PGN - DELEGACION DE FUNCIONES Una vez reasumidas las funciones delegadas no se pueden segu

DEPENDENCIA: Procuraduría Delegada para la Economía y la

Hacienda Pública

RADICACIÓN: 02866225/02

DISCIPLINADO: Ralph Julio Newball Sotelo y otro

CARGO Y ENTIDAD: Gobernador de San Andrés QUEJOSO: De oficio FECHA DE LA QUEJA: 10 de octubre de 2001

FECHA DE LOS HECHOS: 29 de junio del 2002

ASUNTO: Auto de Cargos

Bogota, D.C., 31 de marzo de 2005 El Procurador Delegado, en virtud de la competencia que le confiere el artículo 25 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el artículo 161 de la Ley 734 de 2002, procede a evaluar el mérito de la presente Investigación Disciplinaria, previos los siguientes CONSIDERACIONES Esta Delegada mediante auto de 7 de junio de 2002, dispuso iniciar indagación preliminar contra RALPH JULIO NEWBALL SOTELO, en su condición de Gobernador del Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendientes a verificar las presuntas irregularidades de que daba cuenta la Contraloría General de la República, Sector Agropecuario con el manejo irregular de los recaudos por concepto de tasa y derechos de pesca pertenecientes al INPA y entregados a la Gobernación para su administración, la cual fue delegada mediante el convenio 023 de 2000. ( folios 22 al 28) Agotada la etapa de Indagación Preliminar, mediante auto del 2 de mayo de 2003, se ordena apertura de Investigación Disciplinaria contra RALPH JULIO NEWBALL

SOTELO y CRISTINA CORPUS SUAREZ, en sus condición de Gobernador y Tesorera del Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por el presunto manejo irregular de recursos provenientes de las funciones delegadas por el INPA en virtud del convenio No 023 de 2000, ( folios 171 al 182). MATERIAL PROBATORIO Convenio Interadministrativo de delegación de funciones celebrado entre el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura – INPA y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley 489 de 1998, mediante el cual se fijan los derechos y las obligaciones de las entidades delegante y delegataria, (folios 13 al 19). Oficio 0364 del 23 de julio de 2002, suscrito por Fabio Ávila Araujo Director General del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA ( folio 31). Oficio 2556 del 28 de agosto de 2000, suscrito por el Subdirector de Investigaciones del INPA y dirigido al doctor Ralph Newball Sotelo Gobernador del Departamento, ( folios 32 a 33). Oficio 0261 del 4 junio de 2002, dirigido al Gobernador del Departamento, y suscrito por el Director General del INPA ( folio 36). Oficio DT-421-02 del 2 de agosto del 2002, suscrito por Cristina Corpus Suárez Tesorera Departamental (folio 40) Acta de visita especial practicada en la Secretaría de Agricultura de la Gobernación Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (folio 79 al 85).

Acta de visita practicada a la Tesorería de la Gobernación Departamental de San Andrés Providencia y Santa Catalina ( folio 211) Copia del libro auxiliar de banco, donde se registra la nota debito por embargo de fecha junio 29 de 2000, por valor de $ 23.300.000. ( folio 214). Declaración juramentada que rinde la señora Cristina Corpus Suárez, ( folios 215 al 216). Nota debito del Banco del Occidente del 29 de junio de 2000, por valor de $23.300.000 de la cuenta No 85502370-1 ( folio 221). Extractos Bancarios de la cuenta corriente No 85502370-1 correspondientes al año 2002 (folios 226 al 237). Oficio No 0973 del 11 de abril de 2002, suscrito por la Directora General (E) del INPA, dirigido al Gobernador del Departamento ( folios 239 a 240). Resolución No 00128 del 22 de marzo de 2002, por medio de la cual se reasumen unas funciones delegadas en el Departamento Archipiélago de San Andares, Providencia y Santa Catalina (folios 242 a 244). Resolución No 00501 del 16 de noviembre de 1999 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por la cual concede una autorización (folios 307 a 308). Resolución No 000568 del 29 de noviembre de 1999, por medio del cual el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura delega sus funciones al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ( folios 309 a 312). CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Analizadas las pruebas anteriores a la luz de las disposiciones jurídicas que rigen

las actuaciones se estableció lo siguiente: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Resolución No 00501 del 16 de noviembre de 1999, concede autorización al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura la delegación de unas de las funciones asignadas al INPA en la Ley 13 de 1990, al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con base en dicha autorización el INPA, mediante Resolución 568 del 29 de noviembre de 1999, procedió a delegar sus funciones la que debe acompañar de la celebración de Convenios en los que se fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Con base en lo anterior se suscribió el Convenio 023 del 2 de mayo de 2000 entre el Instituto Nacional de Pesca y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina estableciéndose derechos y obligaciones entre las entidades, en virtud de las funciones delegadas por el INPA, para que sean ejercidas en el área de su jurisdicción y en las aguas de mar limítrofe del Departamento, las funciones delegadas fueron las siguientes:

1. Ejecutar la política pesquera del Gobierno Nacional.

2. Contribuir en la formulación de la política pesquera nacional, así como en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero.

3. Representar al Gobierno Nacional en la ejecución de los convenios y proyectos relacionados con la actividad pesquera.

4. Adelantar conjuntamente con otras entidades públicas y privadas, las investigaciones que permitan identificar y cuantificar los recursos pesqueros dentro del área de su jurisdicción, así como aquellas dirigidas a perfeccionar los procesos

tecnológicos en las fases de extracción, cultivo, procesamiento y comercialización.

5. Administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera y acuícola. Para efectos de esta función el Departamento se obliga a cumplir las disposiciones que para efecto tiene establecidas o que establezca el INPA.

6. Otorgar autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y salvoconductos para la investigación, extracción, procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros, así como para el ejercicio de la acuicultura.

7. Fijar y recaudar el monto de las tasas y derechos que deban cobrarse por concepto del ejercicio de la actividad pesquera, en concordancia con las orientaciones establecidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

8. Organizar sistemas adecuados de control y vigilancia para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan las actividades de pesca e imponer las sanciones correspondientes. En materia de control y vigilancia de la pesca marina actuará en coordinación con la Armada Nacional.

9. Proponer al INPA establecimiento de vedas, prohibiciones a áreas de reserva, para asegurar el rendimiento sostenido del recurso pesquero. Así mismo, delimitar las áreas que con exclusividad se destinen a la pesca artesanal.

10. Fijar periódicamente el número, tamaño y tipo de embarcaciones pesqueras, con el fin de no exceder su captura permisible.

11. Determinar conjuntamente con el INPA la magnitud de los recursos pesqueros susceptibles de extracción, incluyendo su volumen de captura y talla mínima permitidos.

12. Promover la actividad pesquera artesanal con miras a elevar el nivel

socioeconómico del pescador.

13. Estimular, regular, supervisar y controlar las actividades de la pesca y la acuicultura en el área de su jurisdicción.

14. Desarrollar programas de capacitación de personal vinculado a las diferentes fases de la actividad pesquera en forma directa o en coordinación con el Sena, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el INPA o con otros organismos especializados.

15. Promover la industrialización y la comercialización de los productos pesqueros y fomentar su consumo interno, identificando mercados y oportunidades para su colocación, en coordinación con otras entidades competentes.

16. Propugnar por el estímulo de exportación de productos pesqueros, identificando mercados y oportunidades para su colocación.

17. Con base en la cuota global de pesca establecida por la Junta Directiva del INPA, el Departamento elaborará y distribuirá la cuota anual ante los diferentes titulares del permiso.

El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA a través de la Resolución 128 del 22 de marzo de 2002, reasume unas funciones delegadas en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por presuntas irregularidades por parte del delegatario, en el ejercicio de las funciones delegadas que en materia de política pesquera le competía al INPA.( folios 313..) El recaudo de recursos por parte del Departamento, a partir de la notificación o recibo de la Resolución N0 128 del 22 de marzo de 2002, a través de la cual el INPA reasumió las funciones delegadas, la cual no podía continuar ejerciendo el Departamento presuntamente de manera irregular, por carecer de competencia,

medida que debió tomar el Gobernador de manera inmediata. Además quien expedía permisos, Imponía multas o cualquier otro derecho que implicara el pago de obligaciones. En efecto obra a folio 37 la consignación realizada el 7 de mayo de 2002, por la Empresa Pesquera “Los Ángeles” en la cuenta corriente No 855-02370-1 del Banco de Occidente en cuantía de $ 1.699.500, por concepto de tasas y derechos, correspondiente al Convenio INPA 023 del 2000. Un aspecto de la investigación se refiere al embargo de recursos por valor de $ 23.3 millones, correspondiente al recaudo por conceptos de derechos y tasas derivadas de la actividad pesquera, consignados en la cuenta corriente No 855-0002370-1 del Banco de Occidente Con respecto a la inembargabilidad de que habla el articulo 19 del Decreto 111 de 1996, la Corte Constitucional en Sentencia C-793 del 24 de septiembre de 2002, sostiene lo siguiente: “... al establecer en el artículo 19 del Estatuto Orgánico del Presupuesto que “las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4 del título XII de la Constitución Política” son inembargables, debe entenderse que esta norma ha sido expedida en desarrollo de la atribución dada por el artículo 63 Superior. En el mismo sentido, el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil contempla, por vía enumerativa, catorce hipótesis de inembargabilidad y advierte que la lista se adopta con carácter adicional a la relación de “los bienes inembargables, de conformidad con leyes especiales”.

7. De acuerdo con lo expuesto, la norma acusada (art. 18 de la Ley 715), al disponer la inembargabilidad de los recursos que las entidades territoriales reciban del Sistema General de Participaciones con destino al sector educativo, constituye un desarrollo legislativo razonable del mandato contenido en el artículo 63 de la Constitución. Esto es así en tanto la protección de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados al sector educativo tiene como finalidad el cumplimiento de las funciones sectoriales a cargo de las entidades territoriales y, por ello, no pueden estar sujetos a la eventualidad de medidas cautelares que impidan la ejecución de los correspondientes planes y programas. 1

Además de la finalidad de interés general involucrada en aquella medida del legislador, debe considerarse que el acreedor de las entidades mencionadas no queda desprotegido puesto que la inembargabilidad no se extiende a la totalidad de los bienes de las entidades territoriales, sino que tal forma de protección dada por la norma acusada se limita a los dineros del Sistema General de Participaciones. No puede desconocerse tampoco que el hecho de prohibir el embargo de determinados recursos no hace ilusorio el derecho a reclamar el pago, pues las obligaciones subsisten y el procedimiento de cobro puede llevarse a cabo aunque no sea procedente la medida cautelar..” De acuerdo a lo anterior, es de aclarar que dichos recursos, no correspondían al Presupuesto General de la Nación, son recursos incorporados al presupuesto del Departamento por lo que se le daba un tratamiento diferente, que a las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, luego entonces dichos recursos eran susceptibles de embargo, por otro lado el Departamento no se podía

oponer a una orden judicial. No obstante a lo anterior, al ordenarse un embargo al que se le notifica es al respectivo representante legal del ente territorial y esta a su vez debe comunicar a la oficina jurídica para que se adelante las medidas de defensa, por lo tanto la Tesorería no tiene ninguna responsabilidad sobre el asunto. Como quiera a la señora CRISTINA CORPUS SUAREZ, en su calidad de tesorera, se encuentra vinculada a la investigación esta Despacho considera que no le asiste responsabilidad alguna sobre los hechos objeto de investigación. En estas condiciones el Despacho solicitará explicaciones a RALPH JULIO NEWBALL SOTELO, en su condición de Gobernador del Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por lo analizado en esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública,

RESUELVE:

PRIMERO: Formular cargos a:

1 RALPH JULIO NEWBALL SOTELO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.063.181 expedida en Medellín, en calidad de Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por el periodo comprendido del 20 de marzo de 2000 al 24 de mayo del 2002. Como directo responsable de la ejecución del convenio No 023 del 2 de mayo de 2000, suscrito entre el Instituto Nacional de Pesca y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde este último delegó funciones en materia de política pesquera para que se ejerciera en el área de la jurisdicción y en las aguas del mar limítrofe del Departamento, funciones que fueron

reasumidas por el INPA, por presunto manejo irregular por parte del delegatario, y aun después de haber sido reasumidas dichas funciones, la Gobernación siguió recaudando dineros por concepto de tasa y derechos derivada de la actividad pesquera Infringiendo con esta conducta las siguientes normas. Constitución Política “Art 6º.. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones “ Art. 122.. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en Ley o Reglamento.......” Ley 200 de 1995 Art. 4. Principio de Legalidad Los servidores Públicos y los particulares que transitoriamente ejerzan funciones públicas sólo serán juzgados y sancionados disciplinariamente cuando por acción o omisión de funciones incurran en las faltas establecidas en la Ley. Art. 40 1.- Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, los tratados públicos ratificados por el gobierno colombiano, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos, los manuales de funciones las órdenes superiores, cuando correspondan a la naturaleza de sus funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y contratos de trabajo. 2.- Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso o ejercicio indebido del cargo de función.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA La conducta señalada al doctor RALPH JULIO NEWBALL SOTELO, se considera provisionalmente como grave , a titulo de dolo de conformidad con el artículo 24 de la Ley 200 de 1995, teniendo en cuenta que con su conducta denota el conocimiento previo del hecho irregular en su reincidencia con la expedición de los actos objetos de cuestionamiento.

SEGUNDO: Cesar todo procedimiento contra la señora CRISTINA CORPUS SUAREZ, identificada con cedula de ciudadanía No 39.152.049 expedida en San Andrés Isla, en calidad de Tesorera del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, contra quien se había ordenado la apertura de investigación, conforme a lo expuesto a la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, archívese las diligenciasen aplicación de lo previsto en el artículo 54 de la Ley 200 de

1995.

TERCERO: Para notificar esta providencia al implicado en los términos señalados por el artículo 101 y S.S. del C.D.U., se comisiona al Procurador Regional de San Andrés quien advertirá al disciplinado que de conformidad con el artículo 166 de la Ley 734 de 2002, disponen de un término de diez (10) días, contados a partir del siguiente a la notificación para que rinda sus descargos, aporte o solicite las pruebas que estimen conducentes para su defensa; lapso durante el cual el expediente permanecerá en la Secretaría de este Despacho a su disposición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANDRES VARELA ALGARRA

Procurador Delegado 028-66225/02 AA. 65