PGN - DENUNCIA PENAL Obligación de prestar juramento

INADMISIÓN DE LA DENUNCIA-Por hechos confusos e incoherentes de la denuncia/INADMISIÓN DE LA DENUNCIA-Por imposibilidad de individualizar los inculpados ACCIÓN PENAL-No es procedente por no prosperar pretensiones del denunciante DENUNCIA PENAL-Parámetros para determinantes de su fundamento DENUNCIA PENAL-Debe fijar los elementos propios del delito y los actos irregulares de los servidores/DENUNCIA PENAL-Debe señalar específicamente los nombres de los servidores que incurrieron en las irregularidades En la denuncia se observa que el denunciante se centra en reprochar hechos que no contienen elementos propios de caracterización de delito y que puedan ser apreciables, sino que se refiere a unas actuaciones etéreas y confusas, porque no indica claramente en qué radica la acción u omisión irregular de los funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura, y se limita a manifestar una inconformidad, como él mismo señala en uno de sus anexos: “….Ante mi inconformidad que he tenido con el Consejo de la Judicatura del Atlántico, de ahí haber optado el suscrito en haberme dirigido con unas denuncias ante la defensoría del pueblo del atlántico ello también ante mi inconformidad, con gran parte de los concursantes, cuestionados que se hacen parte en el concordato que del suscrito se ventila en el juzgado doce civil del circuito de Barranquilla…”, por la manera como se adelantó un proceso sin señalar específicamente ni los nombres de los Magistrados que presuntamente incurrieron en la presunta conducta omisiva como tampoco el objeto de su denuncia. DENUNCIA PENAL-Obligación de prestar juramento

ACCIÓN PENAL-Imposibilidad del Estado de llevarla adelante por ausencia de materiales probatorios mínimos Bogotá, D.C., 21 de marzo 2013 Concepto No. 006-1IJP Señores Comisión de Investigaciones y Acusaciones

CÁMARA DE REPRESENTANTES

(REPARTO)

Ciudad Rad. 3546

Contra: Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura Inadmisión de denuncia Honorable Representante: Atentamente, en mi condición de representante del Ministerio Público dentro del proceso de la referencia, concurro a su Despacho a fin de solicitar dar aplicación al artículo 29 de la ley 600 del 2000, inadmitiendo la denuncia formulada en contra de los MAGISTRADOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ya que no se cumplen los requisitos de aquel artículo por los motivos y consideraciones que a continuación expongo.

I. HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES Las diligencias se originaron del escrito presentado el 30 de marzo de 2012 por el señor JORGE ANTONIO PEREZ ESLAVA a la Comisión de Investigacion y Acusación de la Cámara de Representantes, en el que denuncia a los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por presuntas omisiones derivadas de la función pública que desempeñan, manifestando en el escrito mencionado lo siguiente: “…. REF : La presente denuncia, según anexos remitidos al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, toda vez que ante lo sucedido , según anexos pues también seria competencia de esta ente , ante las conductas desbordadas

del consejo de la Judicatura , diría como si ya no quisieran trabajar JORGE ANTONIO PEREZ ESLAVA, mayor de edad C.C. No. 13 .832.923 de Bucaramanga, residenciado temporalmente en la calle 65 B No. 42-09 de Barranquilla, a su despacho vengo con la presente denuncia, teniendo en cuenta lo indicado en su referencia, y lo expresado en el paginado anexo remitido al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, como también a la Fiscalía de Derechos Humanos, y es ahí donde podrán encontrar el porqué de las razones en dirigirme también...” (Sic)

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO En el escrito remitido por la Fiscalía General de la Nación a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el señor Jorge Antonio Perez Eslava expresa unos hechos confusos e incoherentes en el que se refiere a una presunta conducta omisiva, imposible de individualizar de los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

En la serie de hechos confusos descrita vagamente en la denuncia, y en los anexos a ella se alcanza a precisar que el denunciante presentó una queja contra un Juez del Circuito de Barranquilla ante el Consejo Seccional de la Judicatura, y al parecer la misma no tuvo el resultado esperado por el accionante y en consecuencia el quejoso manifestó su inconformidad ante el Consejo Superior de la Judicatura, sin embargo en el escrito en mención no hay precisión sobre las razones que sustentan la presunta ilegalidad de la actuación adelantada por los funcionarios , además relata situaciones que fácilmente pueden confundir al

operador judicial, porque podría entenderse que también su queja va dirigida contra funcionarios del Consejo Seccional de la Judicatura y otros funcionarios más de otras instituciones, en ese sentir no podría entenderse que por violación de la ley penal en que comportamiento incurrieron los funcionarios, por acción por omisión, respecto del ejercicio de su deber funcional. El título III de la ley 600 del 2000, en su artículo 421, establece en su inciso segundo que “…Podrá la comisión de acusación en pleno rechazar la denuncia cuando determine que es manifiestamente temeraria o infundada…” A su vez, como parámetros constitucionales para determinar el fundamento de una denuncia, la Corte Constitucional ha expresado: “… Son dos los parámetros para determinar el fundamento de una denuncia i) Que los hechos revistan las características de un delito, se trata de una exigencia que hace referencia a aspectos meramente descriptivos de la conducta, sin que su constatación involucre elementos valorativo: Es un concepto que responde a los que en la teoría clásica del delito se ha denominado tipo objetivo, concepto que involucra elementos puramente descriptivos, es decir aquellos componentes de la conducta asequibles a la percepción sensorial, sin que en esa constatación se ingrese en terrenos valorativos. Lo que conduce a afirmar que para la estructuración de este primer elemento de fundamentación basta con que el funcionario investigador constate que la conducta que denuncia se encuentre descrita como delito perseguible de oficio, sin que le sea permitido ingresar en la consideración de aspectos valorativos, ii) El segundo parámetro de fundamentación atañe a la

suficiente motivación de la denuncia acerca de la existencia del hecho. La expresión “siempre y cuando medien suficientes motivos o circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo “(Art 250 C.P), impone al denunciante una carga informativa que permita inferir razonablemente que el hecho denunciado efectivamente existió...” En la denuncia se observa que el denunciante se centra en reprochar hechos que no contienen elementos propios de caracterización de delito y que puedan ser apreciables, sino que se refiere a unas actuaciones etéreas y confusas, porque no indica claramente en qué radica la acción u omisión irregular de los funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura, y se limita a manifestar una inconformidad, como él mismo señala en uno de sus anexos: “….Ante mi inconformidad que he tenido con el Consejo de la Judicatura del Atlántico, de ahí haber optado el suscrito en haberme dirigido con unas denuncias ante la defensoría del pueblo del atlántico ello también ante mi inconformidad, con gran parte de los concursantes, cuestionados que se hacen parte en el concordato que del suscrito se ventila en el juzgado doce civil del circuito de Barranquilla…”, por la manera como se adelantó un proceso sin señalar específicamente ni los nombres de los Magistrados que presuntamente incurrieron en la presunta conducta omisiva como tampoco el objeto de su denuncia. En esas condiciones no es posible vincular directamente a los funcionarios denunciados con los acontecimientos revelados, como para que se afirme la necesidad de desplegar la actividad investigativa del Estado en materia criminal.

Ahora bien, compete a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes investigar al Presidente de la República, y dicha facultad no puede ser ejercida con fundamento en escritos que no revistan seriedad, porque no se concretan los cargos o éstos no se apoyan en medio de convicción específico, o porque sean manifiestamente temerarios y no ofrezcan mérito para activar la investigación penal o disciplinaria contra aforados constitucionales, como es el caso que nos ocupa. Los precisos términos en los cuales debe ser puesto el funcionamiento del aparato jurisdiccional para la investigación de delitos, imponen al denunciante, querellante, o peticionario, la obligación de formular la noticia criminal bajo juramento, así sea que se presente verbalmente o por escrito, con la relación detallada de los hechos que sean susceptibles de ser constitutivos de delitos. Si estos requisitos no son satisfechos, o la denuncia carece de fundamento por no suministrar pruebas o datos concretos que permitan encauzar la investigación, la autoridad judicial, y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes lo es, no tiene alternativa distinta a inadmitirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 421 de la Ley 600 de 2000. Así, las cosas, es claro para esta Procuraduría que la información suministrada por el denunciante carece de fundamento que haga admisible la denuncia, toda vez que no aporta medio de convicción alguno del que se puede inferir siquiera la comisión de un hecho punible o de una falta disciplinaria, máxime si se tiene en cuenta que en el escrito de su denuncia ni siquiera aclara la clase de delito, la

irregularidad disciplinaria, y mucho menos los nombres de los funcionarios que presuntamente infringieron el ordenamiento penal. En ese contexto, frente a la ausencia de requisitos mínimos que debe cumplir toda denuncia, se hace necesario acoger el mandato contenido en el artículo 7, numeral 2 de la ley 600 del 2000, según el cual en las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del procesado, es por ello que en el presente asunto ante la imposibilidad del Estado de llevar adelante la acción penal y la investigación con la ausencia de materiales probatorios mínimos debe operar el principio de presunción de inocencia a favor del implicado.

III. PETICION Conforme a los razonamientos planteados, insisto en mi petición inicial al señor Representante Investigador, en mi condición de Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia de dar aplicación al artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, inadmitiendo la denuncia formulada por el señor JORGE

ANTONIO PEREZ ESLAVA contra MAGISTRADOS DEL CONSEJO SUPERIOR

DE LA JUDICATURA.

Atentamente,

JORGE ALBERTO GONZALEZ VASQUEZ

Procurador Primero Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal JGV / irmm