PGN - DERECHO A LA VIDA Es el máximo valor reconocido por el ordenamiento jurídico

Señores Magistrados CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala de Casación PenalM. P. Dr. JAVIER ZAPATA ORTIZ Ref. Casación interpuesta por el defensor de JULIO CESAR GARCÍA ROZO, procesado por homicidio culposo. Rdo. Nº 24781.

Honorables Magistrados: Procede la Procuraduría a conceptuar sobre la legalidad de la sentencia del 14 de julio de 2005, mediante la cual el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Soacha (Cundinamarca), que condenó a Julio César García Rozo a la pena principal de treinta y ocho (38) meses de prisión, y multa de tres mil pesos ($3000), en calidad de autor responsable de homicidio culposo agravado, en concurso con lesiones personales.

1. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE De acuerdo con los fallos de instancia, hacia las 5:50 de la tarde del 28 de abril de

2001, a la altura de la autopista sur con calle 2ª, en zona urbana del municipio de Soacha, el autobús Internacional, de placas SKF 201, afiliado a la empresa LUTRANS LTDA, conducido por JULIO CESAR GARCIA ROZO, colisionó al microbús de placas SER 479, de la empresa COOTRANSFONTIBÓN, manejado por Henry Garzón Pacalagua, resultando muerto el menor JHOHAN JAVIER

FLOREZ ABRIL, y heridos ALBA LUZ ABRIL MANRIQUE, WILLIAM ABRIL

MANRIQUE y WILMAR STEVEN DELGADO AVILA. El conductor García Rozo

huyó inmediatamente del lugar de los hechos. El 28 de abril de 2001, un Fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata –URI-, de Soacha, dictó resolución de apertura de investigación preliminar. La investigación fue adelantada inicialmente por la Fiscal 10ª de la URI, despacho que mediante resolución del 29 de abril de 2001, y después de escuchar en indagatoria al Casación Nº 24781 Julio César García Rozo conductor del microbús Henry Garzón Pacalagua, ordenó su libertad y la remisión de las diligencias, por competencia, a la Unidad Seccional de Fiscalía de Soacha. El 4 de mayo de 2001, la Fiscalía 41 seccional de Soacha, avocó el conocimiento de las diligencias, despacho que el 18 de mayo de 2001 vinculó mediante indagatoria a Julio César García Rozo. El 17 de mayo de 2002, el Fiscal 43 de Soacha, a quien le fueron reasignadas las diligencias decretó el cierre de instrucción, decisión impugnada por el defensor del procesado García Rozo. Al resolver la reposición, el citado despacho decretó la nulidad del cierre de investigación, y corrigió el yerro que se presentó al no haberse proferido resolución de apertura de instrucción, decretando esta decisión y ordenando vincular nuevamente a Henry Garzón Pacalagua y a Julio César García Rozo. Practicadas las referidas indagatorias, el 22 de enero de 2003 se decretó el cierre de instrucción, y el 29 de abril de 2003 el citado despacho instructor, al calificar el

mérito del sumario dictó resolución de acusación contra Julio César García Rozo como presunto autor responsable de homicidio culposo agravado, en concurso heterogéneo con la contravención especial de lesiones personales agravadas en concurso homogéneo. Respecto de Garzón Pacalagua decretó la preclusión de investigación. Mediante resolución del 14 de agosto de 2003, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, se abstuvo de conocer del recurso de apelación interpuesto por el defensor de García Rozo, al considerarlo extemporáneo. La etapa del juicio la adelantó el Juzgado 2º Penal del Circuito de Soacha, y en desarrollo de la audiencia pública, a solicitud del juez, la Fiscalía varió la calificación jurídica de la contravención especial de lesiones personales que afectó a Alba Luz Abril Manrique, por el delito de lesiones personales culposas, al haberle dictaminado el Instituto de Medicina Legal una incapacidad de 15 días con secuelas, por deformidad en el cuerpo. 2 Casación Nº 24781 Julio César García Rozo Finalizada la vista pública, el 6 de abril de 2005 el Juzgado profirió sentencia en la que condenó a JULIO CÉSAR GARCÍA ROZO, a treinta y ocho meses de prisión y multa de $3000, al encontrarlo responsable de los delitos de homicidio culposo agravado, en concurso con lesiones personales culposas. El 14 de julio de 2005, el Tribunal Superior de Cundinamarca, al resolver la apelación que contra la sentencia de primera instancia interpusiera el apoderado

de la parte civil, la confirmó en su integridad. Interpuesto el recurso de casación por el defensor del procesado Julio César García Rozo, y el apoderado de la parte civil, la Sala de Casación Penal de la Corte inadmitió las demandas y corrió traslado a la Procuraduría para que conceptúe sobre la posible violación de garantías fundamentales que se habría presentado en contra del procesado al momento que se le dosificó la pena.

2. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA 2.1 La relación de los hechos y la actuación procesal ya destacada, muestra que el proceso penal tuvo origen el 28 de abril de 2001, cuando el autobús que conducía Julio César García Rozo impactó el microbús conducido por Henry Garzón Pacalagua, en la denominada autopista sur, a la altura del municipio de Soacha (Cundinamarca), lo que ocasionó la muerte del niño de cinco años de edad, Johan Javier Flórez Abril, y lesiones corporales a Alba Luz Abril Manrique, William Abril Manrique y Wilmar Steven Delgado Ávila. El conductor García Rozo huyó inmediatamente del lugar.

Por tales hechos, el 29 de abril de 2003 la Fiscalía 43 Seccional de Soacha formuló resolución de acusación contra el procesado Julio César García Rozo, como presunto autor responsable de los delitos de homicidio culposo agravado (huida del sitio de los hechos), en concurso con la contravención especial de lesiones personales, en concurso homogéneo, y precluyó la investigación a favor de Henry Garzón Pacalagua. En la etapa del juicio, como ya lo consignamos, la

fiscalía, a solicitud del juez, varió la calificación al imputar, no la contravención 3 Casación Nº 24781 Julio César García Rozo especial, sino el delito de lesiones personales culposas, de acuerdo con lo dictaminado por Medicina Legal. El Juez 2º Penal del Circuito de Soacha, juez de primera instancia, al dictar sentencia condenatoria analiza la verificación de los elementos estructurales de los delitos imputados, de donde concluye la materialización de las categorías dogmáticas de los mismos en cuanto a su tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Luego, en punto de la punibilidad, al dosificar la pena a imponer al procesado, señala que de acuerdo con los artículos 26 y 28 del código penal contenido en el Decreto Ley 100 de 1980, norma vigente al momento de la ejecución de los hechos, y que resulta más favorable al procesado, la pena imponible para el concurso de delitos, será la establecida para el injusto más grave, aumentada hasta en otro tanto, sin que se supere la suma aritmética de las que corresponde a los respectivos hechos punibles. Es así como señala que el delito más grave es el homicidio culposo, agravado por cuanto el autor abandonó sin justa causa el lugar de comisión de la conducta (art. 330-2 Decreto Ley 100 de 1980), que contempla una pena enmarcada entre veintiocho (28) y ciento ocho (108) meses de prisión. A continuación señala que para fijar la pena se debe tener en cuenta que no concurren causales genéricas de agravación punitiva, y sí una de atenuación relativa a la carencia de antecedentes,

por lo que de acuerdo con el art. 67 ibídem, se debe partir de la pena mínima, o sea, veintiocho (28) meses. Al realizar el análisis de los criterios para fijar la pena, establecidos en el art. 61 del Decreto 100 de 1980, el Juez a-quo señala: “GRAVEDAD Y MODALIDADES DEL HECHO PUNIBLE: JOHAN JAVIER FLOREZ ABRIL, era un infante que contaba con escasos 5 años de edad, por lo que se considera un daño real de gravedad; además el procesado prefirió huir del lugar a auxiliar a las personas heridas que quedaron dentro del colectivo. Por este aspecto se aumentará la pena en cuatro (4) meses más.” 4 Casación Nº 24781 Julio César García Rozo “GRADO DE CULPABILIDAD: Se trató de un homicidio culposo, en donde su resultado deviene por contravenir el deber objetivo de cuidado, y el agente debió haberlo previsto por ser previsible. En el presente caso, la culpa fue generada por la imprudencia y violación de reglamentos, por lo que la intensidad de la culpabilidad es de relativa gravedad, razón por la cual se aumentará la pena por este factor en dos (2) meses más.” (f. 249 C. 1ª Inst.). 2.2 Lo anterior enseña que el Juez de primer grado incurrió en ostensible error in iudicando, cuando al analizar y aplicar los criterios legales para determinar la pena a aplicar al procesado por la comisión del delito de homicidio culposo agravado, excedió el marco conceptual de los mismos, para terminar, de una parte,

reconociendo una circunstancia de agravación de la pena no contemplada en la ley, y de otra, efectuando una doble valoración y aplicación a la circunstancia relativa a la huida del lugar del hecho, con lo que vulneró el principio de congruencia entre la resolución de acusación y la sentencia, así como el de legalidad de los delitos y de las penas. En efecto, el Juez a-quo al estudiar la gravedad y modalidades del hecho punible realizó una equivocada apreciación de dicho criterio, a través del cual se busca establecer la magnitud del injusto, esto es, la verdadera afectación causada al bien jurídico objeto de tutela. La minoría de edad de la víctima no evidencia una mayor gravedad del delito culposo ejecutado por el procesado, pues resulta indiferente para el derecho que la consecuencia de la conducta imprudente se materialice en la muerte de un mayor o de un menor de edad, pues de todas formas se termina injustamente con una vida humana, siendo el derecho a la vida el máximo valor reconocido por el ordenamiento jurídico. Ahora bien, tal elemento resulta intrascendente para el derecho en casos como el presente, en donde el autor del ilícito desconocía la condición personal de quienes resultaron víctimas de su imprudencia o impericia en la conducción del autobús con que causó el reprochable incidente. Por tanto, al aumentar la pena habida consideración de la minoría de edad de la víctima mortal, el fallador creó una circunstancia de mayor punibilidad no 5 Casación Nº 24781 Julio César García Rozo contemplada en la ley, con la consecuente afectación del principio de legalidad de

los delitos y de las penas, consistente en que nadie puede ser condenado por un hecho que no esté expresamente previsto como punible por la ley penal vigente al tiempo en que se cometió, ni sometido a pena que no se encuentre establecida en ella, como lo contemplaba el art. 1º del citado Decreto 100 de 1980 (arts. 29 C. Política, 6º Ley 599 de 2000). De igual modo, el sentenciador consideró como indicador de la gravedad del delito, el comportamiento del procesado García Rozo, quien prefirió huir del lugar en vez de auxiliar a las personas que quedaron lesionadas dentro del colectivo que embistió con su autobús. Tal planteamiento constituye una clara vulneración del principio de la inherencia o prohibición de la doble valoración, que no permite tomar en consideración aquellas circunstancias de agravación que ya han sido previstas en el tipo penal aplicado. En el caso objeto de estudio, la circunstancia anotada constituye precisamente la causal de agravación aplicada al homicidio culposo, contemplada en el art. 330-2 del Decreto 100 de 1980 (Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión del hecho). Por tanto, resulta absolutamente improcedente el aumento de pena de cuatro meses que el fallador le aplicara al procesado apoyado en la gravedad y modalidades del hecho punible. Igual consideración admite el aumento de dos meses aplicado por concepto del grado de culpabilidad. El sentenciador aduce que el procesado incurrió en homicidio culposo al violar el deber objetivo de cuidado, generando un resultado que debió prever por ser previsible. Que la culpa fue generada por la imprudencia

y la violación de los reglamentos. Ciertamente el operador jurídico incurre en el mismo error antes mencionado, pues aquí toma los mismos elementos considerados en la descripción típica del delito para valorarlos nuevamente, pero como factor de mayor gravedad de la conducta, bajo el concepto de la intensidad de la culpa concurrente. 6 Casación Nº 24781 Julio César García Rozo En efecto, la infracción al deber objetivo de cuidado producto del desconocimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos de tránsito, que ordenan conservar una determinada distancia respecto del vehículo que lo antecede, constituyó el comportamiento imprudente que generó el lamentable resultado contra la vida y la integridad personal de algunos de los pasajeros del microbús. Por tanto, no resulta válido desde el punto de vista jurídico que los mismos elementos sean considerados para aumentar la pena establecida por el tipo penal para dicho comportamiento, pues resulta clara la violación del principio non bis in ídem. Así las cosas, los jueces de instancia vulneraron los principios de legalidad de los delitos y de las penas, de congruencia entre el pliego de cargos y la sentencia, y el non bis in ídem, en el análisis de los criterios para fijar la pena, lo que condujo a la imposición de una pena mayor, en seis meses de prisión a la prevista legalmente para los delitos imputados. En consecuencia, esta Procuraduría Delegada solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CASAR parcialmente y de oficio (art. 216 Ley 600 de 2000), la sentencia de segunda instancia, e imponer la pena sin los

incrementos antes anotados. De los señores Magistrados FRANCISCO JAVIER FARFÁN MOLINA Procurador Primero Delegado para la Casación Penal Bogotá, D. D., Septiembre 25 de 2007 Exp. Nº 261-06 FJFM/jgb 7