PGN - DELITO DE EXTORSION AGRAVADO Autor intelectual del delito de extorsión
Detalles
- Título
- PGN - DELITO DE EXTORSION AGRAVADO Autor intelectual del delito de extorsión
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
Nota de Relatoria: Se suprimen lo datos personales con el fin de preservar el derecho a la intimidad.
SALA DISCIPLINARIA
Bogotá D. C., seis (6) de mayo de dos mil diez (2010). Aprobado en Acta de Sala No. 20.
Radicación No.: 161-4602 (IUS-2009-177382) Disciplinados: XXXXXXXXXX Cargos y Entidad: Directora Nacional de CTI y servidores públicos adscritos a esa entidad Quejoso: Juan Pablo Rubio Camacho Fecha queja: 17 de junio de 2008
Fecha hechos: junio de 2008
Asunto: Apelación auto de archivo
P. D. Ponente: Dra. MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, y el recurso de apelación interpuesto y sustentado en legal forma por el señor JUAN PABLO RUBIO CAMACHO, conoce la Sala Disciplinaria el auto calendado 12 de noviembre de 2009, por medio del cual la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial ordenó la terminación del procedimiento y consecuencialmente el archivo del proceso disciplinario adelantado contra los doctores MARILÚ MÉNDEZ RADA, Directora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación “CTI” y FERNANDO MÁRQUEZ, Jefe de División del CTI, y los señores XXXXXXXXXXXXXXXXXX investigadores Criminalísticos adscritos al CTI.
ANTECEDENTES PROCESALES Los hechos motivo de averiguación disciplinaria tuvieron su génesis en la copia del
escrito de queja presentado el 17 de junio de 2009, por el señor JUAN PABLO RUBIO CAMACHO y dirigido al Presidente de la República, a través del cual pone en conocimiento de este Ente de Control los hechos que lo tienen en riesgo a él y a su familia. Relató que El señor JEFERSON MACAFI, Director de la CIA en Colombia, en combinación con la DEA, el señor Jefe del CTI. Grupo Especial Contra el Terrorismo lnternacionaI, señor FERNANDO MARQUEZ y la Directora Nacional del CTI., doctora MARILU MENDEZ RADA, tienen información suministrada erróneamente la cual fue proporcionada en forma malintencionada “por el grupo a cargo de la supuesta investigación, integrado por los investigadores XXXXXXXXXX Radicación No. 161-4602 ”. Puntualizó que estos investigadores, hace aproximadamente un año lo contactaron, por intermedio del señor GERMÁN TORRES, “conocido mío” y amigo de FARID MURCIA, enterándolo que en los organismos mencionados, existía una supuesta investigación muy delicada; que “posteriormente tuvo una cita concertada por GERMÁN TORRES, con el señor XXXXXXXXXX. , “quien me dice que por la suma de Tres millones de dólares (US. 3.000.000.oo); dicho señor tenía el control total para darle fin a esa supuesta investigación para que concluyera a favor mío, que él tenía que viajar a New York, EE. UU., para darle manejo y ponerle fin ante los americanos, al supuesto problema. (Problema, que este
señor XXXXXXXXXX aduce que yo tengo, lo cual no es cierto”. Señaló que le solicitó pruebas de esas afirmaciones, y se sorprendió cuando le trajo los mismos elementos probatorios utilizados en el proceso que se adelantó inicialmente en las Fiscalías Especializadas de Cali, por Lavado de activos, y que fue fallado por asignación especial en las Fiscalías Delegadas ante el Tribunal de Bogotá, con preclusión de la investigación a su favor, la cual se halla ejecutoriada. Mencionó que cuando llegó el señor XXXXXXXXXX de la presunta reunión en los Estados Unidos, le refirió personalmente de otra reunión acordada por el señor GERMÁN TORRES, indicándole “que fue un éxito total y quedó a favor mío todo. Que solo dependía de la seriedad mía para la cancelación de la suma que el señor XXXXXXXXXX me estaba exigiendo”. Precisó que GERMÁN TORRES, FARID MURCIA Y XXXXXXXXXX, continúan insistiendo en el pago del dinero exigido, y ahora lo están incriminando dizque por soborno, lo cual es retaliación por no haber pagado el dinero exigido. Por tanto, solicita se investiguen estos hechos, aunque acepta que cometió errores en el pasado por su inexperiencia y juventud, sin que tenga actualmente nada pendiente con la justicia nacional ni internacionalmente (fls. 2 a 4). El quejoso aportó fotocopia de la denuncia penal que formuló ante la Fiscalía General de la Nación, el 21 de julio de 2009, por el delito de extorsión agravada en contra XXXXXXXXXX, donde describe los hechos en forma similar a los especificados en el escrito de denuncia, delatando que “un conocido de él, GERMÁN
TORRES y su amigo FARID MURCIA, le comunicaron que un señor del CTI de la Fiscalía, amigo de éste último, le había informado que tenía una investigación y que trabajaba para el señor XXXXXXXXXX”, Jefe encargado de su supuesta investigación, “y que en compañía de otros compañeros, tenían el manejo del proceso y que podían manejarlo para que terminara a su favor. Que arreglarlo costaba tres millones de dólares (US. 3.000.000.oo)”. Agregó, que después en una reunión con el señor XXXXXXXXXX y el otro sujeto del cual ignora su nombre, la manifestaron que la investigación iba muy adelantada y continuaban exigiendo los tres millones de dólares, ante lo cual les respondió que no tenia esa cantidad de dinero, y que no tenía nada que esconder, porque no tener nada pendiente con las autoridades. 2 Radicación No. 161-4602 “8) El sindicado XXXXXXXXXX me dice que confía plenamente en que yo le cancelaría la suma de dinero antes mencionada y que el iba a manejar todo el proceso en esa ciudad para que se fallara a mi favor y se terminara definitivamente mis problemas legales tanto a nivel nacional como a nivel internacional y que nos veríamos tan pronto regresara de su viaje a New York. 9). Una vez arribó el denunciado al país me cito a una reunión el sindicado NÉLSON GERMÁN CAMACHO ESCOBAR con el otro sujeto DE NOMBRE DESCONOCIDO y el señor FARID MURCIA y me manifestó que todo había sido un éxito que ya había arreglado todo a mi favor y volvió a tocar el tema del dinero exigido y me pidió un
adelanto de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) y me reiteró su confianza de que yo efectuaría el pago de los dineros exigidos, PROPONIÉNDOME QUE FUERA ENTREGANDO SUMAS DE DINERO COMO ME FUERA POSIBLE, HASTA CUMPLIR CON LO EXIGIDO. 10). Cual sería mi sorpresa, cuando posteriormente me enteré que el viaje del denunciado XXXXXXXXXX fue para coordinar mi extradición, basado en los documentos extraídos del llamado caso Capitolio que son todos los argumentos del montaje para lograr mi extradición y el pago de la EXTORSION AGRAVADA”. 11). Por último sostuvo que las supuestas pruebas extraídas del caso Capitolio, ya fueron valoradas por el señor Fiscal cuando precluyeron las investigaciones a su favor, así como las de África, que también fueron falladas a su favor (fls. 8 a 14). La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judiciale, por auto de 29 de julio de 2009, dispuso la apertura de indagación preliminar contra los doctores Marilú Méndez Rada, Directora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación “CTI” y Fernando Márquez, Jefe de División del CTI, y los señores XXXXXXXXXX, Oscar Julio Fonseca Ruiz y César Augusto López Rojas, investigadores Criminalísticos adscritos al CTI. (fls. 5 a 7). Auto que dispuso en el ordinal cuarto de la parte resolutiva notificar personalmente a los sujetos procesales, pero no se cumplió con tal formalidad. Posteriormente, mediante providencia de fecha 12 de noviembre de 2009, el
Operador Jurídico decretó la terminación del procedimiento y simultáneamente el archivo del proceso disciplinario seguido contra los doctores Marilú Méndez Rada, Directora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación “CTI” y Fernando Díaz Márquez, Jefe de División del CTI, y los señores XXXXXXXXXX, Oscar Julio Fonseca Ruiz y César Augusto López Rojas, investigadores Criminalísticos adscritos al CTI. (fls. 41 a 43). Proveído que fue notificado personalmente al señor Oscar Julio Fonseca Ruiz el 25 de noviembre de 2009, y a los señores XXXXXXXXXX y César Augusto López Rojas el día 30 del mismo mes y año (fls. 50 y 51). Ante la no comparecencia de los doctores Marilú Méndez Rada y Fernando Díaz Márquez, se procedió a la notificación por estado el día 2 de diciembre de 2009 (fl. 52). Al quejoso se le envió el oficio No. 1346 fechado 18 de noviembre de 2009, sin que conste la fecha en que fue puesto en la oficina de correo (fl. 44), quien el día 4 de diciembre de 2009 impugnó la providencia emitida por el A quo (fls. 53 a 55); recurso de apelación que le fue concedido en el efecto suspensivo a través de auto de fecha 16 de diciembre de 2009 (fls. 65 y 66).
PROVIDENCIA RECURRIDA
3 Radicación No. 161-4602 Conforme se registró en precedencia, la primera instancia culminó la indagación
preliminar el 12 de noviembre de 2009, por auto mediante el cual ordenó la terminación del proceso disciplinario y en consecuencia el archivo definitivo (fls. 41 a 43). Argumentó el A quo que con el fin de ampliar los hechos descritos en la queja y ratificar al quejoso, se libraron los oficios números 0769 de 31 de julio y 0883 de 21 de agosto de 2009 a la dirección reportada, no es desconocida, según constancia dejada por el Citador de la Delegada, y conforme devolución del oficio por la Oficina de Correo, el número tampoco existe (fls. 16, 17, 22 y 22v). Que así mismo, el 10 de noviembre de 2009, se dejó constancia, que en varias oportunidades se intentó comunicarse con el número de celular registrado, pero siempre remitía a corro de voz (fl. 40). Precisó el Operador Jurídico que para “obtener éxito en el desarrollo de la investigación y establecer por un medio de prueba la existencia de la falta disciplinaria denunciada, como el comportamiento de los servidores públicos denunciados por el quejoso, es indispensable lograr la declaración jurada mencionada, y así concretar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la conducta denunciada, las cuales no fueron descritas en el escrito de queja. Igualmente, para ubicar al único testigo mencionado en ésta y del que no se indicó dirección alguna donde pueda ser contactado para recibírsele declaración”. Que por tanto, al no poderse localizar al quejoso, lo cual es “fundamental para obtener elementos de prueba necesarios y encauzar la investigación”, no puede
continuarse con la actuación, ante la imposibilidad de “verificar en el transcurso de la indagación preliminar la ocurrencia de la conducta denunciada, es imperioso decretar el archivo definitivo del asunto, según lo dispone el artículo 150, incisos 2° y 4º de la Ley 734 de 2002. RECURSO DE APELACIÓN El quejoso JUAN PABLO RUBIO CAMACHO, el 4 de diciembre de 2009, impugnó la decisión del A quo, solicitando su revocatoria y que se continúe con la investigación, para lo cual esgrimió como argumentos de inconformidad los siguientes (fls. 53 a 55): Aclaró primeramente que la comunicación por correo la recibió el 1º de diciembre de 2009. 1). Sostuvo que la providencia de primera instancia “está llena de inconsistencias y argumentos erróneos”, que posiblemente llevaron a la Delegada a culminar con una decisión no acorde con la realidad que debe reflejarse en el proceso”. 2). Precisó que el acápite de Hechos y Antecedentes, “inicia con una inconsistencia sumamente grave y errada, por que (sic) el investigador tergiversa lo dicho por el suscrito al afirmar que la CIA Y LA DEA tienen una información errada suministrada por MARYLU MENDEZ RADA Directora Nacional del CTI, el jefe de Grupo Especial contra el Terrorismo FERNANDO MARQUEZ quienes la recibieron de los
investigadores XXXXXXXXXX, OSCAR TULIO FONSECA RUIZ y CESAR
4 Radicación No. 161-4602 AUGUSTO LOPEZ ROJAS, información contra el suscrito o quejoso. No hay nada
más falso que esta afirmación, por cuanto la información que suministró está plasmada en la denuncia que hice ante la Fiscalía General de la Nación, no sé por qué el investigador tergiversa la versión y pretende involucrar personajes importantes, para poder proferir una resolución malintencionada”. 3). Afirmó el impugnante que “XXXXXXXXXX Y DIDIER FIERRO” si son responsables de los hechos e ignora “por qué los excluyen de la investigación si son los directos responsables de los hechos denunciados” y tienen conocimiento de la demás gente involucrada, el primero era quien manejaba la gente, y en la Fiscalía aportó pruebas que inclusive entre ellos se estaban chuzando los teléfonos”. 4). Que desconoce por qué razón “se involucraron personas ajenas a la investigación, que nada tienen que ver con la extorsión, la cual fue fraguada por XXXXXXXXXX y DIDIER FIERRO y otras personas, “pero nunca señalé otras personas sino a este par de sujetos quien con otros amigos de ellos, pero sin señalar personas”. 5). Señaló que “DIDIER FIERRO es autor del delito que se investiga y no se por qué lo excluyen si es directamente implicado y es autor intelectual del ilícito”. 6). Clarificó el recurrente que la petición de la extorsión es por la suma de tres millones de dólares “(US 3.000.000)” y no por la suma de tres mil dólares como lo afirma la Delegada erradamente. 7). Sostuvo que la investigación se basó en errores, por tanto las consideraciones de la providencia están apoyadas en inconsistencias. 8). “La excusa de que el suscrito nunca se presento a ratificarse o a suministrar
información no es mas que infantil por que afirma que me fueron enviadas comunicaciones a mi residencia y que no encontraron la dirección, pero que curioso, que para la notificación de la providencia recurrida, si lo hicieron y a la misma dirección que no encontraron anteriormente”. 9). “Como pretende el investigador que me presente a ratificarme si nunca fui notificado o informado al respecto?”. 10). Indicó el apelante que se dejó constancia que no se logró comunicación con el abonado celular, porque siempre iba al sistema correo de voz, “pero la misma persona nunca utilizó los mismos medios para dejar un mensaje de voz y o de texto para suplir la falla en la respuesta telefónica? No es extraño?”. 11). El quejoso manifiesta que está dispuesto a ratificarse de los hechos y a allegar las pruebas necesarias para que se investiguen a fondo los hechos denunciados. 12). Persiste el impugnante en suministrar la dirección para ser notificado, la antigua XXXXXXXXXX, aclara que cambia el número pero no la calle que es la misma. Así mismo aporta otro número de teléfono de celular, el 3125871857, para que no exista excusa de que no se contesta. Finalmente adjuntó nuevamente copia de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación, cuya investigación esta en curso, y copia de la queja. 5 Radicación No. 161-4602 CONSIDERACIONES DE LA SALA El cuestionamiento del quejoso RUBIO CAMACHO, está encaminado en concreto a que la Delegada vinculó a la indagación preliminar a personajes importantes que él
no había denunciado y que no tienen que ver con el delito de extorsión, toda vez que la información fue la misma que suministró a la Fiscalía General de la Nación. Pues los verdaderos responsables de los hechos son XXXXXXXXXX. Además, insiste en que la dirección corresponde a la que registró en la queja y que le extraña que si no se logró comunicación con su celular, porque siempre iba a correo de voz, por qué razón no se le dejó mensaje de voz o de texto. El inciso cuarto del artículo 150 de la ley 734 de 2002, preceptúa: “En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses”. A continuación la Sala Disciplinaria determinará si se dan los presupuestos establecidos por la anterior disposición legal para proceder o no a la confirmación de la decisión recurrida de acuerdo a los planteamientos de disentimiento esbozados por el quejoso recurrente y las pocas probanzas arrimadas al expediente: 1). Es palmario que se denunció al señor XXXXXXXXXX quien viene extorsionando al quejoso por la suma de tres millones de dólares, para favorecerlo con una supuesta investigación en su contra en los Estados Unidos, lugar donde iba a viajar con tal finalidad. 2). Tanto en la queja como en la denuncia penal, sostiene el señor RUBIO CAMACHO que fue contactado para hablar con XXXXXXXXXX, por intermedio de un
conocido, GERMÁN TORRES, quien a su vez es amigo de FARID MURCIA. Además, afirmó que después se enteró que XXXXXXXXXX viajó con la finalidad de coordinar su extradición, con documentos extraídos del llamado caso Capitolio, donde se valoraron dichas pruebas por el señor Fiscal, precluyendo las investigaciones a su favor, así como las de África. 3). En el escrito de apelación el quejoso identifica y delata por el hecho punible de extorsión agravada a los servidores públicos XXXXXXXXXX y DIDIER FIERRO, éste último quien es el autor intelectual del delito. Siendo importante destacar, contrario a lo sostenido por el apelante, que el A quo no tenía por qué vincular en la indagación preliminar al señor DIDIER FIERRO, toda vez que el quejoso vino a individualizarlo o particularizarlo como autor intelectual de la conducta punible de extorsión agravada solamente en la sustentación del escrito de apelación, y como se indicó en precedencia, ni en la queja ni en la denuncia penal refirió a este señor. Por tanto, es un hecho nuevo, y dispone claramente el inciso sexto del artículo 150 del CDU, que la “indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos”. 6 Radicación No. 161-4602 4). Censura este Despacho la decisión adoptada por el Operador Disciplinario, en el sentido de disponer el archivo definitivo de la actuación disciplinaria, con el único argumento de no haber localizado al quejoso para ratificar y ampliar la queja, para
concretar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos denunciados, pues el quejoso allegó oportunamente copia de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación, el 21 de julio de 2009, por el delito de extorsión agravada en contra de XXXXXXXXXX, donde claramente explicó las circunstancias en que sucedieron los hechos; pudiendo haberse acudido a practicar visita especial al proceso penal que se abrió con base en esta denuncia penal y trasladar las pruebas obrantes en el expediente. Igualmente a folios 38 y 39 obra el oficio No. 6155 de 29 de septiembre de 2009, procedente del Jefe Oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación, donde se informa que en esa fecha bajo el radicado No. 20468, se inició investigación disciplinaria por presuntos actos de corrupción, contra XXXXXXXXXX, Investigador Criminalístico IV de la División de Investigaciones, debiéndose haber solicitado al menos fotocopias de las probanzas existentes en el informativo, para ser adosadas al plenario y valoradas por la primera instancia, en el evento de ser los mismos hechos a que se contraen las presentes diligencias. 5). Como quiera que la única persona que denunció el quejoso en el escrito de queja fue al servidor público XXXXXXXXXX, se procede por parte de este Despacho a confirmar parcialmente la providencia recurrida respecto de los otros involucrados, teniendo en cuenta que se asevera que no ha solicitado investigar a los demás servidores públicos que fueron objeto de indagación preliminar. Lo anterior a pesar
de lo dicho en precedencia, en el sentido de no compartir este Despacho las razones jurídicas esbozadas por el A quo para decidir el archivo de las diligencias. De acuerdo a lo que antecede, y como la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial tiene asignada competencia para investigar a la Directora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación “CTI”, según el artículo 25 literal f) del Decreto 262 de 2000, es indudable que asumió el conocimiento de todos los servidores públicos enunciados, en virtud de lo previsto en el inciso segundo del artículo 81 del CDU; pero como se dijo con antelación, al quedar vigente la indagación preliminar solamente en lo que respecta al señor XXXXXXXXXX, pierde competencia dicha Delegada para continuar investigándolo, y se radica en las Procuradurías Distritales de Santa Fe de Bogotá ®, en virtud de lo previsto en el parágrafo primero del artículo 76 del Decreto 262 de 2000, dependencias a donde la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial remitirá el presente expediente para que se continúe con la indagación preliminar y se estudie el contenido del recurso de apelación donde el quejoso también denunció e identificó al señor DIDIER FIERRO, como autor intelectual del delito de extorsión agravado de que ha sido objeto. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la providencia de fecha 12 de
noviembre de 2009, por medio del cual la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial ordenó la terminación del procedimiento y consecuencialmente el archivo del proceso disciplinario adelantado únicamente 7 Radicación No. 161-4602 contra los doctores MARILÚ MÉNDEZ RADA, Directora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación “CTI” y FERNANDO MÁRQUEZ DÍAZ, Jefe de División del CTI, y los señores OSCAR JULIO FONSECA RUIZ y CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ ROJAS, Investigadores Criminalísticos adscritos al CTI, ello de conformidad con las precisiones realizadas en el cuerpo de esta decisión. SEGUNDO. En virtud de lo previsto en el parágrafo primero del artículo 76 del Decreto 262 de 2000, REMITIR por parte de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial el presente expediente con destino a las Procuradurías Distritales de Santa Fe de Bogotá ®, en virtud de lo previsto el parágrafo primero del artículo 76 del Decreto 262 de 2000, para PROSEGUIR LA INDAGACIÓN PRELIMINAR contra el señor XXXXXXXXXX Investigador Criminalístico IV de la División de investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación “CTI”, conforme lo denuncia el quejoso, y de acuerdo a lo consignado en la parte motiva de este auto. TERCERO. COMUNICAR POR LA OFICINA DE ORIGEN el contenido de la presente providencia a los investigados doctores MARILÚ MÉNDEZ RADA, Directora
Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación “CTI” y FERNANDO DÍAZ MÁRQUEZ, Jefe de División del CTI, y los señores OSCAR JULIO FONSECA RUIZ y CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ ROJAS, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno habida cuenta de estar agotada la vía gubernativa. Los antes citados se ubican en la XXXXXXXXXX. CUARTO. COMUNICAR POR LA OFICINA DE ORIGEN, el contenido de este proveído al quejoso recurrente, señor JUAN PABLO RUBIO CAMACHO, previniéndole que contra el mismo no procede ningún recurso por hallarse agotada la vía gubernativa, quien se localiza en dirección XXXXXXXXXX (fl. 55). QUINTO. DEVOLVER el expediente a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, previos los registros y anotaciones a que haya lugar.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS
Procurador Primero Delegado Presidente
MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO
Procuradora Segunda Delegada
Proyectó: Dra. Amparo Rojas V
Exped. No.161-4602 (IUS-2009-177382) 8