PGN - DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA Fue posterior a culminación de licencia de maternidad

FALTA DISCIPLINARIA-Declaratoria de insubsistencia de nombramiento por presunta violación de normas de protección a la maternidad PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD-Se presume que el despido se da por embarazo o lactancia cuando es dentro de 3 meses posteriores al parto DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-No se puede confundir derecho a disfrute de hora de lactancia con protección legal a la maternidad y lactancia PROTECCIÓN REFORZADA A LA MATERNIDAD-Requisitos para que proceda el amparo transitorio, según jurisprudencia de la Corte Constitucional PROTECCIÓN REFORZADA A LA MATERNIDAD-Alcance según sentencia de unificación de la Corte Constitucional DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA-Fue posterior a culminación de licencia de maternidad de funcionaria desvinculada Se ha probado dentro del proceso que la desvinculación de la señora…. del cargo de jefe de archivo municipal de Hacarí se produjo el día 11 de octubre de 2016, así mismo se tiene por cierto, acorde a las pruebas obrantes, que la antes mencionada gozó de licencia de maternidad hasta el día 18 de septiembre de 2016, por lo cual es fácil concluir que la declaratoria de insubsistencia que originó esta investigación se llevó a cabo días después de la culminación de la licencia en comento. La norma indica que la licencia de maternidad y por ende la protección que esta otorga a las madres gestantes, opera por el término de tres meses, específicamente 84 días, siguientes al parto. El despacho considera igualmente que la denominada protección reforzada no es viable

de entender como una prohibición de despido por seis meses siguientes al parto, ya que como se dijo, dicha limitación desaparece en la mitad de este término. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Absolución por falta de tipicidad de la conducta …esta Procuraduría Provincial considera que la conducta desarrollada por el señor….. en su condición de Alcalde Municipal adolece de elementos típicos, por ende se considera atípica. La presencia de una conducta irregular y reprochable disciplinariamente necesita para su materialización de la presencia de los elementos que estructuran el ilícito disciplinarios; es decir que la conducta desplegada sea típica, antijurídica y culpable. Para el evento sub examine, como ya se planteó, la acción enervada por el investigado carece de tipicidad, por lo cual no es posible erigir juicio de reproche en contra del servidor público enrostrado.

Dependencia PROCURADURIA PROVINCIAL DE OCAÑA

IUS 2017-546546 IUC 2017-950854 Disciplinado MILCIADES PINZON PINZON, Alcalde Municipal de Hacarí Norte de Santander. Quejoso Informe servidor público. Fecha de la queja 09/03/2017 Fecha de los hechos 11/10/2016 Asunto Presunta violación normas de protección a la maternidad. Trámite Lectura de fallo de primera instancia en Audiencia pública. (Artículo 177 de la ley 734 de 2.002). . Ocaña, 12 de enero de 2018. Presentes en las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Ocaña N. de S.

para llevar a cabo la reanudación de la diligencia de Audiencia Pública, siendo el día hora señalados en audiencia de fecha 20 de diciembre de 2017 el señor MICIADES PINZON PINZON procesado, el Doctor EDWIN EDGARDO BERMUDEZ PINTO, apoderado del disciplinado; MARIA MARGARITA ESLAVA DIAZ, Procuradora Provincial de Ocaña ( E ), y CARMEN MARGARITA FLOREZ TORRES Secretaria de la dependencia. Constituido el despacho en Audiencia Pública se procede a dar lectura al Fallo de Primera Instancia Resolución No 001 de la fecha, decisión que se inserta a la presente acta: Resolución No 001 de 2018 (12 de enero de 2018). Procede el despacho de la Procuraduría Provincial de Ocaña a proferir fallo de primera instancia dentro del proceso disciplinario radicado bajo el IUS 2017546546; IUC: 2017-950854, adelantado en contra del señor MILCIADES PINZON PINZON en su condición de Alcalde Municipal de Hacarí, Norte de Santander para la época de los hechos.

I. HECHOS.

Mediante oficio P.M.H. No 42 de fecha 06 de marzo de 2017 y recibido en esta Procuraduría Provincial el día 10 del mismo mes y año, el Doctor DIOGENES QUINTEROA AMAYA personero municipal de Hacarí Norte de Santander coloca en conocimiento unos hechos que podrían considerarse irregulares. Las pruebas aportadas por el servidor público informante permiten establecer que mediante resolución No 0689 de octubre 11 de 2016 proferida por el señor

MILCIADES PINZON PINZON en su condición de Alcalde Municipal de Hacarí Norte de Santander, se declaró insubsistente el nombramiento efectuado a la señora LEIDY YOHANA QUINTERO como Jefe de Archivo Municipal Nivel asistencial código 440 grado 17. De la misma forma sostiene el Personero Municipal de Hacarí que dicha desvinculación se produjo a los 23 días de haberse reintegrado, la funcionaria, a sus labores luego de vencer el término de la licencia de maternidad de la cual estaba gozando.

III. INDAGACIÓN PRELIMMINAR Mediante auto de fecha 27 de marzo de 2017 se ordenó la apertura de indagación preliminar en contra del señor MILCIADES PINZON PINZON en su condición de Alcalde Municipal de Hacarí Norte de Santander, ordenándose igualmente la práctica de las pruebas que se consideraron pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

IV. CARGOS.

El día 03 de noviembre de 2017, se dictó auto de citación a audiencia, se formuló cargos al disciplinado y se le señaló la normatividad que con su proceder pudo vulnerar. Igualmente se le señaló la calificación provisional de su conducta y el grado de culpabilidad con el que pudo haber actuado, en los siguientes términos: MILCIADES PINZON PINZON, en su condición de Alcalde Municipal de Hacarí Norte de Santander, mediante resolución No 0689 de fecha 11 de octubre de 2016, declaró insubsistente el nombramiento efectuado a LEIDY YOHANA QUINTERO como Jefe de Archivo Municipal, presuntamente violando las normas

sobre protección a la maternidad, que imponían la obligación de mantener la estabilidad laboral de la antes mencionada, incluso con posterioridad a la finalización de la licencia a ella concedida. VULNERACIÓN NORMATIVA Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN Con el comportamiento antes descrito puede Usted encontrarse incurso en la comisión de la conducta descrita en el artículo 23 de la ley 734 del 2002, que en su parte pertinente reza: Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes……, prohibiciones …” Lo anterior dado el incumplimiento los deberes que le impone el numeral 1 de la ley 734 de 2002, en su parte pertinente: Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 1.- Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, las leyes …” Igualmente se le enrostra su posible incursión en la prohibición descrita en el numeral 1 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, que en su parte pertinente reza: Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes … contenidas en la Constitución, … las leyes ...” Igualmente pudo incumplir lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, artículo 91 literal d) numeral 2 : ARTÍCULO 91. FUNCIONES. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna

la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: d) En relación con la Administración Municipal:

12. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

(negrilla del despacho). Todo lo anterior dada la inobservancia del mandato contenido en el artículo 43 inciso 1 de la Constitución Política de Colombia: “ La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada…” De la misma forma no acatar lo normado en el artículo 229 del Código Sustantivo del Trabajo: “ARTICULO 239. PROHIBICION DE DESPEDIR. Modificado por el art. 35 de la Ley 50 de 1990, Modificado por el art. 2, Ley 1468 de 2011.

1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia.

2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período del embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, y sin autorización de las autoridades de que trata el artículo siguiente.

3. La trabajadora despedida sin autorización de las autoridades tiene derecho al

pago de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta (60) días, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo y, además, el pago de las doce (12) semanas de descanso remunerado de que trata este capítulo, si no lo ha tomado.” Lo anterior en concordancia con la sentencia T 800 A de 2011 de la Honorable Corte constitucional, cuyo aparte ya fue transcrito anteriormente. Ante lo cual debe entonces responder por su comportamiento, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política que consagra el principio general de responsabilidad: “ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. La conducta del señor MILCIADES PINZON PINZON Alcalde Municipal de Hacarí, presuntamente se materializó al momento de expedir la resolución No 0689 de octubre 11 de 2016 a través de la cual declaró insubsistente el nombramiento efectuado a la señora LEIDY YOHANA QUINTERO como jefe de Archivo del municipio en cuestión, a pesar que esta última tenía una protección reforzada de maternidad, con lo cual el investigado posiblemente afectó la función pública que le asistía, desconociendo los derechos que en ese momento tenía la servidora pública ya anotada. POSIBLE AUTOR DE LA FALTA DISCIPLINARIA Se trata del señor MILCIADES PINZON PINZON, identificado con la cédula de

ciudadanía No 5.453.349 expedida en Hacarí, quien fungía para la época de los hechos como Alcalde Municipal de Hacarí Norte de Santander NATURALEZA DE LA FALTA Y GRADO DE CULPABILIDAD Conforme lo establecido en los numerales 4 y 5 del artículo 43 de la ley 734 de 2002 la falta imputada se califica provisionalmente como GRAVE, lo anterior dada la jerarquía y mando que el procesado ostentaba en el momento de los hechos dentro de la administración Municipal de Hacarí, por tratarse del alcalde de dicha localidad, de igual forma por cuenta del posible perjuicio que se causó a la servidora pública que resultó separada de su cargo, a escasos 23 días de haber regresado de licencia de maternidad. El comportamiento desplegado, al parecer, se llevó a cabo a título de CULPA GRAVISIMA, dada la posible negligencia que mostró el investigado al dictar el acto administrativo que originó la investigación, al desconocer las normas que le imponían la obligación de respetar la protección especial que tenía la servidora pública desvinculada de la administración municipal, ese desconocimiento no le era excusable en virtud a su condición de mandatario municipal que le colegía a conocer las normas propias de su función.

V. VERSION LIBRE Y DESCARGOS Iniciada la correspondiente diligencia de audiencia pública, el procesado PINZON PINZON procedió a rendir versión sobre los hechos investigados, ante lo cual expuso: “Yo al llegar al cargo quise organizar la administración con el personal más idóneos (SIC) y de absoluta confianza, tenía para la época como asesor jurídico a

(sic) Dr. Diosemiro Bautista, a él le consulte, sobre el caso que nos ocupa y me dijo que si podía. Porque se trataba de un cargo de libre nombramiento y remoción, como no soy abogado, teniendo el concepto del asesor jurídico procedí hacer (sic) el acto administrativo. Quiero manifestar en esta audiencia, que como administrador del municipio, no tengo garantías ante las actuaciones del personero municipal, el Dr. Diógenes Quintero, debido a razones políticas.” Por otra parre, en la misma sesión de audiencia, el defensor rindió descargos solicitando la exoneración de cargos a su prohijado por cuanto considera que su actuación no es irregular en la medida en que se limitó en acatar el concepto rendido por el asesor jurídico de ese entonces, quien proyectó el acto administrativo, asegura igualmente que la secretaria de Gobierno de la misma municipalidad solicitó por escrito al Dr. DIOSEMIRO BAUTISTA quien fungía como asesor jurídico, un concepto sobre la posibilidad que se pudiera declarar insubsistente el nombramiento de la señora LEIDY YOHANA QUINTERO, obteniendo respuesta favorable a su pretensión y por ende se llevó a cabo la expedición del acto hoy analizado. El profesional del derecho ataca el cargo formulado dentro del auto de citación a audiencia, manifestando entre otras cosas, que no se efectuó mención a normas que regulan la materia. Asegura además que acorde a la sentencia SU 070/13 se fundamenta la protección laboral reforzada a la mujer embarazada, al prohibir su despido por motivos de embarazo o licencia de maternidad y que el investigado no ha querido

desproteger al menor ni discriminar a la madre de éste. Afirma además que el mismo fundamento jurisprudencial señala que no se podrá despedir a la madre durante el tiempo de licencia de maternidad aceptando el término de 3 meses hoy 84 días. Trae además a colación algunas sentencias junto con el artículo 239 del Código Sustantivo del trabajo para soportar lo que esgrime en su argumento defensivo y termina sus descargos solicitando la práctica de dos pruebas, además de unas probanzas documentales que aportó en la diligencia.

VI. PRUEBAS.

Las pruebas solicitadas y aportadas por el apoderado del procesado se concedieron en su totalidad, para lo cual se llevó a cabo nueva sesión de la audiencia pública, el día 12 de diciembre de 2017, fecha en la cual se recibieron las declaraciones peticionadas. Obran como pruebas dentro de las presentes diligencias, las siguientes:

1. Copia de la resolución No 0689 de fecha octubre 11 de 2016 firmado por el

señor MILCIADES PINZON PINZON Alcalde Municipal de Hacarí (Folio 3).

2. Certificación de fecha 28 de abril de 2017 suscrita por la señora ANA ROSA

GUERRERO ROBLES Secretaria de Gobierno Municipal de Hacarí (Folio 12).

3. Copia acta de posesión del señor MILCIADES PINZON PINZON como Alcalde Municipal de Hacarí Norte de Santander (Folio 13).

4. Copia certificado elección (Folio 14).

5. Copia certificado de incapacidad o licencia (Folio 15).

6. CD Manual de funciones Hacarí Norte de Santander (Folio 17).

7. Copia acuerdo No 010 del 25 de junio de 2012 del Concejo Municipal de Hacarí (Folios 21 al 56).

8. Copia oficio SGH 200 No 053 de fecha 10 de octubre de 2016 suscrito por la señora ANA ROSA GUERRERO ROBLES Secretaria de Gobierno del Municipio de Hacarí (Folio 82).

9. Copia oficio sin número, de fecha 11 de octubre de 2016, suscrito por el doctor DIOSEMRIO BAUTISTA ASCANIO (Folios 83 al 85). 10.Copia acta de conciliación extrajudicial (Folios 86 y 87). 11.Copia resolución No 0171 de fecha mayo 19 de 2017 suscrita por la señora ANA ROSA GUERRERO ROBLES Alcaldesa encargada del Municipio de Hacarí ( Folios 88 al 90) 12.Declaración rendida por la señora LEIDY YOHANA QUINTERO SANCHEZ

(Folios 106 y 107). 13.Declaración rendida por la señora ANA ROSA GUERRERO ROBLES (Folios 106 y 107).

VII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN El defensor inicia su intervención manifestando que la desvinculación de la señora LEIDY JOHANA QUINTERO SANCHEZ obedeció a una actuación normal de cualquier servidor público, ya que el alcalde municipal necesitaba hacer cambios en su administración y para ello se recurrió al asesor jurídico del Municipio quien rindió concepto positivo proyectando el acto administrativo correspondiente.

Considera además que la actuación no es típica y disiente del grado de

culpabilidad elevado en el pliego de cargos. Por otra parte asegura el abogado que la sentencia SU 070/13 explica las situaciones en la cuales las trabajadoras gozan de la protección en los casos de maternidad y en los cuales se limita a los primeros tres meses posteriores al parto, contrario sensu lo que ocurrió en el evento de la señora QUINTERO SANCHEZ quien fue desvinculada con posterioridad a la finalización de la citada licencia. Dado lo anterior el apoderado del investigado termina su intervención solicitando fallo a favor de su protegido.

VIII. ANALISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Las probanzas obrantes en el proceso permiten demostrar que el investigado en su condición de Alcalde Municipal de Hacarí Norte de Santander, mediante resolución No 0689 del 11 de octubre de 2016, declaró insubsistente el nombramiento efectuado a la señora LEIDY YOHANA QUINTERO como Jefe de Archivo Municipal, Nivel asistencial código 440 grado 17.

Se tiene igualmente probado que la señora QUINTERO había disfrutado de una licencia de maternidad desde el 26 de junio de 2016 hasta el día 18 de septiembre del mismo año, es decir un total de 84 días, acorde a lo que se observa en la copia del certificado de licencia visible a folio 15. Se ha señalado inicialmente por parte del Doctor DIOGENES QUINTERO AMAYA Personero Municipal de Hacarí, que el Investigado, con su actuación, desconoció la estabilidad reforzada con la que presuntamente contaba la empleada y que no podía por dicho motivo desvincularla del cargo público desempeñado.

Las pruebas igualmente arrojan que la señora ANA ROSA GUERRERO ROBLES en su calidad de secretaria de Gobierno de Hacarí, solicitó concepto por escrito al entonces asesor jurídico del municipio en comento, Doctor DIOSEMIRO BAUSTISTA ASCANIO en relación al caso de la señora LEIDY YOHANA QUINTERO, obteniéndose respuesta positiva a lo peticionado por la administración Municipal, concepto que obra a folios 83 al 85. La defensa expone que la decisión tomada por el burgomaestre se basó en el concepto presentado por el asesor Jurídico en su momento, quien incluso proyectó el acto administrativo por el cual se declaró insubsistente el nombramiento de la señora LEIDY YOHANA QUINTERO. Por último es preciso considerar además, las declaraciones vertidas en audiencia pública, primero la señora QUINTERO SANCHEZ quien relató la forma en que fue desvinculada del cargo que ocupaba en la administración municipal de Hacarí, incluso indicó que fue reintegrada al cargo recibiendo los salarios y prestaciones dejadas de percibir. Afirmó además que no fue víctima de presión alguna por parte del investigado. Así mismo se obtuvo el testimonio de la señora ANA ROSA GUERRERO ROBLES quien se desempeña como Secretaria de Gobierno del plurimencionado Municipio, cargo que también ocupaba para la época de los hechos, funcionaria que manifestó haber solicitado el concepto del asesor jurídico de la administración Municipal quien rinde el mismo planteando que no existe inconveniente para la declaratoria de insubsistencia respectiva. La vinculación laboral con el estado colombiano se puede llevar a cabo de varias

formas, la regla constitucional implica que los servidores públicos ostentan cargos de carrera administrativa, es decir su relación con el estado se obtiene cuando logran acceder a los diferentes empleos públicos a través de los concursos que se convocan por la comisión nacional del servicio Civil y por las entidades estatales que cuenta con la denominada carrera administrativa especial. Además de esta clase de vinculación, operan también los nombramientos en provisionalidad, para desempeñar cargos de carrera que se encuentran vacantes, también se encuentran los servidores públicos de elección popular y además aquellos que desempeñan cargos de libre nombramiento y remoción, como el caso que ocupa la atención del despacho. En este último evento los empleados públicos que ocupan estos cargos, están sujetos, por decirlo así, a la condición que en cualquier momento sus superiores pueden prescindir de ellos, por eso la denominación misma de estos empleos permite entender que no existe una estabilidad laboral más allá, en muchos casos, de la decisión de sus jefes que tienen la potestad, dentro del marco de la ley, de elegir a aquellos individuos que a su juicio puedan ejercer las funciones de dirección confianza y manejo que se predica de aquellos considerados de libre nombramiento y remoción Sin embrago, existe una connotación especial que la ley otorga en el caso de las mujeres que desempeñan estos cargos públicos y que se encuentran en estado de embarazo o en la época posterior al parto en uso de la licencia de maternidad. Al respecto la ley concede garantías que permitan ofrecer cierta estabilidad laboral durante un limitado periodo de tiempo, para que dichas madres puedan contar con

la seguridad necesaria para superar la época por la cual están atravesando. Dentro de estas garantías se encuentra la prohibición de despedir a la mujer en estado de embarazo y dentro de los tres meses – 84 díassiguientes al parto, época vital por muchos aspectos maternos. Le asiste razón al abogado defensor, en sus exposiciones al esgrimir acerca de la imposibilidad legal de desvincular a la funcionaria pública dentro de los 3 meses siguientes al parto, ya que nuestra normatividad es clara al establecer que durante ese periodo de tiempo se estructura per se la prohibición en comento, salvo las excepciones de ley. No así cuando se ha culminado el periodo de licencia de maternidad, cuando es posible que la desvinculación se efectúe dentro de los marcos legales, siempre que dicha decisión no se tomé con ocasión de los beneficios propios de la maternidad, por ejemplo por los permisos de lactancia, en cuyo caso debe ser la trabajadora afectada quien afirme esta circunstancia ante los estrados judiciales. La jurisprudencia ha sentado una interpretación pacifica en torno al tema, es importante recordar lo planteado en la sentencia T-766/11 en la cual la Honorable Corte Constitucional ha dicho: “Con relación al momento en el cual termina la protección especial de la madre, en la Sentencia T-610 de 2003 la Corte se pronunció respecto de un caso donde la accionante alegaba que se habían vulnerado sus derechos al ser despedida días después de haber regresado a su trabajo luego de disfrutar de su licencia de maternidad, en este caso el problema jurídico que resolvió la Corte fue si el

permiso consagrado en el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo, que se refiere a la hora de lactancia, hacia parte del fuero de maternidad. En esa ocasión este Tribunal dijo que la accionante no estaba protegida con el fuero de maternidad teniendo en cuenta que: Cosa distinta es la consagrada en el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo que establece como una obligación del empleador conceder a la trabajadora dos descansos de treinta minutos cada uno, dentro de la jornada laboral para amamantar a su hijo, sin descuento alguno del salario por dicho concepto durante los primeros seis (6) meses de edad del menor. Es decir, no puede confundirse el derecho al disfrute de esta hora denominada comúnmente “hora de lactancia”, cuya protección consiste simplemente en que sea autorizada por el empleador; con la protección legal a la maternidad y lactancia que se encuentra establecida únicamente durante el período de embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto. Por ello, la jurisprudencia ha dicho que para que proceda el amparo transitorio del derecho a la estabilidad laboral reforzada debe tenerse en cuenta lo siguiente: “1) que el despido o la desvinculación se ocasione durante el embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto; 2) que la desvinculación se produzca sin los requisitos legales pertinentes para cada caso; 3) que el empleador conozca o deba conocer el estado de embarazo de la empleada o trabajadora; 4) que el despido amenace el mínimo vital de la actora o que la arbitrariedad resulta evidente y el daño que apareja sea devastador.”1 (Se subraya)”

La Corte Constitucional zanjó cualquier discusión acerca de la protección reforzada en maternidad, al respecto sentó una posición unificadora que la encontramos en la sentencia SU 070/13: “5.3.2 Alcance de la protección reforzada a la maternidad y la lactancia en el ámbito del trabajo

46. Para efectos de claridad en la consulta de los criterios, se listarán a continuación las reglas jurisprudenciales resultantes del análisis precedente: - Procede la protección reforzada derivada de la maternidad, luego la adopción de medidas protectoras en caso de cesación de la alternativa laboral, cuando se demuestre, sin alguna otra exigencia adicional: a) la existencia de una relación laboral o de prestación y, b) que la mujer se encuentre en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguiente al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. De igual manera el alcance de la protección se determinará según la modalidad de contrato y según si el empleador (o contratista) conocía o no del estado de embarazo de la empleada al momento de la desvinculación.” Aunado a lo anterior no debe olvidarse lo establecido en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se establece la presunción que el despido se 1 Sentencia T-373/98, efectúa por motivo de embarazo o lactancia cuando ocurre dentro de los tres meses posteriores al parto. Norma transcrita anteriormente en este proveído.

El despacho considera que no es posible atribuir responsabilidad disciplinaria al señor MILCIADES PINZON PINZON en su condición de Alcalde Municipal de Hacarí por los siguientes motivos:

Se ha probado dentro del proceso que la desvinculación de la señora LEIDY YOHANA QUINTERO SANCHEZ del cargo de jefe de archivo municipal de Hacarí se produjo el día 11 de octubre de 2016, así mismo se tiene por cierto, acorde a las pruebas obrantes, que la antes mencionada gozó de licencia de maternidad hasta el día 18 de septiembre de 2016, por lo cual es fácil concluir que la declaratoria de insubsistencia que originó esta investigación se llevó a cabo días después de la culminación de la licencia en comento. La norma indica que la licencia de maternidad y por ende la protección que esta otorga a las madres gestantes, opera por el término de tres meses, específicamente 84 días, siguientes al parto. El despacho considera igualmente que la denominada protección reforzada no es viable de entender como una prohibición de despido por seis meses siguientes al parto, ya que como se dijo, dicha limitación desaparece en la mitad de este término. Dado lo antes visto, esta Procuraduría Provincial considera que la conducta desarrollada por el señor MILCIADES PINZON PINZON en su condición de Alcalde Municipal adolece de elementos típicos, por ende se considera atípica. La presencia de una conducta irregular y reprochable disciplinariamente necesita para su materialización de la presencia de los elementos que estructuran el ilícito disciplinarios; es decir que la conducta desplegada sea típica, antijurídica y culpable. Para el evento sub examine, como ya se planteó, la acción enervada por el investigado carece de tipicidad, por lo cual no es posible erigir juicio de reproche

en contra del servidor público enrostrado. Por lo ya expuesto, este despacho procederá dictar fallo en favor del señor

PINZON PINZON.

En mérito de lo antes expuesto, la Procuradora Provincial de Ocaña ( E ) en uso de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas en el artículo 178 de la ley 734 de 2002,

RESUELVE PRIMERO: ABSOLVER de responsabilidad disciplinaria frente al cargo formulado al señor MILCIADES PINZON PINZON, identificado con cédula de ciudadanía No 5.453.349 expedida en Hacarí, en su condición de Alcalde Municipal de Hacarí Norte de Santander, para la época de los hechos, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso de apelación que se deberá interponer en la misma diligencia y se deberá sustentar verbalmente o por escrito dentro de los dos días hábiles siguientes, para ante el señor Procurador Regional de Norte de Santander, so pena de quedar ejecutoriada a la terminación de la diligencia de audiencia, tal y como lo dispone el artículo 179 de la ley 734 de 2002.

TERCERO: REMÍTASE, una vez en firme, copia de la presente resolución a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.

CUARTO: ARCHÍVESE definitivamente el expediente una vez en firme la presente decisión y háganse las anotaciones correspondientes.

MARIA MARGARITA ESLAVA DIAZ Procuradora Provincial de Ocaña ( e ) .

CARMEN MARGARITA FLOREZ TORRES

Secretaria Grado 10

EDWIN EDGARDO BERMUDEZ PINTO

Apoderado

MILCIADES PINZON PINZON

Procesado.

PROY. MJNA