PGN - DEMANDA DE CASACION Formulación

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas

E. S. D.

REF: Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Ricardo Sarmiento Rodríguez contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que lo condenó por el delito de estafa.

RAD. No.: 19.692

El Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá dictó sentencia el diecinueve de febrero de dos mil uno contra Ricardo Sarmiento Rodríguez, a quien condenó a las penas principales de treinta y dos meses de prisión y multa de dos mil setecientos pesos, así como a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad y a la obligación de reparar los perjuicios ocasionados con la infracción, al encontrarlo responsable del delito de estafa. Apelada la sentencia por el defensor del procesado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con decisión del veinticuatro de mayo de dos mil uno, modificó el quantum de la pena de prisión impuesta y lo fijó en veinticuatro meses de prisión, disminuyendo en la misma proporción la pena accesoria, y confirmó en lo demás la sentencia. El defensor del procesado interpuso el recurso extraordinario de casación que sustentó con demanda que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró ajustada a las exigencias de ley. Conforme con lo establecido en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal

emitir concepto sobre la viabilidad del recurso. HECHOS El diez de marzo de mil novecientos setenta, mediante escritura 838 de la Notaría Segunda de Bogotá, Ricardo Sarmiento Rodríguez vendió a Jorge Humberto Pinzón los derechos de dominio y posesión sobre el lote de terreno denominado El Desierto, que hacia parte de un área de mayor 2 extensión llamado Italia, ubicado en la vereda Yerbabuena del municipio de Chía. Con el cambio del sistema nacional de registro inmobiliario, ordenado mediante Decreto 1250 de 1970, no quedó registrada la enajenación anteriormente mencionada, en el folio de matrícula inmobiliaria 50N440852 o matrícula matriz abierta en el año de 1978 para el predio. Aprovechando esta falla administrativa, Ricardo Sarmiento Rodríguez celebró un contrato de compraventa con la señora Beatriz Elena Arias Barco, sobre un lote denominado Bosconia, sito en la vereda Yerbabuena del municipio de Chía, contrato que se solemnizó mediante la escritura pública número 3842 del 1° de diciembre de 1987 de la Notaría 25 de Bogotá, transferencia que quedó registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 0501006325. Con posterioridad, Beatriz Elena Arias Barco vendió a la sociedad Bosques de Hierbabuena, representada por Vicente Contreras Hernández, dos lotes de terreno que se desprendieron del denominado Bosconia, ahora llamados Arroyo y Estrellas del Bosque, transferencias protocolizadas en las escrituras públicas números 3214 y 3215 de 31 de julio de 1991 de la Notaria 25 de

Bogotá. La sociedad Bosques de Yerbabuena transfirió a titulo de venta a Vicente Contreras Hernández, los predios Arroyo y Estrellas del Bosque, mediante escrituras números 533 y 534 del 30 de diciembre de 1994 de la Notaría Unica de Villa de Leyva, transacciones que quedaron inscritas en los folios de matrícula inmobiliaria números 50N20085750 y 50N200085751. Por su parte, el primer comprador, Jorge Humberto Pinzón, vendió a la sociedad Procinor Ltda., representada por Francisco Norden Caicedo, un lote de terreno denominado El Desierto, mediante escritura pública número 227 de 11 de marzo de 1976 de la Notaría 21 de Bogotá. Francisco Norden, a finales de 1995, enteró a Vicente Contreras Hernández que el lote de terreno Bosconia era propiedad de la sociedad Procinor Ltda., aunque con el nombre El Desierto, desde el año 1976. Ante esta manifestación, Vicente Contreras Hernández solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, una revisión de los títulos correspondientes a los predios Bosconia y El Desierto, así como de los segregados bajo el nombre de Arroyo y Estrellas del Bosque, procedimiento que culminó con la cancelación de los folios de matrícula 3 inmobiliaria números 1006325, correspondiente al predio Bosconia; 50N20085750 perteneciente a Estrellas del Bosque, y 50N20085751 del predio Arroyo. Como consecuencia de esta determinación de la Oficina de Registro, Vicente Contreras Hernández formuló denuncia contra Ricardo Sarmiento Rodríguez

por el delito de estafa. ACTUACION PROCESAL Con base en la denuncia formulada por el apoderado de Vicente Contreras Hernández, la Fiscalía Ciento Ochenta y Uno Delegada de la Unidad Séptima Local de Patrimonio Económico de Bogotá, ordenó adelantar investigación preliminar mediante resolución del dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete. Después de ampliada la denuncia, resolvió remitir, por competencia, las diligencias previas a la Fiscalía Seccional, en donde se prosiguió con esta etapa procesal, en la que se allegaron elementos probatorios que permitieron la apertura de instrucción. La Fiscalía Noventa y Uno Seccional de delitos contra el patrimonio económico y fe pública dispuso la apertura de la investigación en proveído calendado el nueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en el que ordenó vincular mediante indagatoria a Ricardo Sarmiento Rodríguez. Escuchado el imputado en indagatoria, se resolvió su situación jurídica mediante providencia del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho con medida de aseguramiento de caución prendaria, como sindicado del delito de estafa, y se decretó el embargo preventivo del predio recibido que figuraba a su nombre. Apelada la resolución, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, confirmó la decisión recurrida. La investigación fue cerrada el trece de agosto de mil novecientos noventa y nueve y calificado su mérito el seis de octubre del mismo año, con resolución

de acusación contra el imputado por el delito de estafa. La Dirección Nacional de Fiscalía, mediante resolución 00252 de 10 de marzo de 2000, asignó el trámite de segunda instancia a la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán, en donde se surtió el recurso de apelación interpuesto por el defensor del procesado en contra de la resolución que calificó el mérito del sumario. 4 Una vez confirmada la providencia por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán, el doce de mayo de dos mil, el expediente se remitió al Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, que avocó su conocimiento el diecisiete de julio del mismo año. Mediante auto de trece de septiembre de dos mil el juzgado ordenó la práctica de algunas pruebas, luego de lo cual se celebró la audiencia pública el catorce de noviembre de ese mismo año. La sentencia de primera instancia se dictó el diecinueve de febrero de dos mil uno; apelada la decisión, fue confirmada y modificada en cuanto a la pena por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia de veinticuatro de mayo de dos mil uno, que es objeto del recurso de casación. El dictamen rendido el diecisiete de octubre de dos mil para establecer el monto de los perjuicios materiales fue objetado y, una vez tramitado el incidente, fue decidido mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil uno que declaró infundada la objeción presentada por el defensor del procesado. SINTESIS DE LA DEMANDA DE CASACION Dos cargos presenta el casacionista para atacar la sentencia de segunda

instancia, al amparo de la causal tercera de casación, por haberse proferido la sentencia en un juicio viciado de nulidad. Primer cargo El demandante acusa la sentencia de haber sido proferida en un juicio viciado de nulidad por cuanto fueron cometidas irregularidades que afectaron el debido proceso y el derecho a la defensa, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, y previstas como causal de nulidad en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. Aduce el recurrente que la actuación estuvo afectada de anomalías que violaron el debido proceso, por cuanto se desconocieron las formas propias del juicio y se restringió el derecho a la defensa del procesado, al practicarse la diligencia de indagatoria sin el lleno de los requisitos legales. Entiende el libelista que la indagatoria, tal como ha sido considerada por la doctrina y la jurisprudencia, es un medio de defensa destinado a permitirle al 5 procesado que rinda sus descargos sin ninguna limitación. En el caso concreto, el procesado fue interrogado deficientemente pues no se le indicaron los hechos constitutivos del delito de estafa por el cual se le formularon los cargos y sólo se le interrogó sobre la denominación del predio objeto de la negociación y las condiciones de la misma, lo que ocasionó un desconocimiento de las imputaciones, con las consecuentes restricciones en el ejercicio de la defensa. Enuncia el recurrente algunas de las preguntas formuladas a Sarmiento en la indagatoria, relacionadas con los traslados de los folios de matrícula inmobiliaria realizados por la oficina de registro de instrumentos públicos, con cuyo texto pretende demostrar las fallas del interrogatorio.

Así mismo se refiere a la descripción legal del delito de estafa y a los elementos constitutivos del mismo y dice que al procesado no se le interrogó acerca de la utilización de artificios o engaños en la negociación realizada, ni sobre la inducción en error a otra persona con el propósito de obtener provecho ilícito. Al haber sido interrogado Sarmiento de manera deficiente y no haber conocido de manera clara el cargo por el delito de estafa, sufre un quebranto el debido proceso y se restringió el derecho de defensa. Cita como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política y 306 del Código de Procedimiento Penal. Pide que se case la sentencia y se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la diligencia de indagatoria. Segundo cargo Con sustento en la causal tercera de casación, el libelista señala que en el proceso contra Sarmiento Rodríguez existe nulidad por haberse violado el derecho a la defensa, pues no fueron verificadas las citas que su defendido hizo en la indagatoria. El sindicado Sarmiento Rodríguez, en efecto, dijo que había realizado una transacción en el año 1970 sobre el predio que vendió a Conteras Hernández, la que no se perfeccionó por no haber recibido el dinero de quien dijo ser su comprador, Jorge Humberto Pinzón Valenzuela. Este hecho ha debido verificarse mediante el interrogatorio, como testigo, de quien aparece registrado como comprador del lote de terreno, prueba cuyo 6 recaudo era obligación legal del fiscal que adelantó la investigación y quien además tenia a su alcance todos los medios para encontrar al declarante.

Las normas que estima violadas son los artículos 29 de la Constitución Política, 333 y 362 del Decreto 2700 de 1991. Solicita que se case la sentencia y se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la resolución del cierre de la investigación, para que se verifique la cita del procesado. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA EN LO PENAL Primer cargo Sea lo primero señalar la deficiente formulación del cargo, porque el casacionista presenta el ataque con dos fuentes distintas e indiferenciadas, al asegurar, simultáneamente, que se violó el debido proceso y el derecho a la defensa, por la pretermisión de las formas propias del juicio y la limitación de las oportunidades que han debido concederse al incriminado para probar hechos que determinarían la validez de su exculpación. En puridad de términos y en razón de que la ley ha destinado apartados específicos para las causas de nulidad originada en la infracción de las garantías constitucionales que se comentan, una demanda de casación correctamente formulada debe separar clara y precisamente los hechos procesales que pueden afectar cada una de las garantías y alegar independientemente cada una de las nulidades que originan, con argumentos propios y diferenciados, porque, por su naturaleza, la vulneración a cualquiera de estas garantías procesales tiene consecuencias diversas, en tanto que la primera se refiere a la estructura básica del proceso, mientras que la segunda apunta a demostrar un error de garantía que, si bien está contenida en el concepto constitucional de debido proceso, hace referencia exclusivamente a las oportunidades y medios de defensa

que se otorgaron a quien es sujeto pasivo de la imputación penal. El libelista formula la acusación contra la sentencia de segunda instancia por vulneración al derecho a la defensa; sin embargo, en la sustentación del cargo hace referencia a una violación del debido proceso, con lo que equipara ambas prerrogativas bajo un mismo manto, cuyo tratamiento es diferente en cada caso, pues frente al debido proceso, la censura estará dirigida a demostrar, exclusivamente, la incorrecta actividad del funcionario judicial en el trámite de la actuación, mientras que en el derecho a la defensa 7 deben ser analizados los comportamientos del funcionario judicial, del defensor y del procesado, estos últimos en ejercicio al derecho de defensa técnica y material. Cuando se propone una censura con apoyo en la causal tercera de casación, al igual que en las demás causales, el demandante debe primero precisar el acto deficiente y la manera como se imponía su cumplimiento de acuerdo con el texto de la disposición pertinente, o los principios que rigen la normatividad procesal. Le corresponde luego demostrar la incidencia del error y su trascendencia en la situación jurídica del procesado, mostrando la relación de causalidad que exista entre el acto lesivo de la garantía fundamental y la resolución adversa al procesado, así como la imposibilidad de convalidar lo actuado frente a los principios que rigen la declaración de las nulidades. Estas precisiones de orden técnico no fueron observadas por el recurrente, lo que le resta eficacia a la censura, ya que en ella el censor enuncia simplemente la irregularidad, postulándola como causal de nulidad de la

actuación procesal. En el caso que nos ocupa, el enfoque que plantea el demandante ubica como una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso la informalidad en la práctica de la indagatoria, que dio lugar a que se limitaran las oportunidades de defensa del procesado. Sobre este tema, el Capítulo III del Título II del Libro II del Código de Procedimiento Penal aplicable a este asunto, señala, particularmente en los artículos 359, 360 y 363, las formalidades mínimas que deben observarse para hacer del interrogatorio del procesado, un acto mediante el cual pueda conocer cabalmente las acusaciones que se hacen en su contra y ofrecer las explicaciones que considere pertinentes. De acuerdo con estas normas, no se exige que en la indagatoria se identifique por su nomenclatura o con la designación de los elementos estructurales del tipo, el delito que se le está atribuyendo, y basta con preguntar concretamente sobre los hechos materiales que se investigan y las circunstancias en las que fueron realizados. Esta precisión se cumplió en la diligencia de indagatoria rendida por el procesado Sarmiento Rodríguez cuando el funcionario instructor formuló dentro del interrogatorio las siguientes preguntas: 8 ...Sírvase informar al despacho si fuera de la venta del predio Italia a Jorge Humberto Pinzòn y al señor Hernàndez vendió a otras personas el total o parte......... Preguntado: Sirvase informar al despacho en qué año vendió a Jorge Humbero Pinzón e igualmente a Vicente de Jesús Contreras Hernández ... Preguntado: Sírvase informar al despacho si usted había escuchado hablar de los predios del desierto y Bosconia..

Preguntado: Sírvase informar al despacho qué constancia hay de que el señor Pinzón no pagó y cómo se deshizo la escritura... Preguntado: Según uno de los profesionales de la registradora(sic) que estudiaron el caso ocurrido en los folios de matrícula a la división material a que se refiere de 1969 a usted le correspondió el predio El Desierto y al otro comunero Italia y que por un error de la registradora se siguieron efectuando inscripciones en la matrícula de mayor extensión qué puede decir a esto... Preguntado: La venta a Beatriz Elena Arias Barco de quien dice usted el comprador era Vicente de Jesús Contreras comprador real, la tacha la oficina de registro como venta de cosa ajena qué tiene que decir... Preguntado: El señor Germán Cubillos Martínez manifiesta en su denuncia que hace en representación de Vicente de Jesús Contreras que a finales de 1995 apareció Francisco Norden Caicedo alegando la propiedad del predio que tenía en posesión el señor Contreras como representante legal de Procinor y Cía. Ltda. quien se lo había comprado a su vez a Jorge Hiumberto Pinzón, qué tiene que decir... Preguntado: Igualmente se manifiesta en la denuncia que Vicente de Jesús Contreras Hernández ante el problema se dirigió a la registraduría a fin de que se estudiara duplicidad de folios respecto a los predios de la vereda Yerbabuena jurisdicción del municipio de Chía denominado actualmente El Desierto y Bosconia y los segregados de este último El Arroyo y Estrellas del Bosque, que efectuado el anterior estudio resolvió

trasladar tres folios de matrícula a uno solo 50N-308892 y sobre los anteriores para su cierre los fundamentó en que era venta de cosa ajena. Si se observa el contenido del acta de la indagatoria, entonces, se puede concluir que en ella se relacionaron los hechos materia de la denuncia presentada por el apoderado de Contreras Hernández y que eran objeto de investigación, en los que se da cuenta de las transacciones efectuadas con el predio de propiedad de Sarmiento Rodríguez, enterando al indagado de las enajenaciones que efectuó sobre él y en las que se vincularon en su condición de propietarios dos personas sobre el mismo bien. Se le interrogó sobre los hechos materiales que se investigaban y se le señaló que había vendido cosa ajena. 9 Es cierto que en el desarrollo de la indagatoria no se hicieron preguntas con contenido estrictamente jurídico o, mejor dicho, no se preguntó al procesado con términos técnicos acerca de su participación en el tipo penal de estafa. Pero este procedimiento no constituye una deficiencia de la diligencia ni permite predicar de ella irregularidad alguna, pues la exigencia de hacer un cuestionario con la precisión jurídica del delito, grado y modalidad de participación, como lo aduce el censor, no está regulada en el ordenamiento jurídico que, respetando el carácter de medio de defensa que se da a la indagatoria, no exige la fundamentación jurídica del interrogatorio, sino la precisión en los cargos a partir de los hechos que se estiman contrarios a la ley penal. En consecuencia, ninguna irregularidad procesal se cometió y el interrogatorio no viola, por consiguiente, el derecho a la defensa que pudo

ejercerse, desde el comienzo de la actuación, con base en las acusaciones elevadas contra el incriminado quien, además en el perfeccionamiento del proceso, pudo conocer la forma como se fueron decantando los cargos formulados en su contra. En términos generales, la violación del derecho a la defensa del procesado por no haber sido interrogado sobre un cargo concreto en la diligencia de indagatoria solamente tiene trascendencia con la nulidad, cuando efectivamente se haya producido la omisión y, a causa de ella, el incriminado no tuvo la posibilidad de enterarse de las acusaciones que se hacen en su contra y, por consiguiente, no pudo conducir su defensa adecuadamente, de manera que al momento de la resolución de acusación, o en otro posterior, resulta sorprendido con una imputación totalmente desconocida y respecto de la cual no ha podido ejercer su derecho de contradicción. No es este el caso que se presenta en el proceso que se examina. Desde el inicio de la instrucción el procesado tuvo presente que el motivo de la investigación estaba relacionado con las transacciones hechas por el sobre un predio de su propiedad, y se le señaló con precisión que había vendido cosa ajena, de manera que no era un hecho desconocido el tema sobre el cual versaba la actuación. No se observa vulneración del derecho a la defensa, ni limitación al ejercicio del derecho de contradicción. Siendo intrascendentes las irregularidades que menciona el actor, considera esta Procuraduría Delegada que el cargo no debe prosperar. Segundo cargo 10 En este cargo el punto de debate que presenta el casacionista hace relación a la necesidad que tenía el instructor de incorporar al expediente el

testimonio de Jorge Humberto Pinzón Valenzuela, con la finalidad de demostrar que no había pagado el precio de venta acordado por el predio El Desierto, por lo que su propiedad continuaba en cabeza de Ricardo Sarmiento Rodríguez y, por lo tanto, su titular podía disponer libremente del lote de terreno. Frente a este planteamiento, es preciso considerar, inicialmente, que siendo objeto del contrato de compraventa un bien inmueble, por disposición legal el acuerdo de voluntades debe hacerse constar por escrito ante un Notario Público, a fin de que surta efectos contra terceros no involucrados en el negocio jurídico respectivo. Así, nuestro ordenamiento legal ha establecido, para el manejo de los bienes inmuebles, un sistema organizado de registro en el que se anota la tradición, los propietarios, las afectaciones al dominio y el estado actual de los bienes raíces, todo lo cual quedó consagrado en el Decreto 1250 de 1970, con el cual fue constituido el Registro de Instrumentos Públicos. A partir de esta consagración, la discusión alrededor de los titulares del derecho de dominio sobre un bien inmueble exige recurrir a los archivos del organismo creado, habida cuenta de que sus certificados son los que acreditan la situación jurídica de cualquier predio en el territorio nacional, tal como lo estableció el artículo 43 del decreto citado: Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrán mérito probatorio si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera

legalmente la formalidad del registro. Esta preceptiva a nivel probatorio crea una restricción en punto a la conducencia o aptitud legal de una prueba con la que se pretenda demostrar el derecho de dominio, en tanto que el medio idóneo para establecer este hecho debe satisfacer la exigencia normativa, sin que con ello se afecte el principio de libertad de la prueba que rige en el ordenamiento procesal penal, pues el hecho de que sólo los certificados de tradición expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos sean el medio apto para la comprobación de la tradición de la propiedad, no impide que el hecho –en ausencia de los documentos públicos correspondientes, se pruebe con otro medio de demostración. 11 Manteniéndose incólume el principio de libertad probatoria, pero existiendo la regulación legal sobre la prueba idónea de la tradición de la propiedad inmueble, en el caso concreto el testimonio de un presunto comprador para que declarara que el negocio celebrado con él no se había llevado a cabo resultaba inconducente, pues frente a los terceros de buena fe dicha declaración no tenía la posibilidad de afectar los datos que, de acuerdo con las normas legales, se sentaron con apoyo en los documentos que se exhibieron a la oficina de registro correspondiente. En estas condiciones el testimonio cuya práctica demanda el casacionista no resulta conducente para comprobar si el predio era o no propiedad de Ricardo Sarmiento Rodríguez, pues la declaración del testigo, por sí sola, no podía afectar el registro público y, en relación con la situación concreta que se investigó en el proceso, su dicho no resta fundamento a la acusación, porque las transacciones anotadas en el folio de matrícula inmobiliaria son

oponibles a terceros y demuestran que la propiedad había sido transferida con anterioridad. La violación objetiva del principio de investigación integral viene dada por el ejercicio de la discrecionalidad que la ley le otorga al funcionario judicial para calificar la pertinencia y conducencia de la prueba, con lo cual no se concreta un quebranto a las garantías judiciales del incriminado, si tal ejercicio se ha hecho razonadamente y a consecuencia de él se desechan las probanzas puestas a consideración del funcionario. Existen situaciones procesales en las cuales, pese a que el funcionario investigador no dirija todos sus esfuerzos a la comprobación de las citas del procesado, no vulnera con tal proceder garantía alguna del incriminado pues con tal verificación sólo se lograría la ratificación de hechos previamente comprobados, o la demostración de circunstancias o supuestos fácticos intrascendentes para el proceso. Para el análisis de la conducencia de la prueba en este caso específico sería menester establecer si de la declaración juramentada de Jorge Humberto Pinzón Valenzuela se puede deducir un aporte sustancial para la decisión de forma que, con la prueba, se impida la deducción de responsabilidad del procesado o se establezca un hecho condicionante que mejore su situación procesal. Pero como no se puede desvirtuar la venta que el procesado hiciera a Pinzón Valenzuela con el testimonio de este último, por cuanto existe prueba documental que así lo demuestra, el testimonio resultaría irrelevante por lo ineficaz frente ala prueba documental pública. 12 En este sentido, la cita que no obtuvo verificación por el funcionario instructor no tiene la suficiente trascendencia para modificar su situación

jurídica, ya que no contribuye a infirmar su responsabilidad ni a establecer un hecho que lo favorezca, por lo que resulta inconducente y sin trascendencia para el resultado final. Otro aspecto que resta eficacia al cargo propuesto por el recurrente es el relacionado con la falta de claridad del propósito que se busca con la práctica del medio probatorio omitido y la demostración de la manera como fue afectado el principio de investigación integral. El censor solamente estima trascendente a la violación de la garantía fundamental de defensa la falla del funcionario investigador de no verificar la cita del indagado relacionada con el testimonio de Pinzón Valenzuela, prueba cuyo recaudo era de obligación legal del fiscal que adelantó la investigación. A pesar de este enunciado general, no logra demostrar que su práctica resultara pertinente para la comprobación de los hechos y que pudiera eximir de responsabilidad al imputado o disminuir su compromiso con el delito o incidir en una tasación benéfica de punibilidad. En las citadas condiciones el reparo no puede prosperar. PETICION Sea lo anterior suficiente para que la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal, solicite a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, NO CASAR la sentencia impugnada. Señores Magistrados,

IVAN GONZALEZ AMADO

Procurador Tercero Delegado para la Casación Penal Bogotá, D. C., 5 de diciembre de 2003

RAD. No.: 19.692.