PGN - DELITO Comisión del ilícito a título de dolo

Bogotá, D.C. 5 de abril de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide

el Código Disciplinario Unico”

Actora: Sandra Vanegas Leaño

Magistrado Sustanciador: Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA

Expediente No. D-5968 Concepto No. 4081 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución y por designación realizada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución No. 057 del 6 de marzo de 2006, al haberse aceptado su impedimento y el del Viceprocurador General de la Nación, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por la ciudadana Sandra Vanegas Leaño, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6, y 242, numeral 1, de la Constitución Política, ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el cual consagra como falta gravísima “Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función a cargo, o abusando del mismo.”

1. Planteamiento de la demanda La ciudadana Vanegas Leaño manifiesta que la norma impugnada vulnera los artículos 1, 2, 15, 29 113 de la Constitución Política, por las siguientes razones:

1.1. Se desconoce el principio de la efectividad de los derechos y, en especial, a no ser juzgado dos veces por el mismo asunto, puesto que no protege el debido Concepto No. 4081 proceso ni el principio del non bis in ídem, la autorización del legislador al operador disciplinario de indagar sobre una conducta que constituye delito sin esperar la decisión final del juez natural, como es la justicia penal y, más aún, cuando éste determine que la conducta no existió. 1.2. Vulnera los derechos a la honra y al buen nombre, debido a que disciplinariamente el sujeto investigado puede aparecer como que cometió un delito, aunque el juez penal lo haya absuelto o lo absuelva con posterioridad. Igualmente, rompe con el principio de la separación de los poderes, en la medida en que las decisiones de los órganos de control puedan constituir una indebida intromisión, incurriendo en contradicciones respecto de las providencias expedidas por la administración de justicia.

2. Problema jurídico Al Ministerio Público corresponde establecer si el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 vulnera los derechos al buen nombre, la honra y el debido proceso, así como el principio de la separación de poderes.

Al respecto, el Ministerio Público considera lo siguiente:

3. Existencia de cosa juzgada constitucional 3.1. Teniendo en cuenta que la Corte constitucional, mediante Sentencia C-124 del 18 de febrero de 2003, declaró la exequibilidad del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en el presente caso no es necesario hacer planteamiento distinto a

que se declare la existencia de cosa juzgada constitucional y así lo solicitará a esa Corporación. Si bien, aparentemente los artículos constitucionales invocados como sustento de los cargos son distintos, éstos giran, en esencia, alrededor del tema de la violación 2 Concepto No. 4081 del principio del non bis ídem, situación que ya fue objeto de estudio de constitucionalidad en la referida sentencia, sobre lo cual la Corte señaló: “Acerca de la distinción entre el Derecho Disciplinario y el Derecho Penal la Corte ha señalado: “Así las cosas, cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se evalúa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios. En el proceso disciplinario contra servidores estatales se juzga el comportamiento de éstos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública; en el proceso penal las normas buscan preservar bienes sociales más amplios” De igual manera afirmó: i) Que es falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o

abusando del mismo (Art. 48, Num. 1, Ley 734 de 2002)… 4.3.2. Se observa que en estas disposiciones el legislador, con un criterio genérico o amplio, mediante tipos abiertos, describe algunas conductas constitutivas de falta disciplinaria, señala si las mismas son dolosas o culposas y establece su mayor o menor gravedad. Esta técnica legislativa, como se indicó, es propia del campo del Derecho Disciplinario, por la imposibilidad práctica de encuadrar en forma detallada y exhaustiva las posibles faltas de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones constitucionales y legales, por lo cual el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración y con fundamento en particular en lo dispuesto en los Arts. 124 y 150, Num. 23, de la Constitución, en virtud de los cuales corresponde al Congreso de la República determinar “la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva” y “expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas”, obró con un criterio razonable y no quebrantó el principio de legalidad que forma parte integrante del principio del debido proceso, de conformidad con lo estatuido en el Art. 29 superior.” 3 Concepto No. 4081 Así las cosas, por encontrarse demostrados los presupuestos para declarar la existencia de cosa juzgada constitucional, se solicitará a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en la Sentencia C-124 de 2003.

4. Conclusión En mérito de lo expuesto, solicito a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en la Sentencia C-124 de 2003, mediante la cual se declaró la EXEQUIBILIDAD del

numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Señores Magistrados,

MARIA CLAUDIA ZEA RAMIREZ

Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales MCZR/AEspinosaB 4