PGN - DELEGACION ADMINISTRATIVA Diferencias con el fenómeno de desconcentración

SALA DISCIPLINARIA Bogotá, Junio primero (1) de dos mil seis (2006) Aprobado en Acta de Sala No. 29

Radicación: 161-2672 (009-95717/2003)

Disciplinado: Alfredo Arraut Varelo

Alcalde Municipio de Soledad – Atlántico Cargo y Saulo Aristizabal Janica Entidad: Quejoso: Años 2001, 2002 y 2003 Marzo 14 de 2003

Asunto: Fallo segunda instancia P.D. PONENTE: Dra. DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ Corresponde a la Sala Disciplinaria en ejercicio de la competencia otorgada por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, resolver el recurso de apelación interpuesto mediante apoderado por el disciplinado ALFREDO ARRAUT VARELO, contra el fallo proferido por la Dirección Nacional de Investigaciones el 27 de abril de 2005, mediante el cual fue declarado disciplinariamente responsable y sancionado con multa de noventa (90) días del salario devengado para la época de los hechos, en su condición de Alcalde del Municipio de Soledad (Atlántico) (folio 40 del C.O. 1).

ANTECEDENTES PROCESALES Este proceso se originó en remisión a la Procuraduría General de la Nación de la copia de la comunicación dirigida el 14 de marzo de 2003 por el Gerente del Hospital Materno Infantil del Municipio de Soledad – Atlántico, al Ministro de Protección Social, con relación a la construcción de un Hospital de primer nivel de atención en ese mismo municipio (folio 3 del C.O. 1). El 22 de mayo de 2003 la Procuraduría Provincial de Barranquilla, a la cual fue

remitido el asunto por la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores 161-02672 ASTRID BARRAZA MORA y ALFREDO ARRAUT VARELO, en sus condiciones de Alcaldes del Municipio de Soledad (folio 177 ibídem), la misma provincial decidió mediante auto del 19 de septiembre de 2003 formular cargos contra el último de los servidores mencionados, por hechos relacionados con la construcción del Hospital de primer nivel en el municipio referido y disponer la ruptura de la unidad procesal en relación con presuntas faltas en que pudo incurrir la primera funcionaria, compulsando las copias pertinentes (folio 191 del C.O. 3). El 22 de septiembre de 2003, el señor Procurador General de la Nación dictó una providencia mediante la cual designó como funcionario especial al Director Nacional de Investigaciones Especiales para asumir y continuar la investigación disciplinaria que venía adelantando la Procuraduría Provincial de Barranquilla, de conformidad con el numeral 19 del artículo 7 del Decreto 262 de 2000 (folio 227 del C.O. 3). Una vez presentados los descargos por el disciplinado y corrido el traslado para alegar de conclusión (folios 239 del C.O. 3 y 327 del C.O. 4), el 27 de abril de 2005 la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales dictó fallo de primera instancia, sancionando con multa de noventa (90) días del salario devengado para la época de los hechos al mencionado disciplinado (folio 40 del C.O. 5). Interpuesto el recurso de apelación por el apoderado del disciplinado, el mismo fue

concedido por la primera instancia y remitido a la Sala Disciplinaria para su conocimiento (folios 86 y 108 ibídem). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El fallo de primera instancia objeto de esta decisión, dictado el 27 de abril de 2005 por la Dirección Nacional de Investigaciones, el cual declaró responsable del cargo formulado al disciplinado ALFREDO ARRAUT VARELO y decidió sancionarlo con multa de noventa (90) días del salario devengado para la época de los hechos, en su condición de Alcalde del Municipio de Soledad, se sustentó en los argumentos que se sintetizan a continuación, expuestos por esa instancia después de referirse a las pruebas recaudadas, los cargos, los descargos presentados por el disciplinado y los alegatos de conclusión (folios 40-80 del C.O. 1): Después de establecer que el disciplinado debe absolverse en relación con los cargos que en el curso del fallo identifica como 1.1, 1.3, 1.4 y 1.6, la primera instancia señala que por el contrario respecto de los enunciados como 1.2 y 1.5 2 161-02672 observó una conducta omisiva constitutiva de falta disciplinaria, relacionada con la falta de ejercicio de control y dirección de la actividad contractual del municipio, potestad establecida por la Ley 80 de 1993 en los artículos 14 y 26 y que comprende las actividades de naturaleza contable financiera relativas al buen manejo e inversión de los recursos del contrato incluidos los entregados a título de anticipo. Al referirse al primero de dichos cargos la providencia recurrida expresa que no hay

prueba sobre conducta del disciplinado tendiente al control y dirección de la utilización de los recursos dados al contratista a título de anticipo, pues por el contrario permitió que éste los utilizara en una serie de gastos cuando la obra se encontraba suspendida y sin tener certeza de cuándo se podía reiniciar. La primera instancia rechaza los argumentos expuestos por el disciplinado haciendo mención a su versión libre, así como pruebas testimoniales y documentales; considera que el disciplinado debió congelar los dineros del anticipo, sin limitarse a confiar en el informe presentado por la Contraloría Municipal, pues la obra se encontraba suspendida y el contrato en un limbo jurídico y los materiales y suministros adquiridos por el contratista sin ser entregados con destino al objeto contractual. Respecto del cargo relativo a la falta de dirección y manejo de la actividad contractual por exigir al contratista la vigencia de la garantía correspondiente, una vez reseña los argumentos de la defensa, el a-quo sostiene que no obstante lo dispuesto por el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, relativo a la obligación del contratista de prestar garantía única, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación, existencia y extensión del riesgo amparado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 del decreto 679 de 1994, la garantía debió prorrogar su vigencia, exigencia que omitió en virtud de la potestad de dirección y manejo de la actividad contractual que le correspondía al referido Alcalde, máxime cuando ya se había efectuado el desembolso de una suma importante a título de anticipo. Manifiesta que el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo,

debía mantenerse vigente hasta la amortización total del valor del mismo, conforme se pactó en el Contrato correspondiente. Con base en lo anterior concluye la instancia que la falta es típica por cuanto era deber del disciplinado ejercer la dirección y el manejo de la actividad contractual y al no hacerlo sobre las actividades contable-financieras del contrato y no exigirle al contratista el cumplimiento de la obligación contractual y legal de mantener vigente la garantía ofrecida mediante el seguro de cumplimiento, su comportamiento omisivo contraría las previsiones contenidas en el artículo 315 numeral 3 de la Constitución 3 161-02672 Política, los artículos 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 inciso final del Decreto 679 de 1994 y la cláusula octava literal a) del contrato correspondiente; todo lo cual conlleva el incumplimiento de los deberes contenidos en los numerales 1, 10 y 18 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, consagrados también en los numerales 1, 10 y 21 de la Ley 734 de 2002. Frente a la ilicitud de la conducta entendida como la inobservancia del deber funcional, el fallador expresa que el disciplinado lesionó sustancialmente su deber funcional, al permitir con su conducta omisiva que el contratista utilizara los mencionados dineros públicos en beneficio de las empresas proveedoras de materiales, lo cual condujo a permitir que el Estado disminuyera su patrimonio e igualmente se produjo el pago de intereses que se generaron a favor del Banco de Bogotá, por concepto del empréstito concedido al Municipio de Soledad para la construcción del Hospital Municipal. Adicionalmente, el disciplinado puso

azarosamente en riesgo durante 18 meses dichos recursos por no exigirle al contratista la obligación de mantener vigente la garantía única. Antes de descartar la existencia de un fenómeno de inimputabilidad en el disciplinado y la presencia de causales de exclusión de responsabilidad, respecto de la culpabilidad la primera instancia considera que la falta se realizó a título de culpa en cuanto el disciplinado al descuidar el cumplimiento de su deber funcional en su afán de lograr la consecución del objeto contractual, confió imprudentemente en los actos de su delegatario, así como en los de otras autoridades, “no reasumiendo la función en cuya virtud tenía la potestad de dirección y manejo de la actividad contractual en su totalidad; lo que permitió el manejo de unos dineros públicos a discreción del contratista, y el incumplimiento de la obligación de mantener, en el tiempo vigente la garantía única de la que trata la Cláusula Octava del Contrato.” (folio 76 del C.O. 5) Establecido lo anterior, la primera instancia señala que dado el tránsito de las conductas investigadas entre una legislación disciplinaria y otra, es aplicable la ley 200 de 1995, por lo cual con sustento en los criterios previstos por el artículo 27 numerales 1, 6, 7 literal a) y g), considera que la falta es grave y resuelve imponer una sanción de noventa (90) días del salario devengado por el investigado para la época de los hechos. RECURSO DE APELACION El disciplinado ALFREDO ARRAUT VARELO, actuando mediante apoderado, 4 161-02672

interpuso recurso de apelación contra la decisión sancionatoria de primer grado, solicitando revocarla y, en su lugar, ser absuelto de responsabilidad disciplinaria o bien, ser sancionado con amonestación, lo cual hizo con sustento en los argumentos que se reseñan a continuación (folio 220 del C.O. Después de reseñar los cargos formulados, la decisión sancionatoria y su motivación, el recurrente presenta un aparte titulado Argumentos que controvierten la decisión del Despacho, el cual a su vez incluye un único acápite denominado Las funciones de contratación de obra pública y el control sobre las mismas estaban delegadas por el disciplinado en el Secretario de Obras Públicas del Municipio de Soledad. Para desarrollar su argumento el impugnante afirma en forma general que lo anterior está probado dentro del proceso y que ello constituye una razón suficiente para modificar el juicio del fallador de primera instancia. En seguida transcribe parcialmente el artículo 12 de la ley 489 de 1998, así como apartes de la sentencia C-770 de 2000 (sic), que versan sobre responsabilidad en la delegación administrativa. Adicionalmente, indica que la doctrina ha sido unánime en señalar que el acto de la delegación implica responsabilidad para el delegante, en cuyo respaldo transcribe también párrafos relativos a la materia. Hecho lo anterior, expresa el apelante que de ello “se colige con toda claridad que el deber funcional de cuidado, prudencia y celo que se le debe exigir al delegante, es diferente al del delegatario y observamos en las apreciaciones del A quo, que este

(sic) no se detiene a establecer esta distinción, por expresiones como las siguientes, en las cuales a las claras se observa que la verificación del adecuado deber funcional se hizo como si el disciplinado fuera el ejecutor directo del control contractual, cuando no fue así, por ejemplo en los siguientes apartes: (…)”, los cuales en seguida transcribe (folio 102 del C.O. 5). CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA Para desatar el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado ALFREDO ARRAUT VARELO contra el fallo sancionatorio dictado el 27 de abril de 2005 por la Dirección Nacional de Investigaciones, la Sala requiere hacer las siguientes consideraciones: Los cargos formulados 5 161-02672

1. Antes de entrar al examen de fondo, es necesario recordar los cargos que fueron formulados contra el señor ALFREDO ARRAUT VARELO en su condición de Alcalde del Municipio de Soledad, por la Procuraduría Provincial de Barranquilla en la providencia 19 de septiembre de 2003 (folio 191 del C.O. 3). Los reproches por los cuales se sancionó al disciplinado, identificados como 1.2 y 1.5 por el fallo de primera instancia, fueron reseñados de la siguiente forma por la decisión de primer grado: “1.- FALTA DE DIRECCION y MANEJO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL: El señor ALFREDO ARRAUT VARELO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.761.834 expedida en Barranquilla, en su condición de representante legal del municipio de Soledad (Atlántico), con las acciones y omisiones que a continuación se

detallarán, pudo inobservar el deber que le impone el numeral 5º. del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, por la falta de dirección y manejo de la actividad contractual, preceptiva que constituye desarrollo del numeral 3º del artículo 315 de la Constitución Política, cuyo contenido se contrae a que dentro de las atribuciones de los alcaldes está la de dirigir la acción administrativa a nivel municipal, asegurar el cumplimiento de las funciones y las prestaciones del servicio a su cargo. 1.2. Tampoco se evidencia el ejercicio de la dirección y control, ni del poder de instrucción sobre la actividad contractual en lo atinente al manejo del anticipo por parte del contratista, por cuanto a sabiendas que el contrato no podía ejecutarse, hasta la fecha se ha permitido que el (consorcio nuevo milenio) (sic) continúe administrando el dinero recibido por dicho concepto. Es claro que la suma entregada por concepto de anticipo constituye dineros públicos que se adelantan al precio que aún no se ha causado y que se requieren para la iniciación de los trabajos, para que el contratista pueda proveerse de materiales y en general atender los primeros gastos del contrato. Empero, ante la imposibilidad de ejecución resulta obvio que la Administración debía verificar qué materiales había adquirido el contratista, dónde los tenía guardados y efectuar un seguimiento para evitar un stand by, omisiones estas que se evidencian dado que el delegatario se limitó a través de comunicaciones de agosto 27/01, noviembre 6/01 y junio de 2.003, a preguntar por el saldo actualizado de la cuenta del anticipo y por la actualización de las garantías ofrecidas por el contratista.

Tampoco existe evidencia que la Administración Municipal a cargo del disciplinado hubiese adelantado gestión alguna tendiente a congelar el anticipo para evitar que se 6 161-02672 siguiera haciendo uso de él en obra inexistente con el consecuente detrimento patrimonial para el municipio de Soledad. (…) 1.5.- Falta de Dirección y Manejo en cuanto a la exigencia de renovación de las pólizas. La presunta omisión en la Dirección y Manejo desplegada por el Alcalde de Soledad, también se vio reflejada en la falta de diligencia para obtener del TomadorContratista, la ampliación de las vigencias de la garantía ofrecida por él a través de la Póliza de Cumplimiento No. BQ-AO022257 expedida por la Compañía Mundial de Seguros que amparaban las obligaciones contraídas en virtud de la celebración del multicitado contrato, una de ellas la de garantizar la correcta inversión y manejo del anticipo, valores que el municipio había desembolsado. El amparo anterior, debía mantenerse vigente hasta la amortización total del valor de dicho anticipo, situación que no se ha materializado, tal como se consagró en el literal a) de la cláusula 8; obligación que la administración sólo exigió cuando se inició la presente actuación disciplinaria, afirmación que se colige de la versión libre del disciplinado. El patrimonio económico del municipio estuvo azarosamente en riesgo durante 18 meses, cuando la misma compañía en la fecha Julio 14 de 2.003 prorrogó las pólizas.” (negrillas de los textos visibles a folio 47 y 49 del C.O. 5)

Para sustentar los cargos anteriores el pliego invocó las siguientes normas sustantivas: de la Constitución Política, el artículo 315 numeral 3; de la Ley 80 de 1993, los artículos 24 numeral 8, 26 numeral 5 y 32 numeral 2 y 44 numeral 2. La configuración de la falta disciplinaria se refirió por el pliego de cargos a la violación de los deberes previstos en los numerales 1 y 10 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 (Ley 734 de 2002, artículo 34 numerales 1 y 10), en concordancia con el artículo 38 de ese Estatuto y 23 de la Ley 734 de 2002, 6 de la Constitución Política, 12 de la Ley 489 de 1998 y 51 de la Ley 80 de 1993. La falta fue calificada como grave y se endilgó al disciplinado haber actuado con culpa gravísima con sustento en las previsiones de los artículos 2 de la Constitución Política, 3 de la Ley 80 de 1993 y 27 numerales 1 a 6 de la Ley 200 de 1995. Estudio de los argumentos del recurso de apelación

2. Una vez reseñado el cargo procede la Sala Disciplinaria a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del disciplinado ALFREDO ARRAUT VARELO, estudiando los argumentos propuestos contra la providencia de primer grado,

7 161-02672 conforme lo dispone el artículo 171 de la ley 734 de 2002 y si, en consecuencia, es viable mantener los reproches formulados. 2.1. En consideración de la Sala la discusión que plantea el recurrente se centra en

la valoración de la conducta del disciplinado en el marco de la delegación presuntamente conferida por ese servidor al Secretario de Obras Públicas del Municipio de Soledad. Conforme al argumento de la impugnación el disciplinado no sería responsable frente a los hechos objeto de reproche, si se tiente en cuenta que había delegado en dicho funcionario las funciones de contratación de obra pública y el control de tal actividad contractual. Por lo tanto, es necesario revisar el alcance de la responsabilidad que en materia contractual se atribuye a los sujetos de la delegación administrativa, es decir, al delegante y al delegatario. La delegación es una figura que se encuentra actualmente regulada por el artículo 211 de la Constitución Política y por la Ley 489 de 1998 en sus artículos 9 a 14. Como lo ha estudiado la doctrina, constituye un mecanismo técnico que tiene por fin garantizar una mejor organización y dinámica de la administración, mediante la descongestión de funciones de los despachos públicos. Así mismo, se indica que este instrumento de gestión administrativa consiste en el traslado temporal del ejercicio de una función por parte del superior jerárquico al inferior; razón por la cual su titularidad permanece en el superior delegante. Es así como solamente se reasigna el ejercicio de la atribución en forma no definitiva y mediante una decisión jerárquica; de ahí que posteriormente pueda llevarse a cabo el proceso inverso de avocación de la competencia delegada. Igualmente se afirma cómo de la delegación se deriva cierto nivel de autonomía a favor del delegatario o delegado, para decidir sobre la ejecución de la función, por virtud de lo cual, como lo establece el art. 211 referido, opera un traslado de la

responsabilidad propia de esa gestión hacia quien viene a realizarla. Pero siendo así lo anterior, también es cierto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que la delegación no exime en forma absoluta de responsabilidad al delegante, sobre quien eventualmente puede recaer bajo determinadas circunstancias. En efecto, en la sentencia C-372 de 2002 ( M.P. Jaime Córdoba Triviño), en la cual se hace un amplio examen de esta figura, la Corte precisó que en cuanto la Constitución Política atribuye responsabilidad por el ejercicio del cargo, bien por omisión o extralimitación de funciones (art. 6º), cada participante en la delegación responde por sus decisiones y no por las decisiones que incumben a los demás. 8 161-02672 Pero el esquema anterior no significa, tal como lo señala el juez constitucional, que al no responder el delegante por las decisiones del delegatario, conforme al art. 211 de la Carta, aquel no deba ser el responsable por lo que, como titular de la competencia delegada, le corresponde en relación con la delegación, porque esta figura no constituye un medio por el cual el titular de la función se desprenda por completo de la materia delegada. En punto a lo anterior, acudiendo a la regulación constitucional y legal de la figura, la Corte recuerda que al delegante se le atribuyen una serie de facultades en su condición de titular del empleo, las cuales debe ejercer en relación con la delegación producida y en el marco de su vínculo con el delegatario. Esas atribuciones tienen que ver con medidas de instrucción, el señalamiento de políticas y orientaciones generales en aplicación del principio de unidad de la administración, la revisión y

seguimiento de las decisiones del delegatario y la revocación del acto de delegación. Igualmente, indica la Corte Constitucional, al delegante corresponden deberes de dirección, orientación, seguimiento y control del ejercicio de la delegación. Lo anterior significa que el indebido ejercicio o la omisión en el desarrollo de estas atribuciones por parte del delegante, puede generar responsabilidad a su cargo. Esto es así pues como indica el Despacho del Procurador General de la Nación, apoyándose en la sentencia C-561 de 1999, al comparar la delegación con la desconcentración y refiriéndose especialmente al vínculo entre los sujetos de las mismas, “en la delegación la relación es más estrecha, puesto que si se puede asumir en cualquier momento el conocimiento del asunto (artículo 211 de la Carta), resulta obvio entender que para ello tiene que estar permanente y constantemente pendiente del control del delegado, toda vez que éste actúa ‘bajo las orientaciones generales que le indique el titular de la función’” (expediente 001-50569) 2.2. Respecto del alcance y las diferentes modalidades de delegación, observa la Sala que el impugnante invoca a su favor la aplicación de la sentencia C-770 de 2000 mediante la cual se habría revisado la constitucionalidad del parágrafo del artículo 12 de la Ley 489 de 1998. Sin embargo, debe decirse que la sentencia en la cual se produjo ese pronunciamiento es la identificada como C-727 de 2000, en cuyo contenido trascrito parcialmente por el recurrente, se indica que la delegación de firma no es verdaderamente una delegación de funciones o competencias sino el

traslado de una tarea material, la cual en todo caso como lo establece dicha norma conserva totalmente la responsabilidad en el delegante. De modo que si se aceptara que en el presente caso operó ese tipo de delegación, la responsabilidad por la indebida actuación que en este evento se reprocha correspondería al delegante, es decir, al Alcalde del Municipio de Soledad aquí disciplinado. 9 161-02672

3. Ahora bien, tal como arriba se reseñó, el recurrente afirma en forma general, sin remitirse a las pruebas correspondientes, que en el expediente está probado que las funciones de contratación de obra pública y el control sobre las mismas estaban delegadas por el disciplinado en el Secretario de Obras Públicas del Municipio de Soledad. Sin embargo, la Sala encuentra que ello no es así.

En efecto lo que aparece acreditado en el proceso es la delegación llevada a cabo en favor de la Secretaria de Seguridad Social en Salud del Municipio por parte del Alcalde en materia de “contratación de la atención a la población vinculada con recursos de la oferta del Sistema General de Participaciones Sector Salud”. Esa determinación se produjo mediante la Resolución 0028 del 5 de febrero de 2003 (folio 124 del C.O. 3) y la delegación fue revocada, reasumiendo el Alcalde la función correspondiente, mediante la Resolución 0072 del 11 de marzo de 2003 (folio 144 ibídem). De modo que tal delegación no recae sobre el Secretario de Obras Públicas y tampoco se refiere a funciones de contratación de obra pública, como lo señala el recurrente. De otra parte, se observa que en la cláusula décima quinta del contrato suscrito el 12

de diciembre de 2000 entre el Municipio de Soledad y el Consorcio Construcciones Nuevo Milenio, con el objeto de construir el Hospital General de primer nivel de ese municipio, se previó que “EL MUNICIPIO designa al Secretario de Obras Públicas Municipales como coordinador del presente contrato.” (negrilla y mayúscula del texto original visible a folio 49 del C.O. 1) Es claro que la anterior previsión contractual no constituye un acto de delegación formal y expresamente adoptada de conformidad con lo dispuesto por las normas de la Ley 489 de 1998 (artículos 9 a 12), a diferencia de lo ocurrido con la Resolución 0028 del 5 de febrero de 2003, antes mencionada y adicionalmente esa función de coordinación no conlleva la asignación de las competencia decisorias propias de la dirección de la actividad contractual. En gracia de discusión podría aceptarse que se asignó a dicho Secretario la función de coordinar el desarrollo del contrato, pero no es aceptable con base en dicha previsión aseverar que se delegaron las funciones de contratación de obra pública y el control sobre la actividad contractual en este campo. De modo que al no aparecer acreditado que el disciplinado como Alcalde Municipal hubiera hecho la delegación que alega, no puede proceder el argumento de la delegación para descargarse en el Secretario de Obras de la responsabilidad que le correspondía a ese servidor como representante legal de la entidad territorial. 10 161-02672

4. En todo caso es necesario aclarar que en el evento de que se hubiera producido la delegación que se alega por el recurrente, es claro que el delegante no se libera de

responsabilidad, como antes se ilustró por la Sala. De una u otra forma, sin delegación o con ella, lo que está acreditado en el expediente es que el señor ALFREDO ARRAUT VARELO en su condición de Alcalde del Municipio de Soledad incurrió en las conductas que se le reprochan en este proceso y por las cuales fue sancionado en primera instancia. En consideración de la Sala, al entonces Alcalde Municipal en los cargos formulados se le reprocha su personal comportamiento, esto es la omisión en el cumplimiento de sus funciones como administrador de la entidad territorial y, en tal condición, como director de la actividad contractual correspondiente. La titularidad de ese cuerpo de competencias le corresponde, independientemente de que las hubiera delegado o no, pues como ha sido clara la jurisprudencia, la delegación no constituye un medio por el cual el titular de la función se desprenda por completo de la materia delegada y debe entonces asumir el ejercicio de la vigilancia y control de la actividad contractual, sin descargarse en las actuaciones del delegatario. De otra parte, no obstante que el recurrente no cuestiona en forma alguna los elementos sustanciales de la discusión sino que restringe su impugnación al tema de la delegación, la Sala observa que en relación con el cargo relativo a la utilización de los recursos del anticipo, tales dineros por valor de $967.081.407.oo, fueron girados el 28 de diciembre de 2000 al contratista por el municipio como consecuencia de lo pactado en la cláusula cuarta del referido contrato de obra del 12 de diciembre de 2000 (folios 45 del C.O. 1 y 47 del C.O. 3). Las partes contratantes suscribieron acta

de iniciación de obra el 12 de enero de 2001, la obra se suspendió el día siguiente y fue reiniciada sólo hasta el 22 de diciembre de 2003 (folio 300 del C.O. 1). Durante el amplio lapso de suspensión de las obras, que en realidad no se comenzaron cuando se suscribió el acta de iniciación, los recursos del anticipo fueron utilizados por el contratista casi en su totalidad, por cuanto con cargo a los mismos celebró contratos e hizo adquisiciones por una valor de $856.253.879.oo, tal como se acredita con la relación de gastos remitida por el contratista a la investigadora disciplinaria el 12 de noviembre de 2003 y al Secretario de Obras Públicas el 19 de septiembre de 2003 (folios 12 y 293 del C.O. 4). En este sentido observa también la Sala fue mínimo el seguimiento que se hizo por el disciplinado y en general por la Administración Municipal a la utilización del anticipo por parte del contratista. De acuerdo con lo anterior está acreditado que los recursos del anticipo fueron utilizados por el contratista no obstante que la obra no se estaba ejecutando, que el contrato estaba suspendido y que las causas de suspensión se prolongaron por un largo lapso, causas que por lo demás estaban parcialmente por fuera de la órbita de 11 161-02672 decisión de la administración municipal por cuanto dependían especialmente de aprobaciones otorgadas por el Ministerio de Salud frente a la construcción del mencionado hospital, así como de la expedición de la licencia ambiental, tal como fue ampliamente revisado en este proceso. No obstante dicha suspensión, la Administración Municipal guardó silencio sobre la utilización de instrumentos jurídicos

tendientes a la congelación del anticipo y más aún el disciplinado específicamente ignoró el destino dado a tales recursos, tal como se acredita con su propia versión libre, como que no tenía conocimiento ni siquiera en que entidad bancaria se encontraba la cuenta del anticipo (folio 357 del C.O. 2). Está claro en el proceso que el disciplinado fue enterado por parte del mismo Secretario de Obras de las dificultades que presentaba el contrato, pocos días después de su posesión y que sin embargo no tomó las medidas pertinentes a la protección de los recursos del anticipo, como se señala por dicho Secretario en su declaración, se acepta por el disciplinado en su versión (folios 218 y siguientes del C.O. 4) y se acredita por la comunicación del 30 de enero de 2001, suscrita por el primero de los mencionados (folio 47 del C.O. 3). Adicionalmente, obran en el expediente una serie de comunicaciones dirigidas por el contratista al señor Alcalde en las cuales pone de presente las inversiones del anticipo y su preocupación por la reiniciación del contrato, teniendo en cuenta los costos de bodegaje de algunos de los materiales adquiridos con cargo a dichos recursos (folios 261-284 del C.O. 4) Unas