber y conocer todas las funciones, atribuciones y responsabilidades que de ello se deriva, pues así lo jura al momento de cumplir con tal rito (art. 122 C.P.); como se desprende del acta de posesión No 010, circunstancia que permite concluir que la investigada conocía de la ilicitud de su comportamiento, es decir, aportar documentación falsa. CULPABILIDAD-Aportamiento de documentos falsos para tomar posesión de cargo público.

Por ello el funcionario en una relación especial de sujeción, recibe un tratamiento distinto y más intenso que el común de los ciudadanos, en cuanto al refuerzo de sus deberes, prohibiciones, obligaciones funcionales, tanto así que se le exige un comportamiento determinado y generalmente diferente al de cualquier persona; en el caso que nos ocupa, respecto al cumplimiento de la ley, que aquí además constituye la prohibición taxativa de aportamiento de documentos falsos para tomar posesión de cargo público. 5 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5ta No 15-80. Piso 8. PBX 5878750.Fax 10896. Ext10817 IUS-2014-115980

IUC-D-2014-104-682291

FALTA DISCIPLINARIA-A título de Dolo/DOLO-Se define por remisión al Código penal En este punto, se confirma que la falta se efectuó a título de DOLO, dado el conocimiento de la ilicitud en su obrar y el encaminamiento de la voluntad hacia la consecución del fin lesivo de los intereses de la administración pública, que por haber aportado documentos con contenidos contrarios a la realidad, en forma falsa, por cuanto la demandada no tenía el grado de médico expedido por la Universidad Cooperativa de Colombia de Santa Marta situación que de manera inmediata se le informó, mediante Oficio No. 420 del 06 de mayo de 2013, solicitándole que en el término de dos días informara por escrito los descargos correspondientes, de conformidad con la Ley 190 de 1995, allegando nuevamente certificaciones falsas, razón por la cual será confirmada la sanción del a-quo . Aunque la 734 de 2002, no define el concepto de DOLO, es necesario acudir, al Código

Penal que en su Art. 22 precisa que: “La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización…”. (Se resalta). En primer término, es evidente y palmario que la demandada al haber aportado dentro de los documentos que acreditaban el requisito exigido para ejercer el cargo de médico del Servicio Social Obligatorio, tuvo como motivo e intención acceder al cargo y posesionarse, lo que logró, desempeñando hasta que se revocó su nombramiento el 21 de junio de 2013 cuando se demostró la falsedad de la documentación aportada. Por lo anterior, la calificación de la falta que se le atribuye a la investigada, se determina a título de DOLO, por cuanto en su condición de servidora pública conocían los hechos constitutivos de la acción disciplinaria y además quería que se presentara dicho resultado. DOLO-En derecho disciplinario no es solo intención sino conocimiento Para el Despacho la valoración que se realizó sobre el este aspecto subjetivo en el auto de citación a audiencia no ha tenido variación alguna, pues como lo expresó el a-quo «La premeditación habrá de ser valorada por la justicia ordinaria, pero en cuanto al dolo, no podría anularse por las consecuencias negativas que el hecho le produjo la autora de la falta, quiere ello decir, no puede alegar su propia torpeza, como justificación de sus actos desleales cometidos no solo con la Unidad Básica de Atención, sino con la comunidad en general del municipio de Santa Rosalía Vichada, pues es obvio que debió planear la forma de engañar a la entidad a tal punto que fue capaz de no solo posesionarse con un título

falso, sino que aportó igualmente certificaciones apócrifas supuestamente expedidas por la Universidad Cooperativa de Colombia, para sustentarle a su patrono su calidad de Médico». Es por ello que en el presente evento debe efectuarse definitivamente una calificación dolosa, pues bien es sabido que en el derecho disciplinario el dolo no es sólo intención, sino conocimiento «…de suerte que mientras en el derecho penal resulta válido predicar que se está ante una conducta dolosa cuando se actúa con la intención positiva de ocasionar un daño, esto no se puede predicar en el derecho disciplinario». Tal situación deviene como lo ha precisado la doctrina de la Procuraduría, del hecho que el servidor público tiene reglas de obligatorio cumplimiento, las que juró conocer y cumplir fielmente en el momento de su posesión, pues “cuando se asume una investidura se está en la obligación de saber y conocer todas las funciones, atribuciones y responsabilidades que de la misma se derive”. INHABILIDAD-Con ocasión del denominado concurso ideal 6 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5ta No 15-80. Piso 8. PBX 5878750.Fax 10896. Ext10817 IUS-2014-115980

IUC-D-2014-104-682291

La duración de la INHABILIDAD depende de las circunstancias establecidas en el artículo 47 numeral 1º de la Ley 734 de 2002, por ello el aquo tuvo en cuenta que: (i) con varias acciones y omisiones infringió varias veces la misma disposición presentándose el denominado concurso ideal o aparente como fue el de el numeral 56 del artículo 48 Ley

734 de 2002, concurrente con la prohibición establecida en el numeral 12 del artículo 35 ibídem y el artículo 289 del Código Penal (Falsedad en documento Privado), concordante con el numeral 1° del artículo 47 del CDU. (g) el grave daño social de la conducta y (j) por el conocimiento pleno de la ilicitud y su realización consciente y voluntaria, sin tener de presente que estos servidores públicos por el nivel profesional, es a quien más responsabilidad y prerrogativas se le otorga propias de esa alta investidura, mayores exigencias se le piden a la hora de desarrollar sus tareas y deberes públicos, pues resulta ser el referente ético, moral, particular y a imitar en la administración pública, de manera tal que por ello recibirá con mayor severidad la sanción, lo cual considero que sumaria una inhabilida general de TRECE AÑOS. 7 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5ta No 15-80. Piso 8. PBX 5878750.Fax 10896. Ext10817 IUS-2014-115980

IUC-D-2014-104-682291

DEPENDENCIA Procuraduría Segunda Delegada para Vigilancia Administrativa

RADICACIÓN IUS-2014-115980

IUC-D-2014-104-682291

DISCIPLINADO ANDREA VIVIANA MARULANDA ARIAS

CARGO y ENTIDAD Médico Servicio Social Obligatorio – UBA Agente Interventor-Unidad Básica de Atención QUEJOSO De OficioHUMBERTO MORENO GIRALDO FECHA QUEJA .26 de Marzo de 2014

FECHA HECHOS 2013

TIPO DE PROCESO: Proceso Verbal Disciplinario.

Segunda Instancia ASUNTO Apelación del fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional de Vichada el 28 de noviembre de 2014 en la cual se impuso sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 13 años Bogotá, D.C., 21-04-15 ASUNTO Procede el Despacho de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 25 del Decreto Ley 262 de 2000, a resolver el recurso de APELACIÓN, interpuesto contra la decisión del 28 de noviembre de 2014, emitida dentro del proceso verbal, por medio de la cual la Procuraduría Regional del Vichada, declaró disciplinariamente responsable a la señora ANDREA VIVIANA MARULANDA ARIAS, en su condición de médico Servicio Social Obligatorio de la Unidad Básica de Atención Nuestra Señora del Carmen ESE., con Destitución e inhabilidad General de 13 años. HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES El doctor HUMBERTO MORENO GIRALDO, en su calidad de Agente Especial Interventor por Superintendencia Nacional de Salud de la UNIDAD BASICA DE ATENCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE, por medio del Oficio 264 de 25 de marzo de 2014, allegó a la Procuraduría Regional del Vichada solicitud de Investigación Disciplinaria en contra de la señora ANDREA VIVIANA MARULANDA ARIAS, porque utilizó documentos apócrifos para desempeñar el empleo de Médico de Servicio Social Obligatorio, los supuestos hechos los relata el quejoso en denuncia penal en contra de la investigada por el Delito de Falsedad de

Documento Privado, radicada el 10 de enero del 2014, en la Fiscalía Seccional de Puerto Carreño, de la siguiente manera: 1.- Que mediante Resolución No. 056 de 28 de febrero de 2013, se nombró a la doctora ANDREA VIVIANA MARULANDA ARIAS, en el cargo de Médico de Servicio Social Obligatorio M – 10, del Hospital de Santa Rosalía de la UBA. 8 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5ta No 15-80. Piso 8. PBX 5878750.Fax 10896. Ext10817 IUS-2014-115980

IUC-D-2014-104-682291

Nuestra Señora del Carmen ESE, con Código del cargo No. 217, Grado 05, posesionada mediante acta No. 010 del 28 de febrero de 2013. 2.- Que la doctora ANDREA VIVIANA MARULANDA ARIAS, presentó entre otros los requisitos para ejercer el cargo, copia de un diploma y acta de grado expedido por la Universidad Cooperativa de Colombia de Santa Marta que le confiere el título de Médica. 3.- Que el Asesor de la oficina de Talento Humano de la Unidad Básica de Atención, al verificar la validez de cada título o certificado aportados en la hoja de vida por la profesional ANDREA VIVIANA MARULANDA ARIAS, pudo determinar la existencia de algunos errores ortográficos en los certificados de estudio aportados, lo que genera duda sobre la autenticidad de los mismos por lo que procedió a solicitar a la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta mediante

correo electrónico verificar los documentos. 4.- Que el decano de la Universidad Cooperativa de Santa Marta mediante correo electrónico dirigido al asesor de Talento Humano de la UBA, responde en los siguientes términos “la documentación anexada por Andrea Marulanda son FALSOS. Esta persona no hace parte de los egresados de medicina de nuestra Universidad, no ha recibido el título de médico y está cometiendo un delito con complicaciones penales al incurrir en falsedad de documentos y firmas que comprometen el buen nombre de la Universidad”. 5.- Que de tal situación de manera inmediata se le informa a la Doctora ANDREA VIVIANA MARULANDA ARIAS, mediante Oficio No. 420 del 06 de mayo de 2013, solicitándole de la misma manera que en el término de dos días informara por escrito los descargos correspondientes, de conformidad con la ley 190 de 1995. 6.- Que el Jefe del Departamento de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Santa Marta, el día 07 de mayo de 2013 mediante oficio 0695, ratifica que ANDREA VIVIANA MARULANDA ARIAS, no ha recibido el título de Medica en dicha Universidad, anexando el registro de 93 créditos aprobados de 240, por la titular. 7.- A la solicitud realizada a la Doctora ANDREA VIVIANA MARULANDA ARIAS, remite copia de certificación con la firma de del Director Académico Norton Pérez Gutiérrez, quien manifiesta que la implicada curso y aprobó Internado Rotatorio en la Clínica Universitaria Cooperativa de Colombia con sede en Villavicencio; también

remitió copia de un oficio firmado por el Rector, Decano de la Facultad de Medicina y el Coordinador de Medicina, quienes sostienen que recibió el título de Medica y un oficio emitido presuntamente por el Decano de la Facultad de Medicina ofreciendo disculpas por el inconveniente, debido a que estaban actualizando la plataforma, certificados que también fueron remitidos para verificar la autenticidad. 8.- Que el día 09 de mayo de 2013, la Secretaria General de la Secretaria General de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Santa Marta, en respuesta a la solicitud realizada por el Asesor de Talento Humano de la U.B.A. – Nuestra Señora del Carmen – E.S.E., contesta en los siguientes términos: “lamentablemente me permito informarle que dichos documentos adolecen de falsedad, toda vez que si bien la señora Marulanda estuvo matriculada durante 9 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Cra 5ta No 15-80. Piso 8. PBX 5878750.Fax 10896. Ext10817 IUS-2014-115980 IUC-D-2014-104-682291 algunos semestres de la Universidad Cooperativa de Colombia, nunca curso Internado Rotatorio y mucho menos obtuvo título en el programa de Medicina ofrecido por esta institución” en el párrafo segundo del mismo documento manifiesta textualmente que “se puede evidenciar la no autenticidad de los documentos aportados, teniendo en cuenta que además de unos ridículos errores de ortografía en los que incurre y de que las certificaciones no están impresas en papelería oficial de la Universidad Cooperativa de Colombia, se adulteran las

firmas de unos funcionarios que no ejercen los cargos señalados en el documento, como es el caso del rector Cesar Pérez García, quien desde el año 2010 no funge como Recto