PGN - DEMANDADO No se demostró que haya obrado con dolo o culpa grave

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Para reembolso de dinero por condena por exceso e inadecuado uso de arma de dotación que llevó a dar muerte a ciudadano ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se ejerció dentro de la oportunidad prevista por el legislador por tanto no operó la caducidad En el caso concreto, de conformidad con el artículo 352 del C.P.C, no opera la caducidad, pues el pago se realizó el 16 de mayo de 2003, según consta en el formato de consignación a la cuenta del apoderado del actor No 041063900 por valor de $94.772.996 y la demanda se presentó el 13 de mayo de 2005, ante el Tribunal Administrativo del Meta, según figura en los folios 1 – 12 del cuaderno principal, estando dentro de los dos años para ello. Así, por lo anterior considera que dicha situación le habilita para instaurar acción de repetición contra los demandados, apoyándose en el art. 90 de la Constitución, los arts. 77 y 78 del C.C.A; el art. 6°, num. 1, de la Ley 678 de 2001 y los artículos 142 y 164 literal l), numeral 2) del CPACA. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Requisitos para su prosperidad según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Régimen aplicable ….Así, al caso particular, se le aplican las normas sustantivas de la Ley 678 de 2001, esto es, las conductas en las que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño, generando como consecuencia para la entidad la obligación de allegar al proceso los elementos de convicción que acrediten, además

de los elementos objetivos, la culpabilidad del servidor público en las modalidades de dolo o culpa grave. ACCIÓN DE REPETICION-Está acreditada la existencia de la condena impuesta …Figura en el folio 27 a 29 del expediente, Copia de la diligencia de conciliación ante el Tribunal Administrativo del Meta, llevada a cabo el 4 de abril de 2002, donde la Policía Nacional y las víctimas de la señora…..acordaron el monto a indemnizar. Siendo así, se encuentra probada la existencia de la conciliación a la POLICIA

NACIONAL.

PAGO DE LA CONDENA-Se encuentra acreditado en sub examine El requisito se encuentra debidamente acreditado y en ello esta Delegada se aparta del Juez de Primera Instancia, en atención a que en el proceso aparece el formato de consignación en la cuenta No 041063900, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (94.772.996). Frente al certificado de egreso de la Dirección Administrativa de la Policía Nacional que aparece en el folio 25 del cuaderno principal, se observa que se trata de la orden de pago que da cuenta de la imputación contable de cheque No 656093, para dar cumplimiento a la conciliación con las víctimas de la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Exp. No. (61.118) 50001 - 23–31-00200900323 01 señora….. suscrita por el respectivo tesorero de la entidad. Sin embargo, la entidad fue más allá, y anexó,(folio 26) el recibo de la consignación en caja rápida No 23036556 a la cuenta de….directamente. Desde luego que por ser un medio mecánico impersonal, no figurará la firma de recibido por parte del cuentahabiente, lo que significa que el pago se acreditó. Sin bien es cierto, para el Tribunal de instancia, lo anterior es insuficiente para probar el pago como quiera que se basa en la jurisprudencia, según la cual, la única prueba de pago es el documento de paz y salvo expedido por el deudor, esta Delegada debe de indicar que dicha posición jurisprudencia se ha modificado y en fallos recientes, como el del 24 de julio de 2013, con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio, se replantea dicha postura y se acepta como prueba de pago aquel o aquellos documentos que permitan generar “certeza al juzgador” que el pago efectivamente se produjo. Igualmente, esta posición jurisprudencial fue reiterada en fallo del 30 de marzo de 2017, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Esta postura ha sido la que ha venido manteniendo esta Delgada, para considerar la prueba del pago en aquellos procesos de repetición que se surten con anterioridad a la ley 1437 de 2.012, como lo es el caso en cuestión. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este documento contiene suficientes elementos de convicción del pago efectivamente realizado, el Ministerio Público considera que la presente acción reúne el segundo requisito, de carácter objetivo, consistente en el

pago efectivo de la condena. SERVIDOR PÚBLICO-En sub examine están acreditadas sus calidades DEMANDADO-No se demostró que haya obrado con dolo o culpa grave Respecto del problema jurídico planteado, teniendo en cuenta los argumentos expuestos y las pruebas allegadas al plenario, puede concluirse que las pretensiones de la demanda NO están llamadas a prosperar, pues la POLICIA NACIONAL no demostró la existencia del elemento subjetivo de la repetición. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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CONCEPTO No 160/ 2018

Bogotá, D.C, 18 de octubre de 2018.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 50001 – 2331 - 000 - 2009 – 00323 - 01 (61.118)

ACCIÓN: Repetición.

ACTOR: Policía Nacional.

DEMANDADO: Ricardo Antonio Herrera Diaz.

Sentido del concepto: La prueba de pago de la condena es requisito para demostrar el elemento objetivo frente a la acción de repetición / Se acreditó el pago de la condena por allegarse documento que otorgue

certeza sobre la cancelación efectiva de la condena /No está demostrada culpa grave del funcionario en la conducta causante de condena al Estado, en la procedibilidad de la acción de repetición. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, además de la protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES 1.1.Demanda.  La Policía Nacional dando cumplimiento al acuerdo conciliatoria, emitió la Resolución No 132 del 6 de mayo de 2003, disponiendo del pago por concepto de capital a favor de JAIDY BUITRAGO MARTINEZ, la suma

de SETENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON SESENTA

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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CENTAVOS ($74.053.731.60) por concepto de perjuicios causados, suma de dinero que fue entregado a su apoderado OLID LARRARTE RODRIGUEZ, según consta en el recibo de egresos de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional No 11531 del 16 de

mayo de 2003.  La conducta del agente RICARDO ANTONIO HERRERA DIAZ, que originó el pago de lo conciliado por parte de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – por el obrar imprudente y negligente del agente de Policía Nacional que por el exceso e inadecuado uso de su arma de dotación, puso en peligro la vida de los ciudadanos, disparando contra un sujeto que huía, impactando uno de los tiros a la señora DULIS JUDITH RODRIGUEZ BUITRAGO, quien murió a raíz de ello.  El Comité de Conciliación del Ministerio de Defensa Nacional de la Policía Nacional, mediante Agenda No 33 del 15 de septiembre de 2004, recomendó repetir contra el agente RICARDO ANTONIO HERRERA DIAZ, con el fin de obtener el pago de los dineros cancelados a los familiares de DULIS JUDITIH RODRIGUEZ BUITRAGO. 1.2. Caducidad En el caso concreto, de conformidad con el artículo 352 del C.P.C, no opera la caducidad, pues el pago se realizó el 16 de mayo de 2003, según consta en el formato de consignación a la cuenta del apoderado del actor No 041063900 por valor de $94.772.996 y la demanda se presentó el 13 de mayo de 2005, ante el Tribunal Administrativo del Meta, según figura en los folios 1 – 12 del cuaderno principal, estando dentro de los dos años para ello.

Así, por lo anterior considera que dicha situación le habilita para instaurar acción de repetición contra los demandados, apoyándose en el art. 90 de la Constitución, los arts. 77 y 78 del C.C.A; el art. 6°, num. 1, de la Ley 678 de 2001 y los artículos 142 y 164 literal l), numeral 2) del CPACA. 1.3. Concepto de Violación. Considera el actor que el agente de policía actuó de manera imprudente y negligente, pues su actuación se dio haciendo uso de su arma de dotación, desconociendo las normas del Código de Ética que rige en la Policía Nacional, causándole la muerte a la señora RODRIGUEZ BUITRAGO. 1.4. Contestación de la demanda. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Ante la imposibilidad de notificar al demandado personalmente, mediante auto del 12 de julio de 2007, designó curador ad litem, quien se posesionó el 3 de julio de 2006. Mediante escrito presentado el 4 de marzo de 2014, el curador ad litem manifestó atenerse a lo probado en el proceso. 1.5. Concepto del Ministerio Público. No emitió concepto. 1.6. Fallo de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante fallo del 11 de septiembre de 2017, se abstuvo de condenar a pagar la suma demandada en repetición al agente RICARDO ANTONIO HERRERA DIAZ, al considerar que no se demostró el elemento subjetivo y objetivo, ya que, no se aportó prueba alguna en el proceso de repetición que demostrara la negligencia del demandado y la constancia de pago resulta insuficiente, pues no figura recibida a satisfacción la suma de dinero entregada a título de indemnización de perjuicios. 1.7. Recurso de apelación. El apoderado del demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 11 de septiembre de 2017, fundamentando para ello lo siguiente:  Apelando a los criterios establecidos por el artículo 175 sobre los medios de prueba y la libre apreciación de las pruebas consagrada en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, considera que en materia de repetición no existe una tarifa legal de pruebas, de manera que, el documento que acredita el pago, es decir, la Resolución No 132 del 6 de mayo de 2006, tiene la vocación de acreditar la satisfacción de la prestación conciliada.  Con respecto al elemento subjetivo, es decir, la conducta del agente Herrera Diaz, se debe analizar a la luz del Decreto 1 de 1984, las normas del Código Civil, como es el artículo 63 que regulan lo relacionado con la culpa y el artículo 29 y 30 del Código Nacional del Policía, que plasma los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la

ley, disposiciones vigentes para el día de los hechos, es decir, el 22 de diciembre de 1997 y que fueron desconocidos por el agente de policía, al utilizar el arma de fuego provocando la muerte de la señora DULIS 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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JUDITH RODRIGUEZ BUITRAGO.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.  ¿Se configuran los elementos sustanciales para la repetición instaurada por el municipio de Toca (Boyacá) en contra de Camilo Fernando Caicedo Fonseca para obtener el reembolso de lo pagado en virtud de la condena proferida por la jurisdicción contenciosa? 2.2. Marco normativo y jurisprudencial. 2.2.1. Acción de Repetición La acción de repetición está encaminada a recuperar u obtener el reembolso de lo que el Estado ha pagado por un hecho antijurídico ocasionado por la acción u omisión, dolosa o gravemente culposa, de un servidor público o un particular investido de funciones públicas, en el ejercicio de dicha función. Es por ello que en el proceso se debe demostrar, además del pago efectivamente realizado por la entidad pública, la responsabilidad del servidor público.

Esta acción actualmente se encuentra regulada por la Ley 678 de 2001, que

establece los supuestos en los que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño. Sin embargo, antes del 4 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición era regida por las normas contenidas en el artículo 90 de la Constitución Política, en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, y en el artículo 63 del Código Civil. En vista de lo anterior, la jurisprudencia ha establecido que en lo sustancial, la Ley 678 de 2001 no se aplicará a los hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de dicha norma, 4 de agosto de 2001, siendo en este caso necesario remitirse a la normatividad anterior. Por su parte, se plasmó que dicha norma se aplicará a partir de su entrada en vigencia, es decir, a partir del 4 de agosto de 2001, aun cuando los hechos que dieron lugar a la acción hayan ocurrido en fecha anterior. En efecto, respecto de la aplicación de la Ley 678 de 2001 en el tiempo, el 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Consejo de Estado, en sentencia del 28 de febrero de 20111, señaló: “Cabe advertir que, según lo ha manifestado la jurisprudencia

de la Corporación, en aras de garantizar el derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), la Ley 678 de 2001 se aplica en lo sustancial para los hechos y actos que hubieren tenido lugar con posterioridad al 4 de agosto de 2001, fecha en que comenzó a regir, pues los hechos y actos ocurridos con antelación a dicha fecha, y por ende la responsabilidad del agente público, se deben analizar a luz de la legislación anterior, salvo lo atinente a las normas sustanciales posteriores favorables, las cuales pueden ser aplicadas a los mismos. En lo procesal, con la excepción que permite el efecto ultractivo de las normas antiguas sobre actos procesales iniciados de que trata el aparte segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se aplica la Ley 678 de 2001 a los juicios de repetición en curso y pendientes a la fecha de su entrada en vigencia.” En el presente caso tenemos que los hechos que dieron lugar a la acción de repetición, esto es, el disparo del arma de fuego sucedió el 22 de diciembre de 1997. Por esta razón, las normas sustantivas aplicables a la presente acción de repetición son el artículo 90 de la Constitución Política2, los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo3, y el artículo 63 del Código Civil. Al respecto, la última de las normas citadas define la culpa grave y el dolo en los siguientes términos: “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear

1 Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Radicación número: 11001-03-26-000-2007-0007400(34816). 2 Constitución Política Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 3 “...los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones”. “...la Entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (61.118) 50001 - 23–31-00200900323 01 en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de

familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.” (Subrayado fuera de texto) Así, al caso particular, se le aplican las normas sustantivas de la Ley 678 de 2001, esto es, las conductas en las que se presume la conducta dolosa o culposa del agente del Estado causante del daño, generando como consecuencia para la entidad la obligación de allegar al proceso los elementos de convicción que acrediten, además de los elementos objetivos, la culpabilidad del servidor público en las modalidades de dolo o culpa grave. 2.2.2. Elementos Esenciales de la Acción de Repetición De las normas mencionadas y la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado sobre la materia, se tiene que deben concurrir elementos objetivos y subjetivos para que la entidad perjudicada pueda, en ejercicio de la acción de repetición, salir avante ante la jurisdicción contenciosa administrativa, contra el funcionario o exfuncionario que con su acción u omisión dolosa o gravemente culposa, haya realizado un daño antijurídico, que implica un menoscabo del patrimonio público. Respecto a los requisitos esenciales para la prosperidad de la Acción de Repetición, el Consejo de Estado, entre otras, en Sentencia del 30 de marzo de 20174, señala que son los siguientes: 4 Radicación N° 41001-23-31-000-2004-00939-01(40942), M.P. Doctor Danilo Rojas Betancourt.

8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (61.118) 50001 - 23–31-00200900323 01 “De acuerdo con lo anterior, se tiene que, para la prosperidad de la acción de repetición que la entidad estatal puede incoar en contra de sus funcionarios o ex funcionarios, deben reunirse ciertos requisitos, que se pueden enunciar en la siguiente forma: 1) Que se produzca una sentencia judicial o una conciliación o cualquier otra forma de terminación del litigio, de las que se derive una obligación indemnizatoria a cargo de la entidad estatal; 2) Que la entidad haya pagado la indemnización de perjuicios derivada de la sentencia o conciliación; 3) Que el daño que dio lugar al pago de la indemnización, haya sido resultado, en todo o en parte, de la actuación de un funcionario o ex funcionario de la entidad, en ejercicio de sus funciones; 4) Que la conducta de esa persona, haya sido dolosa o gravemente culposa”. Por su parte, esta misma Corporación, en providencia del 5 de octubre de 20165, los enuncia así: “La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una obligación; b) su pago efectivo; c) que la demanda se haya

interpuesto en tiempo; d) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; e) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado y f) si esa conducta fue la causa de la imposición de la obligación económica”. De otro modo se establecen mediante sentencia del 12 de septiembre de 20166, los elementos necesarios para que proceda la acción de repetición en los siguientes términos: “Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena 5 Radicación 19001-23-31-000-2008-00130-01(44139), M.P. Doctora Marta Nubia Velásquez Rico. 6 Radicación 41001-23-31-000-2010-00195-01(51722), M.P. Doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado. ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción

o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado. La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. iii) El pago efectivo realizado por el Estado. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación. iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa. La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables”. A partir de los anteriores lineamientos, el Ministerio Público infiere que los requisitos esenciales para la prosperidad de la acción de repetición son los siguientes:

1. La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una obligación.

2. El pago efectivo de la anterior condena.

3. La calidad de agentes del Estado de los demandados y su participación en los hechos que dieron lugar a la condena.

4. Que los agentes del Estado hayan actuado con culpa grave o dolo, y que dicho actuar haya sido causa parcial o total de la condena en contra del Estado.

De tales presupuestos, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales enunciados, los primeros tres, son los elementos objetivos para iniciar la acción

10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (61.118) 50001 - 23–31-00200900323 01 de repetición; y el último, correspondiente a la calificación de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, y su incidencia en la condena, es el elemento subjetivo determinante de la responsabilidad del agente. Con base en el anterior marco de referencia, pasa el Ministerio Público a analizar si el caso bajo estudio reúne o no los requisitos para la prosperidad de la acción de repetición. 2.3. Pruebas El actor aportó las siguientes pruebas, las cuales se decretaron en su momento:  Original de la Resolución No 132 del 6 de mayo de 2003, por la cual, la Dirección Financiera de la Policía Nacional dispuso el pago de la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($95.006.611.oo) a favor de los señores José Adrián Rodriguez y otros en su condición de victimas por la muerte de la señora Buitrago Martinez a través del apoderado Olid Larrarte Rodriguez, quien los representó en el proceso judicial, según consta en los folios 20 a 24 del cuaderno principal.  En el folio 25, se encuentra el comprobante de pago emitido por la Direccion Administrativa y Financiera de la Policía Nacional el día 16 de

mayo de 2003, que ordenó el pago de la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($95.006.611.oo) , por concepto de sentencias y conciliaciones a favor del Abogado Larrarte Rodriguez.  Formato de consignación fechado el 16 de mayo de 2003, a la cuenta No 0410639000 , por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (94.772.996) que figura en el folio 26 del mismo cuaderno principal.  Folios 70 a 84 del cuaderno principal, se encuentra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, del 1° de octubre de 2002, mediante el cual decidió declarar administrativamente responsable a la Policía Nacional por la muerte de Dulis Judith Rodriguez Buitrago.  Copia de las distintas decisiones tomadas por la Justicia Penal Militar, en especial la proferida por el Juzgado de Primera Instancia el 3 de abril de 2000, y allí se destaca que la persona contra quien se adelantó la investigación fue el agente HERRERA DIAZ (Folios 142 a 160 cuaderno principal). 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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 Copia de la diligencia de conciliación ante el Tribunal Administrativo del Meta, llevada a cabo el 4 de abril de 2002, donde la Policía Nacional y las víctimas de la señora Rodriguez Buitrago, sobre la suma a indemnizar, según figura en los folios 27 a 29 del cuaderno principal.  Copia de la providencia del Tribunal Administrativo del Meta, del 30 de abril de 2002, que aprobó el acuerdo conciliatorio del 4 de abril de 2002. 2.4. Caso concreto En el caso que nos ocupa, la POLICIA NACIONAL le canceló a las víctimas por la muerte de la señora Dulis Judith Rodriguez Buitrago, la suma de dinero que ahora pretende repetir en contra del demandado, en cumplimiento de la conciliación ante el Tribunal Administrativo del Meta, llevada a cabo el 4 de abril de 2002, donde la Policía Nacional y las víctimas de la señora Rodriguez Buitrago, llegaron a un acuerdo sobre la suma a indemnizar. De acuerdo con el acervo probatorio obrante en el expediente que se analizará, y de conformidad con el marco teórico enunciado, es preciso establecer si la acción de repetición instaurada por la POLICIA NACIONAL en el proceso de la referencia, reúne los requisitos para su prosperidad. 2.4.1. Requisito de existencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto en contra del Estado: Figura en el folio 27 a 29 del expediente, Copia de la diligencia de conciliación ante el Tribunal Administrativo del Meta, llevada a cabo el 4 de abril de 2002, donde la Policía Nacional y las víctimas de la señora Rodriguez Buitrago,

acordaron el monto a indemnizar. Siendo así, se encuentra probada la existencia de la conciliación a la POLICIA NACIONAL. 2.4.2. Requisito del pago realizado por parte de la entidad: El requisito se encuentra debidamente acreditado y en ello esta Delegada se aparta del Juez de Primera Instancia, en atención a que en el proceso aparece el formato de consignación en la cuenta No 041063900, por valor de

NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (94.772.996).

Frente al certificado de egreso de la Dirección Administrativa de la Policía Nacional que aparece en el folio 25 del cuaderno principal, se observa que se trata de la orden de pago que da cuenta de la imputación contable de cheque No 656093, para dar cumplimiento a la conciliación con las víctimas de la 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (61.118) 50001 - 23–31-00200900323 01 señora Rodriguez Buitrago, suscrita por el respectivo tesorero de la entidad. Sin embargo, la entidad fue más allá, y anexó,(folio 26) el recibo de la consignación en caja rápida No 23036556 a la cuenta de Larrarte Rodriguez directamente. Desde luego que por ser un medio mecánico impersonal, no

figurará la firma de recibido por parte del cuentahabiente, lo que significa que el pago se acreditó. Sin bien es cierto, para el Tribunal de instancia, lo anterior es insuficiente para probar el pago como quiera que se basa en la jurisprudencia, según la cual, la única prueba de pago es el documento de paz y salvo expedido por el deudor, esta Delegada debe de indicar que dicha posición jurisprudencia se ha modificado y en fallos recientes, como el del 24 de julio de 2013, con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio, se replantea dicha postura y se acepta como prueba de pago aquel o aquellos documentos que permitan generar “certeza al juzgador” que el pago efectivamente se produjo. Igualmente, esta posición jurisprudencial fue reiterada en fallo del 30