PGN - DEBIDO PROCESO Por falta de valoración de las pruebas presentadaas por el actor

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto de liquidación oficial de revisión tributaria AJUSTES ECONÓMICOS-Procedencia frente a tasa de cambio En otros términos, resulta acertado afirmar que se pueden hacer ajustes de comparabilidad frente a tasa de cambio; no obstante, para efectos de estudios comparativos de precios de transferencia, son aceptables dependiendo del método y siempre y cuando los mismos se hagan entre comparables y con las mismas reglas, no sólo respecto de alguno de ellos, como el que realiza la sociedad en su favor, y bajo presupuestos que sólo resultan válidos para el procedimiento que aplica. AJUSTES ECONÓMICOS-Procedencia respecto a los basados en proyecciones Igualmente, se puede esgrimir que un ajuste basado en proyecciones es válido, con el supuesto que se haga a todos los sujetos comparables y no desborde los presupuestos del método general utilizado; lo mismo ocurre frente al fenómeno de la inflación, pues, este fenómeno resulta relativo entre comparables y puede alterar dicha característica (comparabilidad), a su vez, depende de los contextos en donde se examine y se pretenda aplicar. AJUSTES ECONÓMICOS-Utilización del método de márgenes transaccionales de utilidad de la operación Como se desprende inmediatamente de lo expuesto, este método conlleva como beneficio que los parámetros de comparabilidad resultan menos exigentes que en aquellos métodos que se basan en el análisis directo de los precios de los bienes y servicios, considerando que los márgenes de utilidad se afectan menos por las diferencias en las operaciones que se desean comparar. DEBIDO PROCESO-Por falta de valoración de las pruebas presentadas por el

actor CARGA DE LA PRUEBA-Corresponde al contribuyente la presentación de documentos en otro idioma con su traducción La obligación de los contribuyentes de presentar los estudios de precios de transferencia en idioma castellano, y en materia procesal de acuerdo con el principio de la carga de la prueba documental, le corresponde presentar los documentos originarios en otro idioma con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. CARGA DE LA PRUEBA-Respecto a operaciones celebradas con vinculados económicos o partes relacionadas domiciliados o residentes en el exterior

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co CARGA DE LA PRUEBA-Corresponde al actor desvirtuar los supuestos de hecho y de derecho de la sanción impugnada SANCIÓN TRIBUTARIA-Por suministro de información inexacta a la administración tributaria NULIDAD-No procede por falta de pronunciamiento de todos los puntos enunciados por el demandante Cabe observar que no es obligatorio que el fallador se pronuncie atendiendo cada uno de los puntos enunciados por la demandante, menos si aquellos se resuelven temáticamente o en conjunto del análisis presentado en la sentencia. Por ello, es suficiente revisar las razones y explicaciones dadas por el Tribunal para descartar que no se encontró violación al debido proceso por ausencia de apreciación probatoria, dado que se hizo una extensa disertación de la figura de los precios de transferencia y diferentes referencias a la forma

en que se abordó el estudio del material probatorio de las decisiones de la Administración, las cuales se encontraron plenamente justificadas y sin ningún vicio de legalidad. Situación similar se presenta con el cargo relacionado con violación del régimen de precios de transferencia, que tiene un soporte explicativo abundante que vincula todos los aspectos legales y probatorios que permiten concluir que el cargo presentado en la demanda tampoco se encontraba llamado a prosperar.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Concepto 099 - 2013 – 166610/19995 Bogotá D. C., 28 de mayo de 2013 Honorables

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta

E. S. D.

Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Barcenas Referencia: 250002327000201100108 01

Radicado: 19995

Asunto: Impuesto de Renta.

Actor: 3M COLOMBIA S.A.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES: 1.1.- La sociedad 3M DE COLOMBIA S.A., por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, demandó ante el Consejo de Estado la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412010000064 de 6

de diciembre de 2010 proferida por el Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de la DIAN, con la cual se determinó el impuesto de renta correspondiente al año gravable 2007 a cargo de 3M. Adicionalmente solicitó que se ordene devolver la suma de $230.344.000, valor que corresponde a la suma determinada a pagar en el Requerimiento Especial, que 3M consignó con ocasión de la respuesta al Requerimiento Especial.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Como normas violadas señaló los artículos 29 y 388 de la Constitución Política; el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil; los artículos 35, 59 y 84 del Código Contencioso Administrativo; los artículos 260-2, 260-3, 647, 683, 711, 712 y 742 del Estatuto Tributario; y los literales B y C del artículo 7 y artículo 9 del Decreto 4349 de 2004. Como concepto de violación la parte demandante presenta los siguientes cargos, por los cuales considera se debe declarar la nulidad de los actos acusados: 1.1.1.- Expresó indebida aplicación de los criterios de comparabilidad del régimen de precios de transferencia, considerando que no es cierto que el ajuste practicado por la empresa haya acrecentado las diferencias entre comparables tal como lo afirma la administración, porque al contrario la aplicación de ajustes

corrigió la distorsión ocasionada por la diferencia del efecto producido entre comparables. Explicó que todos los modelos remitidos a la Administración se encuentran dentro o incluso por encima del rango inter cuartil comprendido entre el 7.039% y el 14.093%, por lo cual, el ajuste técnico efectuado por la diferencia en cambio fue ajustado al principio de plena competencia, aún bajo la interpretación de la DIAN. 1.1.2.- Manifestó violación del principio de correspondencia entre el Requerimiento Especial y la Liquidación Oficial, habida cuenta que el requerimiento se basó en el rechazo a los ajustes por la diferencia en cambio, en los aspectos de decrecimiento de la tasa de inflación en Colombia y la escogencia del índice escogido por el contribuyente , que es reconocido como una medición técnica y la Liquidación incluyó hechos y fundamentos nuevos, como que los costos unitarios asignados a un mismo producto vendido a un vinculado son diferentes a los costos unitarios asignados a un mismo producto vendido a independientes y que el ajuste no se reflejó en la información financiera de los comparables. 1.1.3.- Declaró que se violó el debido proceso por falta de motivación de la liquidación oficial de revisión, porque la administración omitió las razones para utilizar criterios y procedimientos propios de precio comparado, y no aclaró porque el método utilizado por la sociedad es improcedente. Tampoco cuestionó la veracidad de la información contenida en la documentación comprobatoria. 1.1.4.- Agregó la violación del debido proceso por ausencia e indebida apreciación probatoria, bajo la consideración que la compañía probó que se encuentra dentro

del rango intercuartil de sus comparables, y la administración rechazó las probanzas argumentando que la información no estaba en idioma castellano. 1.1.5.- Expuso violación del artículo 260-2 del Estatuto Tributario por el método de comparación utilizado, teniendo en cuenta que la DIAN realizó la comparación de precios de venta como si se tratara de comparables internos propios del método de precios comparable no controlado, y empleo una técnica equivocada, porque comparó a vinculados cuando lo proceden era hacer la comparación entre vinculados y no vinculados o independientes.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Agregó que las comparaciones efectuadas a partir de facturas son erradas porque las deferencias se deben a operaciones en diferentes meses y distintas tasas de cambio; asimismo, las variaciones de costos se presentan de un año al siguiente; y los productos enajenados en el exterior son diferentes a los que se producen en el país. 1.1.6.- Indicó nulidad por improcedencia de la aplicación del ajuste del parágrafo 2 del artículo 260-2 del Estatuto Tributario, porque si bien la norma exige que cuando un contribuyente se encuentra por fuera del rango le corresponde realizar ajustes a la mediana, también debe considerar que el ajuste sólo procede cuando se origina en precios de transferencia. Insistió en que la sociedad se encontraba dentro del rango en las operaciones con sus vinculados económicos, máxime

cuando se demostró que el método utilizado y los ajustes fueron correctos. 1.1.7.- Adujo que se presenta nulidad por indebida apreciación de la integridad del estudio de precios de transferencia y de la declaración informativa, porque la Administración no valoró en completamente el estudio de precios de transferencia y su documentación comprobatoria, pues, tomó únicamente aquellas partes que le servían para glosar ignorando la explicación de la procedencia de los ajustes. 1.1.8.- Acotó improcedencia de la sanción por inexactitud del artículo 647 del Estatuto Tributario, porque la Administración no discutió las operaciones con vinculados sino que realizó ajustes considerando que el margen operacional no se encontraba dentro del intercuartil, por tanto, no se emplearon datos o factores equivocados, incompletos o desfigurados. 2.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia del 15 de noviembre de 2012, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda. Consideró que no existe fundamento fáctico ni legal que de lugar a la nulidad del acto administrativo por falta de motivación, porque en la Liquidación Oficial de Revisión se señalaron y argumentaron las razones de la decisión, basadas en la procedencia del ajuste a la mediana y también se consideró que la sociedad tiene una utilidad en operaciones de venta de inventarios con sus vinculados económicos de 2.618%, cifra que se ubica por debajo del rango de precios de mercado comprendido entre el 7.039% y el 14.093%. Observó la Sala que tanto en el Requerimiento Especial como en la Liquidación

Oficial, la razón jurídica principal fue el ajuste a la mediana previsto en el artículo 260-2 del Estatuto Tributario, sólo que en la Liquidación se agregó la explicación de la Administración frente a las respuestas dadas por la contribuyente al Requerimiento Especial. Así las cosas, se mantuvieron los mismos fundamentos de derecho y se invocaron razones ampliadas o mejoradas y por lo demás, las razones adicionales no resultan relevantes para el caso, ya que el fondo del mismo en ambos actos es la aplicación del ajuste a la mediana originado por el rechazo a los ajustes realizados, por lo que no se ve discordancia de las glosas, ni de las razones jurídicas en que se fundaron.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Por otra parte, encontró la Sala que la accionante escogió libremente y con el conocimiento necesario a las comprables y optó por el método de márgenes transacciones de utilidad de operación (TU), el cual la dejó por fuera de los rangos determinados por la misma compañía, como se dilucida en la documentación comprobatoria, sin que hubiera efectuado en forma correcta, precisa y justificable ajustes para dar cumplimiento a los límites establecidos en la ley, cuya consecuencia taxativa es el ajuste a la mediana del rango, sin que la norma permita la presentación de justificaciones para un resultado diferente. Destacó que la posibilidad de aplicación del numeral 1.48 de directrices de la

OCDE sólo aplicaría para casos en que la administración cuestione el estudio de precios y determine el que considera ser el rango intercuartil apropiado, circunstancia que no ocurrió en el sub lite, donde se aceptaron tanto los comparables como el método seleccionado y se procedió a la aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 260-2 del Estatuto Tributario. Observó la Sala que en ninguna de las oportunidades procesales ni ante la jurisdicción la demandante cumplió con el deber de presentar documentación que acredite la viabilidad de realizar los ajuste practicados y denote razonabilidad en el modo en que se cuantificaron al igual que la determinación del valor de los mismos, de forma que permitiera otorgarle un valor probatorio, y al mismo tiempo se encuentra que no reposa la información necesaria para estudiarla en el idioma castellano. En el punto de aumento de costos de producción por efectos de la inflación precisó la Sala que se tomaron porcentajes distintos para los materiales adquiridos en Colombia y los adquiridos en el exterior; pero, además, se aplicó para el país una tasa superior a la señalada por el Banco de la Republica. Explicó que no es razonable que se haya aplicado ajuste a costos de producción de 3M y no se haya hecho lo mismo en cada uno de los comparables, de lo que concluye que se realizó el ajuste como si la inflación en los países donde se desarrollan las operaciones no controladas fuera nula o fuera equivalente al 0%, lo cual no es razonable. Acotó que la comparación de costos unitarios para un mismo productos vendidos a independientes si constituye indicio de que no existe lugar a la aplicación de un ajuste por supuesto aumento de costos de producción, porque no es aceptable

predicar que la inflación sólo tuvo repercusión en las transacción de exportación para vinculados sin tener en cuenta que las materias primas locales necesarias para la manufactura son las mismas en cualquier caso y estuvieron expuestas a la misma inflación. En torno a la tasa cambiaria señaló la Sala que no procede el ajuste propuesto por la sociedad por este concepto al costo de producción de productos exportados, porque su cálculo se realizó sobre proyecciones relativas al valor de la tasa de cambio del año 2006 a 2007, con fundamento en información que no tiene mérito probatorio; por tanto, no se logró demostrar la glosa de la DIAN, según la cual no

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co ha existido diferencia en loas condiciones económicas, y los comparables también sufrieron el impacto de la fluctuación de la tasa cambiaria. Explicó que se debe considerar que si la empresa recibió menos dólares por efecto de la reevaluación del peso frente al dólar, el efecto también debió reflejarse positivamente en las compras realizadas en el exterior, pues, resultan más baratas relativamente, y entonces era necesario ajustar el método para hacer en debida forma la comparación, circunstancia que no tuvo en cuenta 3M, habida cuenta que quedó por encima del rango intercuartil establecido. Confirmó que la sociedad determinó en forma errada sus costos e ingresos resultado de operaciones con vinculados económicos y/o partes relacionadas, ya

que los mismos no se encuentran dentro de los márgenes transaccionales de utilidad, por lo que lo procedente era ajustar dichos valores como lo prevé el artículo 260-2 del Estatuto Tributario; por ello, se consideró que no existe diferencia de criterio relativa a la interpretación del derecho y resultó pertinente la imposición de la sanción por inexactitud. 3.- La sociedad demandante 3M COLOMBIA S.A., por intermedio de apoderado presentó recurso de apelación asegurando en primer lugar que el Tribunal negó la procedencia de los ajustes sin fundamento jurídico ni fáctico, señalando que la devaluación del dólar es un fenómeno mundial que afecta exactamente a los comparables. Seguidamente expresó que se violó el debido proceso por no ordenar la traducción de las pruebas que fue solicitada con la demanda, perjudicando a la accionante. Insistió en que no se valoraron las pruebas aportadas sobre las cuales se evidencia la indebida motivación de los actos demandados y se inaplicó el contenido del artículo 711 del Estatuto Tributario al negar la violación del principio de correspondencia entre el Requerimiento Especial y la Liquidación Oficial. Señaló que se utilizó el índice de precios IPC, a pesar que no es aplicable régimen de precios de transferencia y no es procedente su análisis frente a las compañías productoras como la actora. Reiteró que se permitió que las autoridades tributarias utilizaran una mezcla de métodos a precios de transferencia, sin fundamentar su uso y se les dio un mayor validez que al TU aplicado por la sociedad 3M. Aseguró que siendo procedentes los ajustes realizados por la sociedad no se

puede imputar sanción por inexactitud, menos si se considera que no se configuró el hecho sancionable y existe una clara diferencia de criterios.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Es materia de definición la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión 312412010000064 de 6 de diciembre de 2010 por medio de la cual la

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Administración de Impuestos modificó la declaración privada del impuesto de renta y complementarios presentada por 3M Colombia S.A., por el año gravable 2007. Acto que será analizado de acuerdo con los motivos de inconformidad presentados por la parte recurrente contra la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como se presentan a continuación. 1.- Procedencia de ajustes económicos, falta de valoración de las pruebas aportadas. 1.1.- Indebida aplicación de las normas y procedencia de los ajustes técnicos realizados por la compañía. Afirma la sociedad de que conformidad con el régimen de precios de transferencia se encontraba legitimada para aplicar ajustes de comparabilidad frente a la tasa de cambio, que el ajuste sobre proyecciones económicas es viable, y el fenómeno de la depreciación no tiene un alcance mundial; agregó que el a quo no valoró las pruebas presentadas que se encontraban traducidas. A pesar que las apreciaciones presentadas en el recurso resultan válidas en algunos aspectos, es notorio que no están relacionándose directamente con el

cargo presentado, en la medida que sólo alcanzan veracidad en temas puntuales y no afectan la aplicación estricta de la norma que realizó la Administración Tributaria. En otros términos, resulta acertado afirmar que se pueden hacer ajustes de comparabilidad frente a tasa de cambio; no obstante, para efectos de estudios comparativos de precios de transferencia, son aceptables dependiendo del método y siempre y cuando los mismos se hagan entre comparables y con las mismas reglas, no sólo respecto de alguno de ellos, como el que realiza la sociedad en su favor, y bajo presupuestos que sólo resultan válidos para el procedimiento que aplica. Igualmente, se puede esgrimir que un ajuste basado en proyecciones es válido, con el supuesto que se haga a todos los sujetos comparables y no desborde los presupuestos del método general utilizado; lo mismo ocurre frente al fenómeno de la inflación, pues, este fenómeno resulta relativo entre comparables y puede alterar dicha característica (comparabilidad), a su vez, depende de los contextos en donde se examine y se pretenda aplicar. Es de gran importancia denotar que la sociedad actora utilizó el método de márgenes transaccionales de utilidad de la operación (TU), que es denominado método de último recurso, y que se utiliza si los métodos tradicionales no son aplicables o si son menos confiables; pues, existiendo comparables confiables, éste método no ofrece mejores resultados que los métodos tradicionales. Como se desprende inmediatamente de lo expuesto, este método conlleva como beneficio que los parámetros de comparabilidad resultan menos exigentes que en

aquellos métodos que se basan en el análisis directo de los precios de los bienes

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co y servicios, considerando que los márgenes de utilidad se afectan menos por las diferencias en las operaciones que se desean comparar. Así las cosas, las diferentes afirmaciones presentadas por la actora no logran desvirtuar la legalidad de los actos demandados, pues, no logran demostrar que se aplicaron indebidamente los preceptos normativos, ni la procedencia de los particulares ajustes a su favor que realizó la sociedad. Menos si se tiene en cuenta que la Administración utiliza las mismas reglas para la aplicación del método, y no acepta los ajustes adicionales que realizó la sociedad en su beneficio. 1.1.1.-Ajustes de comparabilidad frente a la tasa de cambio. Se limita la recurrente a afirmar que se encontraba legitimada para realizar ajustes de comparabilidad, pero no se adentra en desvirtuar la razón para el rechazo que consiste en la falta de coherencia de tal actuación con el método utilizado y el resultado objetivo que se obtuvo a partir de la aplicación del método. Resultado de la aplicación del método se encontró que no son procedentes los ajustes de comparabilidad y menos parcializados a favor de uno de los comparables o señalando parámetros que no se utilizan para la generalidad de los escogidos. No se puede desatender que no son los costos y gastos que explica la actora en general que a su juicio hayan podido influir, ya que simplemente se toma el

referente mencionado (contribuyente independiente con operaciones comparables) mediante la aplicación de uno de los métodos indicados en dicho régimen, del cual surge un rango que se debe acatar. Aceptar tales juicios desnaturaliza tanto el régimen como el método, puesto que corresponden al comportamiento general de la compañía que no está previsto como justificante de no encontrarse en el rango, se repite, surgido de un ejercicio aritmético entre la operación de un contribuyente independiente comparada con la efectuada por un contribuyente con vinculados. 1.2.- Violación del debido proceso por falta de valoración de las pruebas presentadas por la sociedad actora referente a las traducciones anexas a la demanda. Insiste la contribuyente que la prueba se dejó de practicar sin culpa suya, razón por la cual resulta necesario reiterar la normatividad que regula el aporte de pruebas que implican exigencias especiales. Sobre el particular se encuentra en el Decreto 4349 de 2004 la obligación de los contribuyentes de presentar los estudios de precios de transferencia en idioma castellano, y en materia procesal de acuerdo con el principio de la carga de la prueba documental, le corresponde presentar los documentos originarios en otro

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co idioma con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Artículo 7°. Contenido de la documentación comprobatoria. La documentación comprobatoria a que se refiere el artículo 260-4 del

Estatuto Tributario, deberá contener los estudios, documentos y demás soportes con los cuales el contribuyente demuestre que sus ingresos, costos, deducciones y sus activos adquiridos en el respectivo año gravable, relativos a las operaciones celebradas con vinculados económicos o partes relacionadas domiciliados o residentes en el exterior y/o en paraísos fiscales, fueron determinados considerando para esas operaciones los precios, montos de contraprestación o márgenes de utilidad que se hubiesen utilizado con o entre partes independientes. El estudio de precios de transferencia deberá prepararse en idioma castellano, sin perjuicio de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solicite que los documentos extendidos en idioma distinto se alleguen con su correspondiente traducción oficial efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por un intérprete oficial, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su solicitud. Para efectos de la elaboración de la documentación comprobatoria deberán tenerse en cuenta los tipos de operación señalados en los numerales 1 y 2 del artículo 5° de este decreto”.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. ARTÍCULO 260. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su

correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. Así las cosas, comparte el Ministerio Público lo expuesto por el a quo, en cuanto señaló que en ninguna oportunidad procesal la sociedad 3M cumplió con el deber de presentar la documentación, que pretende hacer valer en esta instancia, con todos los requisitos legales. De lo cual deviene que fue su responsabilidad no acreditar dicha exigencia y por tanto, no puede endilgársela al tribunal.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Adicionalmente, cabe recabar que este factor no fue el determinante para decisión del tribunal, habida cuenta que se relacionaron los hechos y argumentos suficientes y necesarios para proferir la decisión cuestionada y se mencionó que no podía darse pleno valor probatorio a la exigencia de ajustes porque, entre otras cosas, no reposaba en la expediente la certificación de la traducción al idioma castellano del contenido del informe presentado por la parte actora. Adicionalmente, tampoco es pertinente acudir a la documentación comprobatoria relativa a cada tipo de operación que propone la actora en la apelación, por cuanto, la litis se concentra en la aplicación de las normas del régimen, no en el caso contrario, esto es, para explicar las razones por la cuales sus resultados no se ubican en el rango, como lo pretende la actora, pues, no fue prevista con esta

finalidad. Por tratarse de una comparación que se refleja en una operación aritmética, a partir de la utilidad que hubieran podido tener contribuyentes independientes en operaciones comparables, no procede la justificación que la actora pretende en este caso, puesto que incluye una variable que no tendrían esos independientes, con la cual la actora tendría una ventaja en la determinación de su renta, no aplicable al independiente y con ello se perdería la comparación con operaciones similares. 2.- Violación del debido proceso por indebida motivación, falta de valoración integral del material probatorio. Este cargo se confunde con el primero, no obstante, menciona algunas particularidades que se analizan a continuación. Indicó la recurrente que la actora no concluyó que su margen operacional se encuentra por fuera del rango de las comparables en su documentación probatoria, y ello obedeció a una lectura parcializada y subjetiva del estudio de precios de transferencia y al contrario, 3M se encuentra dentro por encima del rango intercuartil. Repitió que el método es idóneo de conformidad con la operación Dichas afirmaciones adolecen de generalidad, y no desvirtúan los argumentos presentados en los actos administrativos para soportar la Liquidación Oficial, se encuentra de esta forma el mismo vicio observable en los demás argumentos presentados por la accionante, dado que no concretan demostraciones sobre las irregularidades encontradas por la Administración consistentes en ajustes contradictorios con la aplicación del método TU. Es así que no se demuestra que se aplicó un método diferente, al contrario, cada una de las afirmaciones presentadas en los diferentes cargos contribuyen a dar mayor razón a la actuación de la Administración, dado que cada justificación de

las actividades aplicadas por la contribuyen llevan a colegir que los ajustes corresponden a métodos diferentes y que éstos son parcializados, produciendo efectos no aceptables.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En ningún momento la sociedad ha cuestionado directamente que tiene una utilidad en operaciones de ventas de inventarios con sus vinculados económicos de 2.618%, ni que dicha cifra se ubica por debajo del rango de precios de mercado comprendido entre el 7.039% y el 14.093%. Tampoco desvirtuó que los ajustes realizados por el contribuyente tuvieran como finalidad lograr menores diferencias con sus comparables, sino que antes que buscar condiciones similares, los ajustes las hicieron más notorias. En términos generales es oportuno precisar que la finalidad del régimen de precios de transferencia, consiste en que el contribuyente de renta que realiza operaciones con sus vinculados o partes relacionadas del exterior debe aj