PGN - DEMANDANTE Argumenta que los operadores disciplinarios discurrieron en una serie de

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra actos administrativos mediante los cuales declaran disciplinariamente responsable a servidor público CONTROL JURISDICCIONAL-Pronunciamiento del Consejo de Estado respecto a las decisiones disciplinarias Respecto al control jurisdiccional que ejerce el juez contencioso, a las decisiones disciplinarias, el Consejo de Estado ha dicho que “por mandato de la Constitución Política y la ley, el control judicial ejercido por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos y procedimientos administrativos disciplinarios en sede de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho es un control integral y pleno, que se aplica a la luz de la Constitución y del sistema legal como un todo, en los aspectos tanto formales como materiales de las actuaciones y decisiones sujetas a revisión, y no se encuentra limitado ni por las pretensiones o alegaciones de las partes”. DEMANDANTE-Argumenta que los operadores disciplinarios discurrieron en una serie de imputaciones que no corresponden con la realidad factual Al respecto, la Delegada encuentra que el actor incurrió en su actuación precontractual en violación de los principios de contratación, especialmente el de transparencia, pues para el pliego de condiciones se tomó como punto de referencia un proyecto elaborado por una empresa determinas para que se cumplieran las mismas especificaciones con lo que generó ventajas a dicho proponente sobre las otras ofertas., induce por tanto, un factor de desigualdad que hace cuestionable la transparencia y la selección objetiva, por eso la Procuraduría señaló que hubo un direccionamiento de la licitación, ya que las otras empresas, a pesar de lo alegado por el demandante, no contaban con la

experiencia específica exigida en los pliegos, porque sus textos eran de integración curricular, pero no contextualizados. PROCESO DISCIPLINARIO-Se demostró que no hubo transparencia en el proceso licitatorio Ahora, en el proceso disciplinario se demostró que el señor Hernán Escobedo formó parte del proyecto de elaboración de los textos escolares en Bucaramanga y luego participó en la elaboración de los pliegos de condiciones, circunstancia que contribuyó a restarle transparencia al proceso licitatorio. El proceso licitatorio que dirigió el demandante estuvo dirigido a un solo proponente que ofreciera un modelo pedagógico para la elaboración de los textos escolares y sus respectivos cuadernillos de ejercicios, de textos integrados contextualizados. Los proponentes fueron rechazados precisamente porque no contaban con ese requisito. TIPICIDAD-Para la Delegada se encuentra ajustada a las conductas que fueron probadas por la entidad demandada Para la delegada la tipicidad se encuentra ajustada a las conductas que fueron probadas por la entidad demandada, que corresponde a faltas gravísimas por violación al principio de transparencia contractual, esto por cuanto que los ítems incluidos en el pliego tendían a favorecer a uno de los proponentes, si bien no se hizo la adjudicación por la licitación, 2 si sucedió con el contrato No. 450 de 2002 se suscribió entre el Departamento de Bolívar y la firma editorial ASED Ltda para el suministro de textos escolares de acuerdo con los términos de referencia en los que se establecieron ítems que favorecían su propuesta.

FALTA GRAVÍSIMA-Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal FALTA-Es antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna CORTE CONSTITUCIONAL-Señala que la responsabilidad disciplinaria se fundamenta en el incumplimiento de deberes funcionales PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Doctrina sobre el incumplimiento de los deberes Ahora bien, la doctrina de la Procuraduría ha señalado que no se trata del incumplimiento formal de los deberes, sino que los mismos deben afectarse de manera sustancial. Textualmente se señala: … ILICITUD SUSTANCIAL-Ausencia de la conducta del disciplinado Sobre la ausencia de ilicitud sustancia de la conducta del disciplinado, esta agencia considera que esta deviene por el hecho de haber desconocido, los principios de responsabilidad y transparencia, en la medida que, como servidor público estaba obligado a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, según las previsiones imperativas del artículo 3 del Estatuto Contractual, a proteger los derechos de la entidad, bajo una actuación presidida por las reglas sobre administración de bienes ajenos, habida cuenta de que la dirección y manejo de la actividad contractual eran de su responsabilidad y debía permitir una participación plural de oferentes y no encasillada a beneficiar a uno de ellos. Todo esto lleva a que se concluya que los reproches disciplinarios se encuentran ajustados a derecho. SANCIÓN-Pronunciamiento de la Corte Constitucional

En cuanto a la sanción, en palabras de la Corte constitucional, “respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad.” CONSEJO DE ESTADO-Explica sobre la proporcionalidad de la sanción disciplinaria El Consejo de Estado ha explicado, adoptando como suyas sólidas posturas doctrinarias, que la proporcionalidad de la sanción disciplinaria también está 3 íntimamente ligada a la culpabilidad que se logre demostrar durante el proceso en cabeza del funcionario disciplinado. En palabras de esa corporación, CORTE CONSTITUCIONAL-Afirma que la proporcionalidad es un principio que impone límites a la sanción disciplinaria En idéntico sentido, la Corte Constitucional ha afirmado que la proporcionalidad es un principio que impone límites a la sanción disciplinaria, “en virtud del cual la gradación, en abstracto y en concreto, de la sanción, debe hacerse de acuerdo con la gravedad del injusto, y el grado de culpabilidad”. PROCESO DISCIPLINARIO-Al demandante se le probó haber incurrido en faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima En este caso, al demandante se le probó en el proceso disciplinario haber incurrido en faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima y una falta grave cometido con culpa gravísima. Por las gravísimas a título de culpa gravísima los artículos 44 y 46 de la Ley 734 de 2002 disponen como sanción la destitución e inhabilidad por el término de 10 a

20 años. CRITERIOS DE DOSIFICACION DE LA SANCIÓN-La entidad demandada motivó suficientemente la decisión de destituir al actor Respecto de los criterios para la graduación de la sanción, se observa que en los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, la entidad demandada motivó suficientemente la decisión de destituir al actor. Advierte además que para graduar la sanción tuvo en cuenta el grado de culpabilidad, la naturaleza del servicio, los efectos de la falta, y las condiciones personales del infractor -tales como la categoría del cargo, la naturaleza de sus funciones y el grado de instrucción para el desempeño del cargo, la responsabilidad que le asistía por haber estado a cargo de todo el proceso licitatorio, por haber sido delegado por el gobernador para esa misión-. Fueron varios los reproches probados, de ahí que la sanción se fijara en 12 años. Resultando para esta agencia proporcional y razonable PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD-El demandante no la desvirtuó Así las cosas, esta Delegada considera que el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados, por lo que se considera que no deben ser anulados por el juez. 4

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Concepto No. 147-16 IUS 110808-2016 Bogotá D. C., 7 de abril de 2016 Doctor

GERARDO ARENAS MONSALVE

CONSEJERO PONENTE

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “B”

H. CONSEJO DE ESTADO

E S. D.

Referencia: 110010325000201200088 00

No. Interno: (0364-2012)

Actor: Bernardo Ramírez del Valle

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Asunto: Apelación Sentencia ________________________________________________ Procede esta agencia del Ministerio Público, dentro del término legal, a emitir concepto en el proceso que conoce el H. Consejo de Estado, en única instancia, por corresponder los actos demandados, a actos administrativos del orden nacional relacionados con sanciones disciplinarias, de conformidad con el numeral 13 del artículo 128 del C.C.A.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA 1.1. PRETENSIONES El señor Bernardo Ramírez del Valle, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 de C.C.A, solicitó la nulidad de las decisiones sancionatorias del 24 de enero de 2006 y del 22 de mayo de 2006, proferidas por la Viceprocurador General de la Nación y Procurador General de la Nación, que lo declararon disciplinariamente responsable, imponiendo como sanción la Destitución e Inhabilidad General para desempeñar cargos públicos por el término de 12 años. Y la Resolución 2208 del 12 de septiembre de 2006 proferida por el Rector de la Universidad de Cartagena, por medio del cual se le desvinculó del cargo de docente de dicha universidad.

5 Que como consecuencia de la anterior determinación y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la parte demandada –Universidad de Cartagena -, al reintegro de actor al cargo del cual fue separado como

consecuencia de la sanción disciplinaria impuesta, o a otro de igual o superior jerarquía que se cree para el cumplimiento de la sentencia, desde la oportunidad en que fue desvinculado hasta la fecha en que sea reintegrado efectivamente. Que se condene a la parte demandada –Procuraduría General de la Nacióna reconocer y a pagar al Dr. Bernardo del Carmen Miguel Ramírez del Valle, a título de indemnización por perjuicios materiales una suma equivalente a todos los salarios, prestaciones sociales, gastos de representación, servicio de salud cancelados a su costa y demás emolumentos salariales y prestacionales de orden legal y extralegal dejados de percibir, entre la fecha de desvinculación del cargo y su reintegro y se disponga en relación con éste, que para todos los efectos legales, no existe solución de continuidad en el ejercicio del cargo que venía ocupando al momento de ser sancionado y por lo tanto, el tiempo que dure cesante en virtud del retiro irregular del servicio, le sea tenido en cuenta por la Universidad de Cartagena para los efectos salariales, prestacionales y laborales a que haya lugar. También al pago de las sumas invertidas en la consecución de asistencia jurídica, que han de entenderse como un hecho objetivo de disminución patrimonial constitutivo de un perjuicio y no como una condena en costa; dichas erogaciones, tienen relación de causalidad con el hecho de la lesión causada y se requiere significar en estricto derecho, que no se invocan como presupuesto del ejercicio de una acción (que los convertirá así en costas), sino como materialización de un derecho económico venido a menos por un pago cuya

causa es ajena a la voluntad de quien lo satisface, e imputable a la demanda. Que se condene a la Procuraduría General de la Nación al pago de los perjuicios morales ocasionados al actor y a sus hijos menores Bernardo Junior, Gina Vanessa Ramírez Araujo y Thaly Margarita Ramírez Cantillo; a su esposa Marlene Araujo Guerra y a su hijo mayor Luis Gabriel Ramírez Gonzalez, infligidos por la imposición de una sanción disciplinaria a todas luces violatoria del ordenamiento jurídico, en las cuantías que a continuación se especifican así: A razón de doscientos salarios mínimos legales mensuales para el actor; cien salarios para su esposa y sus hijos. Que se considere para todos los efectos legales, se considere en relación con el acto que no existe solución de continuidad en el ejercicio del cargo que venía ocupando al momento de ser sancionado. 6 Que las sumas de dinero reconocidas sean indexadas y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del CCA. Que se condene en costas a la parte demandada y en agencias en derecho. 1.2 HECHOS Refiere el escrito de demanda los siguientes supuestos fácticos: El demandante adelantó un proceso licitatorio para la adquisición de textos escolares de educación básica primaria, junto con sus cuadernillos anexos de ejercicios, para las instituciones educativas del Departamento de Bolívar. Por presuntas irregularidades en dicho procedimiento se le abrió proceso disciplinario y se le imputaron varios cargos, tales como que: los pliegos de condiciones no contenían unas reglas objetivas, claras y justas; que no se

resolvieron todas las observaciones presentadas por la firma Casa Editorial E.U sobre la descalificación de la firma ASED Ltda por la no presentación de los cuadernillos de los ejercicios y respecto de la descalificación de la misma firma por tener dentro de su recurso humano al señor Carlos Vasco Uribe, quien había coadyuvado a la elaboración del pliego de condiciones para la entidad; al colocar su visto bueno dentro del contrato No. 450 del 31 de 2002, omitió advertir a su superior jerárquico que dentro del texto del contrato no fue incluido dentro de la garantía de cumplimiento, el amparo de calidad del bien o servicio, de conformidad con lo señalado en el artículo 17 del Decreto 679 de 1994. Faltas que fueron calificadas como gravísimas a título de dolo, imponiéndose la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 12 años. 1.3 NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN El apoderado de la demandante señaló que las decisiones demandadas desconocen los artículos 29 y 229 de la Constitución Política; 4, 5, 6, 14, 17, 19, 20, 142 de la Ley 734 de 2002. Como concepto de violación el demandante expuso que las decisiones demandadas desconocieron las normas referidas, pues en la formulación de cargos se deja sentado que las especificaciones técnicas, contaban con el modelo pedagógico realizado por la firma ASED Ltda, cuando la realidad fáctica y procesal demostraba lo contrario, es decir que se encuentra probado que los libros publicados por el Municipio de Bucaramanga son propiedad de dicho ente

territorial, que los docentes del mismo crearon el modelo pedagógico y luego cedieron sus derechos al Municipio, constando que los textos solo fueron editados 7 por ASED Ltda, con lo cual queda desvirtuado el cargo, en cuanto una violación al principio de imparcialidad, dado que esta firma no fue la autora del susodicho modelo pedagógico En igual impropiedad incurre el operador disciplinario de primera instancia cuando motiva su reproche en la elaboración de las especificaciones técnicas pues considera que quien elabora o confecciona las reglas de juego en un proceso licitatorio –ASED Ltday luego participa en él, tiene una ventaja, al actuar como juez y parte, elemento que considera determinante para que la licitación ingrese en el ámbito de las “licitaciones dirigidas”, dando por sentado que el profesor Escobedo, era empleado de ASED Ltda, cuando lo cierto es que nunca tuvo relación laboral con ésta sino con el Municipio. El modelo pedagógico fue elaborado por unos docentes de una entidad estatal y perteneciente a ésta, que si bien no podía ser comercializado por editoriales privadas, a contrario sensu si podía ser utilizado por un ente público sin que las referencias que del mismo se hicieran en el pliego de condiciones, generan a favor de alguno de los participantes una ventaja competitiva. Cambia la imputación el Ad quem disciplinario, cuando sostiene que independientemente del tipo de vinculación de Hernán Escobedo con ASED Ltda , o con el Municipio de Bucaramanga, lo cierto es que formó parte del proyecto de elaboración de los textos escolares de Bucaramanga y luego participó en la elaboración de los pliegos de condiciones del Departamento de Bolívar, como si

esta circunstancia fuera apta para generar por si sola reproche disciplinario. El señor Hernán Escobero no fue empleado de ASED Ltda ni del municipio de Bucaramanga, tampoco elaboró la serie “leer y soñar el mundo”, pero sí fue contratado para que asesorara a la Secretaria de Educación en el Proceso de aplicación del mismo al caso municipal. Una vez elaborado el texto escolar, se contrató a través del convenio Andrés Bello, su diseño gráfico (no pedagógico) y su impresión editorial, correspondió a la editorial ASED Ltda. Según esto, no se entiende cómo el fallador de segunda instancia, toma como base del reproche disciplinario, lo producido o editado por la firma ASED Ltda, para sostener equivocadamente que se estaba exigiendo un modelo que cumpliera con sus mismas especificaciones. De igual manera en las decisiones sancionatorias no se cumplió el principio de tipicidad. Los operadores disciplinarios discurrieron sin precisión en una serie de imputaciones que no corresponden con la realidad factual; es decir, dan a los presupuestos fácticos demostrados un alcance que niega la realidad procesal con mirar a hacer una adecuación típica artificiosa e instrumental y en muchos casos, también suponen o distorsionan la prueba con idéntico propósito como sucede 8 con la afirmación de que el señor Escobedo elaboró el modelo de integración curricular y su vinculación a la firma ASED Ltda, la cual dan por establecida. El Departamento de Bolívar se encontró ante un fracaso del procedimiento administrativo adelantado para la selección de contratista, culminando así en la declaratoria de desierto, motivo por el cual quedaba relevada de cualquier

pronunciamiento relacionado con la licitación pública, elevado en orden a producir una adjudicación ajustada a los términos de ley. Así mismo tampoco encuentra asidero el reproche formulado al actor, consistente en no colocar el visto bueno dentro del contrato No. 450 de 2000, omitiendo advertir a su superior jerárquico que dentro del texto del contrato no fue incluida la garantía de cumplimiento, el amparo de calidad del bien o servicio, olvidando que la garantía que otorga el contratista para afianzar el cumplimiento del contrato, está sometida a la expedición de un acto administrativo, mediante la cual se acepta la póliza, el visto bueno como tal no tiene ningún efecto jurídico y a quien le correspondía avalarla era a la Oficina Jurídica. Para que se estructure la falta, que el contrato hubiera sido objeto de incumplimiento o que los textos entregados hubieran presentado defectos en su configuración, para que el principio de lesividad tuviera materialización y por consiguiente, se pudiera estructurar la falta disciplinaria. No puede olvidarse que la participación del actor por delegación para el trámite de la licitación llegó hasta antes de la expedición de la resolución que decretó desierta la licitación. Por tanto, la elaboración del contrato 450 del 31 de diciembre de 2002 corrió por cuenta del Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación y no de la Secretaría de Educación Departamental, de ahí que no hubiera ninguna razón para que apareciera su visto bueno. En cuanto a la sanción, asegura que se llegó a esta bajo conjeturas y sin respaldo probatoria, sin detenerse a revisar los principios de la duda razonable.

2. TRÁMITE La demanda fue presentada el 31 de octubre de 2006 ante los Juzgados Administrativos del Circuito de Cartagena, correspondiendo por reparto al noveno, que mediante auto del 4 de diciembre de 2006 la admitió, así como su adición el 18 de abril de 2007; el 11 de septiembre de 2007 se decretaron pruebas y mediante auto del 31 de julio de 2008 se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión; y se profirió sentencia el 1 de diciembre de 2008. La decisión fue apelada ante el Tribunal Administrativo de Bolívar que mediante auto del 31 de octubre de 2011se declaró incompetente 9 para conocer del asunto, declaró desde el auto admisorio de la demanda y remitió el expediente al Consejo de Estado.

El expediente llegó al Consejo de Estado correspondiendo por reparto el asunto a la Sección Segunda, Subsección B, y con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve avocó el conocimiento del asunto; se admitió la demanda el 27 de septiembre de 2012; abrió el proceso a pruebas el 10 de septiembre de 2015; y, mediante auto del 3 de febrero de 2016, se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público por el término de 10 días para que presentaran sus alegatos de conclusión.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3.1 La Procuraduría General de la Nación se opone a las pretensiones de la demanda bajo las siguientes precisiones: El demandante pretende sustraer una etapa del proceso contractual, como la de

la licitación que es justamente una etapa previa a la adjudicación del contrato, pero si no se surte esta etapa por cualquiera de las razones previamente establecidas en el pliego, la consecuencia es la contratación directa, mediante la suscripción del contrato. El propósito de la administración no puede truncarse porque el proceso licitatorio fallo, la contratación no es una herramienta caprichosa del ordenador del gasto, tal y como prevé el artículo 3 de la Ley 80 de 1993. En el presente caso, la Gobernación de Bolívar, llegó a la contratación directa dando aplicación en lo previsto en el artículo 24 numeral 1 literal g, de la Ley 80 de 1993, que ella procede justamente cuando ha procedido el proceso licitatorio y concluye con la declaración de desierta de la licitación el concurso, con todo y las irregularidades advertidas en el proceso de selección objetiva, no puede separase el mismo para argumentar caprichosamente que los ítems incluidos en el pliego que tendía a favorecer a uno de los proponentes no se materializó en adjudicación alguna. Porque ello si sucedió, efectivamente el contrato No. 450 de 2002 se suscribió entre el Departamento de Bolívar y la firma editorial ASED Ltda para el suministro de textos escolares de acuerdo con los términos de referencia en los que se establecieron ítems que favorecían su propuesta. 3.2. La Universidad de Cartagena. El apoderado de la Universidad sostiene que la competencia para resolver este asunto es en primera instancia el Tribunal Administrativo de Bolívar y en segunda, el Consejo de Estado, pues este tipo de asuntos merecen tener una doble instancia.

10 En cuanto a la legalidad del acto que profirió sostiene que este se hizo en cumplimiento a los fallos proferidos por la Procuraduría General de la Nación, como entidad pública no estaba dentro de sus competencias oponerse a la decisión sino a cumplirla.

4. PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Obra: copia de los antecedentes administrativos de los actos demandados, copia completa del expediente disciplinario, la hoja de vida de la demandante y unos testimonios.

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 5.1 La parte pasiva, Procuraduría General de la Nación.

Expuso los mismos argumentos que refirió en la contestación de la demanda. 5.2. La parte actora. El apoderado del actor sostiene además de lo expuesto en la demanda, que para edificar la conducta endilgada al señor Ramírez del Valle, como falta disciplinaria, por la materialización del principio de lesividad que por lo menos el contrato hubiese sido objeto de incumplimiento o que los textos entregados hubieran presentado defectos en su elaboración, pero lo que fluye como realidad incontrovertible es que las conductas atribuidas a aquel, lejos de vulnerar o poner en peligro la función pública; lograron su cometido en materia educativa a través de la contratación injustamente cuestionadas.

6. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Respecto al control jurisdiccional que ejerce el juez contencioso, a las decisiones disciplinarias, el Consejo de Estado ha dicho que “por mandato de la Constitución Política y la ley, el control judicial ejercido por la jurisdicción contenciosoadministrativa sobre los actos y procedimientos administrativos disciplinarios en sede de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho es un control integral y pleno, que se aplica a la luz de la Constitución y del sistema legal como un todo, en los aspectos tanto formales como materiales de las actuaciones y decisiones sujetas a revisión, y no se encuentra limitado ni por las pretensiones o alegaciones de las partes”1.

El problema jurídico en el sub lite se circunscribe a determinar: si hay lugar a que el juez declare la nulidad de las decisiones disciplinarias del 24 de enero de 2006 1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de marzo de 2014. Radicación número: 11001 03 25 000 2013 00117 00 (0263-13). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 11 y del 22 de mayo de 2006, proferidas por la Viceprocurador General de la Nación y Procurador General de la Nación, que declararon al actor disciplinariamente responsable, imponiendo como sanción la Destitución e Inhabilidad General para desempeñar cargos públicos por el término de 12 años. Así como de la Resolución 2208 del 12 de septiembre de 2006 proferida por el Rector de la Universidad de Cartagena, por medio del cual se le desvinculó del cargo de docente de dicha universidad, en cumplimiento a la sanción, por haber sido expedidos, a juicio del demandante con desconocimiento de las pruebas, con defectos en la tipicidad y sin la materialización del principio de lesividad. Para resolver el problema jurídico planteado, se revisara el tema de la tipicidad,

culpabilidad y antijuricidad; como segundo, se analizara el tema de la sanción como tal.

1. De la tipicidad, culpabilidad y antijuricidad.

Para empezar, es necesario citar los cargos que le fueron imputados al demandante, de ahí verificaremos la tipicidad, la culpabilidad y si la sanción es proporcional y razonable. La Viceprocuraduría General de la Nación imputó seis cargos al señor Bernardo Ramírez del Valle, en su condición de secretario de Educación del Departamento de Bolívar y delegatario del Gobernador para el trámite del proceso licitatorio SEDC No. 003-2002, bajo las siguientes puntos que se resumen: CARGO PRIMERO: omitió advertir al señor gobernador del departamento de Bolívar, previo a la apertura de la licitación mencionada, que los pliegos de condiciones no contenían unas reglas objetivas, claras y justas. Como normas infringidas se enunciaron los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 6, 122, 123 inciso 2 y 209. Los artículos 24 numeral 5 literales a), b), numeral 8; artículo 26 numerales 1 y 3, artículo 30 numeral 2 de la Ley 80 de 1993; así como las señaladas en el numeral 19 del punto III de las funciones específicas para el cargo de secretario de educación, consagradas en l Resolución 3124 del 26 de agosto de 2002, por medio del cual se establece el manual de funciones, expedida por el Gobernador de Bolívar. Consecuencialmente la violación de los deberes como servidor público

contenidos en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, por incumplimiento de la ley en los términos mencionados. La falta fue calificada como gravísima, pues se ajustó a lo previsto en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y en materia de responsabilidad subjetiva su comportamiento fue imputado a título de Dolo, toda vez que avaló la apertura de la licitación pública, conociendo que los pliegos de condiciones no tenían reglas objetivas, claras y justas; además por su formación profesional le resultaba advertir con facilidad que ellos estaban direccionados, para que se adjudicara a la firma editorial ASED Ltda., por ser esta la única firma que podía cumplir con los pliegos. 12

CARGO SEGUNDO: Se dijo que permitió la evaluación irregular de las propuestas relativas a la referida licitación, sin advertir a su superior jerárquico respecto de las falencias presentadas. Falta que se calificó como gravísima cometida con dolo.

CARGO TERCERO: Consintió en que permitió de manera irregular la expedición de la Resolución 3855 de 20 de diciembre de 2002 mediante el cual se declaró desierta la licitación No. SEDC 003 DE 2002, atendiendo las mismas circunstancias que fueran expuestos al examinar el cargo tercero que le fuera elevado al señor Gobernador del Departamento. Falta que se calificó como gravísima cometida con dolo.

CARGO CUARTO: Por colocar su visto bueno a la Resolución 3968 del 31 de diciembre de 2002, permitiendo que de esta manera se adjudicara

irregularmente el contrato No. 450 del 31 de diciembre de 2002, siguiendo en este caso las mismas motivaciones de orden fáctico y jurídico señaladas en el cargo cuarto que le fuere elevado al señor Gobernador. Falta que se calificó como gravísima cometida con dolo.

CARGO QUINTO: Haber permitido la suscripción del contrato 450 de 31 de diciembre de 2002, con la firma ASED Ltda, con desconocimiento de lo prescrito en el parágrafo 1 del artículo 12 del Decreto 855 de 1994, reglamentario de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con las motivaciones que aparecen en el cargo quinto que le fue formulado al gobernador del departamento. Falta que se calificó como gravísima cometida con dolo.

CARGO SEXTO: Al colocar su visto bueno dentro del contrato 450 de 2002, omitió advertir a su superior jerárquico que dentro del texto del contrato no fue incluido dentro de la garantía de cumplimiento, el amparo de calidad del bien o servicio, conforme lo señalado en el numeral 17 del Decreto 679 de 1994, de acuerdo a las motivaciones que están contenidas en el cargo sexto elevado al gobernador del departamento. Falta que se calificó como gravísima cometida con dolo.

Como se observa todas las conductas fueron calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo. Para el Viceprocurador General de la Nación, los hechos irregulares se probaron, por lo que le impuso al demandante la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de trece (13) años. Sanción

que fue modificada por el Procurador General de la Nación a 12 años. Para el demandante los operadores disciplinarios discurrieron sin precisión en una serie de imputaciones que no corresponden con la