PGN - DELEGACION PARA CONTRATAR Deber de vigilar las facultades delegadas en materia contr

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal Radicación: 165–105848-2004

Disciplinado: HUGO GNECCO ARREGOCES Cargo y entidad: Alcalde de Santa Marta Quejoso: De oficio Fecha de Queja: 8 de julio de 2004

Fecha hechos: 4 de abril de 2002 y 18 de septiembre de 2002

Asunto: Irregularidades en la celebración de los contratos 018 y 057 de

2002

Actuación: Fallo de primera instancia

Bogotá D.C. 20 de abril de 2007 Procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponda, respecto al proceso adelantado contra HUGO ALBERTO GNECCO ARREGOCES, en su condición de alcalde del Distrito de Santa Marta, de conformidad con la norma contenida en el artículo 170 de la Ley 734 de 2002. 1.ANTECEDENTES 1.1. Tramite del proceso Con fundamento en la remisión de los documentos que hiciera la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, mediante auto de 24 de junio de 2004 (fls. 4 – 20), para que se investigaran las presuntas irregularidades existentes en la celebración de los contratos 018 y 057 de 2002, suscritos entre el Distrito de Santa Marta y PEDRO LUIS ORTIZ CARILLO, este Despacho en auto de 30 de noviembre de 2004 (fls. 15 - 20) ordenó abrir investigación disciplinaria en contra del mencionado servidor público. Culminada esa fase procesal en proveído de 18 de mayo de 2006 se formuló pliego

de cargos, efectuándose las siguientes imputaciones: Primer cargo “El señor HUGO ALBERTO HUGO GNECCO ARREGOCES, como alcalde del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, incumplió u omitió en ejercicio de sus funciones como Jefe Supremo de Distrito, y su deber constitucional consagrado en el artículo 325, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del concejo, ya que con su omisión permitió que su delegatario suscribiera un contrato violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en especial la inhabilidad establecida en la Ley 80 en el artículo 8 numeral 2 literal b, ya que en el momento de la suscripción del contrato No.18 de fecha 24 de abril de 2002, la Secretaria Privada de su despacho, era hermana del contratista, es decir el Doctor PEDRO LUIS ORTIZ CARRILLO, y además que estos mismos contratos se suscribieran sin realizar previamente a licitación o concurso público, violando de esta forma el principio de transparencia y selección objetiva que rige la contratación estatal aunque la contratación estaba en cabeza del delegatario es decir del Secretario General del Distrito de Santa Marta no lo exime de responsabilidad. 165 – 105848 Fallo absolutorio de primera instancia 1 Martha Patricia Añez Maestre Segundo cargo “El señor HUGO ALBERTO HUGO GNECCO ARREGOCES, como alcalde del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, incumplió u omitió en ejercicio de sus

funciones como Jefe Supremo de Distrito, y su deber constitucional consagrado en el artículo 325, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del concejo, ya que con su omisión permitió que su delegatario suscribiera un contrato violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en especial la inhabilidad establecida en la Ley 80 en el artículo 8 numeral 2 literal b, ya que en el momento de la suscripción del contrato No. 57 de fecha 18 de septiembre de 2002, la Secretaria Privada de su despacho, era hermana del contratista, es decir el Doctor PEDRO LUIS ORTIZ CARRILLO, y además que estos mismos contratos se suscribieran sin realizar previamente a licitación o concurso público, violando de esta forma el principio de transparencia y selección objetiva que rige la contratación estatal aunque la contratación estaba en cabeza del delegatario es decir del Secretario General del Distrito de Santa Marta no lo exime de responsabilidad”. 1.2. Descargos y alegatos de conclusión Atendiendo a la imposibilidad de notificar personalmente al acusado, con el fin de garantizar el derecho de defensa, el Centro de Notificación de la entidad en agosto de 2006 procedió a designar defensor de oficio (fls. 231) quien fue debidamente notificado (fls. 232) y presentó los descargos los cuales corren a folios 234 – 238. En dicho memorial, la defensa solo hizo mención a la violación del principio de transparencia, indicando que para la celebración de los contratos en cuestión, no se

exigía la celebración de la licitación pública o concurso público, por cuanto los actos consensuales eran de prestación de servicios, y este tipo de contratos de acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 24, de la Ley 80 de 1993, se realizan por contratación directa. En cuanto al grado de culpabilidad, menciona que la conducta imputada a su defendido, se pueda atribuir a título de dolo, puesto que para ello, se hace necesario que exista un previo conocimiento de la antijuricidad de la conducta, así como la intención o el deseo de vulnerar la norma y que para determinar la existencia del dolo, se hace necesario probar su existencia o si por el contrario el hecho se ejecutó por ignorancia supina, desatención elementa o por violación manifiesta de las normas sustanciales. Concluida la fase de descargos, en auto de 31 de enero de 2007 (fl. 255) se ordenó correr traslado para alegar, faculta de la cual hizo uso la defensa, presentando el escrito que corre a folios 268 – 273, y en el cual expresó que se hizo una doble calificación de la conducta pero que este aspecto debe efectuarse como un cargo único. En cuanto al grado de culpabilidad, mencionó que la conducta imputada, no fue materializada por su defendido, sino por su Secretaria, por lo que su imprudencia no puede calificarse a título doloso. En relación a la omisión de la licitación pública menciona que los contratos cuestionados, atendiendo al presupuesto de la entidad, eran de mínima cuantía y 165 – 105848 Fallo absolutorio de primera instancia 2

Martha Patricia Añez Maestre en razón a ello y a la naturaleza de los mismos, la selección del contratista no requería de ese procedimiento.

2. CONSIDERACIONES 2.2. Sea lo primero señalar, que el trámite seguido en este radicado se ajustó en cuanto a su forma y términos a los lineamientos previstos en los artículos 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002. Respecto al tema de competencia, así como a la garantía de los derechos al debido proceso y defensa, no se advierte anomalía ninguna, pues el inculpado fue asistido por defensor de oficio quien ejerció en su representación el derecho de defensa.

Atinente al caudal probatorio, pertinente se torna resaltar que los medios demostrativos recaudados cumplen las formalidades exigidas para su valoración. En el caso de los documentos, se observa que éstos fueron aportados en forma legal y oportuna, y esa circunstancia, amén que no fueron tachados ni redargüidos de falsos, permiten su valoración. 2.2. Lo que está probado Respecto a los cargos imputados consisten en haber permitido la celebración de los contratos 018 y 057 de 2002, con una persona inhabilitada y sin que se agotara proceso licitatorio o concurso público, de las pruebas que obran en el cartulario se advierte lo siguiente:

1. Que el Distrito de Santa Marta representado por el Secretario General del Distrito, suscribió el 24 de abril y 27 de septiembre de 2002, los contratos de prestación de servicios 018 y 057, respectivamente, con PEDRO LUIS ORTIZ

CARLLO (fls. 39 – 42 y 48 – 54).

2. Que el objeto del referido contrato fue el cobro persuasivo o prejurídico, por parte de contratista a las liquidaciones oficiales efectuadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Distrito, de impuesto predial unificado estableciendo como valor de los actos consensuales para efectos del tramite y la legalización, la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) (fls. 39 – 42 y 48 -54).

3. Que en desarrollo de la visita practicada a la Alcaldía de Santa Marta que fue atendida por LICELIS JOSEFINA ORTIZ CARILLO, al preguntársele si conocía al señor PEDRO LUIS ORTIZ CARRILLO, esta respondió que él era su hermano de padre y madre (fls. 27 – 28).

4. Que a folios 34 del expediente, obra certificación emitida por la Coordinadora de Recursos Humanos del Distrito, indica que LICELIS JOSEFINA ORTIZ CARRILLO, entre el 12 de octubre de 2001 hasta el 23 de enero de 2003, se desempeñó como Secretaria Privada.

5. Que en el acta de visita practicada el 5 de julio de 2005, se registró que en relación con la etapa de contratación del contrato, no se encontró ninguna documentación (fls. 176 – 177). 165 – 105848 Fallo absolutorio de primera instancia 3

Martha Patricia Añez Maestre

6. Que de acuerdo con el oficio que obra a folio 253, se indica que de acuerdo con el monto de presupuesto para la vigencia 2002, el cual ascendió a la suma de

$113.592.439.966, la contratación sin formalidades plenas, para esa vigencia era de $12.360.000.

7. Que de acuerdo con la certificación obrante a folio 104 del cartulario se tiene que HUGO ALBERTO GNECCO ARREGOCES, se desempeñó como Alcalde del Distrito de Santa Marta entre el 1 de enero de 2001, hasta el 19 de febrero de 2003, fecha en la cual fue suspendido del cargo.

De lo anterior es posible concluir que entre el contratista PEDRO LUIS ORTIZ CARRILLO y LICELIS JOSEFINA ORTIZ CARRILO, son hermanos y que para la celebración de los contratos celebrados con el señor ORTIZ CARRILLO, no se agotó proceso licitatorio ni de concurso, pues no se encontró dentro del archivo de la entidad ningún documento al respecto, sin embargo entrará el Despacho a determinar si en relación a los contratos cuestionados, se dan todas las condiciones que la ley establece para que se configure la inhabilidad señalada en el pliego de cargos y si atendiendo a tipo de contrato y su cuantía era necesario realizar el proceso licitación pública o concurso. 2.3. De la inhabilidad. Con el fin de garantizar los principios de transparencia y selección objetiva que rigen la actividad contractual, los cuales exigen que la selección del contratista por regla genera debe efectuarse a través de un mecanismo que garantice la pluralidad de oferentes y mediante un procedimiento público y la escogencia debe recaer sobre el ofrecimiento mas favorable de la entidad, sin que para ello se tengan en cuenta ningún tipo de interés de tipo familiar, personal o comercial, se han establecido una

serie de limitaciones respecto a unas personas en quienes concurren las condiciones impuestas por el legislador dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En el caso bajo estudio, se indicó que el disciplinado en su condición de Alcalde del Distrito de Santa Marta, permitió la celebración de los contratos con 018 y 057, con una persona inhabilitada, por ser hermano de la Secretaria Privada del alcalde y que por lo tanto, de acuerdo con el literal b) del numera 2, del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, no podía contratar con la alcaldía. La norma en comento establece que son inhábiles para contratar con las entidades respectivas: (…) “b). Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivos, asesor, o ejecutivo, o con los miembros de la Junta o Consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante”. El subrayado no es de texto. Del texto literal de la norma, se concluye que la inhabilidad se constituye solo cuando la persona que contrata con la respectiva entidad es familiar dentro de los grados allí 165 – 105848 Fallo absolutorio de primera instancia 4 Martha Patricia Añez Maestre registrado de los servidores públicos que ejerzan cargos directivos, asesores o ejecutivos, lo cual quiere decir, que la imitación para contratar con la entidad no se extiende a todos los familiares de los funcionarios que labora en ella, sino que esta solo se aplica a los familiares de los empleados que ejercen cargos directivos,

asesor o ejecutivo. La razón de ser de esa limitación al derecho de la personalidad jurídica está en salvaguardar el interés general, la moralidad, la eficacia y la imparcialidad de la función administrativa, puesto que los familiares de estos servidores se encuentran en situación de afectar la imparcialidad que deben se debe observar en la actividad contractual que adelantan las entidades estatales. En el caso que nos ocupa, se tiene que LICELIS JOSEFINA ORTIZ CARRILLO, para la época de la celebración de los contratos en cuestión, se desempeñaba como Secretaria Privada y de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1569 de 1998, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades territoriales, artículo 8, los cargos de Secretario del Despacho, pertenecen al nivel Directivo de la entidad, adicional a ello se tiene que tal como ella lo reconoció en la vista cuya acta obra a folios 27 del expediente, el señor PEDRO LUIS ORTIZ, con quien se celebraron los contratos 018 y 05 de 2002, es su hermano. AsÍ las cosas, se tiene que en el caso bajo estudió, se suscribió un contrato con una persona inhabilitada en los términos previstos en el literal b), numeral 2 del artículo 8, de la Ley 80 de 1993, el cual prohíbe la celebración de contratos con personas que tenga parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad con funcionarios de la respectiva entidad, que ocupen cargos de nivel directivo, asesor o ejecutivo. En consecuencia, el Disciplinado, es responsable del hecho que se le imputa,

puesto que en su condición de Alcalde del Distrito de Santa Marta, era le jefe de la actividad contractual y como tal el directo responsable de esa gestión. Por lo tanto, en tal condición le asistía el deber de vigilar que las facultades por él delegadas en materia contractual, se ejercían de acuerdo con las normas que regula esta actividad a fin de determinar si las mismas se estaban ejecutando de manera correcta o de lo contrario, debía adoptar los correctivos del caso o reasumir las funciones que por disposición legal le correspondía a ejecutar. Téngase en cuenta que la delegación no exime de responsabilidad al delegante, por cuanto a este le asiste el deber de vigilar y controlar las funciones delegadas a fin de verificar que los procedimientos de contratación se ciñeran estrictamente a los parámetros del estatuto contractual, que rige, para la entidades territoriales. No hay duda que tales competencias de contratación pueden ser delegadas y que la delegación es una figura que permite la descongestión de sus funciones. Sin embargo su utilización, no implica el desprendimiento total de las labores o gestiones que fueron objeto de delegación, puesto que el delegante mantiene el control de tutela y jerárquico, previsto en el artículo 208, numeral 2, de la Constitución, los cuales tienen que ver con la actividad administrativa que rige también en las entidades territoriales. Así las cosas, el delegante puede asumir en cualquier momento el conocimiento del asunto que delegó, como quiera que, como titular originario de la competencia, conserva el poder de dirección, instrucción y orientación que por disposición normativa le corresponde al Jefe de la entidad. 165 – 105848 Fallo absolutorio de primera instancia 5

Martha Patricia Añez Maestre Es incuestionable que, en el ámbito de la selección del contratista y de la ejecución y liquidación contractual, el representante legal de la entidad puede delegar sus competencias. Pero también lo es, que por virtud del principio de responsabilidad y como director de la actividad contractual de la misma, este delegante tiene a su cargo unos deberes de orientación, seguimiento, avocación, revocación y/o corrección para garantizar que la competencia que, en últimas, compromete a la entidad cuya representación él tiene, cumpla cabalmente con las exigencias que demanda el estatuto contractual. Así, la responsabilidad del delegante, controlador y orientador de lo delegado, se hace más exigente cuando las competencias delegadas corresponden a aquellas atribuciones que inequívocamente se catalogan por la ley como potestades regladas. En el caso bajo estudio, se tiene que existió omisión al deber de vigilancia, cuidado, control y seguimiento, por parte del alcalde disciplinado respecto del ejercicio de las competencias y funciones delegadas, por cuanto se celebraron los contratos ya citados con violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, sin que el disciplinado adelantara ninguna actuación al respecto, pese a que por virtud de las responsabilidades que, en concreto se derivan de los artículos 11, numeral 3), literal b) y del artículo 26 numeral 5º, la autoridad delegante en materia de contratación estatal, puede en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario. Lo cual quiere decir, que en ningún caso, ello comporta la facultad para funcionario alguno de desprenderse ligera y definitivamente de una función cuyo ejercicio delegado pasa a ser lesivo para la

entidad. No hay duda que las competencias relativas a la contratación estatal, responden a la naturaleza de competencias regladas y que cualquier inobservancia al respecto, no pueden pasar inadvertidas, para quien siendo el titular originario de las mismas, las ha delegado, pues los deberes de control que incluso llegan hasta la acción de avocar o revocar lo decidido por el delegatario, le exigen tomar la iniciativa correctora para impedir o resarcir las violaciones al ordenamiento jurídico que se consoliden con las funciones delegadas. Cabe destacar respecto de la institución de la delegación, lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-372 del 15 de mayo de 2002: “1) El vínculo delegante -delegatario. Al delegar se establece un vínculo funcional especial y permanente entre delegante y delegatario para el ejercicio de las atribuciones delegadas. Es especial en cuanto surge a partir del acto de delegación, de forma adicional a la relación jerárquica o funcional que exista entre ellos y es permanente en cuanto permanece activo mientras rija el acto de delegación. En virtud de tal vinculación, el delegante conserva y ejerce la facultad para reformar o revocar los actos o resoluciones del delegatario y para revocar el acto de delegación (C.P., art. 211). Estas particularidades se desprenden del principio de unidad de acción administrativa, de la aplicación de los principios de la función administrativa a que hace referencia el artículo 165 – 105848 Fallo absolutorio de primera instancia 6 Martha Patricia Añez Maestre 209 de la Carta y del deber de dirección, instrucción y orientación que corresponde al jefe de la entidad u organismo estatal...”

Así las cosas se tiene que, quien asume un cargo público, dentro de niveles, llamados a representar las mayores jerarquías en los entes territoriales, como son los alcaldes y gobernadores, se les exige solvencia en el manejo de unos temas que son vertebrales en la administración de la entidad territorial, como es el caso de la contratación administrativa, la cual constituye un ejercicio permanente y central en las tareas de la administración de ese tipo de entidades, puesto que es un instrumento fundamental para el logro de los fines de la administración territorial, cuyos aspectos básicos no puede desconocer ese servidor sin correr el riesgo de hacerse responsable por las equivocaciones que cometa a causa de esa ignorancia. En el caso bajo estudio se advierte que el disciplinado en su condición de alcalde del Distrito de Santa Marta, y como tal responsable de la actividad contractual del ente territorial, no cumplió con el deber de vigilancia en relación a los contratos plurimencionados, por cuanto como quedó demostrado, estos se suscribieron con una persona que se encontraba inhabilitada, con lo cual incurrió en falta disciplinaria, por cuanto su actuación no se ciñó a lo preestablecido en la ley, al omitir el deber primario de cuidado, control y seguimiento de las competencias y funciones por el delegadas, con lo cual desconoció lo previsto en el numeral 5, del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que radica en cabeza del jefe o representante de la entidad, la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección, tal normatividad le impone al titular de dicho cargo, el deber de estar al frente de la dicha actividad aún en los casos en que el ejercicio de la misma se

encuentre delegada en otros funcionarios, por cuanto, la figura de la delegación, no lo faculta para desprenderse de las funciones que por disposición legal le corresponden al jefe de la entidad, pues las mismas las puede reasumir en cualquier momento y por lo que está obligado a ejercer control y vigilancia sobre las funciones delegadas. También se desconocieron los deberes funcionales contenidos el artículo 37 de la Ley 200 de 1995, que establece la garantía de la función pública para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar el servidor público, así mismo se inobservó el deber que también le imponía el numeral 1º del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, reproducido en el normado 34.1, de la Ley 734 de 2002, vigente para la época de los hechos, pues se ha demostrado que se infringió las citadas disposiciones en los términos formulados por el pliego de cargos. 2.3.1. Calificación de la falta y grado de culpabilidad En el pliego de cargos, la falta endilgada en relación con el contrato 018 de 24 de abril de 2002, se calificó como grave a la luz del artículo 27, de la Ley 200 de

1995. Calificación que se mantiene en esta fase procesal.

Respecto al contrato 057 de septiembre de 2002, la falta se calificó, como gravísima, de acuerdo con lo previsto en el numeral 31 de la Ley 734 de 2002, el cual establece que constituye falta de esta naturaleza participar en la etapa precontracutal o en la etapa contractual, con desconocimiento de los principios que

regulan la actividad contractual, y en este caso concreto, se tiene que se desconoció el principio de responsabilidad, por lo tanto se mantiene la calificación. 165 – 105848 Fallo absolutorio de primera instancia 7 Martha Patricia Añez Maestre En cuanto al grado de culpabilidad, en ambos casos se calificó a título de dolo, al considerar que el disciplinado era capaz de comprender la responsabilidad de la delegación y como funcionario público estaba en la obligación de conocer las implicaciones de la violación al régimen contractual. No obstante lo anterior se tiene que de las pruebas que obran en el cartulario, en el caso bajo estudio, lo que se advierte es desatención elemental a reglas de obligatorio cumplimiento, por cuanto, el disciplinado como alcalde del Distrito de Santa Marta, no dispuso de los medios necesario para vigilar las funciones por él delegadas, por lo que se considera válido y procedente reprochar al disciplinado el haber actuado de manera contraria a sus deberes en las circunstancias señaladas, cuando por disposición legal era él directo responsable de la actividad contractual y por el contrario se desprendió totalmente de las funciones por él delegadas, y depositó una confianza desmedida en las actividades de su delegatario, al compromiso que le correspondía en el desarrollo adecuado de sus propias funciones. Téngase en cuenta también, que los contratos cuestionados eran de prestación de servicios, y atendiendo a ello la selección del contratista se hizo de manera directa, situación que obligaba a la administración a conocer la identidad del contratista a fin de establecer si concurría en él una inhabilidad, mas cuando sus apellidos eran idénticos a los de la Secretaria privad de la época, lo cual exigía una mayor

vigilancia cargo del disciplinado. La omisión imputada, se deriva del desconocimiento de la información básica, de los elementos más vertebrales del régimen de la contratación estatal, cuyo manejo se exige de la condición de representantes legales de las entidades estatales y que sustenta la atribución de responsabilidad que la ley ha signado sobre los mismos (Ley 80 de 1993, art. 26 num. 5º), en consecuencia la falta cuestionada se atribuye a título de culpa gravísima. 2.3.2. Dosificación de la sanción Ahora bien teniendo en cuenta que la conducta relacionada con el contrato 057 de celebrado el 18 de septiembre de 2002, se calificó como gravísima a título de culpa gravísima y que de conformidad con lo previsto en el numeral 2, del artículo 44, de la Ley 734 de 2002, las faltas gravísimas a título de culpa gravísima, se sanciona con destitución e inhabilidad general, inhabilidad que de conformidad con lo previsto en el norma 46 ibídem, va de 10 a 20 años, la sanción a imponer será la que se describe en estas disposiciones. En el caso materia de estudio, para la imposición de la sanción se dará aplicación a lo dispuesto en el numeral 2, del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, el cual señala que quien con una o varias accione u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición, y la sanción a imponer mas grave es la destitución e inhabilidad general, esta ultima se incrementará en otro tanto sin exceder el máximo legal.

Con fundamento en lo anterior, el Despacho encuentra que la sanción a imponer por es la destitución e inhabilidad por el término de 13 años, si se tiene en cuenta que el disciplinado como responsable de la actividad contractual debe responder por las gestiones que se desarrollen en ejercicio de la misma y atendiendo al hecho que el acusado ha sido sancionado varias veces por esta entidad por irregularidades en materia contractual; esta sanción se incrementará en tres 165 – 105848 Fallo absolutorio de primera instancia 8 Martha Patricia Añez Maestre meses mas por la conducta atribuida en relación con la celebración del contrato 018 de 2002. Por lo tanto la sanción a imponer es de la de destitución e inhabilidad general por el término de trece años. 2.4. De la violación del principio de transparencia y selección objetiva. El estatuto contractual establece como regla general que la selección del contratista debe hacerse por licitación pública, sin embargo, consagra algunas excepciones respecto a este procedimiento, las cuales están previstas en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, atendiendo entre otros eventos a la naturaleza del contrato y a la cuantía del mismo, se prescinde de ese procedimiento, pero en ellos también se debe garantizar los principios de transparencia y selección objetiva, procedimiento que para la época de los hechos estaban descritos en el decreto 855 de 1994. Para el caso que nos ocupa se debe tener en cuenta que los contratos celebrados entre el Distrito de Santa Marta y PEDRO LUIS ORTIZ CARRILLO, eran de prestación de servicios y tales acuerdos consensuales, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1, literal d) del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, entran dentro de los

contratos que se suscriben bajo la modalidad de contratación directa. De lo anterior es posible concluir que para los contratos celebrados con el señor ORTIZ CARRILLO, por ser contratos de prestación de servicios profesionales, no se requería que la selección de contratista se hiciera a través de un proceso licitatorio o concurso público. No obstante lo anterior, en este tipo de contratos, es decir los de prestación de servicios, de acuerdo con lo previsto, en el artículo 2 del Decreto 855 de 1994, aún en los casos de contratación directa, se deben observarse los principios de transparencia, economía y en especial el de selección objetiva y para el caso de los contratos de prestación de servicios, se garantiza los principios de transparencia y selección objetiva con la obtención de dos ofertas, de conformidad con lo previsto en el normado 3 del mencionado Decreto. Sin embargo, cuando se trate de contratos cuya cuantía no supere el 10% de la menor cuantía, estos se podrán celebrar tomando en cuenta los precios de mercado, sin que para ello se requiera obtener previamente las dos ofertas. En el asunto bajo estudio se tiene que el valor fijado para los acuerdos de voluntades fue de $10.000.000 (fls. 39 - 42 y 48 – 54) y de acuerdo con el contenido de oficio obrante a folios 253 del expediente, la contratación de mínima cuantía para la vigencia 2002, iba hasta la suma de $12.360.000. Así las cosas se tiene que en relación a los contratos cuestionados, al ser de mínima cuantía se podía contratar teniendo en cuenta los precios del mercado, sin que fuera

necesario allegar varias propuestas. Luego entonces en lo que a este punto se refiere, tampoco prospera la imputación efectuada por violación a los principios de transparencia y selección objetiva en atención al valor del contrato, la ley no establece un procedimiento de selección determinado. En mérito de lo expuesto, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal, 165 – 105848 Fallo absolutorio de primera instancia 9 Martha Patricia Añez Maestre

RESUELVE: PRIMERO: Sancionar a HUGO ALBERTO GNECCO ARREGOCES, en su condición de Alcalde del Distrito de Santa Marta, por el hecho estudiado en el numeral 2.3 de esta providencia, de acuerdo con lo expuesto la parte considerativa de este proveído, y como consecuencia, imponer como sanción destitución en el cargo, e inhabilidad por el término de 13 años.

SEGUNDO: Notificar esta decisión al acusado y/o su apoderado, haciéndole saber que contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de esta entidad, en los términos previstos en los artículos 111 y 115 del Código Único disciplinario.

TERCERO: Exonerar a HUGO ALBERTO GNECCO ARREGOCES, de la conducta estudiada en el numeral 2.4 de este proveído, de conformidad con los argumentos expuestos.

CUARTO: Por la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, hacer las anotaciones y comunicaciones de rigor.

QUINTO: Una vez en firme la decisión dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 172 y 174 de la Ley 734 de 2002.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

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