PGN - DEMANDANTE Es quien tiene la carga de probar la falla del servicio según regulación

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad del Estado por omitir protección de Procurador Judicial ante amenazas de grupos armados ilegales RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por falla en el servicio de seguridad y protección RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Encuentra su sustento en el art. 90 de la Constitución Política RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Requisitos para ser imputada bajo el título de falla del servicio Para los efectos de este caso conviene precisar que el régimen subjetivo de responsabilidad es el régimen aplicable por defecto en la responsabilidad del Estado. Este régimen comprende el título de imputación de falla del servicio. Este título se aplica cuando la imputación consiste en señalar que un error, una omisión, o un mal proceder del Estado causó o propició la ocurrencia del daño. Así, bajo este título de imputación es necesario determinar los deberes funcionales del ente estatal, si dicho ente faltó a esos deberes y si esa falla tuvo incidencia en la ocurrencia del daño. Bajo este régimen, el daño es imputable al Estado cuando actuó u omitió actuar infringiendo a sus deberes funcionales, y esto ocasionó un daño antijurídico a otros. De acuerdo con lo anterior, en este caso se debe aplicar el régimen de imputación de falla del servicio. En este caso se evalúa un juicio de reproche frente al actuar de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. En efecto, se analiza si este de control estatal faltó a un deber de protección de un funcionario público vinculado con la entidad como Procurador Judicial II para Asuntos

Penales. Concretamente se analiza si el ente de control omitió el deber de protección al señor…..,que reprocha a la entidad en no haberle brindado suficientes medidas de protección en el tiempo en que era Procurador Judicial II en Asuntos Penales, presunta falta de protección que habría ocasionado que él renunciara a su cargo y se trasladara al exterior. Pues bien, son requisitos para imputar responsabilidad del Estado bajo el título de falla del servicio la existencia de un daño, la acción u omisión del ente estatal constitutiva de una una falla del servicio, y un nexo de causalidad entre el daño y la falla probada DEMANDANTE-Es quien tiene la carga de probar la falla del servicio según regulación legal PROCESO-No se encuentra acreditado en este que accionada haya incurrido en falla del servicio por omitir acciones para garantizar seguridad del accionante …Por todo lo anterior, en sentir del Ministerio Público, en el presente caso no está demostrado que las medidas adoptadas en concreto por la PROCURADURÍA eran insuficientes, lo que significa que no se demostró el segundo requisito para declarar responsabilidad del Estado en contra de la demandada, esto es, que haya incurrido en una falla del servicio. Antes bien, lo que se advierte en este caso es que el daño es atribuible a terceros, a las organizaciones delincuenciales, que lograron infundir tal terror en el señor…. que no confió en que podía gozar de seguridad en la ciudad de Bogotá y Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67177) 25000-23-36-000-2018-00893-01 más bien prefirió adoptar por su cuenta y riesgo la medida de seguridad más extrema, que consistió en trasladarse a un país extranjero. Medida de seguridad extrema que no compromete la responsabilidad de la entidad accionada, ya que no se demostró que las medidas de seguridad que dicha entidad ofreció eran defectuosas o insuficientes para conjurar la situación de riesgo en que se encontraba el señor….. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Debe ser confirmado al negarse pretensiones de la demanda 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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CONCEPTO No. 088 / 2021

Bogotá D.C., octubre 7 de 2021

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente

MARÍA ADRIANA MARÍN

E. S. D.

EXPEDIENTE: 25000-23-36-000-2018-00893-01 (67177)

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES: OSCAR MAURICIO BECARIA SUÁREZ Y OTROS

DEMANDADO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Sentido del concepto: Se conceptúa que la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, debe ser CONFIRMADA // No se encuentra acreditado que la entidad accionada haya incurrido en una falla del servicio consistente en omitir acciones para garantizar la seguridad del accionante // Caso de reclamación de indemnización de perjuicios por daño debido a una renuncia a un cargo público bajo presión de amenazas y desplazamiento a otro país, debido a que presuntamente la entidad pública empleadora no otorgó a la víctima directa un esquema de seguridad a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) // Tema: Responsabilidad del Estado por falla en el servicio de seguridad y protección.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos:

I. ANTECEDENTES 1.1. Objeto del litigio El señor OSCAR MAURICIO BECARIA SUAREZ y sus allegados radicaron medio de control de reparación directa ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en contra de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. Los demandantes pretenden en este medio de control que se declare responsable a la entidad accionada por omitir proteger al señor OSCAR MAURICIO BECARIA SUAREZ -en calidad de Procurador Judicial Penal II que laboraba en Tunja – Boyacá- y sus allegados, de situaciones que

atentaron contra su vida, integridad y seguridad. Estas situaciones, según la demanda, consistirían en acechos, amenazas de muerte presenciales, seguimientos y llamadas telefónicas por parte de la delincuencia organizada y grupos armados ilegales (AUC y guerrillas) que se darían con ocasión de las funciones que cumplía el señor OSCAR 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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MAURICIO BECARIA SUAREZ como Procurador Judicial II para asuntos Penales. Se indica en la demanda, en especial, que la amenaza a la seguridad posiblemente se daría porque el señor BECARIA SUAREZ participó activamente en condena penal de 20 años impuesta a Pedro Nel Rincón Castillo, alias “Pedro Orejas”, conocido esmeraldero relacionado con grupos paramilitares, actividades de narcotráfico y tráfico de armas. Ello toda vez que esta persona fue absuelta en primera instancia en proceso penal, pero el señor BECARIA SUAREZ interpuso recurso de apelación contra dicha providencia, que luego fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito de Tunja, y significó una pena de 20 años contra dicho conocido delincuente. Consideran los demandantes que la omisión de protección y de medidas para garantizar

la seguridad de parte de la PROCURADURIA ocasionó que el entonces Procurador Judicial II, señor OSCAR MAURICIO BECARIA SUAREZ, tuviera que renunciar irrevocablemente a su cargo, y que él y sus allegados tuvieran que abandonar el país e irse a los Estados Unidos. En vista de lo anterior, solicitan indemnización de perjuicios materiales por valor de $4.740’000.000,oo, perjuicios morales por un total de 500 smlmv y medidas de reparación integral no pecuniarias. La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION respondió la demanda rechazando de plano todas las súplicas. La PROCURADURIA considera que la parte demandante le atribuye responsabilidad por desplazamiento forzado y por omisión de protección, sin que ninguna de las dos se configure. Desde la óptica del desplazamiento forzado, considera la PROCURADURIA que no existe responsabilidad porque “la decisión de asilarse en los Estados Unidos obedeció a una decisión autónoma y voluntaria del doctor Becaría, quien consideró, a monto propio [sic], que su vida y la de su familia corrían peligro en Colombia”. Además, según la demandada, tampoco existiría responsabilidad desde el punto de vista de la omisión de protección, toda vez que señala: “No obstante ello, lo importante a destacar dentro del caso, radica en que, conforme lo reconoció el mismo accionante, esta entidad tan pronto tuvo conocimiento de las presuntas amenazas efectuó una serie de acciones encaminadas a garantizar su seguridad, inclusive se le ofreció por parte de la entidad el traslado de ciudad. En ese sentido, se tiene que el señor Becaria aduce que recibió una serie de amenazas en el mes de marzo de 2016 y en

el mes de julio de ese mismo año, esto es tan solo 5 meses después, decide abandonar el país, por lo tanto, no puede afirmarse que ésta entidad omitió efectuar acciones tendientes a garantizar su protección puesto que, se reitera, en el corto tiempo que transcurrió entre el conocimiento de las presuntas amenazas y su decisión de abandonar el país la entidad actuó de manera oportuna”. 1.2. Concepto del Ministerio Público en primera instancia La Procuraduría 10 Judicial II Administrativa presentó concepto de fondo en el presente proceso en primera instancia. En este concepto solicita que se profiera fallo inhibitorio o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda. En primer lugar, señala que en este caso la parte demandante debió acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que aceptó la renuncia al señor 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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OSCAR MAURICIO BECARIA SUAREZ, esto es, la Resolución 3130 del 1 de agosto de

2016. Ello ya que fue el acto que configuró uno de los daños alegados, esto es, la pérdida del empleo. Por ello, estima que se presenta inepta demanda y debe proferirse fallo

inhibitorio. Ahora bien, agrega que aún si se examina el fondo del asunto no existiría responsabilidad de la PROCURADURÍA porque “… no se demostró ni probó que la entidad demandada, conforme la regla especial del servicio, tuviera a su cargo el deber de dispensar al demandante retirado soluciones de seguridad, o que, hubiera faltado al deber que emana de la regla general del artículo 2 de la Constitución Política, de garantizar su seguridad”. Ello toda vez que el Procurador 10 Judicial II Administrativo consideró que la Policía Nacional era la encargada de dar seguridad al servidor público, y la PROCURADURÍA habría cumplido este deber al haber solicitado a esta institución de la Fuerza Pública el adoptar medidas frente a la situación del señor BECARIA SUAREZ. 1.3. Sentencia de primera instancia A través de Sentencia del 5 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, decidió el asunto en primera instancia resolviendo negar las pretensiones de la demanda. Para sustentar la negativa, el Tribunal señala que el señor OSCAR MAURICIO BECARIA SUAREZ avisó a la PROCURADURIA de amenazas que recibió en enero de 2016 (el Tribunal no especificó la fecha en que se dio aviso). Que, en atención a lo anterior, el 19 de marzo de 2016, dicha entidad solicitó a la Policía de Boyacá evaluar la situación del señor BECARIA SUAREZ. Esta solicitud habría sido atendida por la Policía, toda vez que se probó que la Fuerza Pública informó al servidor medidas de seguridad, autoprotección

y la realización de revistas periódicas en el lugar de trabajo y domicilio. Así mismo, un funcionario de la División de Seguridad de la PROCURADURIA visitó al señor BECARIA SUAREZ para evaluar su grado de riesgo, evaluación que arrojó como resultado la calificación del riesgo como ordinario. Indica el Tribunal que si la parte actora está inconforme con la calificación del riesgo como ordinario, este aspecto lo debió controvertir bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, indica que en el expediente no está probado que el proceder que debió adoptar la PROCURADURÍA en este caso es solicitar la intervención de la Fiscalía y de la Unidad Nacional de Protección. El Tribunal también destaca que no es un argumento para sustentar la falla del servicio el hecho que la magistrada Cándida Araque hubiera recibido protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, porque su situación no se puede asemejar a la del señor BECARIA SUAREZ, tanto así, que los compañeros de sala de dicha magistrada también obtuvieron una calificación de riesgo de seguridad ordinaria. Indica, además, que al expediente no se allegaron los medios de prueba que se menciona que se aportaron cuando el señor BECARIA SUAREZ presentó denuncia penal ante la Fiscalía por las amenazas recibidas. Igualmente, se menciona que esta investigación penal fue archivada porque no se pudo identificar e individualizar al autor de estas amenazas. Así mismo, indica que en el expediente no probó que las amenazas y persecuciones se debieron a las actividades que realizaba el señor BECARIA SUAREZ como servidor público de la PROCURADURÍA. Por último, señala que no se puede pasar por alto que, mediante oficio del 1 de agosto de

5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67177) 25000-23-36-000-2018-00893-01 2016, la Procuraduría General de la Nación ofreció al señor BECARIA SUAREZ la posibilidad de asignarle funciones en el mismo cargo en la ciudad de Bogotá. Visto lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, concluye: “Así las cosas, es claro que la parte actora incumplió con su carga probatoria de acreditar el daño alegado. Al respecto, resalta la Sala que la carga de la prueba es una regla consagrada en el artículo 167 del C.G.P., de acuerdo con la cual ‘incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen’, es decir, que le corresponde a la persona interesada en reclamar al Estado la reparación de los daños antijurídicos, demostrar en el proceso de forma íntegra los hechos jurídicos de donde procede o nace la obligación, para lograr que el juez dirima la controversia de manera favorable a sus pretensiones”. Por último, debe señalarse que en la sentencia se decidió condenar en agencias en derecho a la parte actora, considerando que “la norma establece un criterio objetivo”, razón por la cual se impuso la cantidad de $5’000.000.oo por agencias en derecho a

cargo de la parte actora. 1.4. Recurso de apelación interpuesto por la parte accionante Inconformes con la decisión, los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Los argumentos de disenso fueron, en resumen, los siguientes:

1. Indica la parte apelante que la sentencia de primera instancia se basó en decisiones del Consejo de Estado de los años 1995, 1996 y 1999. Sin embargo, indica que “respecto al compendio probatorio aportado por la parte accionante se configura la falla del servicio por parte del demandando atendiendo las nuevas tendencias referentes a la omisión en la que incurrió soslayar un riesgo evidente y palmario que produjo el desenlace conocido de marras”. Luego, el apelante agrega que es un hecho probado “[l]a omisión en que incurrió la demandada en la no coordinar ni articular gestión alguna con la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, en el diseño y materialización de un esquema de seguridad o siquiera medidas de seguridad con el rigor debido…”.

2. Por otra parte, frente al hecho que la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN haya ofrecido al demandante la posibilidad de trasladarse a la ciudad de Bogotá, en el recurso se manifiesta cuestionamientos al señalar “… de qué insumos o soportes se nutrió ese despacho para establecer a su juicio la ciudad de Bogotá era la adecuada en cuanto a las condiciones de seguridad, es algo que todavía más de cuatro años después está el interrogante”.

3. Indica el apelante que la valoración de los testimonios de la magistrada Candida Rosa

Araque y de la entonces fiscal Rosa Eugenia Benavides “no están acordes con el contexto de lo por ellas narrado en el sentido de que de manera integral no se efectuó una síntesis del sentir de sus narraciones y que por el contrario de manera selectiva se sintetizan ideas y fragmentos que desdibujan la estructura general de lo que estas dos profesionales trataron de referir…”. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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4. La parte apelante señala que en la sentencia de primera instancia en un apartado se tuvo por probado que el señor BECARIA SUÁREZ recibió amenazas, pero que en otra parte lo pone en duda, al señalar que presuntamente recibió amenazas.

5. Indica la parte apelante que el hecho que la PROCURADURÍA haya pedido colaboración policial y efectuado un estudio de riesgo no le exime del daño derivado de su omisión. Ello ya que, según el apelante, la PROCURADURÍA debió remitir el caso a la Unidad Nacional de Protección, “que es el ente institucionalizado para tal fin”.

6. Señala la parte actora que, con base en Sentencia del Consejo de Estado del 18 de mayo de 2017 (radicación 2004-00504, exp. 41702), respecto a funcionarios como el

demandante, existe un deber de protección del Estado aún si no han solicitado formalmente protección. Según el demandante, más aún en este caso, en el que el señor BECARIA SUAREZ solicitó protección ante la PROCURADURÍA.

7. La parte apelante considera que el medio de control a ejercer en este caso es el de reparación directa, toda vez que no ataca un acto administrativo de interés particular consistente en haber calificado el riesgo del señor BECARIA SUAREZ como ordinario “en razón a que no nos asistía interés alguno en tal calificación de riesgo, ese por el contrario, ese acto administrativo hace parte del entramado formal y no de fondo o sustancial de omisión en el que incurrió la entidad demandada”.

8. Estima la parte actora que, contrario a lo afirmado por la sentencia de primera instancia, se demostró que la PROCURADURÍA debió pedir protección a la Unidad Nacional de Protección y omitió este deber. Para el apelante, esto está demostrado a través de Oficio No. OFI18-00076634 del 3 de septiembre de 2018, proferido por la Unidad Nacional de Protección (documento en el que se señala “no se encontró dato alguno del cual se colija activación ruta de protección a favor del precitado”) y a través de Oficio No. 20570-01-02-35-0205 del 28 de agosto de 2018, proferido por la Fiscalía General de la Nación (en el que se indica que la investigación por las amenazas al señor BECARÍA SUÁREZ debió ser archivada por no ser posible ubicarlo y que no hay registro de solicitud de protección a esta persona por parte de la PROCURADURÍA).

9. Considera la parte actora que el hecho que a los compañeros de la magistrada Cándida Araque se les haya calificado el riesgo a su seguridad como ordinario no es comparable con la situación del señor BECARIA SUAREZ

10. Señala la parte apelante que no era necesario probar la muerte del juez de garantías de Duitama y el atentado contra el procurador de Cúcuta, por ser hechos conocidos.

Además, considera el apelante que estos hechos son indicativos de lo que le pudo pasar al señor BECARIA SUÁREZ si no hubiera huido del país.

11. La parte apelante considera que erró el Tribunal de primera instancia al no tener por probado que las amenazas en contra del señor BECARIA SUÁREZ se debieron al cargo que ejercía como Procurador Judicial II Penal en Tunja. Para el apelante este hecho se probó “por los documentos y los testimonios, verbo y gracia [sic] la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, los trámites agotados ante la misma entidad demandada y

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67177) 25000-23-36-000-2018-00893-01 las gestiones efectuadas por la misma víctima ante la misma demandada poniendo en conocimiento los hechos constitutivos de amenazas”.

12. La parte actora señala que, contrario a lo afirmado por el Tribunal de primera instancia, sí se acreditó el requisito del daño. Para la parte actora, se acreditó este requisito con el hecho de haber presentado renuncia irrevocable y el abandono del país.

En este apartado, luego reitera argumentos presentados en apartados anteriores.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en el recurso, el Ministerio Público, en su función de intervención en defensa del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales, considera como problema jurídico a abordar, el siguiente: ¿Se encuentra acreditada en el presente proceso la responsabilidad de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en el sentido que el señor OSCAR MAURICIO BECARÍA SUÁREZ tuvo que renunciar a su empleo en esa entidad y huir hacia otro país porque dicha entidad pública incurrió en omisión en sus deberes y funciones legales, al no haber brindado protección al demandante frente a amenazas y persecuciones que se le realizaron con ocasión de las funciones que ejercía como Procurador Judicial Penal en Tunja - Boyacá? 2.2. Análisis fáctico y probatorio En el expediente existe múltiple material probatorio que correspondió sopesar al Ministerio Público. Una vez revisado este material, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas relevantes para emitir concepto de fondo sobre el asunto: 2.2.1. Copia de Oficio del 14 de marzo de 2016, suscrito por el señor OSCAR MAURICIO

BECARIA y dirigido a la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, a la Viceprocuradora y al Procurador General de la Nación (expediente digital, cuaderno 1, página 53). A través de este oficio con fecha 14 de marzo de 2016, el señor BECARIA SUAREZ informa a la PROCURADURIA sobre amenazas recibidas, así: “Le saludo de manera cordial y me remito con el fin de informarle que he debido cambiar mi número celular siendo el nuevo contacto el número… Lo anterior debido a que dentro de un período aproximado de tres semanas anteriores a mi salida de vacaciones, recibí una serie de llamadas amenazantes, en las cuales utilizando un lenguaje vulgar, básicamente se me recriminaba por ‘ser un sapo hp’ y se me ordenaba ‘perderme de acá’ y que ‘estaba avisado que me atuviera a las consecuencias’. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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Como informé anteriormente, en principio no presté atención al incidente y como única medida preventiva decidí cambiarme de empresa y número de telefonía celular; sin embargo y ante la insistencia de mi esposa y mi hija y teniendo en cuenta que actualmente manejo algunos procesos

delicados, he decidido informarle lo sucedido, a fin que se considere la viabilidad de realizar un estudio de nivel de riesgo que permita establecer si es necesario adoptar medidas adicionales”. 2.2.2. Copia de Oficio DS 0243 del 19 de marzo de 2016, suscrito por el Jefe de División de Seguridad de la Procuraduría General de la Nación (expediente digital, cuaderno 2, página 21). En este documento la PROCURADURÍA solicita a la Policía Nacional el 19 de marzo de 2016 “colaboración, para que tenga a bien evaluar y considerar atender la información del funcionario OSCAR MAURICIO BECARÍA SUÁREZ…”. 2.2.3. Copia de Oficio No. S-2016-011247 del 9 de abril de 2016, suscrito por el Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja (expediente digital, cuaderno 2, página 22). En este documento se informa que: “El día 29 de marzo de 2016, el señor Subintendente William Hernán Salamanca Pacheco, integrante Grupo Estudios de Seguridad de la Policía Metropolitana de Tunja, tomó contacto con precitado ciudadano, a quien le efectuó una amplia socialización y recomendaciones de medidas de seguridad, descritas en la cartilla ‘guía de autoprotección’… Así mismo, a través del Comando Operativo de Seguridad Ciudadana se impartió la instrucción la instrucción al Comandante de Distrito y Estación de Policía Cómbita, para la realización de revistas y rondas policiales al lugar de residencia del señor Oscar Mauricio Becaria”. 2.2.4. Copia de Oficio DS No 0290 del 8 de abril de 2016, suscrito por el Jefe de División

de Seguridad de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (expediente digital, cuaderno 2, página 23). En este documento la División de Seguridad de la PROCURADURÍA informa sobre las gestiones realizadas con ocasión de la situación de amenazas que manifestaba el señor OSCAR MAURICIO BECARIA SUÁREZ, así: “- Esta jefatura suscribió el oficio número DS-0243 del 18 de marzo de 2016, mediante el cual, solicité al Comando de Policía del Departamento de Boyacá, evaluar y considerar atender la información para las acciones a que hubiere lugar. - Se expidió orden de trabajo para el Agente de Seguridad, ROBERTO HERNANDEZ RIVERA, con el fin de llevar a cabo visita para evaluación de riesgo del funcionario OSCAR MAURICIO BECARIA SUAREZ, en la ciudad de Tunja. - El resultado del estudio de seguridad, arrojó riesgo de tipo ORDINARIO. - El Agente de Seguridad le entregó al funcionario por escrito, medidas de autoprotección. - El funcionario OSCAR MAURICIO BECARIA SUAREZ, informó el día 29 de marzo de 2016 (anexo copia), que en atención a nuestra solicitud, la Policía Nacional de la ciudad de Tunja adoptó medidas para su seguridad”. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co JCNE

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Exp. No. (67177)

25000-23-36-000-2018-00893-01 2.2.5. Copia de Denuncia Penal del 29 de junio de 2016, presentada por el señor OSCAR MAURICIO BECARIA SUAREZ ante la Fiscalía – Seccional Boyacá (expediente digital, cuaderno 2, páginas 24 a 26). En este documento se puede apreciar que el señor OSCAR MAURICIO BECARIA SUÁREZ presentó denuncia penal por amenazas. En este documento el señor BECARIA SUAREZ narra que en el mes de enero de 2016 recibió más de 5 llamadas telefónicas de número desconocidos pidiéndole que “no sea sapo y con palabras soeces se me pedía que me perdiera o me atendría a las consecuencias”. Que frente a estas amenazas él cambió de empresa telefónica y avisó al departamento de seguridad de la PROCURADURÍA. Que, a raíz de lo anterior, fue visitado por un funcionario de seguridad de la PROCURADURÍA, quien hizo una evaluación de la situación, le proveyó medidas de autoprotección y se dispuso algunas medidas de vigilancia de la Policía de Boyacá. Que el 19 de abril de 2016 se le acercó una persona de manera amenazante y él emprendió la huida hasta un parqueadero en el que logró que el sujeto perdiera su rastro. Que el 29 de junio de 2016 arrojaron una bolsa de basura al condominio del señor BECARIA SUAREZ con su nombre, la cual contenía volantes amenazándole de que si no se iba se moría. Que de lo anterior se dio aviso a la estación de Policía de Cómbita, quienes se

comprometieron a redoblar la vigilancia. Por su parte, dio aviso a la PROCURADURÍA, que le recomendó presentar denuncia para poder ejercer acciones más contundentes para garantizarle protección. 2.2.6. Copia de Oficio del 1 de julio de 2016, suscrito por el señor OSCAR MAURICIO BECARIA SUAREZ (expediente digital, cuaderno 1, página 58). A través de este documento el señor BECARIA SUÁREZ informa a la PROCURADURÍA su decisión de renunciar al cargo de Procurador Judicial II de Tunja, a partir del 18 de julio de 2016, en atención a preocupaciones por su situación de seguridad personal y de su familia. 2.2.7. Copia de Constancia del 7 de julio de 2016, suscrita por la Fiscal Tercera Especializada de Tunja (expediente digital, cuaderno 2, página 27). En este documento la Fiscal hace constar que el señor OSCAR MAURICIO BECARIA SUAREZ ha ejercido funciones dentro de procesos de connotación, entre ellos, captura y judicialización de PEDRO NEL RINCON CASTILLO, alias “Pedro Orejas”, de los militares procesados por punible en persona protegida, desarticulación de pirámides “DIO” y “Divino Niño Jesús de Praga”, organizaciones de micro y macro tráfico, procesos de extinción de dominio, entre otros. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15-80, piso 19. PBX 5878750, ext. 11961. www.procuraduria.gov.co

JCNE PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp. No. (67177) 25000-23-36-000-2018-00893-01 2.2.8. Copia de Oficio DS 0563 del 29 de junio de 2016, suscrito por el Jefe de División de Seguridad de la Procuraduría General de la Nación (expediente dig