PGN - DEFENSOR DEL PUEBLO Funciones

ACCION DE NULIDAD-Resolución 052 del 14 de enero de 2019, por la cual la defensoría del pueblo fijó los parámetros para la selección de los defensores públicos de la entidad, y de la resolución 084 del 18 de enero de 2019, en la que se modificó el título final del anexo de la resolución no. 052 de 2019 DEFENSORIA DEL PUEBLO-Defensoría pública DEFENSOR DEL PUEBLO-Marco constitucional DEFENSOR DEL PUEBLO-Funciones PUBLICACION-Actos administrativos de carácter general CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Definición legal CONTRATACION ESTATAL-Modalidades de selección CONTRATACION ESTATAL-Procedencia de la modalidad de selección de contratación directa 2

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

155 Concepto No.

IUS E 2020-166021

Bogotá, D.C. 23 de octubre de 2020. Doctor CESAR PALOMINO CORTES Consejero ponente Sección Segunda - Subsección “B” Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 11001032500020190006300 (0297-2019) No. 11001032500020190011800 (0543-2019) No. 11001032500020190011700 (0541-2019)

Demandantes: Angie Yiset Flórez Largo, Mercedes López Rodríguez e Inocencio

Meléndez.

Demandada: Defensoría del Pueblo Medio de control: Nulidad Asunto: Alegato de conclusión - Ley 1437 de 2011

Procede la Delegada a emitir su concepto en el proceso de la referencia.

I. PRETENSIÓN Y ACTO ACUSADO Los demandantes, Angie Yiset Flórez, Inocencio Meléndez Julio y Mercedes López Rodríguez, en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pidieron la nulidad de la Resolución 052 del 14 de enero de 2019, a través del cual la Defensoría del Pueblo fijó los parámetros para la selección de los defensores públicos de la entidad, y de la Resolución 084 del 18 de enero de 2019, en la que se modificó el título final del anexo de la Resolución No. 052 de 2019. 1.1. Hechos La parte accionante relacionó como supuestos facticos los siguientes: Demandantes: Angie Yiset Flórez Largo, Mercedes López Rodríguez e Inocencio Meléndez

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 3 El Defensor del Pueblo, mediante la Resolución 052 del 14 de enero de 2019, ordenó la apertura para la selección de los defensores públicos de la entidad, y a través del anexo reglamentó el concurso público. El representante legal de la entidad por medio de la Resolución 084 del 19 de enero de 2019, corrigió las inconsistencias y errores que se cometieron en la Resolución 052 del 14 de enero de 2029 y modificó el anexo, teniendo en cuenta que los defensores

públicos se vinculan a través de contratos de prestación de servicio. El concurso se realizó para seleccionar los defensores públicos para un periodo en el que el Defensor del Pueblo no estaría a cargo de la entidad, es decir, que ya no sería el jefe natural de los mismos. 1.2. Concepto de violación Citó como normas infringidas los artículos 282, numeral 4º, de la Constitución Política; 21 y 22 de la Ley 24 de 1992; 26 y 30 de la ley 941 de 2005; la Ley 80 de 1991; el Decreto 1150 de 2007 y el Decreto Ley 025 de 2014. Los demandantes sustentan la solicitud de nulidad en que el Defensor del Pueblo desconoció las normas antes citadas, por cuanto se abrogó una facultad que no le corresponde, como quiera que la vinculación de los defensores públicos se hace a través de contratos de prestación del servicio, sin que proceda y requiera convocar un concurso público, es decir, que para organizar y dirigir la entidad debe someterse a los dispuesto por la Constitución y la ley, específicamente a la Ley 941 de 2005, que reglamenta el servicio nacional de la defensa pública, normatividad que establece que están sometidos a la Ley 80 de 1993, en consecuencia, a los aspirantes no se les pueden exigir requisitos adicionales como exámenes o pruebas de conocimiento. Adicionalmente, consideran que el Defensor del Pueblo incurrió en muchas contradicciones, porque expidió el manual de la contratación para la entidad, a través de la Resolución 1070 de 2917, con la participación de la Universidad Nacional y,

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 4 luego, convocó a un concurso, a pesar de que su regulación no previó que los defensores públicos se debían vincular mediante esta figura, y mucho menos que su selección se haría en estricto orden descendente, sino que, por el contrario, establece unos requisitos mínimos como el estar inscritos en el Registro Nacional de Aspirantes y la presentación de una entrevista ante un grupo interdisciplinario llamado “Comité de Selección”, conformado por el Director Nacional de Defensoría o su delegado, el responsable del Grupo de Registro o de Selección de Operadores o su delegado, el grupo de contratación y cinco profesionales idóneos que garantizaran la mejor elección de los defensores públicos. Señaló que la Defensoría omitió publicar las resoluciones en el diario oficial, razón por la cual la irregularidad se debe subsanar con la modificación de los actos administrativos. 1.3. Contestación de la demanda El apoderado de la Defensoría del Pueblo manifestó que la entidad expidió los actos acusados, con el fin de cumplir con lo establecido por el Acto Legislativo 03 de 2002, para garantizar e implementar el Sistema Nacional de Defensoría pública, que fue organizado mediante la Ley 941 de 2005, y además, con base en la reglamentación de

la contratación que adoptó la entidad, así como en la decisión que profirió el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la sentencia del 25 de junio de 2018, en la que ordenó el cumplimiento de los artículos 27 y 28 de la Ley 941, sobre la clasificación de los defensores y los requisitos mínimos para vincularlos. Señaló que consecuente con lo anterior, la Defensoría expidió la Resolución 939 del 24 de agosto de 2018, a través del cual se establecieron las categorías, los requisitos mínimos y la tasación de los honorarios de conformidad con el artículo 21 de la Ley 24 de 1992, y con base en esta normatividad se expidió la Resolución 1281 del 31 de octubre de 2018, que fijó los presupuestos con cobertura al servicio nacional de defensoría pública, y adicionalmente, dictó la Resolución 1009 de 2018, modificada por las Resoluciones 049 de 2018 y 050 y 051 de 2019, a través de los cuales se establecieron los distritos, circuitos judiciales e instancias judiciales para garantizar la Demandantes: Angie Yiset Flórez Largo, Mercedes López Rodríguez e Inocencio Meléndez

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 5 selección objetiva de los aspirantes y la oportunidad de los 319.443 abogados que se encuentran inscritos ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Indicó que los actos objeto de la demanda se profirieron atendiendo los requisitos generales y específicos que permitirían acreditar el conocimiento y las competencias comportamentales, asociadas al perfil del defensor y al ejercicio de la defensoría pública, razón por la cual no es cierto que la convocatoria desnaturaliza la forma de vinculación de los defensores públicos, porque si bien se hace a través de contratos de prestación de servicios de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, bajo la modalidad de la contratación directa, esta selección debe responder a las políticas, lineamientos y directrices que fije el Defensor del Pueblo para garantizar el eficaz y cabal desempeño de la entidad y el cumplimiento de los presupuestos exigidos para tal fin, de conformidad con lo previsto en el Decreto 25 de 2014 y la Ley 941 de 2005. Precisó que la Resolución 052 de 2019, junto con su anexo, fijó los presupuestos y requisitos para seleccionar de manera objetiva y transparente los defensores públicos, mientras que la Resolución 084 de 2019 la modificó en relación con su vigencia, pues señaló que tendría una duración de 3 años contados a partir del día siguiente a la publicación. Expresó que no es cierto que el Defensor del Pueblo haya desconocido la Resolución 1070 de 2017, que establecía unos requisitos para los aspirantes a ser defensores públicos, porque esta regulación en la actualidad no se encuentra vigente, pues fue modificada por la Resolución 1131 de 2018, normatividad que en el artículo 2.3.1.5.

dispuso que la entidad fijaría un procedimiento de selección de estos profesionales de acuerdo con el mapa judicial colombiano y las necesidades del servicio, entre tanto los requisitos fueron establecidos en las Resoluciones 939 y 1281 de 2018. Manifestó respecto a la publicación de los actos cuestionados en el diario oficial, que el artículo 65 de la Ley 1137 de 2011, permite cumplir con este requisito en un medio diferente, según se trate, y en el caso de la Defensoría lo hizo en la página web de la entidad, porque no tiene un diario oficial propio, lo importante, añadió la accionada, es que se cumplió con la formalidad de la publicidad de conformidad con este compendio Demandantes: Angie Yiset Flórez Largo, Mercedes López Rodríguez e Inocencio Meléndez

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 6 normativo, máxime que el artículo 119 de la Ley 448 de 1998 consagra esta exigencia pero solo para la publicación de los actos legislativos y proyectos de actos legislativos aprobados en primera vuelta, las leyes, y proyectos de ley objetados por el Gobierno Nacional, los decretos con fuerza de ley, decretos, resoluciones ejecutivas expedidas por el Gobierno Nacional y actos de contenido general expedidos por los demás entidades del nivel nacional de las distintas ramas del sector público y órganos que integran la estructura del Estado.

II. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA

Los problemas jurídicos en este caso se circunscriben en determinar: 1) Si las Resoluciones 052 y 084 de 2019 son ilegales, toda vez que, según los demandantes, el Defensor de Pueblo excedió las facultades que le otorga la Constitución y la ley, pues creó requisitos adicionales a los exigidos para la vinculación de los defensores públicos, quienes ingresan directamente a través de contratos de prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, y no por concurso público. 2) Si las Resoluciones 052 y 084 de 2019 son nulas por haber omitido la publicación en el diario oficial. 2.1. El Defensor del Pueblo excedió la facultad legal a él otorgada, toda vez que los defensores públicos no se les puede someter a concurso público, como quiera que su vinculación se hace directamente a través de contratos de prestación de servicios? El artículo 282 de la Constitución Política consagra lo siguiente: “Artículo 282. El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: (…) Demandantes: Angie Yiset Flórez Largo, Mercedes López Rodríguez e Inocencio Meléndez

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4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la

ley.” A su vez, el artículo 21 de la Ley 24 de 1992 establece que la defensoría pública se presta para las personas que no tienen recursos económicos que les permita designar un abogado y le asigna al Defensor del Pueblo la función de fijar los criterios a los que se debe someter el Director de la Defensoría Pública, cuyo texto normativo dispone: “La Defensoría Pública se prestará en favor de las personas respecto de quienes se acredite que se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas a la defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública. En el cumplimiento de esta función, el Director Nacional de la Defensoría Pública se ceñirá a los criterios que establezca el Defensor del Pueblo, mediante reglamento En materia penal el servicio de Defensoría Pública se prestará a solicitud del imputado, sindicado o condenado, del Ministerio Público, del funcionario judicial o por iniciativa del Defensor del Pueblo cuando lo estime necesario y la intervención se hará desde la investigación previa. Igualmente se podrá proveer en materia laboral, civil y contencioso-administrativa, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el inciso 1o. de este artículo. En materia civil, el Defensor del Pueblo actuará en representación de la parte a quien se otorgue amparo de pobreza según las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, debiendo recaer la designación preferentemente en un abogado que forme parte de las listas de Defensores Públicos que

elaborará la Dirección de Defensorías Públicas y remitirá a los Despachos Judiciales, conforme a reglamentación que expedirá el Defensor del Pueblo. En los asuntos laborales y contencioso administrativos los Defensores Públicos tendrán la calidad de representantes judiciales o apoderados y para ello requerirán otorgamiento de poder por parte del interesado.”. (Subrayas fuera de texto). De manera que, según esta disposición y contrario a lo manifestado por la parte demandante, el Director Nacional de Defensoría Pública se debe someter a los lineamientos y presupuestos que sobre el tema de la defensa pública reglamente el Defensor del Pueblo y, en ese orden, incluye por razones obvias la selección de los defensores públicos.

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 8 Ahora bien, el Defensor del Pueblo expidió las Resoluciones 052 y 084 de 2019, con base en los numerales 1º y 7º del artículo 5º del Decreto Ley 025 de 20141, disposiciones que literalmente establecen: “ARTÍCULO 5o. DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO. Además de las señaladas en el artículo 282 de la Constitución Política, son funciones del Defensor del Pueblo, las siguientes:

1. Definir las políticas, impartir los lineamientos, directrices y adoptar los

reglamentos y demás mecanismos necesarios para el eficiente y eficaz funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. (…)

7. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Defensoría Pública”.

Por otra parte, los artículos 27 y 28 de la Ley 941 de 2005 regulan la clasificación de los defensores públicos y atendiendo esta categorización, el artículo 28 ibidem le otorga al Defensor del Pueblo la facultad de reglamentar lo concerniente a los requisitos para efectos de su ingreso y autoriza su vinculación mediante la figura de la contratación de prestación de servicios, así: “Artículo 27. Clasificación. Para efectos de su remuneración, los Defensores Públicos del Sistema podrán clasificarse en tres (3) categorías:

1. Defensores Públicos ante jueces penales municipales.

2. Defensores Públicos ante jueces penales del circuito y del circuito especializado.

3. Defensores Públicos ante las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de la Corte Suprema de Justicia.

Parágrafo. En caso de requerirse la sustentación de un recurso ante un funcionario superior, el defensor público deberá actuar sin que ello signifique cambiar de categoría. Artículo 28. Requisitos mínimos. El Defensor del Pueblo establecerá mediante reglamento los requisitos mínimos que deberán cumplir los defensores públicos de acuerdo con las categorías a que se refiere este capítulo, así como para contratar abogados particulares en aquellas regiones apartadas del país en donde sea insuficiente o no exista oferta de servicios profesionales para la prestación del servicio de defensoría pública”.

(Subraya fuera de texto). 1 Por el cual se modificó la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 9 Por tanto, para la Delegada es evidente que el Defensor del Pueblo sí tiene la competencia para fijar los requisitos de ingreso de los defensores públicos que prestarán este servicio, puesto que como representante legal de la entidad es el funcionario encargado de organizar y dirigir el organismo, más aun cuando entre los fines de la función misional se halla la de prestar el servicio de defensa a las personas que lo requieran, por lo que es su deber seleccionar y contratar a este personal, al ser una de las modalidades previstas por el ordenamiento jurídico para vincularlos a la entidad. Así mismo, se advierte que los numerales 1º y 2º del artículo 22 de la Ley 24 de 1992, regula que la defensoría pública la deben prestar los abogados vinculados a la entidad o los contratados que estén inscritos en el Registro de defensores, a saber: “Artículo 22. La Defensoría Pública se prestará:

1. Por los abogados que, como Defensores Públicos, formen parte de la planta de personal de la entidad.

2. Por los abogados titulados e inscritos que hayan sido contratados como

Defensores Públicos (…)”. De igual modo, el artículo 26 de la Ley 941 de 2005 define a los defensores públicos, señalado: “Artículo 26. Definición. Son los abogados vinculados al servicio de Defensoría Pública que administra la Defensoría del Pueblo, previo el cumplimiento de los requisitos, mediante la figura del contrato de prestación de servicios profesionales, para proveer la asistencia técnica y la representación judicial en favor de aquellas personas que se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 2o de la presente ley, de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de Contratación Estatal. Los contratos de prestación de servicios profesionales especializados podrán suscribirse con cláusula de exclusividad y no dará lugar en ningún caso a vinculación laboral con la Institución.” En el sub judice, la controversia se centra en que la vinculación de los defensores públicos no es dable realizarla a través de concurso, toda vez que su ingreso se hace mediante contratos de prestación de servicios, sujetos a la regulación y a los presupuestos establecidos por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que expresamente consagra: Demandantes: Angie Yiset Flórez Largo, Mercedes López Rodríguez e Inocencio Meléndez

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 10 “Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a

que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: (…) 3o. Contrato de Prestación de Servicios. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES2> Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”. A su vez, se observa que el literal h) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, regula la figura de la contratación directa para servicios profesionales, señalando: “Artículo 2o. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…)

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos. (…) h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.”

En otras palabras, la selección del contratista se hace a través de la modalidad de la contratación directa, atendiendo los principios de transparencia y selección objetiva que regula el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, para garantizar el cumplimiento eficaz del objeto acordado. Por tanto, la Delegada no comparte el planteamiento de los demandantes, quienes consideran que la medida que adoptó el Defensor del Pueblo, para que los defensores 2 Sentencia C-154-97 de 19 de marzo de 1997, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 11 públicos se seleccionen, a través de la modalidad del concurso público, desconoce las disposiciones trascritas, toda vez que si bien este procedimiento está establecido habitualmente para los empleos de carrera administrativa de las entidades públicas, lo cierto es que dicho procedimiento no riñe con garantizar la selección objetiva, presupuesto inherente a la contratación directa. De suyo, a nivel jurisprudencial se ha considerado que los procedimientos que las autoridades estatales establezcan para seleccionar a los contratistas, no contradicen la ley que rige la contratación directa siempre que se realice respetando el ordenamiento jurídico y los principios que la rigen. El Consejo de Estado sostuvo sobre el tema en la

sentencia del 2 de diciembre de 20133, lo siguiente: “84.- Así las cosas, la Constitución Política defiere al legislador en el inciso final del artículo 150 y en el artículo 352 que “…Compete al congreso expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional…” y que por vía de la ley orgánica del presupuesto aquel es el llamado a definir “…la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar…”. 85.- Lo anterior significa que no le es dable al Gobierno Nacional en ejercicio de la facultad reglamentaria, o a las autoridades administrativas crear causales de contratación directa, lo cual no obsta para que por la vía reglamentaria se puedan configurar procedimientos administrativos tendientes a garantizar la cumplida ejecución del marco procedimental de selección de contratistas establecido en la ley contractual. En este sentido, los procedimientos administrativos de selección de contratistas en el derecho colombiano deviene de la ley y debe en consecuencia respetarse y aplicarse en los estrictos términos establecidos por el legislador. “(Subrayas fuera de texto). De manera que es evidente que la modalidad de contratación de servicios profesionales esta prevista dentro de las causales establecidas por el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, y por tal virtud, necesariamente al utilizar esta modalidad de escogencia para vincular profesionales a las entidades públicas, se deben cumplir con los presupuestos establecidos por la ley contractual, sin embargo, esto no significa que no se puedan aplicar procedimientos que permitan y garanticen la idoneidad en la selección del personal, en este caso los defensores públicos, pues, por

3 Sección Tercera Consejo de Estado, MP Jaime Orlando Santofimio. Exp. 11001032600020110003900 (41719) Demandantes: Angie Yiset Flórez Largo, Mercedes López Rodríguez e Inocencio Meléndez

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 12 el contrario, se deduce que garantizan los principios de transparencia y selección objetiva antes mencionados y el cabal cumplimiento de los objetos acordados, así como el desarrollo eficiente y eficaz del servicio público, en particular en un tema tan sensible como lo es la asistencia técnica y la representación judicial en favor de aquellas personas que por sus condiciones económicas o sociales se encuentran en circunstancias de desigualdad manifiesta para proveerse, por sí mismas, la defensa de sus derechos. Así las cosas, en criterio de la Delegada, las resoluciones acusadas se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico, porque fueron proferidas por autoridad competente, en uso de las facultades constitucionales y legales establecidas, que ordena la apertura de un proceso de selección de defensores públicos, decisión motivada y sustentada en la ley, que busca aplicar un procedimiento transparente y objetivo respaldado con las disposiciones que gobiernan la materia, en especial el principio de selección objetiva establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, fundadas en la necesidad de escoger abogados calificados para el desempeño de la defensa pública, que exige

profesionales del más alto nivel académico, idoneidad y experiencia que permitan asegurar una excelente prestación del servicio. 2.2. Falta de publicación de la convocatoria en el diario oficial La parte demandante adujo que la entidad omitió publicar en el diario oficial la convocatoria publica para participar en el concurso de defensores públicos. La entidad, por su parte, consideró que no era necesario, porque el artículo 65 de la Ley 1137 de 2011, permite cumplir este requisito en un medio diferente según se trate y en el caso de la Defensoría lo hizo en su página web, ya que no tiene un diario oficial propio, y además, porque el artículo 119 de la Ley 448 de 1998 no consagra esta para los actos que abren las convocatorias. La primera normativa dispone: “Artículo 65. DEBER DE PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán Demandantes: Angie Yiset Flórez Largo, Mercedes López Rodríguez e Inocencio Meléndez

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 13 divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o por

bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general, se comunicarán por cualquier medio eficaz. En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno Nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz”. El artículo 119 de la Ley 489 de 1998 establece los actos de carácter general que se deben publicar, a saber: “Artículo 119. PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL. A partir de la vigencia de la presente ley, todos los siguientes actos deberán publicarse en el Diario Oficial: a) Los actos legislativos y proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta; b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el Gobierno; c) Los decretos con fuerza de ley, los decretos y resoluciones ejecutivas expedidas por el Gobierno Nacional y los demás actos administrativos de carácter general, expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades u organismos del orden nacional de las distintas Ramas del Poder Público y de los demás órganos de carácter nacional que integran la estructura del Estado. PARÁGRAFO. únicamente con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad.” (Subrayas del Despacho). En efecto, los actos cuestionados hacen parte de la regulación trascrita (ver texto subrayado), pues fueron expedidos por una autoridad del nivel nacional que integra la

estructura del Estado y son de carácter general, porque van dirigidos a un grupo de profesionales del derecho con aspiraciones a desempeñarse como defensores públicos, por lo que sus efectos son impersonales y abstractos. Ahora bien, a nivel jurisprudencial, el Consejo de Estado4 ha considerado que la publicación de los actos administrativos hace referencia a su oponibilidad, no a su validez o existencia, razón por la cual su omisión no alcanza a viciar de nulidad su 4 Sección Segunda, sentencia 24 de septiembre de 2015. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Exp. 1100103-25-000-2010-00286-00 (2360-10) Demandantes: Angie Yiset Flórez Largo, Mercedes López Rodríguez e Inocencio Meléndez

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