PGN - DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD Efectos de la inconstitucionalidad de leyes que crea

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 018-05

Bogotá, D.C., 15 de febrero de 2005 Doctora

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Consejera ponente Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF. : EXPEDIENTE No. 250002326000 2003 00196 01 (28765)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. ACTOR: FORD

MOTOR COLOMBIA SUCURSAL DEMANDADO:

CONGRESO DE LA REPÚBLICA Honorable señora consejera: Esta Procuraduría Delegada del Ministerio Público, en cumplimiento de la intervención que por ley le corresponde, dentro de la oportunidad legal, como quiera que el término empezó a correr el 2° de febrero de 2005, procede a descorrer el traslado especial para alegar de conclusión, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 59 de la Ley 446 de 1998, intervención que se efectúa en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la providencia proferida el 23 de julio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sala de Descongestión, razón por la cual esta Agencia del Ministerio Público, en su calidad de sujeto procesal, emite concepto de fondo.

ANTECEDENTES

1. La Sociedad FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL, mediante apoderada judicial, presentó demanda de “Reparación Directa” el 13 de enero

de 2003 contra la Nación – Congreso de la República, en la que planteó, las siguientes pretensiones (fl. 5 C.1): 2 Exp. 28765 “1. Que se declare responsable a la Nación, por el daño causado a FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL, por la expedición y aplicación de unas normas abiertamente inexequibles, como son los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, que crearon la obligación de liquidar y pagar la Tasa Especial por Servicios Aduaneros.

2. Que se repare el daño causado a FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL, ordenando la devolución de lo que mi poderdante tuvo que pagar por la TESA en sus declaraciones de importación presentadas del 1o de enero al 25 de octubre de 2001, suma que equivale a Trescientos ochenta y cuatro millones quinientos cincuenta mil ochocientos tres pesos ($384.550.803).

3. Que se ordene a la Nación a pagar los intereses correspondientes.”

2. Notificado en debida forma el auto admisorio de la demanda (fl23 C.1), La Nación – Congreso de la República, mediante apoderado, la contestó mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2003, en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y adujo para el efecto la “falta de responsabilidad del Estado por hacer las leyes” y advirtió que “por regla general los sacrificios que pueda imponer el Estado a sus asociados por medio de una ley no podrán ser compensados, a no ser que la misma ley lo diga”, agregó que, “la mera actividad legislativa –protegida constitucionalmenteno es

suficiente para que traiga la consecuencia de una responsabilidad administrativa del ente legislativo”. Indicó que al caso no aplicaban los títulos de imputación de daño especial, ni de falla en el servicio y para finalizar propuso las excepciones de “Inexistencia de la Obligación Reclamada” y “Buena Fe y Ausencia de Culpa Grave o Dolo”, como quiera que la declaratoria de inexequibilidad no se formuló con efectos retroactivos, y el pago de tasas o impuestos constituyen cargas que los ciudadanos están en la obligación de aceptar . (fls. 27 a 36 C. 1).

3. Frente a las citadas excepciones, la parte actora indicó que la responsabilidad emana del artículo 90 de la Constitución Política, que consagra la responsabilidad del Estado sin eximir a ninguno de los poderes que lo integran, y cuya demostración no requiere ningún elemento subjetivo, en cuanto el daño antijurídico emana tanto de la expedición de la Ley 633 de 2000, que creó un tributo inconstitucional, como del fallo C-992 de 19 de septiembre de 2001 de la Corte Constitucional y las liquidaciones de importación, en las que aparece que se liquidó y pagó la Tasa Especial por Servicios Aduaneros (TESA), tasa que no está obligada a soportar la demandada por ser un tributo inconstitucional. Agregó que las previsiones de la Ley 678 están referidas a la acción de repetición, la que se ejerce contra los funcionarios que con dolo o con culpa grave den lugar a la condena. Adujo que por consiguiente dichas disposiciones no tienen aplicación en el caso

3 Exp. 28765 especifico, y que en tal virtud no es exigible la prueba del dolo o la culpa grave de los miembros del congreso.

4. Luego de surtirse los trámites correspondientes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sala de Descongestión, profirió sentencia en la que accedió a las súplicas de la demanda, para lo cual tuvo en consideración que el artículo 56 de la Ley 633 de diciembre 29 de 2000 creó la tasa Especial por los Servicios Aduaneros TESA, la que se empezó a recaudar conforme a lo establecido en la Resolución No. 29 de la DIAN, expedida en enero de 2001, y que en tal virtud el legislador debió cumplir sus funciones dentro del marco trazado por la constitución, por lo que evidenció la falla en el servicio y el daño antijurídico a raíz de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos que creaban dicho tributo, pues, la tarifa del 1.2% se estableció en relación con el valor del bien importado y no con el servicio, a más que los propósitos exceden el ámbito del gravamen, en últimas, porque la demandada asimiló la tasa creada a un impuesto, de allí que la destinación especial que previo el legislador haya sido considerada por la Corte Constitucional como contraria a la Constitución. En este orden de ideas, encontró que el valor pagado y probado por la empresa corresponde a $348.605.633, suma que actualizó y por la que condenó al Ente Público (fls. 78 a 86 C. 3).

5. Apeló la Entidad demandada a través de su apoderado, quien solicitó la revocatoria de la sentencia. Señaló el recurrente que el actor no aportó copia autentica del fallo de constitucionalidad y su constancia de ejecutoria y no acreditó igualmente la existencia del daño padecido. Agregó como argumentos, que el legislador es irresponsable, y que excepcionalmente puede no serlo, cuando la Corte Constitucional le confiere efectos retroactivos al fallo. Señaló que la reclamación del demandante es legítima frente a los recaudos de la tasa efectuados con posterioridad al fallo de constitucionalidad, y a contrario sensu con antelación al mismo no se puede hablar de daño antijurídico (fls. 88 a 93 C.4).

6. Admitido el recurso de apelación por el Consejo de Estado (fl.101 C.3), y corrido el traslado para la presentación de alegatos (fl. 104 Ibídem), la parte actora presentó apelación adhesiva frente al reconocimiento hecho por el aquo, como quiera que no comprendió todos los pagos efectuados y relacionados en las declaraciones de importación que presentó el actor el 13 de enero de 2003 y que obran a folios 37 a 320 del C.2. Precisó que por consiguiente el fallador sólo tuvo en cuenta los recibos oficiales de pago, y no valoró en su conjunto todas las pruebas aportadas regular y oportunamente al proceso (fls. 106 a 114).

4 Exp. 28765

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO

PRESUPUESTOS PROCESALES Se encuentran cumplidos los presupuestos para adoptar una decisión de fondo. El proceso fue constituido de manera regular. La acción fue instaurada dentro del término legal, pues el fallo de constitucionalidad C 992 de 19 de septiembre de 2001 quedó notificado el 25 de octubre de 2001 (fl. 1 C.2), y la demanda se presentó el 13 de enero de 2003 (fl. 17 C.1). A la jurisdicción Contencioso Administrativa le corresponde conocer el asunto que se plantea en este proceso, en relación con el daño antijurídico padecido por la demandante en relación con el pago de una contribución que se cimentó en disposición legal que luego fuera declarada inexequible. Ninguna duda existe en cuanto a la capacidad para ser parte que tiene la demandada, como entidad pública, así como la Sociedad demandante, persona jurídica debidamente constituida y registrada en la Cámara de Comercio. En consecuencia se procederá a analizar el fondo del asunto en controversia, el que se centra en la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-992 del 19 de septiembre de 2001 de, entre otros, los artículos 56 y 57 de la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000 que creaban la Tasa Especial por Servicios Aduaneros, providencia que no reposa dentro del expediente contencioso administrativo. Ahora bien, sobre el caso concreto y para efectos de considerar la viabilidad de que el Congreso de la República pueda entrar a responder administrativamente con ocasión de la labor legislativa que le ha sido encomendada, esta Agencia

del Ministerio Público retoma los lineamientos fundamentales que fueron hechos sobre el particular por el Ministerio Público en el caso de la Compañía Química Borden S.A.. Así sobre los antecedentes fácticos se tiene, que con base en la vigencia de los artículos demandados la Dirección de Impuestos y Aduanas realizó todos los actos necesarios para el recaudo de la tasa creada por la ley, pagos que “al parecer” fueron realizados por la hoy demandante desde enero hasta octubre del año 2001, fecha en que fue notificada la decisión sobre la inconstitucionalidad de los citados artículos de la Ley 633. 5 Exp. 28765 La parte actora reclama en su demanda la declaratoria de responsabilidad del Congreso de la República en atención al daño que se le causó al proferir la entidad legislativa una ley con base en la cual se le hicieron unas exacciones tributarias posteriormente declaradas inconstitucionales.

2. Aparece dentro del plenario a folio 1 del cuaderno número 2 certificación expedida por la Secretaría General de la Corte Constitucional sobre la aprobación de la sentencia C-992 del 19 de septiembre de 2001, en la cual se declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 633 de 2000, entre otros el 56 y 57 que creaban la Tasa Especial por Servicios Aduaneros.

Obran también dentro del plenario (fls. 37 a 230 C. 2) copias simples y muchas de ellas ilegibles de las declaraciones de importación realizadas por la FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL ante la DIAN donde aparece como ítem

de pago la Tasa Especial por Servicios Aduaneros, desembolsos realizados hasta el 31 de agosto de 2001 (fl. 207 C.2).

3. Ahora bien, en el tema de la responsabilidad del Estado, existe consenso en la jurisprudencia y la doctrina sobre la posibilidad de endilgarla a los órganos y agentes de la rama ejecutiva del poder público, tanto a nivel central como descentralizado; a los de la rama jurisdiccional; a los de los entes de control y a los de los entes independientes y autónomos. No ocurre lo propio con la función legislativa o constituyente, siendo constante y reiterada la resistencia de la jurisdicción contencioso administrativa a reconocer dicha posibilidad.

Con todo, en opinión de esta Delegada, nada obsta para imputar responsabilidad al órgano legislativo o constituyente siempre que se produzcan daños antijurídicos con ocasión de su actividad o el ejercicio de sus funciones. Si bien es cierto que los antecedentes jurisprudenciales no son claros como en la sentencia del Consejo de Estado.- Sala de lo Contencioso AdministrativoSección Tercera de octubre 18 de 1.990 con ponencia del Doctor Julio Cesar Uribe en la que se hace un recuento de los casos y las condiciones excepcionales en que se ha reconocido en Francia la responsabilidad del legislador por los daños causados con la expedición de una ley y de los argumentos en contra expuestos por Riveró y Vedel, se abrió allí tímidamente la puerta para que la jurisprudencia colombiana analizara tal posibilidad al decir que: 6 Exp. 28765 “Los casos citados por Rivero, en que la jurisprudencia francesa ha aceptado

excepcionalmente la responsabilidad por el hecho de las leyes, permiten concluir que, dentro de circunstancias distintas a las que se recogen dentro del presente proceso, bien podría abrirse paso, por la vía jurisprudencial, este nuevo frente de responsabilidad del estado legislador.” (subrayas fuera de texto) Posteriormente en sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de agosto 25 de 1998 con ponencia del doctor Jesús María Carrillo Ballesteros, la misma Corporación, al resolver sobre la responsabilidad del Estado Colombiano por los daños causados en virtud de verse privados unos particulares del libre acceso a la Administración de Justicia en virtud de la aplicación de la Ley 6º de 1972 que incorporó la Convención de Viena a la legislación nacional, en cuyo texto se establece, entre otras cosas, la inmunidad diplomática que hace inane cualquier reclamación directa contra el Estado integrante del Tratado o cualquiera de sus agentes diplomáticos, resolvió confirmar la sentencia impugnada que declaraba la responsabilidad del Estado colombiano con fundamento en un pronunciamiento previo de la Corte Suprema de Justicia en el que se señaló: "Por lo tanto, mediante los procedimiento (sic) diplomáticos pertinente (sic), El Estado, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores (art. XLI, num. 2 de la Convención) se encuentra en la obligación, en primer lugar, de prevenir, evitar o impedir la violación de normas colombianas ... Y en segundo término, le corresponde al mismo Estado en caso de violación, hacer que se respeten las leyes colombianas, que en materia extracontractual prescribe que

"el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización ..." (art. 2341 del C.C.), lo que se traduce en el deber de procurar u obtener si fuere el caso, las reparaciones o resarcimientos de los perjuicios correspondientes, mediante seguridades previas (Vgr pólizas u otras garantías) o cancelaciones posteriores. b) La tendiente a verificar u obtener de acuerdo con los procedimientos y la fuerza ordinaria o especial de la diplomacia, según fuere el caso, la renuncia expresa o tácita a la inmunidad de jurisdicción (artículo XXXII), a fin de restablecer para dichos efectos el imperio del poder jurisdiccional colombiano dentro del territorio nacional. c) La de procurar, en defecto de la efectividad de las acciones anteriores, que opere en consecuencia el deber jurisdiccional a cargo del estado acreditante con relación a los eventuales casos no sometidos a jurisdicción ni a solución conforme al Estado Colombiano (artículo XXXI numeral 4_ Convención de Viena Citada) d) en últimas el Estado Colombiano otorga la garantía de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que sufran los habitantes de Colombia cuando resulta causados por el hecho imputable de haber concedido la inmunidad jurisdiccional correspondiente (artículo 90, inciso 1_ de la Carta), aun cuando resulte justificable en el campo de las relaciones internacionales." 1 (subrayas fuera de texto) 1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 8 de marzo de 1993. 7 Exp. 28765 En la providencia citada, el máximo órgano contencioso administrativo siguió

razonando así: “En el sub-judice, estima la Sala, que es pertinente aplicar el régimen de la responsabilidad por daño especial, que es el que corresponde aplicar cuando por la actividad legítima del Estado se causa un daño. En el caso presente la incorporación a la legislación nacional del texto de la convención de Viena de fecha del 18 de abril de 1961, en desarrollo de una operación compleja de naturaleza pública consistente en la negociación y firma del dicho tratado, su incorporación como ley nacional y la sujeción a los controles jurisdiccionales de conformidad con la constitución y su aplicación produjo un daño consistente en el desequilibrio de las cargas públicas que los actores no deben soportar. La incorporación en el ordenamiento jurídico interno, de los tratados internacionales, está regulada por la constitución política de 1991 y por las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, que son el derecho de los tratados en el orden internacional. Para que dichos tratados se perfeccionen y produzcan efectos en el orden nacional colombiano se pueden citar cuatro etapas que son comunes para la aprobación de los tratados en el seno de la comunidad internacional, a saber: la negociación, la suscripción o firma, los controles internos por las otras ramas del poder público y finalmente la ratificación. En Colombia el control interno es de dos tipos: el control político (art. 150 num. 16 de la C.P) y el control jurídico (art. 241 de la C.P, num. 10). La aplicación del texto normativo en el sentido de conferir la inmunidad conduce a un enfrentamiento de derechos reconocidos por el ordenamiento colombiano; de un lado la condición del diplomático que goza de la inmunidad

para ante los jueces colombianos y de otro lado el derecho que tienen todos los residentes en Colombia para accionar ante sus jueces naturales para que se respeten sus derechos, se les proteja o se les garantice conforme al derecho positivo vigente, y demandar y ser demandados. Si excepcionalmente como en este caso y por un tratamiento de privilegio conferido por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se produce un desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y sin la posibilidad de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez natural, es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que por ello el particular está habilitado para demandar al Estado en reparación con fundamento en su actuar complejo como ya se dijo.” Por otra parte, en cuanto al sujeto imputable de responsabilidad, es evidente que el Estado como un todo jurídico político, materializa sus actuaciones a través de sus funciones perfectamente definidas e individualizadas ya no en la tradicional tridivisión de poderes de Montesquieu, sino en la hoy profusa cantidad de órganos, entidades y agentes integrantes de todas las ramas del poder público, de los entes independientes y autónomos tanto a nivel central como descentralizado, de los entes de control e inclusive de los particulares que ejerzan funciones públicas. Al decir de la Corte Constitucional: “Es claro, entonces, que el sujeto de la imputación de responsabilidad es el Estado, vale decir que no hay responsabilidad subjetiva del servidor público de 8 Exp. 28765 manera directa con la víctima de su acción u omisión, sino una responsabilidad de carácter institucional que abarca no sólo el ejercicio de la función

administrativa, sino todas las actuaciones de todas la autoridades públicas sin importar la rama del poder público a que pertenezcan, lo mismo que cuando se trate de otros órganos autónomos e independientes creados por la Constitución o la ley para el cumplimiento de las demás funciones del Estado.”2 Así mismo, las actividades públicas son ejercidas en principio por sus funcionarios y servidores, entre los cuales, a la luz del artículo 123 de la Constitución Política, están los miembros de las corporaciones públicas como el Congreso de la República, autoridad que desempeña la función legislativa, constituyente derivada y de control político tal como lo enseñan los artículos 113 y 114 de la Carta Política. 2 Sentencia de 25 de junio de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra 9 Exp. 28765 Ahora bien, como órgano conformador del Estado, el Congreso de la República desarrolla sus funciones como autoridad pública no exenta de control y mucho menos de incurrir en responsabilidad en el momento que cause un daño antijurídico. Uno de los logros de la revolución francesa fue el de controlar el abuso de la autoridad tan propio del antiguo régimen3. Así, hoy en día es impensable el ejercicio de poder sin control y vigilancia por parte de las demás ramas del poder, como expresión de la fórmula de pesos y contrapesos propia del derecho anglosajón. Así lo ha manifestado en reiteradas oportunidades el Honorable Consejo de Estado y para la ocasión merece la pena transcribir un extenso aparte del recuento hecho por el magistrado ponente Juan de Dios Montes en la sentencia del 2 de febrero de 1995 en la que expresó:

“Establecido lo anterior, es menester dilucidar el planteamiento de las entidades demandadas en lo atinente a una supuesta irresponsabilidad del Estado "cuando su función implica el ejercicio de su soberanía"; no explica el contenido de la noción pero al ejemplificar señala "los actos legislativos", los actos de gobierno", "los actos del Juez" y "los hechos de guerra". La construcción de la irresponsabilidad del Estado fundada en su soberanía, es teoría completamente superada en el panorama jurídico Universal y en nuestro Derecho. Si bien la instauración del Estado de Derecho y de la sujeción de aquel al ordenamiento jurídico, como supuesto básico del sistema, no desencadenó de inmediato la obligación estatal de reparar los daños que causara a los particulares con su acción, no hay duda de que constituyó fundamento político necesario para la implantación posterior del instituto indemnizatorio. Relegadas ciertas formulaciones políticas del ancien régime tales como aquella que desligaba al príncipe del orden jurídico (princeps legibus solutus est) a través del principio de legalidad y de la concepción del Estado como persona jurídica, paulatinamente se empieza a consagrar y a consolidar el principio de responsabilidad que, en la época actual, es considerado como uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho. Este tránsito se produce, como lo recuerda el profesor Eduardo García de Enterría, de maneras diversas según los países; los anglosajones, (Inglaterra y Estados Unidos), buscaron la fórmula legislativa; España sigue esa misma vía; Francia encuentra la salida por medio de la creación jurisprudencial; Alemania

hace una combinación de tales mecanismos....etc. Sobre este tema, el profesor León Duguit apunta lo siguiente: 3 Para profundizar ver “La Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública”, Ramiro Saavedra Becerra, Ed. Gustavo Ibáñez 2003 10 Exp. 28765 "Miradas de cerca, soberanía y responsabilidad son dos nociones que se excluyen. Sin duda la soberanía puede ser limitada, y en la concepción de nuestro Derecho público tradicional está limitada por el Derecho del individuo, como ella recíprocamente limita el derecho de éste. Estas limitaciones recíprocas son reguladas y no pueden serlo más que por la ley, expresión de la voluntad general, emanación de la soberanía misma y que forma el derecho del país. Es, pues, en definitiva el Estado soberano quien crea el Derecho, y siendo así no se puede admitir que pueda ser responsable. En la concepción tradicional la responsabilidad implica una violación del Derecho: y quien crea el Derecho por un acto de su voluntad soberana, no puede violarle. Así como en los países de monarquía absoluta "el rey no puede hacer mal", y por tanto no puede ser responsable, el Estado democrático, que no es más que la nación soberana organizada, tampoco puede hacer mal, ni puede ser responsable. "El Estado soberano no puede ser responsable con ocasión de la ley, expresión misma de la soberanía. No puede serlo tampoco con ocasión de los actos ejecutivos, actos jurisdiccionales o administrativos. Si estos actos, en efecto, son conforme a la ley, la cuestión de responsabilidad no se plantea ni

para el Estado ni para el agente público. Si son contrarios a la ley no se plantea para el Estado, pues este ha hecho una ley, ha creado el Derecho, y no ha querido que esta ley sea ejecutada. Si no lo es o es violada es que el agente pone su propia voluntad en lugar de la del Estado soberano. No hay, pues, sino una voluntad que pueda ser responsable, la del agente público. "Todo esto era muy lógico, tan lógico que algunos autores, de tendencia progresista, cuyos escritos gozan de autoridad, no han podido aún sustraerse a esta suerte de obsesión que impone a su espíritu la idea persistente de soberanía. Obligados a reconocer que la responsabilidad del Estado está seguramente comprometida en algunos casos, declaran que no es posible cuando el Estado obra como poder público, a menos que la ley no haya determinado expresamente M. Berthelemy en la 7a. edición (1913) de su Traité du Droit administratif declara aún que en principio el Estado es irresponsable con ocasión de los actos de poder público (pág.73). Teissier en su interesante obra Responsabilité de la puissance publique, es menos afirmativo. Pero su espíritu continúa dominado por esta idea: que allí donde se manifiesta verdaderamente la soberanía del Estado no puede haber cuestión de responsabilidad. "Las leyes, escribe, constituyen en primer término actos de soberanía, y los daños causados por ellas a los particulares, salvo disposiciones contrarias, no pueden dar lugar a un acción de responsabilidad contra el Estado, ni ante la jurisdicción administrativa ni ante la autoridad

judicial" (núm. 17). "Se ve con esto interdependencia de estas dos nociones de soberanía y de irresponsabilidad. Ella se afirma claramente en estas doctrinas que reconociendo la responsabilidad del Estado en ciertos casos, se apresuran a añadir que es solamente en los casos en que el Estado no obra como poder. Se hace, pues, una brecha al principio de la irresponsabilidad. Pero dónde se detendrá? Cómo se podrá distinguir los casos en que hay manifestación de poder y por consecuencia irresponsabilidad, y aquellos en que hay responsabilidad porque no hay manifestación del poder? Se ha dicho ya que el Estado es una persona soberana por definición, es siempre esta persona y no puede no serlo en ciertos casos y serlo en otros, y si su soberanía implica su irresponsabilidad, no puede nunca ser responsable. "(Las Transformaciones del Derecho Público y Privado" -Heliastapágs. 135 a 137). 11 Exp. 28765 Como se ve, al origen de la teoría existen ciertas zonas de la acción estatal frente a las cuales se continuó aplicando la tesis de la irresponsabilidad, en unos casos, y, otras para los cuales su deducción se condicionó a ciertas exigencias especialmente rigurosas, tales como la existencia de "faltas manifiestas y de particular gravedad", o de "faltas administrativas graves", para algunos servicios públicos. En el primero de los renglones indicados, se situaron por ejemplo, las leyes, los actos jurisdiccionales y los actos de gobierno, los cuales, sin embargo, con el paso del tiempo fueron formando parte de la acción "responsable" del Estado, disminuyendo, hasta su extinción,

los casos de irresponsabilidad en buena parte de los regímenes jurídicos. Y, en cuanto a los segundos, las exigencias se fueron eliminando o disminuyendo su rigurosidad, de modo que se facilitó notoriamente la responsabilidad patrimonial a cargo de las personas jurídicas de Derecho Público. Recorrido similar ha seguido nuestro derecho en el cual, por lo demás, no se conocen antecedentes importantes que permitan señalar una época del Estado patrimonialmente irresponsable; de modo que las afirmaciones de la demandada resultan francamente inaceptables, bien como teoría general, bien como tesis particular para el Estado Colombiano. Ya la Corte Suprema de Justicia, para entonces encargada de la guarda de la Constitución, en sentencia de 15 de noviembre de 1984, examinando la constitucionalidad del artículo 82 del Decreto Extraordinario No.01 de 1984, en lo atinente al control jurisdiccional de los denominados "actos políticos o de gobierno", dijo "que la distinción entre el acto administrativo y acto político o de gobierno, es una distinción teórica que inclusive puede llegar a tener en ciertos casos alguna utilidad conceptual, pero que dentro del sistema constitucional colombiano carece de apoyo normativo, puesto que ninguna cláusula de aquella permite hacer dicha diferenciación que por mayor o sea el refinamiento a que se llegue, a lo sumo permitiría concluir que dichos actos de gobierno constituyen apenas una modalidad de los actos administrativos, que no servirá para excluir tales actos del control jurisdiccional". Esta concepción jurisprudencial corre pareja con las tesis jusadministrativistas contemporáneas que pretenden reducir el ámbito de discrecionalidad del

Estado con el objeto de sujetar la totalidad de su acción al imperio del Derecho y al examen del contralor jurisdiccional, y, por lo tanto, a la posibilidad de que comprometa la responsabilidad patrimonial de las personas jurídicas de Derecho Público. En este propósito han revestido especial importancia las reflexiones del profesor García de Enterría al establecer las diferencias entre la discrecionalidad y los conceptos jurídicos indeterminados, ideas que han sido acogidas en oportunidades diversas por la jurisprudencia española y por la colombiana. Son estas concepciones las que se respiran en el conjunto normativo de la Constitución Política vigente desde 1991, en especial en el artículo 90 o cláusula general de la responsabilidad patrimonial del Estado y que, bajo la Carta Política anterior, habían sido deducidas, por interpretación sistemática y luego de una lenta pero decidida elaboración por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. 12 Exp. 28765 No es posible, pues, dar cabida a reclamaciones de irresponsabilidad del Estado, máxime si se trata de un Estado Social de Derecho (art. 1o. de la C.N.), so pretexto de que la acción dañosa es constitutiva del ejercicio de su soberanía; tal recurso no podrá jamás servir de excusa o de justificación para que el ejercicio del poder desborde los cauces del derecho, y, en el terreno de lo arbitrario, produzca impunemente daños antijurídicos a los asociados.” 13 Exp. 28765 A su turno, el artículo 90 de la Constitución establece la cláusula general de responsabilidad en la que el Estado se obliga “patrimonialmente por los daños

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, disposición en la que no se distingue ni excluye a ninguna rama, órgano, agente, etc, integrante del poder público. Igualmente el Código Contencioso Administrativo al determinar en su a