CE-SCA-EXP1964-N1123

INEXEQUIBILIDAD - Efectos de las sentencias que la declaran respecto de las leyes. Diferente a derogación de ley. Declaratoria respecto de leyes compete a la Corte Suprema de Justicia El Consejo de Estado ha sometido el problema jurídico que se plantea sobre los efectos de las sentencias de inexequibilidad de las leyes, a un cuidadoso estudio y ha llegado a la conclusión de que no es lo mismo la declaración de inexequibilidad que la derogación de una ley. Esta última no puede tener lugar sino en fuerza de una ley posterior; en cambio la declaración de inexequibilidad es una decisión jurisdiccional, un fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia; mediante demanda de inconstitucionalidad instaurada por cualquier ciudadano.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: ALEJANDRO DOMINGUEZ MOLINA Bogotá, D. E., veintitrés (23) de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro (1964) Radicación número: 1123

Actor: GONZALO GAITÁN Demandado: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE NOTARIADO Y REGISTRO El doctor Gonzalo Gaitán, ciudadano colombiano, vecino de Bogotá, abogado titulado e inscrito, en ejercicio de la acción pública, popular o ciudadana — contencioso objetivo— que consagra el artículo 66 del Código de lo Contencioso Administrativo, en demanda presentada el 31 de octubre de 1961, pidió que esta Sala declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

"PRIMERO. De la circular No. 4 de 28 de abril de 1961 proferida por la

Superintendencia Nacional de Notariado y Registro en cuanto ordena a los Registradores de Instrumentos Públicos y Privados del país que a partir del 22 de abril de 1961 deben consignar el 20°/o de sus emolumentos brutos en el "Fondo Rotatorio Judicial". "SEGUNDO. Del Oficio No. 0871 de 14 de junio de 1961 por medio del cual el Superintendente Nacional de Notariado y Registro niega la reposición de la resolución tomada en el aparte anterior, que interpuso uno de los Registradores. "TERCERO. Del Oficio No. 286 de 10 de octubre de 1961, emanado de la gerencia del Fondo Rotatorio Judicial, en que exige al Registrador de instrumentos Públicos de Bogotá el cumplimiento del artículo 7o., del Decreto 0048 de 1957. "Subsidiariamente pido que, acogiendo la excepción de inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la ley que consagran los artículos 215 de la Constitución Nacional y 5o., de la Ley 57 de 1887, se declare que los artículos 7o. y 8o., del Decreto 0048 de 1957 no tienen fuerza obligatoria contra los Registradores". Como hechos fundamentales de la acción, expuso la demanda los pertinentes que se resumen así:

1. El Decreto Legislativo No. 048 de 1957, dispuso en sus artículos 7o. y 8o: "Artículo 7o. Las entradas brutas que mensualmente obtengan las Oficinas de Registro se distribuirán así: 80°/o para sueldos y sostenimiento de la respectiva oficina, y 20°/o para aportar al "Fondo Rotatorio Judicial" con destino a los fines

del mismo, previstos en el Decreto 1709 de 1954. "Facultase al Ministerio de Justicia para exonerar del aporte a que se refiere el inciso anterior a aquellas Oficinas cuyas entradas brutas mensuales según los datos del Departamento de Notariato y Registro sean inferiores a $ 600.oo mensuales". "Artículo 8o. El aporte de que trata el artículo anterior se destinará, preferencialmente, a adquirir los elementos y contratar los servicios que el Ministerio de Justicia considere necesarios para facilitar la ulterior nacionalización de las Oficinas de Registro".

2. El Decreto 3346 de 1959, expedido con apoyo en las autorizaciones conferidas al Presidente de la República por la Ley 19 de 1958, dispuso en su artículo 23: "Deróganse los artículos 7o. y 8o., del Decreto 0048 de 1957 y las demás disposiciones contrarias al presente Decreto". 3.La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 15 de abril de 1961 declaró inexequibles los artículos 18, 19 y 20 del Decreto 3346 de 1959 y por sentencia de 24 de marzo del mismo año declaró inexequibles los artículos 15, 23 y C del mismo Decreto, "es decir, declaró inexequible el artículo 23 que había derogado expresamente los artículos 7o. y 8o., del Decreto 0048 que fijaba las participaciones del "Fondo Rotatorio Judicial" en los emolumentos de los Registradores". 4. "En la parte motiva, NO EN LA DISPOSITIVA O RESOLUTIVA, la CORTE en

esta última sentencia expresó este concepto: "Por lo mismo, siguen vigentes los artículos 7o. y 8o. del Decreto No. 0048 de 1957". 5. "Apoyado en este concepto de la Corte, no en decisión de ella, el señor Superintendente Nacional de Notariado y Registro dirigió a todos los Registradores de Instrumentos Públicos y. Privados del país su circular No. 4 del 28 de abril de 1961, donde les imparte la' siguiente orden: "En consecuencia, a partir del 22 de abril en curso, usted debe consignar dicho 20°/o a favor del Fondo mencionado, como ocurría antes de la vigencia del Decreto 3346 de 1959 en su parte pertinente. Solamente dejarán de participar aquellos Registradores que hayan sido excepcionados por el Ministerio de Justicia (antiguo Departamento de Notariato y Registro) con anterioridad a la presente fecha".

6. El señor Registrador de Bogotá, doctor Leónidas Rojas Baquero mediante el oficio No. 86 de 8 de junio de 1961, pidió reposición de la Circular antes citada, pero "el Superintendente, según aparece de su Oficio 0871 de 14 de junio de 1961, negó el recurso interpuesto arguyendo que "En nuestro concepto, inexequibilidad y derogatoria son fenómenos diferentes y solamente la última produce los efectos previstos en el Art. 14 de la Ley 153 de 1887". 7. "Del mismo modo la gerencia del Fondo Rotatorio Judicial en Oficio No. 286 de 1 0 de octubre de 1961, dirigido al Registrador de Bogotá, doctor Leónidas

Rojas B., le exige, como a todos los demás Reigstradores del país, "el cumplimiento del artículo 7o., del Decreto 0048 de 1957". 8. "El problema surgido entre los Registradores de Instrumentos Públicos y Privados, de un lado, y la Superintendencia de Notariado y Registro y el Fondo Rotatorio Judicial, del otro, puede plantearse así: por haber declarado inexequible la Corte el artículo 23 del Decreto 3346 de 1959, que derogó los artículos 7o. y 8o. del Decreto 0048 de 1957, revivieron automáticamente, sí o no, los artículos derogados? Los Registradores sostienen la negativa. La Superintendencia y el Fondo la afirmativa. De mi parte considero que la tesis jurídica es la defendida por los Registradores. . .". Sobre disposiciones violadas y concepto de la violación, se expresó la demanda así: "Toda la cuestión gira alrededor de la interpretación que deba darse al artículo 14 de la Ley 153 de 1887 que a la letra dice: "UNA LEY DEROGADA NO REVIVIRA POR SOLAS LAS REFERENCIAS QUE A ELLA SE HAGAN, NI POR HABER

SIDO ABOLIDA LA LEY QUE LA DEROGO. UNA DISPOSICION DEROGADA

SOLO RECOBRARA SU FUERZA EN LA FORMA EN QUE APAREZCA REPRODUCIDA EN UNA LEY NUEVA". "Esta disposición es básica, como lo es en nuestras instituciones la importantísima Ley 153 de 1887, que ha sido calificada como uno de los pilares del derecho patrio.

"¿Qué quiere decir el artículo 14? ¿Cuál su esencia y alcance? Sencillamente que una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva. Lo derogado, derogado está. En éste el principio sustancial que informa la disposición. Para darle mayor énfasis al precepto, para recalcar sobre él, para reafirmarlo, el legislador agregó dos cosas: Primera, que una ley derogada "NO REVIVIRA POR LAS SOLAS REFERENCIAS QUE A ELLA SE HAGAN" y segunda, que tampoco revivirá "POR HABER SIDO ABOLIDA LA LEY QUE LA DEROGO". Es decir, que en ninguna forma puede resucitar una disposición muerta por virtud del fenómeno de la derogación. "La única forma legal para que una disposición derogada vuelva a la vida jurídica, adquiera de nuevo fuerza obligatoria, recobre su vigor, la dá el propio artículo 14 cuando dice: "Una disposición derogada solo (subrayo para llamar la atención) recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva" Es decir, que derogada una disposición queda borrada, por así decirlo, de la legislación. Si luego el legislador estima que no ha debido hacerse la derogación, debe legislar nuevamente sobre la materia, crear de nuevo, la disposición desaparecida. "Y ésto que se predica del legislador, debe aplicarse a fortiori a funcionarios administrativos que tengan el poder de dictar reglas de derecho y de derogarlas. Sería absurdo que el artículo 14 operara exclusivamente para el Congreso, que solo a este cuerpo soberano le impusiera la restricción y no a funcionarios de

inferior categoría. Así, si el Congreso hace referencia a una disposición derogada, no por ésto revive. Si el propio Congreso deroga la disposición que derogó otra, tampoco revive por este solo hecho la derogada. Este es el claro texto del artículo

14. Pero podría decirse que si un alcalde deroga su propio decreto, con poder legal para ello, y. luego hace referencia al decreto derogado o deroga el derogante, revive la disposición derogada? La respuesta negativa se impone. Si le está vedado al Congreso revivir disposiciones derogadas por las referencias que a ella hagan, o por derogar la norma derogante, lógicamente lo está para los demás funcionarios inferiores. ¿Y qué ha ocurrido en el caso de autos? Por medio del Decreto No. 3346, artículo 23, se derogaron los artículos 7o. y 8o. del Decreto

0048. Ambos Decretos son de igual categoría, como que fueron dictados por el Gobierno Nacional, y por tanto, el posterior podía derogar total o parcialmente el anterior, como en efecto el 3346 de 1959 derogó los artículos 7o. y 8o. del 0048 de 1957. "Pero ocurrió que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 24 del pasado marzo declaró inexequible, entre otros, el artículo 23 del Decreto 3346, que había derogado los artículos 7o. y 8o., del Decreto 0048. "Se pregunta: Por el solo hecho de haber declarado inexequible la Corte el citado artículo 23, revivieron automáticamente las disposiciones derogadas por éste? La respuesta negativa me parece incontrovertible, diáfana. Estamos justamente en

presencia del precepto contenido en el artículo 14 de la Ley 153 de 1887. Una Ley derogada no revive por haber sido "abolida" la Ley que la derogó. La Corte, al declarar inexequible el artículo 23, no hizo otra cosa que "abolirlo" de la legislación y por consiguiente por esta abolición no reviven las disposiciones por él derogadas. En efecto, según el artículo 28 del Código Civil las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. En mi concepto la palabra abolir tiene un significado genérico, dentro de la cual caben los significados específicos y jurídicos que tienen las palabras inexequible, nulo y derogado. Según el Diccionario de Salvat, abolir es "derogar, dejar sin fuerza ni vigor para en adelante un precepto o costumbre". De modo que dentro de la acepción de abolir, cabe la de derogar. A su turno el propio Diccionario define: "Derogar. Tr. Abolir, anular una cosa establecida como ley o costumbre". Conforme, pues, al sentido gramatical de las palabras, entre abolir y derogar hay sinonimia. Quiere decir lo anterior que la Corte Suprema de Justicia no hizo otra cosa que "abolir" el artículo 23 del Decreto 3346, que había derogado los artículos 7o. y 8o del Decreto 0048. Pero por esta "abolición" o declaración de inexequibilidad no revive las disposiciones derogadas, según el clarísimo texto y contexto del artículo 14 de la Ley 153 de 1887. "Los actos acusados en consecuencia, violan fragrantémente el citado artículo 14

al pretender darle fuerza obligatoria a los artículos 7o. y 8o., del Decreto 0048 que fueron derogados expresamente por medio de una disposición hoy abolida. "Dice la Circular No. 4 del Superintendente Nacional de Notariado y Registro, que la Corte "declaró vigentes, entre otros, el artículo 7o. del Decreto 0048 de 1957 que establece a favor del Fondo Rotatorio Judicial una participación del 20°/o de las entradas brutas mensuales de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos". Grave error de la Superintendencia. La Corte no podía declarar semejante cosa, ni la declaró. Se limitó a declarar inexequibles algunos de los artículos acusados y nada más. "Es verdad que en la parte motiva dijo la Corte: "por lo mismo, siguen vigentes los artículos 7o. y 8o., del Decreto No. 0048 de 1957", pero este es un simple concepto de la Corte, carente en absoluto de fuerza obligatoria y por demás exótico. Pertenece al A B C del derecho que lo que obliga de una sentencia es la parte dispositiva o resolutiva. En ella está la sentencia propiamente dicha. Lo que se diga en la parte motiva son meros conceptos del fallador, sin fuerza compulsiva alguna. Me haría interminable si me detuviera a citar expositores de derecho procesal sobre esta materia. "Básteme citar lo que dijo esa Honorable Sala en la famosa sentencia que como apoderado de Maiden Form Brassiere Company Inc. (expediente No. 777) inicié sobre nulidad de unas resoluciones del Ministerio de Fomento. Allí el Consejo de

Estado, con brillantes y convicentes razonamientos sostuvo cabalmente que lo que obliga de una sentencia es su parte resolutiva y no lo que se diga en la parte motiva. "En síntesis, para que los tantas veces citados artículos 7o. y 8o., del Decreto 0048 recobren su fuerza obligatoria se requiere o bien una ley que los reproduzca, ley que debe sufrir el trámite de los debates reglamentarios en ambas Cámaras, con la correspondiente sanción ejecutiva, o bien un Decreto nuevo, si para dictarlo tiene facultad el Gobierno. "De otro lado, el Decreto 3346 de 1959 solo fue declarado inexequible parcialmente y por tanto la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro creada por él sigue vigente, con la sola excepción de los artículos declarados inexequibles por la Corte. "Ahora bien, el Fondo Rotatorio Judicial y la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro, son dos instituciones completamente diferentes, que responden a necesidades distintas y tienen finalidades que no son las mismas. Por tanto, los recaudos que pretende hacer el Fondo, por medio de los actos administrativos acusados, carecen de destinación especial y pierden su razón de ser. "EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD" "El decreto 0048 de 1957 se dictó con base en el artículo 121 de la Constitución, hoy modificado. Considero que la contribución que se exige a los Registradores por medio de los artículos 7o. y 8o., nada, absolutamente nada, tenía ni tiene que ver con el restablecimiento del orden público perturbado. Por tanto el Presidente de la República, al dictarlo, excedió el propio artículo 121, violándolo, y de

consiguiente los artículos 7o. y 8o. controvertidos, no pueden aplicarse en el caso sub-lite por ser inconstitucionales y el Consejo debe reconocer la excepción correspondiente, de conformidad con el artículo 215 de la Carta". Solicitó la demanda, de modo expreso, la suspensión provisional de los actos acusados, por considerar ostensible la violación del artículo 14 de la Ley 153 de 1887 en atención a que la Corte Suprema de Justicia sostuvo en sentencia fechada el 13 de agosto de 1926 que "el fallo que declara la inexequibilidad de una ley equivale ordinariamente a una derogación del texto declarado inconstitucional". El Consejero Ponente no accedió a decretar la suspensión provisional y para ello se fundó en las razones siguientes: ".. .La determinación de si los actos acusados violan en forma manifiesta el artículo 14 de la Ley 153 de 1887, depende de los efectos de la sentencia que declaró la inexequibilidad del artículo 23 del Decreto 3346 de 1959 que derogó los artículos 7o. y 8o. del Decreto 0048 de 1957 en que expresamente se —fundaron los actos demandados, o sea si la inexequibilidad de dicho artículo equivale o nó a una simple derogación, o si ella equivale a una sentencia de simple declaratoria de nulidad del mismo. Pues, si se acepta lo primero, como lo sostiene el distinguido abogado demandante con argumentos de notable valor jurídico, resultaría evidente que declarado inexequible el artículo 23 del Decreto 3346 de 1959 que derogó los artículos 7o. y 8o., del Decreto 0048 de 1957, estos no recobraban su

vigencia y consecuencialmente, los actos acusados serían violatorios del artículo 14 déla Ley 153 de 1887; en cambio, si se opta por lo segundo, no aparecería la violación de dicha norma legal, porque si la declaración de inexequibilidad de la disposición derogatoria equivale a una simple declaración de nulidad, tal violación no resultaría, pues, por virtud de la anulación, se tendería que la disposición derogatoria no tuvo vida y consecuencialmente tampoco la virtualidad de producir la derogación de los artículos 7o. y 8o., del Decreto 0488 (sic). "Y si bien es cierto que la primera tesis tiene en su favor lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la doctrina que transcribe el demandante, lo es también que la cuestión es y sigue siendo muy controvertida, porque la misma Corte Suprema ha sostenido en múltiples ocasiones que la declaración de inexequibilidad no es otra cosa que la decisión jurisdiccional de que el acto acusado no puede ejecutarse para vulnerar o menoscabar la norma constitucional de superior categoría; porque no existe texto constitucional o legal que asimile la inexequibilidad a la abolición o derogación y porque hay respetables conceptos, como el sostenido por el doctor Fernando Garavito en su estudio "Inexequibilidad de la Ley" y que ha compartido la Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado al absolver consultas formuladas por el Gobierno Nacional, de que la sentencia de inexequibilidad equivale a una declaración de nulidad y no a una simple derogación del acto demandado. "Por consiguiente, la decisión del problema es compleja. La determinación de si

los actos acusados violan la norma legal que invoca la demanda, no resulta de su simple cotejo; requiere por el contrario, y lo demuestra así el mismo texto de la demanda, un razonamiento más complicado que escapa forzosamente a lo que puede ser materia de un auto interlocutorio, como es el que decide sobre la medida de suspensión provisional, en el que sólo se examina si la violación de la norma superior es manifiesta u ostensible, o sea, si surge o se advierte a primera vista. Es propio de la sentencia lo que exige un estudio a fondo". El señor Fiscal Segundo del Consejo, doctor Uladislao Domínguez pidió en su alegato que se negaran las súplicas de la demanda Pertenecen a la vista de fondo los siguientes apartes: ". .4,.Es cierto que el diccionario de la Real Academia al dar el significado de lo que es el Verbo "derogar", trae las acepciones "abolir" y anular, lo que parece indicar que los dos vocablos son sinónimos. Sin embargo, la derogatoria es propia del legislador mientras que la declaratoria de nulidad es propia de los organismos jurisdiccionales. La primera función corresponde al cuerpo soberano del Estado, a quien corresponde hacer las leyes, interpretarlas, reformarlas o derogarlas, tal como preceptúa el Art. 76 de la Constitución Nacional, mientras que la segunda es propia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. "Para la Fiscalía declarar una ley inexequible es tanto como anularla, con los correspondientes efectos de restablecer objetivamente, por medio de la inexequibilidad o de la declaratoria de nulidad, el orden jurídico quebrantado.

"Por tanto, la acción de inexequibilidad ante la Corte es la misma de nulidad ante el organismo de lo Contencioso Administrativo: sólo que mientras aquélla se ejercita contra las leyes que se consideran contrarias a la Carta Fundamental, esta se ejercita contra los Decretos, resoluciones y otros actos de la Administración Pública por inconstitucionalidad o ilegalidad". ". . .Ahora se pregunta: anulada o declarada inexequible la ley por medio de la cual se derogaron los artículos 7o. y 8o., del Decreto 0048 de 1957, tales disposiciones subsisten?. "La Fiscalía responde afirmativamente, porque ese es el efecto de la declaratoria de nulidad, es decir, hacer desaparecer de la escena jurídica el acto perturbado de la constitución o de la ley para que rijan las reglas de derecho regularmente expedidas y volviendo las cosas al estado en que se hallaban. Anulado o declarado inexequible el artículo 23 del Decreto 3346 de 1959 que fue el que derogó los artículos 7o. y 8o. del Decreto 0048 de 1957, necesariamente subsisten y están vigentes tales disposiciones. Así lo entendió la Corte cuando en la parte expositiva de la sentencia de 24 de marzo de 1961 dijo: "Por lo mismo siguen vigentes los artículos 7o. y 8o., del Decreto 0048 de 1957". "Contribuye a reforzar la tesis de la Fiscalía el enjundioso estudio del doctor Fernando Garavito, quien en su estudio "Inexequibilidad de la Ley" dice: "Como hemos dicho, el esclarecimiento de este asunto tiene por objeto saber si

una sentencia de esa clase limita sus consecuencia, únicamente a suspender para el futuro la aplicación del acto declarado inconstitucional, o si anula también lo ejecutado en virtud de él, restableciendo las cosas a su estado normal, (sic) como si no hubiesen existido". "Desde luego, principiaremos por demostrar que el primero de estos extremos no es admisible. "LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INEXEQUIBILIDAD DE UN ACTO DE LA AUTORIDAD PUBLICA NO EQUIVALE A UNA SIMPLE DEROGATORIA DE EL". "Para comprobar este aserto basta considerar si el fallo solo mirase el futuro, la garantía constitucional sería ineficaz en muchos casos, porque se autorizarían las violaciones de los derechos que por su medio se pretenden reparar; los atentados más atroces quedarían sancionados contrariándose el propósito del constituyente. "Supongamos, por vía de ejemplo, que un Decreto del Gobierno rebajase a la mitad los sueldos de los Magistrados y jueces antes de vencerse el plazo de su período (infringiendo el inciso 2o., del Art. 160 de la Constitución), y que en virtud de ese Decreto el Tesorero General hubiese retenido los sueldos por uno o más meses. Declarada por la Corte su inexequibilidad a petición de los interesados, no tendrían éstos derecho a que se les reintegren los sueldos? Claro que sí; de otra suerte no tendría objeto el artículo 160 de la Constitución; esta garantía quedaría burlada si no tuviese efecto la sentencia de la Corte.

"Para hacer aún más notorio lo absurdo de la tesis contraria, imaginemonos que un decreto, no autorizado por la ley, dispusiese (violando el Art. 32 de la Carta Fundamental) que todo propietario de finca raíz, o mueble pierde sus propiedades? Indudablemente que no. No habría garantías sociales si la propiedad particular pudiese ser despojada dé esa manera". "Es, por tanto, inadmisible la tesis de que el fallo de inexequibilidad equivale a una derogatoria. "Por otra parte, la derogación de un acto de autoridad pública corresponde a la entidad misma que lo dicta o a la jerarquía superior, porque ella implica la facultad de dictar la disposición que se deroga. Los actos del Congreso pueden ser derogados por él o por el constituyente, los de las Asambleas Departamentales pueden serlo por ellas mismas o por el Legislador; los Concejos Municipales derogan sus propios acuerdos, y pueden también hacerlo las respectivas Asambleas o el Congreso. Los decretos generales del Gobierno son derogados por otros decretos o por la ley, porque ésta puede dictar las disposiciones de aquel. Y en el orden normal, la ley sólo se deroga por otra ley, (Art. ordinal lo. de la Constitución). "Como la Corte Suprema no tiene facultad para dictar leyes ni decretos, tampoco la tiene para derogarlos (Art. 57 de la Constitución). "Finalmente, en apoyo de nuestra tesis cabe advertir que la misión de la Corte, cuando conoce de una demanda de esta clase, está limitada a reconocer si el acto acusado es o no violatorio de la Constitución, sin tener en cuenta las

consecuencias de su declaración; ella reconoce que la constitución ha sido infringida cuando declara la inexequibilidad de la ley, y esa infracción es inherente a la ley, la lleva ella desde su expedición, no desde la sentencia. "Si la ley fuera válida (exequible) antes de proferirse el fallo y perdiese su fuerza jurídica en virtud de la declaratoria de inexequibilidad, como sucede con la derogación, la Corte asumiría el poder del legislador; todas las violaciones del derecho ocurridas en aplicación de esa ley serían válidas antes de dictarse la sentencia de inexequibilidad, y nulas si ocurriese después. "Un mismo acto, una misma violación del derecho sería exequible, o inexequible o nula según que se verificara un instante antes o un instante después de firmada la sentencia; y en este supuesto la inexequibilidad no provendría de la infracción de la Constitución o violación del derecho, sino de una circunstancia extrínseca, como es el momento preciso en que la Corte dicta el fallo. "Luego los efectos de una sentencia de esta clase, no son simplemente los de una derogatoria del acto acusado. "Para deducirlos necesitamos consignar la siguiente proposición:

"LA SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DE UNA LEY, DECRETO U

ORDENANZA, POR VIOLACION DE LA CONSTITUCION, EQUIVALE A UNA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL ACTO ACUSADO". "Sigue el estudio del doctor Garavito haciendo importantes consideraciones sobre el sentido etimológico del vocablo inexequible para extenderse en consideraciones sobre la nulidad en el derecho privado y la misma en el derecho público.

"Pero si las razones que anteceden no fueren suficiente para concluir que en el caso planteado al Consejo no procede la nulidad, puesto que no aparece contradicción entre los actos acusados y la norma contenida en el Art. 14 de la Ley 153 de 1887, existe un argumento potísimo que en sentir de la Fiscalía no deja duda alguna sobre el particular. "En efecto, en la época en que fue expedida la Ley 153 de 1887, el constituyente colombiano no había consagrado ni la acción de inexequibilidad, ni la excepción de nulidad por inconstitucionalidad ni el contencioso de anulación, ya que tales acciones fueron conquistas de este siglo: las dos primeras establecidas en la reforma constitucional del año de 1910 (Acto Legislativo No. 3) y la última en la Ley 130 de 1913, que como desarrollo del Art. 42 del Acto Legislativo No. 3 de 1910 estableció la jurisdicción contencioso administrativa, perfeccionada luego por la Ley 167 de 1941. "Por tanto, en la Ley 153 de 1887 no se podía regular una situación que en esa época era inexistente, lo que conlleva a concluir que el precepto del Art. 14 de la citada ley no es aplicable al caso de estudio, o que por lo menos éste quedó modificado implícitamente por las normas posteriores contenidas en el Acto Legislativo No. 3 de 1910. De suerte que, por este otro aspecto tampoco procede la nulidad pedida. "Finalmente y como petición subsidiaria solicita la demanda la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 0048 de 1957, porque éste se dictó con base en

el Art. 121 de la Constitución, hoy modificado. "La demanda hace al respecto la siguiente exposición: "Considera que la contribución que se exige a los Registradores por medio de los artículos 7o. y 8o., nada, absolutamente nada, tenía que ver con el restablecimiento del orden público perturbado. Por tanto el Presidente de la República, al dictarlo, excedió el propio artículo 121, violándolo, y de consiguiente los artículos 7o. y 8o., controvertidos, no pueden aplicarse en el caso sub-lite por ser inconstitucionales y el Consejo debe reconocer la excepción correspondiente, de conformidad con el Art. 215 de la Carta". "Sobre el particular ya el Consejo de Estado ha tenido oportunidad de pronunciarse, y nada tengo que agregar a la referida doctrina, sino que antes bien la prohijo y reproduzco en esta vista: "Dice el Consejo lo siguiente: "La excepción de inconstitucionalidad con fundamento en la violación del artículo 121 de la Constitución, por los Decretos Legislativos, no puede prosperar, pues la Ley 2a., de 1958 dio fuerza de ley a todos los decretos dictados desde el 9 de noviembre de 1949 en que se hubiere invocado el citado artículo 121 de la Constitución y que no hubiere sido expresa o tácitamente derogados para la fecha de la sanción de dicha ley. Por consiguiente, como lo definió la Corte Suprema de Justicia al declarar exequible la referida Ley, los tales Decretos Legislativos adquirieron el carácter de leyes y por tener este carácter, no pueden ser inexequibles por violación del artículo 121 de la Constitución Nacional, porque el

Congreso no puede incidir en desviación de ese texto de la ley de leyes. La Corte Suprema de Justicia ha reiterado esta doctrina al conocer de demandas de inexequibilidad de tales Decretos Legislativos, como puede verse en la sentencia proferida con fecha 19 de mayo de 1960, en la que se expresa así: "No es, pues procedente el examen sobre la inexequibilidad por lo que respecta a la violación concreta del artículo 121, en cuanto al decreto (se trata del Decreto Legislativo número 333 de 1957) contempla ordenamientos no encaminados al restablecimiento del orden público, vale decir, extraños a esa precitada finalidad" (Gaceta Judicial Nos. 225-226, pág. 826. 2a.). "De lo antes expuesto, concluye lá Sala que para decidir el presente juicio, no puede dejar de aplicar los artículos lo., del Decreto Legislativo 3220 de 1953, con el fundamento de haber sido dictados con desviación de las facultades de artículo 121 de la Constitución Nacional, pues tales decretos fueron elevados por el Congreso a la categoría de leyes y necesariamente desapareció respecto a ellos el vicio de que pudieran adolecer por infracciones al artículo constitucional citado". El Fondo Rotatorio Judicial se hizo parte para impugnar la demanda y, a solicitud de su apoderado, doctor Blas Herrera Anzoategui, se celebró audiencia pública en el juicio. Según el resumen escrito de las alegaciones orales del citado abogado