PGN - DEBIDO PROCESO No se le ha desconocido por trasladar unas pruebas del proceso penal

1 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Proceso disciplinario adelantado por la Policía Nacional PROCESO DISCIPLINARIO-Problema jurídico DEBIDO PROCESO-No se le ha desconocido por trasladar unas pruebas del proceso penal Encuentra esta agencia del Ministerio Público que en el artículo 6° del auto de citación a audiencia verbal se corrió traslado a lo sujetos procesales de las diligencias que reposaban en el expediente, es especial de los documentos contentivos de las interceptaciones, testimonios y visitas especiales (fl. 479), por lo tanto no es posible sostener que al demandante se le desconoció el debido proceso por trasladar unas pruebas del procesal penal, cuando también tuvo la oportunidad de controvertirlas en la actuación disciplinaria. PROCESO DISCIPLINARIO-Están debidamente acreditados los elementos objetivo y subjetivo de las faltas disciplinarias …, considera este Despacho, como lo advirtió el a quo, que en el plenario están debidamente acreditados los elementos objetivo y subjetivo de las faltas disciplinarias endilgadas al actor, las cuales fueron calificadas como gravísima cometidas a título de dolo, contenidas en los numerales 8 y 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, que rezan: PROCESO DISCIPLINARIO-Al actor no le fueron vulneraron sus derechos al debido proceso y de defensa En el sub judice, contrario a lo afirmado por su defensor, no está demostrado que al actor se le hubieran vulnerado sus derechos al debido proceso y de defensa, dado que la sanción disciplinaria no correspondió a un capricho de la administración, sino que,

por el contrario, tuvo origen en un proceso disciplinario que concluyó con decisión sancionatoria de destitución e inhabilidad de 13 años, adoptada con base en pruebas que demuestran su responsabilidad en la comisión de las faltas disciplinarias establecidas en el artículo 36, numerales 8 y 9, de la Ley 1015 de 2006, calificada como gravísima título de dolo, a la que corresponde la sanción de destitución e inhabilidad general. No está de más enfatizar que al demandante se le dio la oportunidad de controvertir las pruebas practicadas en el proceso, se resolvió el recurso de apelación, se aplicaron las normas sustanciales y procesales correspondientes al caso, estuvo representado por abogado de manera que siempre se garantizaron sus derechos fundamentales, de suerte que las súplicas de la demanda no están llamadas a prosperar, máxime si se tiene en cuenta que conductas como las desplegadas por el accionante y sus compañeros de la Estación de Policía de Belén minan la credibilidad que la ciudadanía tiene en una institución como la Policía Nacional, pues sus miembros no están instituidos para perpetrar delitos y aliarse con miembros al margen de la ley, sino que su fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y, por tanto, cumplen una función primordial dentro

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E-2017-672853 2 de un Estado social de derecho, de ahí que es lógico que a sus miembros se les exija el más alto compromiso, responsabilidad y respeto de la disciplina, en tanto la

inobservancia del cumplimiento cabal de sus funciones pone en riesgo los derechos de toda la colectividad. CONDENA EN COSTAS-Aplicación jurisprudencial Este Despacho no comparte la condena en costas impuesta por el a quo al demandante, porque, apoyado en el criterio jurisprudencial, el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo aplica cuando el juez de conocimiento advierta temeridad o mala fe en la parte que resulte vencida, o se demuestre que se causaron agencias en derecho o expensas, aspectos que en el caso sub judice no se observa o, en su defecto, no se probaron con certeza.

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO N° 154

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Bogotá, D. C., 28 julio de 2017 Doctor

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Consejero Ponente Sección Segunda -Subsección ASala de lo Contencioso Administrativo

H. Consejo De Estado

E. S. D.

REF: 05001233300020140113601

No. Interno: 0564-2017

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Nacional

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del

Derecho.

ASUNTO: Apelación sentencia. Ley 1437/11 ________________________________________________

I. ANTECEDENTES El señor Richard Orlando Rosero Serna, por intermedio de apoderado, en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, solicitó declarar la nulidad del acto administrativo complejo: i) Fallo de primera instancia del 06 de marzo de 2013, dentro del Radicado REGI6-2012-18, proferido por la Inspección Delegada Regional 6 de la Policía Nacional, suscrito por el teniente coronel Wilfredo Omar Pérez Chamorro, mediante el cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término (13) años; ii) fallo de segunda instancia de fecha 25 de julio del citado año, en el que se confirmó el fallo disciplinario del 06 de marzo de 2013; iii) Decreto Presidencial No. 2853 del 6 de diciembre de 2013,

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E-2017-672853 4 mediante el cual se ejecutó la sanción disciplinaria, notificado el 2 de enero de 2014, por parte de la Inspección Delegada, mediante oficio S-2014-000200

INSGE-INDER6-48.1, expidiéndose constancia de ejecución de fallo disciplinario el 3 de enero de 2014, y solicitándose en dicha fecha ante la Procuraduría General el registro de la sanción disciplinaria. Posteriormente, la misma dependencia vuelve a notificar mediante oficios S-2014-056841 del 19 de febrero de 2014 y S-2014-074280 del 5 de marzo del citado año, sin pronunciarse sobre la constancia de ejecución de fallo disciplinario del 3 de

enero de 2014 y de la solicitud ante la Procuraduría General del registro de la sanción disciplinaria. A título de restablecimiento, solicitó que se ordene a la Policía Nacional reintegrar al actor al servicio activo, al cargo y grado que venía desempeñando al momento de ser retirado o al que le corresponda dentro del escalafón de la Policía Nacional. Igualmente, que se condene a la accionada, al reconocimiento y pago de los salarios, aumentos, ascensos, prestaciones sociales, subsidio de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional para la solución, o adquisición de vivienda usada o nueva, por parte de la Caja Promotora de Vivienda del Ministerio de Defensa, menciones honoríficas; y demás emolumentos dejados de percibir, desde el momento de su retiro hasta su reintegro efectivo. Y que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada salarial y prestacional teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos. También requirió que se condene a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al reconocimiento y pago de los perjuicios morales a los que fue sometido el actor, por el injusto retiro a través de un proceso disciplinario, que lo sumió en un estado de tristeza, desazón, congoja, y que se tasan a la fecha de presentación de la en 100 salarios mínimos legales mensuales.

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5 Que se declare para efectos legales que no ha existido solución de continuidad

en la prestación del servicio por parte del accionante. Que a los pagos que realice la Nación Colombiana, a través del Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, se les apliquen los ajustes de valor, conforme al IPC. Que se condene en costas a la demandada. 1.1. HECHOS Refirió el escrito de demanda que: El señor Richard Orlando Rosero Serna ingresó a la Escuela de Oficiales General Santander el 13 de enero de 1997, como cadete a la Policía Nacional, luego ascendió al grado de alférez. Después de aprobar el periodo de formación, obtuvo el grado de Subteniente el 5 de noviembre de 1999, mediante disposición 001044. Posteriormente, ascendió al grado de Teniente mediante Decreto 003402 del 12 de enero de 2003 y a Capitán a través del Decreto 4645 del 1° de diciembre de 2007. El capitán ® Rosero Serna, desde que egresó de la Escuela de Policía General Santander, inició su recorrido institucional laborando de manera sobresaliente, en las siguientes Unidades de Policía: Metropolitana de Bogotá, Departamento de Policía Sucre, Estación de Policía Carreteras Cundinamarca, Dirección Antinarcóticos, Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, Escuadrón Móvil de Carabineros Nro. 52 Nacional, dependencias en las que ocupó diferentes cargos, especialmente de Comandante de Patrulla, Comandante de Sección, Comandante de Estación, Comandante de Distrito, Comandante Ruta Policía de Carreteras, Comandante Compañía Antinarcóticos, Comandante Escuadrón

Móvil de Carabineros, obteniendo diversas distinciones, entre otras, medalla de servicios distinguidos y distintas menciones honorificas.

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6 La investigación disciplinaria adelantada contra el hoy demandante se inició con base en el extracto de la noticia periodística registrada en el Diario El Colombiano.com, el 22 de mayo de 2012, bajo el título: “Detenido ocho policías por presuntos nexos con bandas criminales”, por la que el Inspector Delegado Regional 6 ordenó el auto de apertura de indagación preliminar en la citada fecha. Además, se libraron las órdenes de captura correspondientes. Mediante el oficio de la citada fecha se dejó en custodia a unas personas en la seccional de investigación criminal e Interpol de Medellín. Advirtió el apoderado del demandante que en el expediente disciplinario obra orden de trabajo, visita especial a lugar en la Indagación Preliminar P-REGI6 2012-55, de fecha 5 de mayo de 2012, suscrita por Teniente Coronel Wilfredo Omar Pérez Chamorro, Inspector Delegado Regional 6, sin embargo, llama la atención que dicho funcionario solo ordenó la apertura de la indagación preliminar el día 22 de mayo de 2012, violentando el debido proceso de quienes luego serían vinculados formalmente a la investigación, ya que desconocían que se estaban practicando pruebas desde el 5 de mayo, con el agravante que en las pruebas subsiguientes el inspector no aclaro tal situación.

Sostuvo el defensor que mediante oficio 0923 del 6 de junio de 2012, dirigido a su representado, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Bellavista, se le comunicó que la Intendente Isaura Mosquera se trasladaría a la cárcel de Pedregal para recepcionar los testimonios de Yormazo Anderson Piedrahita, Hernán Darío Ardila, Juan David Serna, Juan Fernando Zuleta, Fabián Alberto Ramírez y Yesid Alberto Torres, diligencias que fueron aplazadas por la funcionaria comisionada para el 12 de junio de 2012, sin que aparezca que efectivamente el hoy demandante haya sido notificado de la práctica de dichas pruebas, violándole el debido proceso, pues se surtieron sin su presencia ni la de los demás disciplinados, para que ejercieran su derecho de defensa.

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7 Expresó que en dichas diligencias la funcionaria comisionada formuló preguntas sugestivas a los testigos, dirigió las respuestas en contravía de la Constitución y de los tratados internacionales firmados por Colombia sobre el particular. Después de transcribir las irregularidades que según el profesional del derecho presentaron los testimonios arriba mencionados, agregó que no hay un explicación lógica de tan graves inconsistencias, pero las mismas constituyen prueba irrefutable de que dichos testimonios fueron manipulados con el agravante que fueron realizados a espaldas de los disciplinados, pues en efecto se les citó, pero formalmente no hay evidencia de que los investigados fueron notificados materialmente de dichas diligencias. A lo anterior se suma que

fueron estos testimonios, la columna vertebral para luego proferir pliegos de cargos en su contra, así como la decisión final que terminó con la destitución del hoy demandante, quien no fue en momento alguno acusado por los testigos. Recalcó que una actitud distinta observó el operador disciplinario de primera instancia, el Inspector Delegado de la Regional 6, cuando mediante sendos oficios solicitó el traslado del hoy actor y los demás investigados a dicha dependencia los días 11, 19 y 25 de julio, 2 y 27 de agosto de 2012, para que participaran en la audiencia disciplinaria. Expresó que mediante auto del 5 de octubre de 2012, el Inspector Delegado de la Regional 6 ordenó la apertura de investigación disciplinaria REGI6 2012-18, avalando las pruebas practicadas en la indagación preliminar, sin que fueran ratificados los testimonios con la presencia de los sujetos procesales, por tal motivo los mismos carecen de valor probatorio. Adujo que mediante auto del 4 de diciembre de 2012, el citado funcionario citó a audiencia especial a su representado, formulando el correspondiente auto de cargos con base en las pruebas testimoniales en las que se le desconoció el debido proceso.

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8 El apoderado del hoy accionante al presentar los descargos correspondientes solicitó escuchar en ampliación de declaración a efectos de contrainterrogar a los declarantes Yormazo Anderson Piedrahita, Hernán Darío Ardila, Juan David Serna, Juan Fernando Zuleta, Fabián Alberto Ramírez y Yesid Alberto

Torres, pues la defensa no tuvo la oportunidad de hacer uso del derecho de contradicción, en ejercicio legítimo del derecho de defensa. La solicitud de pruebas fue negada por la oficina disciplinaria y apelada por el defensor. Relata el hoy apoderado del demandante que a partir de ese momento se presentó una continua cadena de irregularidades procedimentales, que convierten el acto acusado en irregular en cuanto a su expedición. Resaltó que la práctica de pruebas fue resuelta negativamente por el TC. Gerson Fajardo Guevara, quien suscribió dicha decisión en su condición de Inspector Delegado de la Regional 6 encargado, pero no aparece constancia alguna del acto administrativo por medio del cual dicho funcionario reemplazó a quien venía actuando como titular de la acción disciplinaria adelantada contra su representado, el TC Pérez Chamorro. El encargado decidió sobre temas trascendentales del procedimiento administrativo sancionador, como fue la toma de decisión sobre práctica de pruebas, constituyendo tal ausencia de competencia un hecho generador que vicia el acto administrativo acusado en el sub lite. Advirtió que el fallo disciplinario de primera instancia del 6 de marzo de 2013, fue suscrito por el TC. Wilfredo Pérez Chamorro en su condición de Inspector Delegado de la Regional 6, sin que se advierta que dicho oficial actúa por delegación del Inspector General, como tampoco que este podía delegar y mucho menos subdelegar en el TC. Gerson Fajardo Guevara. Reiteró el defensor que los citados funcionarios aparecen actuando en el acto administrativo demandado, en el que se encontró responsable

disciplinariamente a su prohijado, procediendo a destituirlo e inhabilitarlo por el término de trece años.

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9 Sostuvo que el recurso de apelación interpuesto contra el fallo disciplinario de primera instancia, fue resuelto por el Inspector General de la Policía Nacional, quien manifestó en el fallo de segunda instancia que “las pruebas obrantes en el expediente, proporcionan los elementos de juicio para imputar responsabilidad disciplinaria a los funcionarios de la Policía Nacional que a lo largo de esta providencia hará referencia la instancia, puesto que han sido válidamente arrimadas al expediente, esto es, conforme a la reglamentación legal establecida, tratándose de las diligencias trasladadas del proceso penal……..dichas diligencias fueron realizadas por la fiscalía con el correspondiente control de legalidad”. Afirmación que según el defensor falta a la verdad, puesto que la prueba trasladada se efectuó a capricho de la entidad demandada, sin seguir los lineamientos trazados sobre el particular en el artículo 135 de la Ley 734 de 2002, que estipula que las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en dicho código. En todo caso, los sujetos procesales podrán controvertir las pruebas a partir del momento en que tengan acceso a la actuación disciplinaria, omisión en la que incurrió la Policía Nacional al no trasladar a su representado al Centro

Penitenciario donde se encontraban los testigos que declararon, para que ejerciera su derecho de defensa, tal y como lo hizo en los distintos días en que se desarrolló la audiencia. Anotó el apoderado que también se presentaron irregularidades en la notificación por edicto del fallo de segunda instancia, puesto que el se fijó el 20 de agosto de 2013, a las 18:10 horas, por tres (3) días hábiles siguientes, y fue desfijado el 23 de agosto de 2013, a las 18:10 horas, siendo que debió desfijarse hasta el 26 de agosto del citado año, a las 6 p. m., error procedimental que constituye otra violación al debido proceso del disciplinado. Expresó que otra de las irregularidades en que incurrió la entidad accionada al

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E-2017-672853 10 expedir los actos administrativos demandados, consiste en desconocer que el procedimiento administrativo concluye a partir del día siguiente a la notificación, publicidad, comunicación o ejecución de los actos, según sea el caso, y que aún en esta etapa se debe garantizar el debido proceso, pues la publicidad de los actos administrativos constituye un requisito para que los mismos sean eficaces, lo que no ocurrió en el caso que nos ocupa, en consecuencia la constancia emitida por la entidad demandada respecto a la ejecutoria de los mismos, es contraria a derecho, puesto que la Policía Nacional coartó e interpretó de manera restrictiva el poder otorgado al abogado del hoy actor, en el que se aprecia que dicho mandato de representación era integro para que

asumiera su defensa hasta la culminación del procedimiento y ello termina con la ejecución, posición que no aceptó la entidad demandada y así lo dejó plasmado en la constancia escrita. Precisó el defensor que al consultar los antecedentes disciplinarios de su prohijado en la página de la Procuraduría General de la Nación, se advierte que la Policía a motu proprio notificó la decisión disciplinaria de segunda instancia a su antojo, le dio efectos jurídicos como quiso, cometió yerros jurídicos en la notificación y, sin embargo, no subsanó los mismos, por lo que informó a la Procuraduría que la citada decisión quedó ejecutoriada desde el 3 de enero de 2014, abusando de su poder y desconociendo las normas Constitucionales y legales, alusivas a la contradicción, el derecho de defensa y a las formalidades, por violación de términos e incorrecta notificación, entre otros. I.2. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN Indicó el defensor que con la expedición de los actos acusados resultaron infringidos el preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 13, 21, 25, 29, 42, 53, 83, 90, 93,94, 125, 209, 218, 228 de la Constitución Política; el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales de las Naciones Unidas; la Convención Americana de Derechos; las Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972; el Decreto 173 de 1993; las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998 y los Decretos 1818 de 1998, 62 de

1993, 857 del 2003, con su Decreto Reglamentario y demás normas

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E-2017-672853 11 concordantes; los Decretos 1791 y 1800 de 2000, la Resolución 006088 del 14 de diciembre de 2006 de la Policía Nacional, adicionada por Resolución 01002 del 14 de abril de 2009.

Igualmente, resultaron vulnerados los artículos 135 de la Ley 734 de 2002; 103, 138 y 159 de la Ley 1437 de 2011. Anotó que la Policía Nacional incurrió en falsa motivación fáctica por indebida valoración y calificación de las pruebas, dado que las interpretaciones otorgadas a las normas prohibitivas aplicadas al hoy actor, fueron expansivas y por ende contrarias tanto a la Constitución como a la jurisprudencia de las Altas Cortes. Resaltó que la entidad demandada, con base en las pruebas obrantes en el plenario, imputó responsabilidad disciplinaria a su mandante, partiendo de la premisa de que el acervo probatorio obrante en el proceso disciplinario fue válidamente arrimado del proceso penal, en el que las diligencias fueron realizadas por la Fiscalía con el correspondiente control de legalidad, sin embargo, olvidó que las mismas debían ser ratificadas en el proceso disciplinario, permitiendo que los investigados ejercieran su derecho de defensa y la contradicción, máxime cuando el abogado defensor del Capitán Rosero lo solicitó al operador disciplinario competente y este no lo hizo, de ahí que dichos testimonios no podían ser analizados y menos ser el sustento para la decisión

de destitución e inhabilidad impuesta a su representado. Indicó que la accionada también incurrió en la causal de nulidad de falsa motivación jurídica por aplicación de normas ex post facto y de posturas hermenéuticas restrictivas, por lo que reiteró que en las declaraciones de los testigos Yormazo Anderson Piedrahita, Hernán Darío Ardila, Juan David Serna, Juan Fernando Zuleta, Fabián Alberto Ramírez y Yesid Alberto Torres, las respuestas fueron inducidas por la funcionaria comisionada para su práctica, quien además formuló preguntas sugestivas a los testigos, dirigió las respuestas en contravía de la Constitución y de los tratados internacionales

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E-2017-672853 12 firmados por Colombia sobre el particular. Resaltó que en muchas de las declaraciones no concuerda lo hora en que fueron recepcionadas con la extensión de dichas diligencias, siendo evidente que no se actuó con transparencia como lo exige el artículo 209 Superior, lo que de contera violenta los artículos 29 y 83 ibídem, poniendo en entredicho la buena fe y la confianza legítima con la que debe proceder la administración.

Expresó que la Policía Nacional también incurrió en las causales de nulidad de falsa motivación y abuso de poder, al no subsanar la fecha de la ejecutoria de la sanción disciplinaria. Advirtió que los actos acusados también están incursos en la causal de nulidad de expedición irregular por violación de las formalidades, ya que el edicto de

notificación se desfijó antes del término, esto es antes de las 6 p. m. del día 26 de agosto de 2013, incurriendo en una indebida notificación del acto principal. Para finalizar, adujo que hubo una desproporción en la sanción impuesta al disciplinado, toda vez que no se probó la afectación al deber funcional con la conducta del Capitán Rosero Sánchez, de modo que su destitución e inhabilidad de 13 años resultó desmedida y, por lo tanto, ilegal a la luz de lo dispuesto en el artículo 18 del Código Disciplinario Único y en la jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional (fls.1.008-1.058). I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El apoderado de la Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda.| Consideró que su representada no transgredió ninguna norma como lo sostuvo el apoderado de la parte demandante, adujo que las resoluciones atacadas mantienen su presunción de legalidad, dado que fueron adoptadas de acuerdo con la Constitución y la ley.

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13 Precisó que el apoderado del actor pretende realizar un debate probatorio ante la instancia judicial, siendo que este ya se dio en vía administrativa, pues los argumentos planteados en el sub lite fueron expuestos en el curso del proceso disciplinario, en el que contó con la oportunidad procesal de ejercer su derecho de defensa y contradicción, por lo que no puede pretender utilizar la jurisdicción

de lo contencioso administrativo para obtener un título favorable a sus pretensiones. Advirtió que el accionante fue sancionado por tolerar y ser permisivo con incursiones del grupo delincuencial denominado los “Urabeños”, haciéndose partícipe de actividades ilícitas como fue la de concertar encuentros con algunos miembros de esta red delincuencial para favorecer su movilidad e incursiones delictivas, recibiendo a cambio armas, municiones y hasta capturar personas integrantes de otros grupos delincuenciales rivales de la citada organización al margen de la ley, lo que a claras luces constituye una falta disciplinaria, pues el comportamiento del CT ® Rosero Serna no solo afectó el deber funcional de manera material, en la medida en que no cumplió con garantizar los intereses protegidos como la gestión de la administración pública, sino que con su conducta afectó los valores institucionales de honestidad y respeto bajo los cuales deben regirse los Policías, resultando indecoroso su comportamiento Anotó que el proceso disciplinario adelantado contra el hoy actor se surtió en todas su etapas, garantizando al demandante su derechos a la defensa y el debido proceso, respetando los derechos y garantías que le asistían en su calidad de investigado y procesado, en el que quedaron evidenciadas las irregularidades que conllevaron a la investigación y a la correspondiente sanción, de suerte que no es factible sostener que su representada incurrió en falsa motivación al expedir los actos sancionatorios demandados en el sub lite, porque está debidamente acreditado que el disciplinado infringió la norma disciplinaria, concretamente los numerales 8 y 9 del artículo 34 de la Ley 1015

de 2006, es decir, que incurrió en una falta de naturaleza gravísima, cuya adecuación típica se ajusta a la realidad fáctica y jurídica analizada en el curso

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E-2017-672853 14 del proceso disciplinario, decisión que fue motivada por el operador disciplinario, por lo que le fue impuesta la sanción de destitución e inhabilidad, la cual no corresponde a un capricho de la institución.

Aclaró que no se presentó la desviación de poder alegada por el apoderado del accionante, por cuanto los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia responden a un análisis ponderado de las pruebas practicadas y de los descargos presentados por el disciplinado, en los que está plenamente demostrada su responsabilidad disciplinaria Resaltó que por comportamientos irregulares como el desplegado por el señor Richard Rosero Serna, la institución ha visto cuestionada su credibilidad, pues la Policía tiene la obligación constitucional y legal de proteger a las personas en su vida, honra y bienes, y conductas como las aquí sancionadas de ninguna manera aportan al mejoramiento del servicio policial ni preservan la posición de garante de derechos y libertades. Propuso las excepciones de presunción de legalidad de los fallos disciplinarios demandados, inexistencia de vicios de nulidad y la innominada o genérica, al considerar que su representada al expedir los actos acusados lo hizo dentro de los parámetros del ordenamiento jurídico, garantizando el derecho de defensa

del disciplinado (fls. 1073-1081). I.4. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 19 de septiembre de 2016, negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte actora. El a quo después de revisar las pruebas obrantes en el plenario y confrontarlas con las causales de nulidad de falsa motivación fáctica por indebida valoración y calificación de las pruebas, adujo que no le asiste razón al apoderado del actor cuando señala que las pruebas trasladadas del proceso penal al proceso

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E-2017-672853 15 disciplinario tenían que ser ratificadas, pues dicha condición solo es necesaria en los casos en que la parte contra quien se aducen las pruebas no haya tenido la oportunidad de controvertirlas en el proceso de origen, y no se puede olvidar que el hoy actor fue sujeto procesal en la investigación penal en la que tuvo la oportunidad de controvertir la prueba, luego no era necesaria su ratificación en el proceso administrativo sancionador al que se trasladaron, de acuerdo con el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, vigente para el momento en que se produjo el traslado.

En cuanto a la práctica de testimonios sin la presencia de los investigados, aclaró el Tribunal que en el curso de la indagación preliminar, en atención a los fines de dicha etapa procesal, es factible practicar pruebas sin la presencia de los investigados, puesto que las mismas pueden ser controvertidas

posteriormente. Aclaró que la responsabilidad del demandante no solo se determinó como los testimonios señalados por el accionante obtenidos, a su juicio, con violación del derecho de defensa, sino que el fallo disciplinario de primera instancia se fundamentó en las prueb