PGN - DELEGACION PARA CONTRATAR Al desplazar la facultad de ordenar el gasto en funcionari

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación 096-1473-01 Disciplinados Luis Sehir Rodríguez Forero Edgar Cortes López Cargo y Entidad Director SENA Regional Meta y Orinoquía Jefe del Centro Agropecuario del Meta Quejoso Alirio Félix Fecha queja 2 de octubre de 1999 Fecha hechos Continuos 1998. Asunto Resolver recurso de queja, nulidad y fallo de segunda instancia Bogotá D.C., 17 de septiembre de 2003

I. ASUNTO Se encuentra al Despacho el expediente radicado con el número 096-1473-01, para decidir el recurso de queja interpuesto por la Dra. MYRIAM PATRICIA NUDELMAN ROMERO, como también la nulidad propuesta por la misma profesional y resolver el recurso de apelación interpuesto por el Dr. José Milton Puerto apoderado del señor Luis Sehir Rodríguez, contra el fallo de primera instancia del 14 de marzo de 2003, proferido por la Procuradora 30 Judicial para la Defensa del Menor por medio del cual lo sancionó con destitución e inhabilidad de 5 años.

II. ANTECEDENTES Agotado el trámite procesal, la Procuradora 30 Judicial para la Defensa del Menor y la Familia, Delegada por el señor Procurador General de la Nación mediante Auto del 31 de julio de 2002, sancionó a los señores LUIS SEHIR RODRÍGUEZ FORERO, en su condición de Director Regional del SENA Meta y Orinoquía, con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, por el término de cinco (5) años y a EDGAR CORTES LÓPEZ, en su calidad de Jefe del Centro Agropecuario

del Meta, con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, por el término de cinco (5) años y absolvió al señor JOSÉ MANUEL VARGAS BETANCOURT, en su condición de Instructor del SENA y homólogo de Informática en el Centro Agropecuario del Meta. (Folios 176; 206-244 cuaderno 3).

III. DEL RECURSO DE QUEJA Procede el Despacho a decidir el RECURSO DE QUEJA, interpuesto por la doctora PATRICIA NUDELMAN, apoderada del señor EDGAR CORTES, el día 8 de abril de 2003 y concedido mediante Auto del 9 de abril de 2003, contra da decisión contenida en el Auto del 1° de abril de 2003, por el cual se rechaza el recurso de apelación presentado por la profesional mencionada, por haberse interpuesto extemporáneamente, el Despacho decide CONCEDERLO, previas las siguientes consideraciones: El 18 de marzo de 2003, se presentaron a la Procuraduría Regional del Meta con el fin de notificarse personalmente del Fallo de Primera Instancia, el disciplinado

1 EDGAR CORTÉS LÓPEZ y su apoderada doctora PATRICIA NULDELMAN, según oficio de citación No. 0294 del 17 de marzo del presente año, entregado personalmente al disciplinado. De igual manera, el disciplinado LUIS SHEIR RODRÍGUEZ y JOSÉ MANUEL VARGAS BETANCOURTH, fueron citados y se notificaron personalmente de la providencia. (Folios 245251). La apoderada NULDEMAN fundamenta su petición en el hecho que la

Procuraduría solamente citó para notificarse personalmente del Fallo de Primera Instancia a su representado EDGAR CORTÉS LÓPEZ, desconociéndole sus derechos como apoderada del disciplinado. Adicionalmente, la apoderada aduce que la Procuraduría únicamente libró comunicaciones a los disciplinados absteniéndose de comunicar a los abogados de la defensa de los señores RODRÍGUEZ y CORTES, teniendo en cuenta que el señor LUIS SEHIR RODRÍGUEZ se notificó personalmente del Fallo de Primera Instancia el 18 de marzo de 2003, quedando pendiente de notificar al doctor MILTON PUERTO GAITÁN, apoderado de este último, de cuya notificación no aparece constancia alguna dentro del expediente, pero quien posteriormente el 26 de marzo de 2003, presentó recurso de apelación, en representación de su poderdante. (Folios 255261). La Doctora NULDEMAN aduce que al no existir constancia de notificación del apoderado del disciplinado LUIS SEHIR RODRÍGUEZ, no puede establecerse la fecha cierta en que se realizó la última notificación y por ende, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 200 de 1995, que establece que las providencias quedan ejecutoriadas cinco (5) días después de la última notificación, que en el caso particular, no fue posible establecerla por cuanto la Secretaría de la Procuraduría no procedió a notificar al apoderado por edicto como lo determina la ley y que en el caso sub judice, se aplicaría el artículo 97 de

la Ley 200 de 1995, que reza: "Oportunidad para interponerlos. Los recursos se podrán interponer y deberán sustentarse dentro de la fecha en que se dictó la providencia hasta el término de cinco (5) días después de la última notificación (…)" Al respecto, el Despacho advierte que si bien es cierto la apelación es individual para cada uno de los disciplinados, el recurrente no puede sostener su petición en que se presentaron problemas por notificación indebida de otro de los disciplinados, ya que esta podría subsanarse. Sin embargo, bajo el imperio de la ley 734 de 2002, artículo 89, al haberle reconocido al apoderado la calidad de sujeto procesal, el Fallo debe notificarse tanto al disciplinado como a su apoderado, cosa distinta ocurría durante la vigencia de la Ley 200 de 1995, pues la notificación personal podía surtirse con cualquiera de los dos. Si tomamos en cuenta lo anterior, el Despacho considera que el apoderado del disciplinado LUIS SEHIR RODRÍGUEZ, Doctor MILTON PUERTO GAITÁN, se notificó por conducta concluyente el 26 de marzo de 2003, al presentar en nombre de su representado el recurso de apelación contra el Fallo proferido el 14 de marzo de 2003 (artículo 89 de la Ley 200 de 1995) y teniendo en cuenta que a pesar que las notificaciones son individuales, esta Delegada en observancia del principio de favorabilidad, según lo expuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-181-02 accede al recurso de queja y en consecuencia ordenará

su concesión. 2

IV. DE LA NULIDAD SOLICITADA De manera simultánea con el recurso de apelación presentado por la apoderada del señor EDGAR CORTES LÓPEZ --sobre el cual el Despacho volverá con posterioridad-- la Doctora MIRYAM PATRICIA NUDELMAN ROMERO, presentó – nuevamente-- solicitud de NULIDAD, por considerar que con el fallo de primera instancia, se violó el derecho al DEBIDO PROCESO por parte de la funcionara investigadora. La actora fundamenta su solicitud en los siguientes hechos: El Asesor grado 24, quien llevara la investigación inclusive hasta los descargos, ordenó la práctica de una prueba solicitada por la apoderada del disciplinado, consistente en una inspección con dictamen pericial sobre los equipos de computación adquiridos por el disciplinado EDGAR CORTES, mediante el Pedido No. 4699020020 del 17 de diciembre de 1999, con la firma HERACÓMPUTO EU.

El perito designado de la Fiscalía General de la Nación C.T.I. LUIS VISLEY APONTE CARDONA, rindió su dictamen e hizo las correspondientes aclaraciones. Posteriormente avocó conocimiento la Procuradora Judicial 30 para la Defensa del menor y de la familia, quien el 9 de diciembre de 2002, recibió la declaración de la señora ROSA EUSEBIA OJEDA, con presencia del perito APONTE CARDONA, a la que la apoderada del señor EDGAR CORTÉS asistió sin haber recibido comunicación sobre la práctica de la misma, para ejercer el derecho de defensa. (Observa el Despacho que la doctora PATRICIA NUDELMAN estuvo

presente en la diligencia tal como ella misma lo afirma). Agrega además que el fallo de primera instancia fue elaborado por el perito "en calidad de juez y parte", extralimitándose en el ejercicio de sus funciones y allega información del Director Seccional del CTI en que manifiesta que el funcionario presentó dos informes y obran las solicitudes para que el perito prestara su apoyo. Igualmente obra solicitud elevada por la Procuradora Judicial para que el perito colabore en la diligencia del 9 de diciembre de 2002. (Folios 271-278). Por último aduce que se le vulneraron los derechos del disciplinado, al emitir el Auto del 19 de diciembre de 2002, que niega las pruebas, por solicitarlas extemporáneamente, al pronunciarse mediante un Auto de Cúmplase (Folio 167). La segunda solicitud de nulidad, contiene los mismos fundamentos impetrados en la solicitud presentada por la apoderada el 20 de febrero de 2003, aspectos sobre los cuales se pronunció la Procuraduría en el fallo de primera instancia, por lo tanto, la solicitud ya fue resuelta denegándose, teniendo en cuenta que a pesar de la negativa a la solicitud de pruebas elevada por la apoderada del disciplinado, el 13 de diciembre de 2002, las pruebas solicitadas fueron ordenadas mediante Auto del ocho (8) de noviembre de 2002, pruebas que fueron practicadas dentro del proceso disciplinario, estando demostrado en el plenario que la Doctora PATRICIA NULDEMAN asistió a la declaración de la señora ROSA EUSEBIA OJEDA el 9 de diciembre de 2002.

Teniendo en cuenta que el señor JOSÉ MANUEL VARGAS BETANCOURTH, no se presentó a la citación ese día, se fijó fecha para el cinco (5) de febrero del año en curso, tal como lo manifiesta la misma apoderada en solicitud del 20 de febrero de 2003. (Folios 135, 161, 200). 3 Así pues, el Despacho confirma lo resuelto en el Fallo de Primera Instancia respecto de la solicitud de NULIDAD elevada en el escrito del 27 de mayo de 2003 y la niega de conformidad con los fundamentos anteriormente expuestos.

V. SÍNTESIS DE LOS CARGOS Mediante Auto del 28 de febrero de 2001, se formuló Pliego de Cargos en contra de los señores LUIS SEHIR RODRÍGUEZ FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.178.524 de Bogotá, EDGAR CORTES LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.351.580 de San Martín y JOSÉ MANUEL VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.30.020 de Villavicencio, en su calidad de Director Regional del SENA, Jefe del Centro Agropecuario del Meta e Instructor del SENA y Homólogo en Informática en el Centro Agropecuario del Meta, respectivamente, los cuales pueden sintetizarse de la siguiente manera: Cargos formulados al señor LUIS SEHIR RODRÍGUEZ FORERO  El señor LUIS SEHIR RODRÍGUEZ FORERO, pudo desconocer el principio de selección objetiva consagrado en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, el numeral 8°

del artículo 24 del mismo ordenamiento y el artículo 3 del Decreto No. 855 de 1994, por la suscripción y ejecución de las Órdenes de Trabajo o Servicio Nos. 1406 y 1407 del 29 y 24 de diciembre de 1998, con los señores JAIME MEDINA y LUIS HERNÁN

BAQUERO.

De igual manera se le formuló cargos por haber autorizado con su firma las Resoluciones Nos. 544, 543, 540, 539, 537 y 534 del 24 de diciembre de 1998, mediante las cuales se realizaron modificaciones presupuestales, omitiendo que estas partidas formaban parte de los presupuestos asignados a los diferentes Centros y por lo tanto para su traslado requerían de autorización previa y expresa de cada Jefe de Centro, violando presuntamente lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 119 de 1994, Resoluciones que se acreditaron bajo el Código de Mantenimiento de edificios. (Folios 70-93 Anexo 1; 1-7 y 21-27 del cuaderno 2). Cargos formulados al señor EDGAR CORTÉS LÓPEZ  El señor EDGAR CORTES LÓPEZ, en su calidad de Jefe del Centro Agropecuario del Meta, celebró, suscribió y ejecutó el pedido No. 4799020020 del 17 de diciembre de 1999, con la firma HERACÓMPUTO E.U. correspondiente a la adquisición de Computadores, UPS, Impresora y programa antivirus para el Centro Agropecuario del Meta, por valor de cuarenta y siete millones ochocientos cincuenta y un mil

quinientos pesos ($47.851.500.00) moneda corriente, sin consultar los precios del mercado y con eventuales sobre costos en dicha compra violando posiblemente los principios de selección objetiva, economía y de responsabilidad establecidos en los artículos 25, 26 y 29 de la Ley 80 de 1993, permitiendo un posible detrimento patrimonial del Centro. (Folios 1-121 anexo 2) Cargos a JOSÉ MANUEL VARGAS BETANCOURT  Teniendo en cuenta que el disciplinado JOSÉ MANUEL VARGAS BETANCOURT, fue absuelto mediante Fallo de primera instancia proferido el 14 de marzo de 2003, el Despacho, por sustracción de materia, se abstiene de presentar los cargos que le fueron formulados y los descargos que a su vez el disciplinado interpuso. 4

VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA En providencia proferida el 14 de marzo de 2003, la Procuradora 30 Judicial para la Defensa del Menor y de la Familia, sancionó a los señores LUIS SEHIR RODRÍGUEZ FORERO y EDGAR CORTÉS LÓPEZ, en su calidad de Director del SENA Regional Meta y Jefe del Centro Agropecuario del Meta, con DESTITUCIÓN DEL CARGO E INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS y absolvió al señor JOSÉ MANUEL VARGAS, quien se desempeñó como Instructor del SENA y homólogo de Informática en el Centro agropecuario del Meta.

 Los fundamentos para sancionar al señor LUIS SEHIR RODRÍGUEZ FORERO fueron los siguientes: Frente al primer cargo formulado el A QUO resuelve:

1. Respecto de la Orden No. 1406 de 1998, ordena el archivo definitivo.

2. Frente a la Orden No. 1407 de 1998, observa que adoleció de la autorización del Comité Técnico, tal como lo exige el artículo 24 de la Ley 119 de 1994, pero respecto de la responsabilidad por desconocimiento del deber de selección objetiva al suscribir la orden, manifiesta que al tener en cuenta el documento "Devolución de cuentas", se demuestra que se aportaron dos cotizaciones, permitiendo así la selección objetiva como lo dispone el artículo 29 de la ley 80 de 1993. (Folio 227) Agrega que la Orden No. 1407, al ser de menor cuantía no requiere estar inscrito en el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio, al tenor de los artículos 22 y 24 numeral 1 literal a) de la Ley 80 de 1993.

3. El Director con su proceder abusó de su autoridad al autorizar la Orden de Trabajo No. 1407, para el mantenimiento de la caldera apropiándose de las funciones del Jefe del Centro, teniendo en cuenta la Resolución del SENA No. 434 de 1998, artículo 15 numeral 4, que establece que la delegación para Jefe de Centro es hasta por la suma correspondiente a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.

Respecto al segundo cargo, esgrimió los siguientes argumentos:

4. El disciplinado autorizó los traslados presupuestales, careciendo de las

autorizaciones del Comité Técnico de los Centros, necesarias para recomendar los equipos, materiales y recursos a utilizar, para que el Centro efectúe la evaluación y seguimiento, desconociendo lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 119/94.

5. Realizó traslados presupuestales para el mantenimiento de edificios sin el lleno de requisitos que exige la Ley 119/94, ya que tales partidas correspondían al presupuesto de los Centros Agropecuarios.

6. Las partidas presupuestales de mantenimiento, no corresponden con el objeto del gasto, que sumado, se eleva al valor de treinta y cuatro millones, seiscientos setenta y nueve mil ochocientos dieciséis ($34.679.816), efectuando modificación presupuestal para atender el requerimiento de los mismos programas, cuando en realidad fue para el mantenimiento de edificios de Villavicencio y no del mismo programa, sin tener en cuenta el procedimiento para modificaciones 5 presupuestales del SENA, Resolución 244/97 que distribuye el presupuesto para la vigencia fiscal de 1998.

7. Con su conducta el disciplinado desconoció el principio de especialización del sistema presupuestal (artículo 18 del Decreto 111/96, ya que el Director suscribió contratos de mantenimiento afectando rubros presupuestales que no corresponden al objeto del gasto, puesto que las adecuaciones se realizaron en áreas administrativas y no cubrieron las dependencias de los programas afectados, concluyendo que la conducta es dolosa, por la infracción notoria a las normas legales.

8. La Resolución 543 del 24 de diciembre de 1998, adolece de solicitud de traslado

presupuestal del Jefe de Centro y la Justificación no esta firmada, concluyendo que no tiene validez, por cuanto no es posible determinar si el Jefe respectivo la solicitó. Igualmente para la Resolución No. 539 falta la justificación del traslado presupuestal, desconociendo la Ley 119/94 y la Resolución 244/97, sin que sea de recibo por el a quo el argumento que para esa fecha, los funcionarios del SENA se encontraban en vacaciones colectivas, ya que debió programarse con anterioridad.

9. Se relacionan las Órdenes de trabajo Nos. 1411,1412 y 1413, que presentan cotizaciones con fecha 29 de diciembre de 1998 y las órdenes fueron autorizadas el 24 de diciembre del mismo año1.

Con los anteriores argumentos se realizó la calificación definitiva de la falta, considerando que se trata de faltas GRAVÍSIMAS de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, cometida a título de DOLO, por que en forma plenamente consciente e intencional desarrolló la conducta que se le reprocha y se verificó el daño patrimonial. (Folio 241)  Los fundamentos para sancionar al señor EDGAR CORTÉS LÓPEZ, fueron los siguientes:

1. El señor EDGAR CORTÉS, al suscribir y ejecutar el Pedido No. 4799020020 del 17 de diciembre de 1999, violó los principios y normas que regulan la contratación administrativa, demostrando falta de diligencia, cuidado y responsabilidad en su actuar.

2. Es responsable por no consultar los precios del mercado y las tendencias de la

tecnología. Si bien es cierto que se recibieron tres (3) cotizaciones, se afirma que no existió ninguna evaluación técnica para establecer la firma que ofrecía la mejor configuración, sumado a que la cotización que presentó HERACOMPUTO a la cual se le adjudicó el Pedido del 17 de diciembre de 1999, fue la de mayor valor. (Folio103)

3. Se observan sobre costos de los equipos adquiridos y en consecuencia un detrimento en el patrimonio de la entidad, al advertir la diferencia de valor entre las cotizaciones presentadas el 10 de diciembre de 1999 y las que obtuvo el Coordinador del Grupo de Sistemas del SENA, Ingeniero OMAR NELSON CONTRERAS ZAYADO, el día 7 de marzo de 2000, entre otras la correspondiente al Banco de Occidente, por la misma firma HERACOMPUTO, 1 El Despacho advierte que sobre estas órdenes se lleva una Investigación disciplinaria radicada 096849-99, que según el GEDIS fue remitida por Competencia el 17 de abril de 2001 al SENA y el 23 de agosto del mismo año; el SENA se abstiene de continuar con la Investigación al encontrarse en la Procuraduría proceso disciplinario por los mismos hechos. 6 que arrojó una diferencia de trece millones setecientos noventa mil pesos ($13.790.000.00) moneda corriente. Comparando las cotizaciones se advierte diferencia de ocho millones seiscientos cuarenta mil novecientos sesenta pesos ($8.640.960.00) y seis millones veintiún mil ochocientos sesenta pesos ($6.021.860.00) con las firmas ELECTROCÓMPUTO y LLANO PROVISIONES

respectivamente. El representante de la firma HERACOMPUTO en declaración rendida afirma que las diferencias de precio entre las dos cotizaciones la del SENA y la del Banco de Occidente se debe a diferencias técnicas, marca y modelo del FAX, del MODEM externo y del monitor, la capacidad del disco. Se advirtió en el Fallo que algunos ÍTEMS o componentes ofrecidos por las otras empresas también ofrecen mejores características que las ofrecidas por

HERACOMPUTO.

Se aduce por parte del disciplinado que a los equipos adquiridos se le hicieron adiciones, tal como se demuestra en el Oficio del 10 de diciembre de 1999 de HERACOMPUTO. Al respecto el perito reafirma que dichas adiciones no fueron relacionadas en el Acta de entrega y recibo de los equipos.

4. El a quo considera que de conformidad con el dictamen pericial no se demostró que el mayor valor pagado por los equipos, se debiera a la inclusión de las Licencias MICROSOFT OFFICE 2000, por cuanto con las pruebas se demostró que efectivamente se entregaron Licencias de WINDOWS 98 y MICROSOFT OFFICE 97. Se agrega que la inclusión de las licencias no era necesaria, teniendo en cuenta que el SENA para esa época tenía un Convenio con MICROSOFT para la distribución de productos incluyendo WINDOWS/98, OFFICE/97. Para terminar agrega que en el Acta de recibo y entrega de los equipos no se dejó constancia de recibo de la Licencia OFFICE 2000.

5. El disciplinado, en su calidad de Jefe del Centro Agropecuario del Meta, no solicitó oportunamente el concepto técnico económico sobre el Pedido No.

479902002 del 17 de diciembre de 1999, el cual se solicitó por el Tesorero de la Regional del SENA, señor JOSÉ ARNULFO TORRES, mediante memorando No.4043-00467 del 6 de marzo de 2000, dirigido al Coordinador de Sistemas OMAR NELSON CONTRERAS ZAYADO, quien en memorando No. 3032-00919 del 14 de marzo de 2000, concluye que presuntamente se presenta sobre facturación.

VII. EL RECURSO DE APELACIÓN

Apelación del disciplinado LUIS SEHIR RODRÍGUEZ FORERO  El recurso impetrado por el apoderado del señor LUIS SEHIR RODRÍGUEZ ROMERO, Doctor JOSÉ MILTON PUERTO GAITÁN, fue sustentado en los siguientes términos:

1. Entre los fundamentos que presenta el disciplinado en su apelación esta que en el fallo de primera instancia no se apreció ni se tuvo en cuenta las pruebas allegadas con el escrito de descargos.

7 En primer término el apoderado del disciplinado basa la impugnación en que en el fallo de primera instancia, se determinó que el señor LUIS SEHIR RODRÍGUEZ, es responsable de haber infringido el numeral 4° del artículo 25 de la Ley 200 de 1995 que se refiere a las faltas gravísimas en que incurre el servidor público cuando de manera directa o por interpuesta persona, se obtiene para sí o para otro, incremento patrimonial, falta que no se demostró. El Fallo es contradictorio por cuanto la sanción impuesta no guarda concordancia

con lo que resultó probado en el transcurso de la investigación disciplinaria, desconociendo lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 200 de 1995 que se refiere a los límites de las sanciones y en su inciso tercero especifica que las faltas gravísimas se sancionarán con destitución. No hubo enriquecimiento indebido ni causó detrimento al patrimonio del Estado. Con el fallo se violó el principio de legalidad de las faltas y sus sanciones consagrado en el artículo 4° de la Ley 200 de 1995, además del artículo 29 de la Constitución Política que señala que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, de igual manera, el artículo 1° del Código Penal y de Procedimiento Penal.

2. El análisis probatorio no es claro, es ambiguo, no puede determinarse si se aceptan o no los descargos formulados frente al primer cargo, por suscribir, iniciar y ejecutar las órdenes de servicio 1406 y 1407 de 1998, donde se contradice.

Respecto de la orden 1406, ordena el archivo definitivo y respecto de la Orden 1407 dice en el fallo que no se desconoció el deber de selección objetiva y que tampoco existía la obligación de estar inscritos en el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio por tratarse de menor cuantía, pero al final, señala que se infringió la Resolución 434 de 1998 y los artículos 22 y 24 numeral 1 literal a) de la Ley 80 de 1993, tildando sus actuaciones de abuso de poder.

3. El disciplinado aduce que pretendió evitar perder esos recursos para la vigencia

de 1999, ya que contaba con las autorizaciones de traslados presupuestales, expedidos y firmados por los Jefes de Centro, encontrándose los funcionarios en vacaciones colectivas.

4. Frente a los hechos relacionados con las Resoluciones Nos. 534, 537, 538, 539, 540, 543 y 544 del 24 de diciembre de 1998, el Fallo no guarda concordancia con el segundo cargo formulado en el Auto del 28 de febrero de 2001, por que se firmaron las Resoluciones sin existir la autorización previa y expresa del Centro respectivo, al cual se le modificó el presupuesto violando el artículo 24 numeral 5 de la Ley 119 de 1994, que establece como función del Comité Técnico de los Centros "Autorizar las solicitudes que formule el Jefe de Centro sobre distribución y modificación del presupuesto anual del Centro respectivo."

5. No apreció las pruebas entre las cuales está el documento firmado el 24 de diciembre de 1998 "Devolución de cuentas", ni realizó un análisis jurídico del conjunto de normas infringidas. Los saldos presupuestales que no se ejecutaron fueron trasladados a solicitud de los Jefes de Centro de Villavicencio, Arauca, Vichada, Guaviare y Meta, modificaciones que fueron revisadas por la Jefe de Planeación del SENA y por la Subdirectora Administrativa.

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6. De igual manera obra en el Expediente la aprobación para el mantenimiento de los edificios y alega que no se cambió la esencia ni el fin del gasto, se realizó para adecuar y mejorar el recurso humano.

7. No se constató el DOLO, porque no actuó solo acaparando funciones como se

afirmó en el fallo, ni concentración o abuso de funciones o daño patrimonial, como lo señala en la página 36, ya que en la elaboración y suscripción de las mencionadas Resoluciones participaron otros funcionarios de la Regional. En la apelación utiliza los mismos argumentos que en el escrito de descargos y reitera que no existió violación de los numerales 5 y 6 de la Ley 119 de 1994, ni de la Resolución No. 434 del 11 de mayo de 1998, como se consideró en el Fallo de primera instancia, por las siguientes razones: La Ley 119 de 1994, por la cual se reestructura el SENA, regula lo concerniente a los Comités Técnicos, pero no regula los aspectos generales en materia de MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, labor que está encomendada por mandato expreso, en el artículo 3° de la Resolución No.0244 del 19 de diciembre de 1997 y que faculta a los Directores Regionales y Seccionales para que previa solicitud de los Jefes de Centro y con concepto favorable de los Comités Técnicos de Centro, cuando haya lugar a ello, modifique el presupuesto de gestión. El apelante manifiesta que en este caso no era su responsabilidad solicitar el concepto favorable del Comité Técnico de Centro, labor que correspondía a cada Jefe de Centro que solicitó y autorizó con su firma el traslado o modificación presupuestal, sumado a ello que para la época en que se efectuaron las modificaciones presupuestales (24 de diciembre de 1998) los integrantes del Comité se encontraban en vacaciones colectivas. Las modificaciones fueron autorizadas por los respectivos Jefes de Centro

estampando su firma en los memorandos remisorios y en los cuadros de modificación presupuestal, modificaciones que fueron revisadas por la Doctora RUTH NELLY HERNÁNDEZ Jefe de Planeación del SENA Regional Meta y Orinoquía, quien además proyectó y elaboró las Resoluciones Nos. 534, 537, 538, 539, 540, 543 y 544 de 1998, las cuales fueron revisadas y suscritas también por la Subdirectora Administrativa y Financiera del SENA Regional Meta y Orinoquía, Doctora DILIA OFERMINDA BERNAL DUARTE. Así pues, según la Resolución No. 00244 de 1997, se facultó a los Directores Regionales del SENA, en su condición de ordenadores del gasto, realizar modificaciones presupuestales propias de su gestión, previa solicitud o autorización de los Jefes de Centro. Por otra parte, manifiesta que el A QUO, tampoco apreció el memorando No. 1010, por el cual el Director Regional, doctor LUIS SEHIR RODRÍGUEZ, solicitó a la Secretaria General del SENA doctora SILVIA EMMA CAMARGO, autorización para el contrato de mantenimiento del edificio Torre Administrativa, así como también la certificación sobre los contratos de mantenimiento que tienen su visto bueno. (Folios 115 y 116 Anexo 1°; 255-261) Para terminar agrega que "en ningún momento se constató dentro de la investigación que haya existido dolo o intención positiva de infringir las normas endilgadas" pues no actuó acaparando funciones al expedir los actos administrativos de modificación presupuestal en diciembre de 1998, ya que los cuadros de modificación fueron presentados con su firma por los Jefes de Centro,

con solicitud a la Jefe de Planeación del SENA Regional para hacer los 9 correspondientes traslados, quien con la Subdirectora administrativa y financiera firmaron las Resoluciones Nos. 534, 537, 538, 540, 543 y 544 de 1998. Apelación del disciplinado EDGAR CORTES LÓPEZ.  La apoderada del disciplinado Doctora PATRICIA NUDELMAN ROMERO, el 27 de marzo de 2003, presentó dos escritos diferentes, uno con la apelación contra el fallo de primera instancia y otro solicitando la nulidad de lo actuado. Posteriormente, el 8 de abril de 2003, presentó RECURSO DE QUEJA contra el Auto del 1 de abril de 2003, por el cual se le niega el recurso de apelación al considerar que fue interpuesto extemporáneamente, aspecto sobre el cual el Despacho se pronunció en la misma providencia. De tal manera, se procederá a sintetizar los argumentos presentados por la apoderada del disciplinado en contra del Fallo del 14 de marzo de 2003.

1. Frente a los posibles sobre costos en la adquisición de las computadoras, la apelante aduce que los precios de los equipos cotizados en diciembre de 1999, bajaron y que al momento se cotizaron con la última tecnología para la fecha en que se solicitaron las respectivas cotizaciones, agrega que al momento en que el señor Coordinador de Sistemas de la Regional del SENA señor OMAR CONTRERAS ZAYADO, solicitó las cotizaciones en el mes de marzo de 2000, ya había entrado al mercado la nueva tecnología WINDOWS/98 segunda serie.

2. Así mismo alega que no se tuvieron en cuenta pruebas relacionadas con las cotizaciones presentadas un año después donde se percata de la depreciación de los equipos en un cincuenta por ciento 50%, por el mero transcurso del tiempo y el avance de la tecnología.

3. Que no es de recibo la imputación que hace el A QUO, que el disciplinado EDGAR CORTÉS al suscribir el Pedido del 17 de diciembre de 1999, para la compra de equipos con destino el Centro Agropecuario, debió consultar los precios del mercado y la tendencia de la tecnología, reiterando el apelante que para esa fecha aún no había salido al mercado la segunda serie de WINDOWS

98.

4. Con respecto a la consideración presentad