PGN - DERECHO DE DEFENSA Operatividad

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - DERECHO DE DEFENSA Operatividad
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

Dependencia: Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa.

Radicación: No. 014-84085

Disciplinados: Hernán Román Calderón, María Piedad Mosquera A., Laureano

Augusto Ramírez Gil y Alfonso Rey Espinosa.

Cargo y entidad: Presidente, Vicepresidenta de Gestión Humana y Profesional V y

Profesional IV de la Empresa Nacional de TelecomunicacionesTELECOM Quejosa: Rosario del Carmen Castellano de Ponce Fecha queja: 10 de marzo de 2003

Fecha hechos: 2001

Asunto: Auto de archivo definitivo

Bogotá DC, 23 MAR. 2004

ANTECEDENTES

1. La queja.

Las diligencias tuvieron origen en el escrito presentado el 23 de abril de 2002 por ROSARIO CASTELLANOS de PONCE a través del cual solicitó ejercer poder preferente sobre el proceso disciplinario adelantado en su contra por la División de Investigaciones Administrativas de Telecom, por considerar que el mismo no se tramitaba conforme a derecho (fls. 119 a 121). La Procuraduría Regional del Atlántico mediante auto de marzo 19 de 2003, dejó constancia de que el proceso en cuestión culminó el 13 de agosto de 2002, mediante providencia proferida por el Presidente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, por la que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 28 de enero de 2002 y que confirmó en todas su partes, la sanción impuesta a ROSARIO DEL CARMEN CASTELLANOS de PONCE con la terminación del contrato de trabajo, razón por la cual la mencionada Regional no podía decidir sobre la solicitud de la quejosa en el sentido de ejercer poder preferente, porque este

trámite ya había concluido. No obstante, la mencionada Dependencia del Ministerio Público, remitió las diligencias a este Despacho para que se investiguen las posibles irregularidades en que incurrieron funcionarios de Telecom en el trámite del proceso disciplinario adelantado contra de ROSARIO CASTELLANOS de PONCE (fl. 149). Reposa en el averiguatorio, la visita especial al proceso disciplinario 001352000035/01 seguido en contra de la funcionaria ROSARIO CASTELLANOS de PONCE por la División de Investigaciones Administrativas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones-TELECOM-de la que se allegó copia del mismo (fls. 145 y anexo) Mediante auto del 24 de julio de 2003, este Despacho profirió auto de apertura de investigación disciplinaria contra los señores HERNÁN ROMÁN CALDERÓN, MARÍA

PIEDAD MOSQUERA A., LAUREANO RAMÍREZ GIL y ALFONSO REY ESPINOSA

(fls, 151 a 154). Etapa procesal en la cual se recibieron las versiones de los doctores LAUREANO

AUGUSTO RAMÍREZ GIL (fls, 228-231), HERNÁN MIGUEL ROMÁN CALDERÓN

(fls, 232-233) y MARÍA PIEDAD MOSQUERA ASTORQUIZA (fls. 224-227).

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Con el objeto de esclarecer los hechos materia de investigación, se revisó el proceso No. 00135200-00350 adelantado contra ROSARIO CASTELLANOS de PONCE, en su calidad de profesional de TELECOM, por haber solicitado y exigido la cantidad de $2.500.000, 00 a ALBERTO MERCADO RESTREPO para la aprobación y

suscripción de un contrato SAl, de los cuales le hizo entrega de $ 250.000,00 pesos. Con el fin de establecer dichas irregularidades se revisó el disciplinario estableciéndose que se cumplieron todas las etapas procesales como se relata a continuación: Mediante auto de mayo 9 de 2001, se ordenó la correspondiente investigación disciplinaria, del que se notificó a ROSARIO CASTELLANOS de PONCE en la fecha antes mencionada. Los instructores de la presente investigación, LAUREANO AUGUSTO RAMÍREZ GIL y ALFONSO REY ESPINOSA, solicitaron a la Dirección de GENERAL DE TELECOM la suspensión provisional de la servidora pública CASTELLANOS de PONCE, la que se hizo efectiva por auto de 29 de mayo de 2001, proferido por el Presidente de TELECOM (fls. 43 a 44). Por auto del 10 de mayo de 2001, se le formuló pliego de cargos a ROSARIO CASTELLANOS (fls. 19 a 23), quien presento descargos y solicitó pruebas, las que se resolvieron mediante providencia del 14 de junio de 2001 (fls. 46-49). El 21 de agosto de 2001, se solicito por parte de los instructores del expediente de la referencia, prorroga de la suspensión de ROSARIO CASTELLANOS (fls. 69-70); El Presidente de TELECOM autorizó la prorroga de la suspensión a la citada funcionaria (fls. 71-72). Se profirió fallo de primera instancia el 28 de enero de 2002, por la Vicepresidente de Gestión Humana MARÍA PIEDAD MOSQUERA A., sancionando a ROSARIO

CASTELLANOS de PONCE con la terminación del contrato de trabajo, por haberse probados los cargos que le fueran imputados, providencia que se le notificó personalmente a su apoderado (fls. 97-100). La disciplinada presento recurso de apelación contra dicha decisión y e mediante Resolución No. 00100000-0303 del 13 de agosto de 2002, se confirmó la providencia de primera instancia. La quejosa denuncia las siguientes irregularidades cometidas en el proceso antes citado: 1No habérsele permitido escuchar la supuesta grabación, ya que le entregaron una que no se entendía absolutamente nada, por la cual se le investigó pero no se le indagó al respecto.

2. Los investigadores comisionados le elevaron pliego de cargos por los hechos indicados anteriormente y fue sancionada en primera instancia sólo con una prueba, la supuesta grabación, pero nunca se le puso de presente para ejercer el derecho a la defensa y de contradicción. 3. -Mediante auto de fecha 14 de junio de 2001, se le negó la nulidad impetrada al igual que las pruebas pedidas. E igualmente le fue denegada la apelación, interpuesta contra este, en el auto de 12 de octubre de 2001 negándosele las pruebas solicitadas para demostrar su inocencia (fls 78 a 83).

Al respecto cabe anotar, en cuanto al primer punto, que con la revisión y estudio del proceso se estableció que la mencionada grabación si le fue entregada pero no lleno las expectativas de la quejosa. Es necesario precisar que esta prueba no fue el fundamento ni de la apertura, ni del pliego de cargos y mucho menos del fallo.

Lo que se encuentra corroborado con la Resolución No. 0100000-0303 del 13 de agosto que resolvió el recurso de apelación del fallo de primera instancia, proferido por el Presidente de TELECOM al señalar: "... en lo referente a la prueba allegada y tenida en cuenta como cargo, como lo es una presunta grabación magnetofónica que detalla la conversación entre ALBERTO MERCADO RESTREPO y la disciplinada, le asiste razón al abogado recurrente, de que como medio probatorio no reviste la calificación de plena prueba, teniendo en cuenta que no obra reconocimiento por parte de ROSARIO DEL CARMEN CASTELLANOS de PONCE, no fue sometida a peritaje técnico, ni aun menos se hizo trascripción de la misma, por ello como bien se observa, no fue considerada en el presente fallo, lo que tampoco es óbice para concluir en la certeza de responsabilidad de acuerdo con lo en precedencia analizado..."(fl. 136). En cuanto al segundo punto acerca de que solo se recaudó la prueba de la grabación, para elevarle pliego de cargos a la disciplinada, es necesario señalar que revisado el acervo probatorio e igualmente el contenido del auto de cargos se infiere que este fue proferido teniendo en cuenta las siguientes pruebas: 1La queja presentada por ALBERTO MERCADO, el 7 de mayo de 2001, en la que expone sobre la exigencia que le hiciera la Señora CASTELLANOS de PONCE por la suma de $2.500.000.00 para la firma de un contrato que había sido adjudicado a la firma Rosa Andrea Comunicaciones, escrito en el que quedó claro que la exigencia del dinero se hizo estando presente el Señor ANTONIO RESTREPO.

2Declaración de ANTONIO JOSÉ RESTREPO quien manifiesta que conoció a la Doctora ROSARIO CASTELLANOS cuando llevó los documentos para la adjudicación del SAl de la Señora HISLADEN MERCADO, quien es la hija del Señor ALBERTO MERCADO RESTREPO, que después que le presentó los papeles los llamaba a su residencia, los citó a su despacho y exigir la suma de dos millones quinientos mil pesos. Que ante tanta presión le hizo entrega en efectivo de la suma de $250.000,00 a través del Señor ALBERTO MERCADO RESTREPO. 3Visita especial practicada el 9 de mayo en el despacho de la Doctora ROSARIO CASTELLANOS, donde se encontró debidamente firmado el contrato de concesión mercantil a nombre de HILDASEN DEL CARMEN PÉREZ de la Sociedad Rosa Andrea Comunicaciones, debidamente firmado por la Gerente Departamental de

TELECOM.

Con las pruebas anteriores queda demostrado que los hechos no se sustentaron únicamente en la grabación sino en las pruebas anteriores como se acaba de señalar. Referente a la nulidad y a las pruebas pedidas por la disciplinada en los descargos, mediante providencia del 14 de junio de 2001, se negó la nulidad y las pruebas pedidas por la disciplinada, por la cual interpuso recurso de apelación, el que fue decidido mediante Resolución No. 0498 del 12 de octubre de 2001 por el Presidente de TELECOM (fls. 78 a 83 anexo). De la simple lectura de la resolución que decidió sobre la nulidad y respecto de las

pruebas solicitadas por ROSARIO CASTELLANOS, se desprende que no hubo violación al derecho de defensa ni al debido proceso, toda vez que el operador disciplinario se pronunció tanto en la primera instancia como en la segunda sobre ellas, decisiones que se encuentran motivadas en forma clara y concreta. Por lo tanto considera esta Delegada, que el hecho o las circunstancias de las solicitudes consignadas en los escritos presentados por la acusada, anteriormente citados, que no fueron sido resueltas a su favor, de ninguna manera constituye violación al derecho de defensa y tampoco implica que dicha decisión pueda ser objeto de cuestionamiento legal por parte de la Procuraduría puesto que nos constituiríamos en una Tercera Instancia y no tenemos dicha competencia. Del anterior recuento procesal se desprende que no se violaron las garantías constitucionales (debido proceso y derecho de defensa), por el contrario se le aseguró a lo largo de la actuación, una recta y cumplida administración de justicia, garante del debido proceso y que las decisiones se expidieron conforme a derecho. Se estableció que a la inculpada se le notificaron todos los pronunciamientos y en consecuencia tuvo la oportunidad de defenderse, así como de interponer los recursos legales, agotando en debida forma la vía gubernativa. Finalmente la Delegada, no puede entrar a cuestionar las decisiones adoptadas por los funcionarios de TELECOM pues no es competencia de este órgano de control pronunciarse frente a su legalidad, la cual se presume, hasta tanto sean declaradas nulas por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; por tanto si la Señora CASTELLANOS de PONCE, lo considera pertinente, debe acudir a la mencionada

jurisdicción para demandar los actos de la administración que considere violatorios de la ley o expedidos en forma indebida. En este orden de ideas, se impone el archivo definitivo de estas diligencias, porque, no se advierte la comisión de una falta disciplinaria por parte de los funcionarios de TELECOM (art. 164 de la Ley 734 de 2002). En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA DELEGADA SEGUNDA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA (e), en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO: Ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el archivo definitivo del proceso adelantado contra HERNÁN ROMÁN CALDERÓN en su condición de Presidente, MARÍA PIEDAD MOSQUERA A., Vicepresidente de Gestión Humana, LAUREANO RAMÍREZ GIL, profesional V y ALFONSO REY ESPINOSA, profesional IV de la Empresa Nacional de TelecomunicacionesTELECOM.

SEGUNDO: Notificar la presente decisión a los investigados. Para tal efecto, líbrese la correspondiente comunicación, indicando la fecha del a providencia y la decisión tomada. En caso de no ser posible notificar personalmente, notifíquese por estado.

TERCERO: Por la Secretaría de la Procuraduría Regional del Atlántico, comunicar la presente decisión al quejoso informándole que contra la misma procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria, que deberá interponer y sustentar por escrito en el término de tres días contados a partir de los cinco (5) días siguientes a la fecha de entrega de la referida comunicación en la oficina de correo. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación, indicándole la decisión tomada, fecha de la providencia y

que si lo desea podrá consultar el expediente en la secretaría de este Despacho.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE CÚMPLASE

LAURA GUIOMAR ECHEVERRY GARZÓN

Procuradora Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa

LGEG-Lca

Exp. No. 014-84085. Marthis

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