PGN - DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Decisión inhibitoria por inepta demanda

Bogotá, D.C., marzo 8 de 2005 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de

Procedimiento Penal”.

Demandante: JULIÁN CIFUENTES BOLÍVAR

Magistrado Sustanciador: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA

PORTO Expediente No. D-5507 Concepto No. 3774 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución y por designación realizada por el Procurador General de la Nación mediante Resolución N° 037 del 11 de febrero de 2005, al haberse aceptado su impedimento y el del Viceprocurador General de la Nación, procedo a rendir concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40 numeral 6 y 242 numeral 1 de la Carta, instauró ante esa Corporación el ciudadano JULIÁN CIFUENTES BOLÍVAR contra la expresión “podrán adelantarse en cualquier momento”, contenida en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, referente a la oportunidad para adelantarse la persecución penal y las indagaciones pertinentes.

1. Planteamientos de la demanda El ciudadano CIFUENTES BOLÍVAR afirma que al haberse establecido que las indagaciones dentro de los procesos penales se pueden adelantar en cualquier momento, vulneró la dignidad humana y la personalidad jurídica, el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia de los indiciados, por

carecerse de un término procesal definido para la indagación que les permita actuar como sujetos procesales y no ser sólo objeto de investigación indefinidamente.

2. Problema Jurídico Corresponde al Ministerio Público determinar si el que el legislador no hubiese establecido un término para efectuar las indagaciones dentro de los procesos penales, desconoce la dignidad humana, la personalidad jurídica, el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, dado que no se les permite actuar como sujetos procesales.

Sobre el particular, la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales ha de conceptuar lo siguiente:

3. Inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda por falta de correspondencia lógica y jurídica entre el cargo de inconstitucionalidad y la norma demandada 3.1. Uno de los derechos políticos reconocidos en la Constitución es de interponer acciones públicas en defensa de la misma, el cual debe ejercerse según los requisitos legales. El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, establece los requisitos requeridos formales y materiales que deben contener las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad. Los primeros hacen alusión al señalamiento de las normas legales acusadas como inconstitucionales y de las normas superiores que se consideran infringidas.

Los requisitos materiales surgen de la necesidad de presentar las razones por las cuales los textos superiores se consideran vulnerados por la norma impugnada. Esta condición argumentativa lógica ha permitido que por vía jurisprudencial se haya establecido una serie de eventos que impiden el ejercicio de control

constitucional y que obligan a la Guardiana de la Carta a inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo. Una de las exigencias mínimas materiales para demandar las leyes por inconstitucionalidad es que los argumentos sobre los cuales se fundamenta cada cargo deben emerger directamente del texto del artículo o artículos demandados. Es decir, el reproche debe desprenderse directamente de la norma atacada y no por vulneración indirecta de otras normas legales. Así lo ha establecido la Corte Constitucional al indicar que: “En relación con el cargo, es necesario advertir que la lógica racional de este proceso exige que los argumentos sobre los cuales aquel se estructura emerjan directamente del texto del artículo o artículos demandados; en otros términos, es necesario que los cargos de la demanda se prediquen del texto acusado o le sean atribuibles al mismo, de modo que se establezca un puente argumentativo a través del cual el cotejo entre la norma legal y la Constitución sea posible (...)” “(...) En el evento en que dicha coherencia lógica no se guarde o que los reproches de inconstitucionalidad formulados por el demandante no se deriven de la norma atacada sino de otra disposición no demandada, el juicio de inconstitucionalidad que se solicita se hace imposible y, en consecuencia, el juez constitucional debe inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo acerca de la exequibilidad o inexequibilidad de la disposición acusada.” (sentencia C-1113 de 2001; subrayado fuera de texto). 3.2. La norma demandada se encuadra dentro del Título VI del Libro I de la Ley

906 de 2004, referente a disposiciones generales de la actuación dentro del procedimiento aplicable en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal. Sus diez capítulos tratan sobre la oralidad y publicidad de los procedimientos, audiencias preliminares, términos, providencias, notificaciones, citaciones y comunicaciones entre los intervinientes procesales, duración de la actuación y los recursos ordinarios y extraordinarios procesales. El Capítulo IV (artículos 156 a 160 de la Ley 906 de 2004) se refiere en forma general a los términos, en el sentido de su estricto cumplimiento con el fin de asegurar el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas, pero no trata en ninguno de sus apartes lo referente a la duración específica de los procedimientos preprocesales y procesales (v.gr. audiencias de formulación de imputación, de acusación, preparatoria y de juicio oral). 3.3. El artículo 157 del nuevo Código de Procedimiento Penal, parcialmente demandado, se refiere a la oportunidad para el ejercicio de la persecución penal y las indagaciones pertinentes, en función de la garantía del debido proceso sin dilaciones injustificadas, con actuaciones públicas y permanentes y observancia de los términos procesales con diligencia, para una eficaz persecución penal que brinde a la sociedad una pronta y cumplida justicia (artículos 29, 228 y 251 Constitución Política). En tal artículo se establece la habilitación temporal de que disponen los funcionarios judiciales para el ejercicio de sus competencias para la persecución penal en sus diversas etapas, el que en términos generales puede adelantarse en cualquier momento. Así, todos los días y horas son hábiles para que los fiscales y los jueces en

cumplimiento de sus funciones puedan adelantar sus actuaciones y actividades, dado su inescindible desempeño conjunto para la persecución del delito en forma concentrada e inmediata, especialmente en lo referente a la eficiencia y eficacia en la práctica probatoria para asegurar su consecución y custodia de acuerdo con el ordenamiento vigente. Por su parte, las actuaciones que se surtan ante los jueces de conocimiento se adelantan en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial, pudiendo ser habilitados otros días cuando las circunstancias particulares de un caso lo ameriten, con el fin de asegurar el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas. Esto es compresible porque la causa criminal se encuentra en la etapa de juzgamiento, en donde se ventila la existencia de responsabilidad penal del acusado de acuerdo con los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permitan afirmar con probabilidad de verdad la existencia de la conducta delictiva y su autoría o participación. Lo anterior obedece a la finalidad de una pronta y cumplida justicia en cuanto que el delito no tiene horario, por lo que su investigación garantizando los derechos fundamentales requiere actuación concentrada constante, mientras que la determinación de responsabilidad penal en juicio se hace con base en el acervo probatorio obtenido en las etapas anteriores, lo que permite un manejo más racional del tiempo en horario laboral hábil para el efecto. 3.3. Dentro de este contexto, el ciudadano Cifuentes Bolívar plantea una omisión legislativa del término máximo para adelantar la indagación, argumento que si bien puede resultar cierto, corresponde materialmente a la duración de los

procedimientos a desarrollar en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento y no al tema regulado en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, que se refiere a la habilitación temporal de que disponen los funcionarios judiciales para el ejercicio de sus competencias para la persecución penal en sus diversas etapas. Por tanto, no se observa una correspondencia lógica y jurídica entre el concepto de la violación y el contenido y finalidad de la norma atacada, ya que la acusación formulada hace alusión a la omisión del legislador de un término máximo definido para adelantar la indagación, mientras que la norma atacada se refiere a la habilitación temporal de que disponen los funcionarios judiciales para el ejercicio de sus competencias para la persecución penal en sus diversas etapas. Por lo expuesto, y al no existir una correspondencia lógica de la argumentación de la demanda con el contenido material del artículo 157 de la Ley 906 de 2005, este Despacho solicitará a la Corte Constitucional declararse inhibida para pronunciarse de fondo por inepta demanda.

4. Conclusión Por lo expuesto, la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales solicita a la Corte Constitucional declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión “podrán adelantarse en cualquier momento”, contenida en el inciso primero del artículo 157 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.

Señores Magistrados,

SONIA PATRICIA TÉLLEZ BELTRÁN

Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales

SPTB/JDCB