PGN - DEMANDA DE CASACION Error de técnica en la formulación de los cargos

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Julio Socha Salamanca

Bogotá, D. C.

REF.: Demanda de casación presentada por el representante de la parte civil contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que absolvió a los procesados Armando del Valle López, Olga y Carlos Lajud Cárdenas de los delitos de fraude procesal en concurso con el delito de estafa procesal agravada.

Rad. No. 25.608 El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla mediante sentencia del 16 de diciembre de 2004 condenó a Olga Marina Lajud Cárdenas, Carlos Lajud Cárdenas, a la pena principal de 36 meses de prisión y multa de quinientos mil ($500.000,oo) pesos, así como a cancelar, por concepto de perjuicios materiales, la suma de 50 salarios mínimos vigentes al encontrarlos responsables en calidad de autores de los delitos de fraude procesal en concurso con el delito de estafa procesal agravada, en el que aparecen como víctimas Myriam y Neyla Sofía Lajud Catalán y el Estado. La sentencia, de otra parte también condenó a Gladys María Cárdenas Mendoza a la pena principal de 22 meses de prisión y a la multa de $50.000,oo pesos y a todos los procesados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad. La anterior providencia fue apelada por los defensores de los procesados para

ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que lo desató mediante fallo de nueve de diciembre de dos mil cinco en el que revocó la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y absolvió a los acusados de toda responsabilidad en los delitos imputados. Hubo salvamento de voto de uno de los magistrados que conformaron la sala de decisión. Contra la anterior providencia se interpuso el recurso extraordinario de casación por el apoderado de la parte civil, el que fue admitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal corresponde a la Procuraduría Cuarta Delegada en lo Penal, emitir concepto sobre la viabilidad del recurso. SITUACIÓN FÁCTICA En Barranquilla, el día cinco de noviembre de mil novecientos noventa murió de forma violenta el señor Carlos de las Mercedes Lajud Arias, dándose inicio a la apertura de la sucesión intestada por parte del apoderado de las señoras Miryam Esther Lajud Catalán de Ortiz y Neyla Sofía Lajud Catalán, el que fue iniciado en el Juzgado Primero de Familia del Barranquilla el siete de mayo de mil novecientos noventa y uno. Para la misma época se dio inicio al trámite de sucesión intestada a través de apoderado por parte de los herederos Carlos y Olga Marina Lajud Cárdenas, la que correspondió al Juzgado Sexto de Familia, fenómeno que originó la colisión de competencias por presentarse dos sucesiones ante dos despachos diferentes sobre el mismo causante, situación que fue definida por el tribunal al adscribirle el

trámite del proceso al Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla en atención a que había dictado con antelación del auto de apertura y radicación de la sucesión del causante Carlos Lajud Arias. El Juez Sexto de Familia de Barranquilla al ser informado que los herederos Carlos y Olga Lajud Cárdenas habían llevado a cabo el trámite sucesoral a través de la Notaría Tercera de Barranquilla, mediante escritura pública No. 3456 de 25 de noviembre de 1993, dictó un auto con fecha 11 de agosto de 1998 en el que dio por terminado el proceso de sucesión. Contra el anterior pronunciamiento se interpuso el recurso de apelación el que fue resuelto por el Tribunal Superior de Barranquilla mediante providencia de 4 de marzo de 1999, en la que revocó la decisión adoptada y ordenó compulsar copias con destino a la fiscalía y a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para lo pertinente. Debe indicarse que luego de reconocidos como herederos Carlos y Olga Marina Lajud Cárdenas, éstos enajenaron el bien inmueble adjudicado a título de venta, en el que fungió como compradora su propia progenitora, señora Gladys María Cárdenas Mendoza, traslado de dominio que fue plasmado en la escritura pública No. 3557 de 3 de diciembre de 1993 de la Notaría Tercera de Barranquilla, por la suma de 98’000.000,oo millones de pesos, documento registrado el 17 de enero de 1994 en las Oficinas de Instrumentos Públicos y Privados de esa ciudad.

Con posterioridad, la señora Gladys María Cárdenas Mendoza mediante escritura pública No. 1585 de 17 de junio de 1994, de la misma notaría, transfiere el derecho de dominio a título de venta por la suma de cien millones de pesos a la señora Aida Belinda Frieri García, instrumento que fue registrado el 31 de agosto de 1994 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; esta persona resultó ser familiar de la vendedora Cárdenas Mendoza. ACTUACIÓN PROCESAL Con fundamento en el oficio 1032 de 11 de septiembre de 1998 enviado por el Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla, en el que se anexa copia del proceso de sucesión del causante Carlos Mercedes Lajud Arias, la Fiscalía Dieciséis de la Unidad Dos de Barranquilla dictó resolución el 5 de octubre de 1998, en la que decretó la apertura de la investigación y ordenó oír en indagatoria a Carlos Lajud Cárdenas y Olga Lajud de Iriarte. En esa misma resolución decretó el embargo especial al inmueble objeto del proceso de sucesión. Ordenó vincular también a los abogados Adalberto Reyes Olivares y Armando del Valle López. El apoderado de Myriam Lajud Catalán de Ortiz y Carmen Cecilia Lajud Castellar de Moreno presentó demanda de constitución de parte civil el 30 de octubre de 1998 en la que denunció otros bienes propiedad del causante que fueron escondidos por los herederos Lajud Cárdenas. La demanda fue admitida mediante resolución de 4 de noviembre de 1998. Olga Marina Lajud Cárdenas rindió indagatoria el 24 de noviembre de 1998,

diligencia en la que estuvo asistida por un defensor de confianza. Lo propio hizo Carlos Lajud Cárdenas quien rindió indagatoria el 4 de enero de 1998, actuación en la que estuvo asistido por un defensor de confianza. El abogado Armando del Valle López rindió indagatoria el 5 de abril de 1999, procedimiento en el que estuvo asistido por un abogado de confianza. El abogado Adalberto Reyes Olivares rindió indagatoria el 6 de abril de 1999 en la que estuvo asistido por un defensor de confianza. La Fiscalía Cincuenta y Ocho Delegada de la Unidad Dos, mediante resolución de 6 de abril de 1999 resolvió la situación jurídica de los hermanos Olga y Carlos Lajud Cárdenas, con medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de fraude procesal y estafa. Con fecha 18 de agosto de 1999 fue recibida en la Dirección Seccional de Fiscalías en Barranquilla la denuncia formulada por Olga Lajud Cárdenas en contra de su hermano Carlos Lajud Cárdenas y su progenitora Gladys María Cárdenas Mendoza por cuanto actuaron deslealmente y liquidaron la sucesión de su padre a su acomodo, burlando los intereses del resto de herederos. La providencia que negó conceder la caución juratoria solicitada por los procesados fue recurrida por el defensor del procesado. Olga Lajud Cárdenas amplió su indagatoria el 1° de julio de 1999, diligencia en la que estuvo asistida por un defensor de confianza en la que señala que su

progenitora nunca manejó dinero alguno y pormenores sobre la actitud mentirosa de su hermano Carlos Lajud Cárdenas. La fiscalía mediante resolución de 4 de agosto de 1999 se negó a reponer la providencia que rechazó la caución juratoria solicitada por el procesado Carlos Lajud Cárdenas. Mediante resolución de 15 de septiembre de 1999 la Fiscalía 58 Delegada ante los Juzgados del Circuito de Barranquilla resolvió la situación jurídica de los abogados Armando del Valle López y Adalberto Reyes Olivares a quienes afectó con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de estafa. Gladys María Cárdenas Mendoza amplió su indagatoria el 8 de febrero de 2000, siendo asistida por un defensor de confianza. Su situación jurídica fue definida mediante resolución de 17 de mayo de 2000 con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de fraude procesal. El cierre de la investigación se produjo el 5 de febrero de 2001 y dentro del traslado precalificatorio presentaron alegatos el apoderado de la parte civil, el defensor de Carlos Lajud Cárdenas, el defensor de Gladys María Cárdenas Mendoza, la defensora de Adalberto Reyes Olivares y el propio sindicado Armando Del Valle López. El apoderado de Aida Frieri García presentó memorial para tramitar el incidente en que solicita el levantamiento de las medidas que afectaron el derecho de dominio de la casa de habitación adquirida a la señora Gladys María Cárdenas Mendoza. La Fiscal Delegada Ante el Tribunal Superior de Armenia avocó el conocimiento

de las diligencias en atención al plan nacional de descongestión y mediante resolución de 6 de marzo de 2001 decretó la nulidad de lo actuado en el cuaderno de incidentes a partir de la resolución de 27 de octubre de 1999. En la misma decisión confirmó la resolución de 15 de septiembre de de 1999 mediante la cual le fue definida la situación jurídica a los abogados Armando del Valle López y Adalberto Reyes Olivares, afectándolos con detención preventiva por el delito de fraude procesal, otorgándoles el beneficio de libertad provisional; de igual manera confirmó la resolución de 17 de mayo de 2000 en la que definió la situación jurídica de la procesada Gladys Cárdenas Mendoza con la aclaración de que la responsabilidad era como cómplice en el delito de fraude procesal y coautora en el delito de estafa. Mediante resolución de 7 de septiembre de 2001 fue cerrada la instrucción y dentro del término de traslado presentaron alegados los defensores de Adalberto Reyes Olivares, el representante de la parte civil; también presentaron memorial el procesado Armando del Valle López, la apoderada de Olga Lajud Cárdenas, el apoderado de Carlos Lajud Cárdenas, el defensor de Gladys Cárdenas Mendoza. La calificación se produjo el 17 de diciembre de 2001 con resolución de acusación en contra de Carlos Lajud Cárdenas, Olga Lajud Cárdenas o de Ibáñez, Gladys Cárdenas Mendoza, Adalberto Reyes Olivares y Armando del Valle López por el delito de establecido en el título séptimo capítulo tercero con circunstancias de

agravación del capítulo noveno del Código Penal. También profirió resolución de acusación contra Carlos Lajud Cárdenas, Olga Lajud Cárdenas o de Ibáñez, Adalberto Reyes Olivares y Armando del Valle López como presuntos autores de la conducta establecida en el título dieciséis capítulo octavo. Contra el anterior pronunciamiento interpusieron recurso de apelación los procesados Armando del Valle López, la defensora del abogado Adalberto Reyes Olivares, la defensora de Olga Lajud Cárdenas, el defensor de Carlos Lajud Cárdenas y dentro de término de traslado a los no recurrentes presentó alegato el apoderado de la parte civil. El recurso fue desatado por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla con resolución del 22 de agosto de 2002, en la que confirmó la acusación en contra de Carlos Lajud Cárdenas, Olga Lajud Cárdenas, Armando del Valle López y Adalberto Reyes Olivares por el concurso de estafa agravada procesal y fraude procesal. El expediente pasó luego al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla el cual ordenó el traslado previsto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal para llevar a cabo la diligencia de audiencia preparatoria, la cual se verificó el 21 de marzo de 2003. La diligencia de audiencia pública tuvo inicio el 10 de abril de 2003 y en su trámite, con auto de 20 de enero de 2004, decretó la extinción de la acción penal por

muerte del procesado Adalberto Reyes Olivares. La diligencia de audiencia culminó el 18 de mayo de 2004, luego de lo cual fue dictada la sentencia de primera instancia el 16 de diciembre de 2004 con los resultados conocidos. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN Primer cargo Con apoyo en la causal primera de casación el demandante acusa la sentencia de haber incurrido en error de hecho en la apreciación y valoración de la prueba al tomar en forma errónea y acomodaticia las pruebas que creen convenientes a sus fines para acoger tanto lo favorable como lo desfavorable de los sindicados. Luego de resumir lo acontecimientos de la sentencia, el demandante sostiene que en el párrafo final del folio 17 de la misma, el ponente divide los hechos en la siguiente forma: a) Si había otros herederos reconocidos en el momento en que acudió al notario o si bastaba saber que existían otros aspirantes a heredar. b) El criterio que debe acogerse frente al interrogante planteado en cuanto a qué debe entenderse por “interesados” en el artículo 2° del decreto 902 de 10 de mayo de 1988 modificado por el artículo 2° del decreto 1729 de 1989. Para el censor, interesados serían todos y cada uno de quienes se hubieren presentado al juzgado de familia aspirando a que fueran reconocidos como hijos de Carlos Lajud Arias, mientras que una segunda corriente considera que interesados únicamente podían ser los que tuvieran la calidad de hijos reconocidos previamente por el de cujus, o estuviera reconocidos por el juzgado previa a dicha solicitud extrajudicial, independientemente de que se hubieran

acercado al juzgado varias personas en orden a obtener su reconocimiento. Luego de resumir la actividad procesal realizada con ocasión de la sucesión intestada iniciada por él, especifica que en el mismo Juzgado Séptimo de Familia fue instaurada demanda de filiación natural con petición de herencia a favor de la poderdante Carmen Cecilia Lajud de Moreno, la cual fue admitida el 21 de febrero de 1991, cuya sentencia de reconocimiento se hizo el 8 de junio de 1995, en la que se insistió en notificar a todos los herederos, en su orden Carlos y Olga Lajud Cárdenas, Myriam Esther y Neyra Sofía Lajud Catalán, particularidad que permitió establecer que había un amplio conocimiento de otros herederos ante diferentes estamentos judiciales y conocidos por los sindicados, en tanto sabían de su existencia en forma personal. Considera que el tribunal se equivocó al valorar las pruebas, por lo que transcribe apartes de la sentencia en la que acoge la propuesta de la defensa, la cual sostenía que para la época en que fue solicitado el trámite notarial, los únicos hijos reconocidos del causante eran Carlos y Olga Lajud Cárdenas, a la luz del artículo 2° del decreto 902 de 1988, en consecuencia no podía dársele al término interesados un acepción vulgar sino jurídico-civil. El demandante sostiene que para la fecha mencionada por el tribunal ya estaban reconocidos ante el Juzgado Primero de Familia las hermanas Miryam y Neyra Lajud Catalán y ante el Juzgado Séptimo de Familia se venía tramitando, con

notificación de herederos y edictos emplazatorios, el juicio de filiación natural con petición de la herencia, por parte de la señora Carmen Cecilia Lajud de Moreno. Agrega que existía el reconocimiento del heredero Lajud Madera y de otro juicio de filiación natural que se venía adelantando la señora Elvira Lajud Castellar, quien no había sido reconocida, pero sí distinguida por Lajud Cárdenas. Comenta que dentro del proceso penal adelantado por la el homicidio del causante fue llamada a declarar Elvira Lajud Castellar, hija del obitado, también el esposo de ésta de apellido Cohen y una prima, por indicación de Carlos Lajud Cárdenas. Destaca que con esta actitud ya la estaba reconociendo al sostener que la señora se decía hija del causante, lo que demostró que los procesados conocían en un 70% de los demás hijos. Cuestiona la ausencia de análisis por parte del ad-quem al no estudiar los dos procesos sucesorales abiertos en 1991 que dieron margen a la colisión de competencia, la que finalmente fue atribuida al Juzgado Sexto de Familia, sin que se hubiera impugnado o desconocido el proceso iniciado por el recurrente ante el Juzgado Primero de Familia, luego mal podría darse una colisión de competencia positiva la cual dirime el Tribunal Superior de Barranquilla Sala Civil de Familia. Considera que hay responsabilidad de los sindicados porque en el momento de otorgar poder para adelantar la sucesión notarial, estaba vigente la sucesión contenciosa, particularidad que también sabían y les constaba también a sus apoderados, en consecuencia es mentira el desconocimiento del resto de

herederos del causante con mejor o igual derecho o de terceras personas. Plantea que al omitirlas, este comportamiento tipificó la conducta materia de investigación, cuando no comunicó a todos los herederos la existencia del proceso de su cuya vocación hereditaria conocían por diferentes medios por los acusados Lajud Cárdenas. Transcribe un aparte de la sentencia en la que el tribunal analiza el término interesado y si este término podía incluir personas que no habían sido reconocidas, discusión, que a juicio del recurrente es bizantina, por cuanto pudo establecer que para abril o mayo de 1991 ya se había producido el reconocimiento de Myriam Lajud Catalán de Ortiz y Carmen Lajud de Moreno por parte del Juzgado Primero de Familia. Explica que el mismo memorial presentado por el apoderado de la parte civil, hace referencia a que el reconocimiento de las señoras Myriam y Carmen Lajud se produjo legalmente el 29 de agosto de 1995, por manera que se incurrió en una mentira relevante de Luís Fernández Rodríguez en cuanto que si sabía que ese primer reconocimiento había sido revocado o modificado, luego así debió decirlo durante el sumario o por lo menos en el juicio a fin de que el a quo no incurriera en esa inexactitud que lo llevó a adoptar una posición sin un soporte fáctico con anclaje en lo que existía en el sumario. Para sostener esta afirmación se remite al auto de 6 de agosto de 1997 dictado en el mismo expediente, el que fue aportado por el apoderado de la parte civil, y allí la juez Sexta de Familia afirma que Carmen y Myriam Lajud para esa época aún no

habían probado parentesco con el de cujus y que el reconocimiento a que hacía referencia no aparecía. Agrega que existe otro memorial donde el apoderado dice que el reconocimiento de Carmen Lajud como heredera solo se produjo el 8 de junio de 1995 en auto confirmado por el tribunal superior en agosto de 1998 (ver. Fl. 151 c.o. Fiscalía No.1) Sostiene que el magistrado ponente se dedica a agraviar a la parte civil, cuando las pruebas referentes a la calidad de herederas las tiene el expediente sucesoral radicado bajo el número 1088 que por impedimento tiene el Juzgado Séptimo de Familia con radicación 0343-99, extrañado por las afirmaciones de que no aparecen en el expediente, cuando este hecho fue el motivo de la colisión de competencia. Insiste en que no es cierta la afirmación del tribunal según la cual fue revocado el auto que tuvo como herederas a Miryam y Neyra Lajud Catalán, por manera que existía un reconocimiento en mayo y junio de 1991 por el Juzgado Primero de Familia, condición que el despacho se abstiene de reconocerlo, al exigir una fotocopia del folio de registro de nacimiento las herederas, cuando apenas reposaba un certificado de parentesco emanada de la notaría sin mencionar al Juzgado Sexto de Familia y el auto de 6 de agosto proferido, situación que utiliza el tribunal para manipular la parte resolutiva cuando dice no reconocer como heredera del causante a Elvira Carlina Lajud Castellar que son nombres y hechos diferentes. Plantea que nunca sostuvo que Carmen Cecilia Lajud Castellar de Moreno hubiera

sido reconocida con anterioridad al auto de 1995 y manifiesta que es independiente al reconocimiento de Carlos Lajud Madera por parte del Juzgado de familia, con lo que se demuestra la vocación hereditaria de sus representadas. Comenta que la sola presentación de solicitud de aceptación de heredero de Lajud Madera ya conllevaba un interés que demostraba la existencia de otros herederos con igual o mejor derechos que los Lajud Cárdenas, Lajud Catalán y Lajud Castellar, por manera que la particularidad de no citar el nombre de Lajud Madera en sus escritos, en nada afecta su intervención en la audiencia y no pueden considerarse los demás hechos probatorios como inválidos o inexistentes. Concluye que los sindicados herederos como sus apoderados, en sus diversas actuaciones ante los jueces y Notaría Tercera, tenían conocimiento que el poder otorgado y recibido, en su contenido no se ajustaba a la realidad puesto que había un engaño o falsedad para estafar y defraudar al Estado y demás herederos reconocidos. Para el censor la anterior situación fue tapada por el tribunal al efectuar un estudio acomodaticio que favoreciera a los sindicados. Destaca que el tribunal no tuvo en cuenta las manifestaciones hechas por Olga Marina Lajud Cárdenas, antes de Ibáñez, a quien el ad quem no hace referencia alguna en los cargos que formula contra de los demás sindicados y quien en forma reiterada solicitó ampliación de indagatoria para manifestar que había sido inducida y preparada para declarar en este sentido, bajo la amenaza de confinarla en una cárcel si no lo hacía y que su

esposo Ibáñez fue constreñido para no declarar. Comenta el demandante que ésta procesada llegó a plantear teorías sobre el asesinato de su padre, pues dejó muchos bienes como letras, cheques y documentos varios contenidos en fólderes que ella encontró y que su hermano Carlos de inmediato se apoderó. Aclara que recibió únicamente doscientos millones de pesos de unos títulos y dinero en el exterior de los cuales tuvo que devolver cien millones y los otros fueron invertidos en la compra de una casa de habitación a nombre de sus hijos menores en la cual reside actualmente. Para el censor esta declaración no deja duda que los procesados tenían pleno conocimiento sobre la existencia de todos los herederos que ya habían intervenido y a los cuales dejaron en la indigencia, comportamiento que constituye delito en nuestro sistema penal. Segundo cargo De manera subsidiaria plantea una violación indirecta por cuanto la sentencia incurrió en un error de derecho al sostener la validez de la aplicación de lo normado en el artículo 2° inciso 2° del decreto 902 de 1988, fundado en que los sindicados y sus apoderados manifestaron bajo la gravedad del juramento, no conocer interesados con igual derecho, ni sabían la existencia de otras personas diferentes a los hermanos Carlos y Olga Lajud Cárdenas. A juicio del censor esta apreciación es inválida y no se ajusta al decreto mencionado por cuanto desde el año de 1991 ya habían sido abiertas dos sucesiones, una en el Juzgado Primero y otra en el Juzgado Sexto de Familia en los cuales había el reconocimiento de unos herederos y una colisión de

competencia positiva con conocimiento de los sindicados, como la demanda de filiación natural con petición de herencia a favor de Carmen Cecilia Lajud Castellar, luego era un imposible negar y desconocer un acontecimiento público por cuanto había una persona identificada dentro del sucesorio con igual derecho de los procesados. Comenta el demandante que no obstante conocer esta situación para burlar los derechos patrimoniales acudieron a una sucesión notarial, la que no procedía por no conllevar el acuerdo total de voluntad de todas las personas con igual o mejor derecho, lo que permite inferir la responsabilidad de los procesados. Critica al ad quem quien para fundamentar su sentencia violatoria de la normatividad penal, reconoce únicamente como herederos a los Lajud Cárdenas y señala que la parte civil fue falsa al sostener que antes de 1993 no habían sido reconocidas sus poderdantes, hecho que fue certificado por el Juzgado Séptimo de Familia. Agrega que este documento también contradice lo afirmado por el abogado Valle López quien sostuvo que los apoderados del demandante no habían sido reconocidos antes del año 1995. Añade que dentro de la misma sucesión intestada existe otro auto en el cual la Juez Séptima de Familia, al serle solicitado el desconocimiento de algunos herederos, manifiesta que los documentos allegados a un proceso en legal forma a través de otro despacho, tienen valor probatorio que le da la ley y no pueden ser desconocidos porque esa providencia no revocó o nulitó el reconocimiento de sus clientes como herederos. Comenta que dada la situación de orden público en los municipios de Carmen de

Bolívar, Zambrano, Plato y zonas colindantes, le fue imposible allegar los documentos solicitados, so pena de desconocerles la calidad sucesoral. Expresa que el juzgado debió pedir las copias de manera oficiosa a la notaría, pero que al incorporarlos a través de terceras personas se le pidió verificar su autenticidad, lo que considera una maniobra dilatoria a su labor y a la inaplicación del decreto 902 de 1988. Insiste que la vocación hereditaria no se pierde por la carencia de validez de un documento que contiene ese reconocimiento, o por existir un juicio de filiación natural pendiente, o por no encontrar los documentos de reconocimiento exigidos por la ley, o porque no saben, o no han querido intervenir dentro del proceso y en nada los desmejora, frente a los herederos reconocidos quienes sí incurrirían en una falsedad de no manifestar esta situación. Comenta que lo sostenido por la procesada Olga Marina Lajud Cárdenas evidencia la forma como fue obligada a mentir y la responsabilidad que tuvo Armando del Valle López quien como apoderado sustituto, manifestó en su poder que eran los únicos herederos y que ninguna otra persona tenía interés jurídico en dicha sucesión. Critica a este profesional por haber solicitado la revocatoria del proveído mediante el cual fue reconocido el señor Lajud Madera, ya fallecido, documento al que anexó fotocopia simple expedida por el juzgado 12 Civil del Circuito, relacionada con el proceso ordinario de filiación promovido por esta persona, al igual que su registro de defunción. Analiza la situación de la señora Gladys Cárdenas Mendoza y sostiene que debe

responder por el delito de estafa agravada, al haberle prestado colaboración a sus hijos, motivo por lo que deberá responder, en tanto su conducta sirvió para diluir la masa hereditaria, luego ostentaba la calidad de cómplice, en tanto el manejo de la acción la ejercía Carlos Lajud Cárdenas, quien vendió el predio a la señora Aida Frieri García, lo que demuestra la prosperidad del cargo por violación indirecta, en tanto hubo un error al valorar de forma diferente o incorrecta dichas pruebas. Luego de citar varias decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sostiene que la causal está suficientemente demostrada y la falla en que incurrió el tribunal al dictar una providencia, cuya parte resolutiva no se ajusta a los preceptos de un justo y equitativo análisis, permitió desembocar en una violación indirecta de la ley sustancial. Aclara que frente a la primera causal el error es un conocimiento falso o desequilibrado entre la percepción de los hechos y su realidad, por una aparente opinión subjetiva, con lo que se distorsiona la realidad probada en forma objetiva, de acuerdo con los principios de la sana crítica y da como verdad una situación ilusoria, la cual se sustenta en pruebas desechadas sin un estudio valorativo para darles preeminencia a la versión de los procesados, con clara violación de la buena fe y la realidad procesal. Añade que con esta deformación consiguieron una decisión favorable ante un notario sin responsabilidad penal alguna y que de ser corregida confirmaría la sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla, con el agregado

de la indemnización de perjuicios causadas por la configuración de una conducta delictiva contra el patrimonio e integridad personal, de acuerdo con la legislación patria. Anexó varios documentos a la demanda, con el propósito de demostrar la existencia de las causales, instrumentos que, según el demandante, no aparecen, ni tampoco fueron tenidos en cuenta, a pesar de que en todas las investigaciones sucesorales y penales han sido pruebas fundamentales del reconocimiento de sus clientes e interés de la sucesión intestada de Lajud Arias. ALEGATOS DE LOS NO RECURRENTES Defensor de Gladys Cárdenas Mendoza Plantea que la demanda está formulada con total desconocimiento de la técnica que rige el recurso extraordinario de casación, en tanto no identifica la providencia atacada. Critica la forma como dividió los temas propuestos, que a su juicio resultan incoherentes y pesados. Frente al primer cargo sostiene que el recurrente muestra una confusión conceptual, pues no indica, ni analiza las normas violadas por el tribunal, ni las sustantivas que considera indirectamente quebrantadas. Que el censor con esa deficiencia termina calificando como error de hecho lo que sería un error de derecho, lo que ocurre cuando el juzgado admite y le otorga valor a una prueba irregularmente aducida o la valora en forma diversa a la que legalmente le corresponde, desatino que confluye en una contradicción, al tratar de demostrar que las pruebas no fueron apreciadas, sino que lo fueron de manera equivocada. Plantea que el censor revive el debate probatorio alrededor del significado de la palabra interesados, con la reiteración de que los acusados conocían al resto de

herederos y que el periodista Carlos Lajud Catalán estuvo propiciando una reunión de todos para llegar a un acuerdo, descripción que muestra la confusión del demandante sobre el error de derecho y el de hecho. Frente al segundo cargo sugiere que está mal formulado porque es la violación de la norma sustancial la que proviene de un error de hecho o de derecho, sin que el recurrente demuestre en que consiste, en tanto su labor se redujo a enunciarlo, sin especificar la causal, ni las normas medio violadas, así como tampoco las nor