PGN - DERECHO DE PETICION Con la respuesta donde se entrega parte de la información solici

Dependencia: PROCURADURIA DELEGADA PARA LA ECONOMIA Y LA

HACIENDA PUBLICA

Radicación Nº: 140-5473/05

: JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ

Cargo y Entidad: Alcalde Municipal Sabanagrande Quejoso: GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO Fecha de Queja: 19 de abril de 2005

Fecha hechos: 16 de diciembre de 2004

Asunto: Fallo de Segunda Instancia

Bogotá D.C., 21 de julio de 2008

1. ANTECEDENTES Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Provincial de Barranquilla, mediante Fallo de Primera Instancia del 26 de febrero de 2008, sancionó al señor JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.095.386, en su condición de Alcalde Municipal de Sabanagrande (Atlántico), con SUSPENSION EN EL EJERCICIO DEL CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL TERMINO DE UN (1) MES, convertible en multa, de acuerdo a lo devengado al momento de la comisión de la falta ($2.199.222), por encontrarlo responsable del cargo formulado por auto del 28 de febrero de 2007, por no suministrar respuesta oportuna y completa al derecho de petición impetrado ante su Despacho el 15 de octubre de 2004 por el ciudadano GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO.

2. QUEJA El señor GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO presentó queja en contra del señor

JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ, en su condición de Alcalde Municipal de Sabanagrande, Atlántico, por presunta violación al derecho fundamental de petición, debido a que el quejoso en su calidad de Concejal del municipio, el 15 de octubre de 2004, solicitó que le fueran entregadas copias de los siguientes documentos (fls. 1 a 6): 1Copia firmada de la ejecución presupuestal mensualizada de ingresos y gastos del Municipio, vigencia fiscal 2004, con corte al 30 de septiembre de 2004.

2. Copia firmada del o los actos administrativos realizados por usted, para adicionar los mayores recaudos promedio al Presupuesto 2004, de acuerdo a las facultades que el Concejo Municipal le otorgó en el mes de junio de 2004.

3. Copia firmada de la planta de personal de la Administración Municipal, vinculados por nómina, por contratos y órdenes de servicio, con corte a septiembre 30 de

2004.

4. Copias auténticas de las actas o documentos por medio de los cuales, en lo que va corrido de su administración, ha realizado conciliaciones de tipo laboral, contractual y civil con terceros.

5. Relación detallada de todos los procesos y demandas en contra del Municipio de Sabanagrande, manejadas durante su administración, con corte a septiembre 30 de 2004. - 13. HECHOS El señor Alcalde Municipal de Sabanagrande, Atlántico, dentro del término establecido por la ley no respondió el derecho de petición interpuesto por el señor Concejal, sólo hasta el 30 de noviembre de 2004, dio respuesta a tres puntos de la

petición y manifestó que sobre los dos puntos restantes se le concediera una prórroga hasta el 16 de diciembre de 2004, sin que dentro de dicho término complementara la respuesta. El 15 de febrero de 2005, el peticionario promovió acción de tutela con el fin de lograr que la administración municipal diera respuesta a su derecho de petición y el juez de tutela conminó al señor Alcalde Municipal a rendir informe sobre el particular, dentro de los 15 días siguientes a la notificación (8 de marzo de 2005) sin que al vencimiento del término, primero (1) de abril de 2005, se produjera la repuesta definitiva (fls. 7 a 16).

4. INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA La Procuraduría Provincial de Barranquilla abrió investigación disciplinaria en contra de JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ, por auto del 15 de julio de 2005, teniendo en cuenta que existe identificación e individualización del presunto autor de la falta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley 734 de 2002, la cual fue notificada personalmente al implicado, el día 27 de julio de 2005 y ordenó escuchar en versión libre al investigado, practicar visita especial en la Alcaldía y en el Juzgado Promiscuo Municipal de Sabanagrande (fls. 17 a 19).

La anterior providencia fue prorrogada mediante auto del 31 de enero de 2006, con el fin de escuchar en exposición libre y espontánea al implicado, sin que dicha diligencia se llevara a cabo (fls. 43 y 44).

5. PLIEGO DE CARGOS La Procuraduría Provincial de Barranquilla, mediante auto del 17 de mayo de 2006,

formuló Cargos en contra del señor JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.095.386, en su condición de Alcalde Municipal de Sabanagrande, Atlántico, por “…no suministrar respuesta oportuna y completa al derecho de petición impetrado el 15 de octubre de 2004 por el señor GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO”, “…por cuanto no se le suministró la información requerida en el punto a, dentro de los diez (10) días previstos en el artículo 22 del Código Contencioso Administrativo, por tratarse de una petición de certificaciones y copias, los cuales vencían el 2 de noviembre de 2004, ya que el Alcalde dio respuesta a los puntos 1, 2 y 3 el día 30 de noviembre de 2004, y respecto de los puntos 4 y 5, solicitó prórroga hasta el día 16 de diciembre de 2005 (sic) y solamente hasta que el peticionario presentó incidente de desacato al fallo de tutela de fecha 7 de marzo de 2005, se suministró la respuesta requerida con fecha 20 de abril de 2005 (fls. 52 a 60). Se señalaron como disposiciones violadas, los artículos 6, 23, 74, 286 y 315 de la Carta Política, artículos 5 y 17 del Código Contencioso Administrativo, artículo 19 subrogado por la ley 57 de 1985, artículo 12 y 25 del C.C.A. y los numerales 1, del artículo 34, 1 y 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. La falta fue calificada como grave, teniendo en cuenta lo establecido en los

numerales 1, 3, 4 y 6 del artículo 43 de la ley 734 de 2002, teniendo en cuenta la jerarquía y mando del implicado dentro de la administración municipal, con culpa, debido a la negligencia en dar respuesta oportuna y completa a la petición formulada por el señor GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO (fls. 52 a 60). El 28 de mayo de 2006, por oficio 2176, se citó al implicado para notificarle el contenido del Pliego de Cargos, sin que dicha diligencia se pudiera llevar a cabo (fl. 61), razón por la cual, se nombró defensor de oficio a la doctora LIBIA REY GOMEZ, quien se notificó el 19 de julio de 2006 y presentó escrito de descargos a folios 66 a 73, solicitando la Nulidad de lo actuado a partir del Pliego de Cargos, debido a que consideró que existían irregularidades sustanciales que afectaban el DEBIDO PROCESO y el DERECHO DE DEFENSA, de conformidad con lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002. Sustentó su petición en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, dado que si bien, en la providencia se citaron las normas violadas, brilla por su ausencia el concepto de violación, pues se omitió elaborar el proceso de adecuación típica relacionada con el comportamiento del servidor público disciplinado, violando de esta manera el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa del implicado, dado que no se explica de qué manera el comportamiento o conducta del señor JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ vulnera el deber funcional o lo colocó en la incursión de una

prohibición, inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. También se omitió el deber de analizar las pruebas en que se fundamentó el cargo, por que la simple relación de las diligencias y las pruebas recaudadas durante la etapa probatoria no cumple con la exigencia sustancial prevista en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002 (fls. 66 a 73). La petición de nulidad fue resuelta por el a quo, en providencia de fecha 11 de septiembre de 2006 (fls. 76 y 77), en la cual, accedió a decretar la nulidad a partir del auto del 17 de mayo de 2005, que ordenó formular nuevamente PLIEGO DE CARGOS EN CONTRA DE JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ, teniendo en cuenta que se había omitido efectuar el análisis de las pruebas allegadas al expediente. Nuevamente, por providencia del 28 de febrero de 2007, se formuló Pliego de Cargos (fls. 80 a 88) así: “No suministrar respuesta oportuna y completa al derecho de petición impetrado antes su Despacho el día 15 de octubre de 2004 por el ciudadano GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO…” “- Copia firmada de la ejecución presupuestal mensualizada de ingresos y gastos del Municipio, vigencia fiscal 2004, con corte al 30 de septiembre de 2004. - 3 - - Copia firmada del o los actos administrativos realizados por usted, para adicionar los mayores recaudos promedio al Presupuesto 2004, de acuerdo a las

facultades que el Concejo Municipal le otorgó en el mes de junio de 2004. - Copia firmada de la planta de personal de la Administración Municipal, vinculados por nómina, por contratos y órdenes de servicio, con corte a septiembre 30 de 2004. - Copias auténticas de las actas o documentos por medio de los cuales, en lo que va corrido de su administración, ha realizado conciliaciones de tipo laboral, contractual y civil con terceros. - Relación detallada de todos los procesos y demandas en contra del Municipio de Sabanagrande, manejadas durante su administración, con corte a septiembre 30 de 2004”. Por cuanto no se suministró la información requerida, dentro de los diez (10) días previstos en el artículo 22 del Código Contencioso Administrativo, ya que al tratarse de una petición de certificaciones y copias, el termino venció el 2 de noviembre de 2004, y solo dio respuesta parcial (puntos 1, 2 y 3) el 30 de noviembre de 2004 y por los restantes 4 y 5 solicitó prórroga hasta el día 16 de diciembre de 2004, sin darle cumplimiento y solo en fecha posterior al incidente de desacato del fallo de tutela, 20 de abril de 2005, suministró la documentación requerida desde el 15 de octubre de 2004.

6. DESCARGOS El auto de cargos fue notificado a la apoderada de oficio, el 3 de mayo de 2007, quien presentó descargos obrantes a folios 92 a 99, argumentando que rechazaba de plano los cargos formulados en contra del señor JAVIER RODRIGUEZ

VASQUEZ, por cuanto, el artículo 42 de la Ley 734 de 2002, clasifica las faltas, y el 43 ibídem, establece los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, para lo cual se remitió a lo señalado por el doctor SILVIO SAN MARTIN QUIÑONES RAMOS, en su obra CODIGO DISCIPLINARIO UNICO, LEY 734 DE FEBRERO 05 DE 2002, Concordancias, Jurisprudencias y Doctrina; “… la falta disciplinaria debe referirse a una conducta activa u omisiva atribuible a un servidor público o al particular en los casos previstos en la Ley…”, “… a si mismo se debe concluir que la mera violación de una disposición disciplinaria no debe conllevar a la responsabilidad o al reproche punitivo disciplinario, toda vez que además de la tipificación de la conducta en la ley, se requieren los juicios de antijuridicidad (o ilicitud sustancial) y de culpabilidad, los cuales pueden llevar a la exclusión de responsabilidad disciplinaria o a la ausencia de dolo o culpa, de conformidad con el material probatorio recaudado…”…Falta Disciplinaria y Culpabilidad. En la configuración de la falta disciplinaria, es de esencia que las pruebas determinen no sólo su aspecto objetivo, sino que las mismas conduzcan a establecer el aspecto subjetivo, la jurisprudencia y la doctrina ha llamado “la culpabilidad”, que se refleja en la realización de los actos activos u omisivos a título de dolo o culpa, por parte del destinatario de la ley disciplinaria…”. En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que no existe prueba en el expediente en

relación con la negativa del señor Alcalde a dar respuesta al derecho de petición, pues obra en el plenario, que con fecha 30 de noviembre de 2004, se dio respuesta a los puntos 1, 2 y 3 y solicitó en forma expresa una prórroga en lo referente a los puntos 4 y 5, ya que por tratarse de la expedición de copias auténticas, copias de ACTAS y DOCUMENTOS por medio de los cuales se habían realizado conciliaciones de tipo laboral, contractual y civil en lo corrido de su administración, así como de relación detallada de PROCESOS Y DEMANDAS en contra del Municipio de Sabanagrande, con corte al 30 de septiembre de 2004; dicha labor requería cuidado en su elaboración por tanto, revestía un tiempo mayor para su respuesta adecuada, pero se olvida que la función pública no depende de una sola persona para su cabal cumplimiento y no es el Alcalde quien se encarga de realizar, responder y ejecutar todas las funciones que se encuentran en cabeza del Municipio, sino que cuenta con los buenos oficios de sus asistentes, asesores o subalternos para que el debido ejercicio de la misma, se realice con celeridad, eficacia y responsabilidad. Consideró la defensora de oficio que a pesar de los inconvenientes normales del ejercicio de la función pública, los documentos solicitados el 15 de octubre de 2004, los tres primeros puntos fueron evacuados el 30 de noviembre de 2004 y los últimos el 20 de abril de 2005, razón por la cual no existe incumplimiento de un deber legal por parte del Alcalde, además que no está demostrado ningún perjuicio a la administración pública. Por auto del 24 de mayo de 2007, se ordenó la práctica de las pruebas solicitadas en

los descargos (fl. 100), las cuales aparecen practicadas a folios 105 a 235.

7. ALEGATOS DE CONCLUSION El traslado para alegar de conclusión se efectuó por auto de fecha 29 de octubre de 2007, siendo comunicado al implicado y a la defensora de oficio, éste último presentó escrito obrante a folios 240 a 245, argumentando que la declaración rendida por la señora LUISA MARQUEZ CONRADO, Técnica II de la Alcaldía Municipal, es fundamental, pues sus afirmaciones dejan en claro que no hubo desconocimiento alguno por parte del ejecutivo municipal en la respuesta al Derecho de Petición impetrado por el señor GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO, pues la mora en la entrega de algunos documentos se debió a que los mismos tenían que ser solicitados al Juzgado Promiscuo Municipal, ya que para dar oportuna respuesta se debía contar con la colaboración de otras entidades, lo que la lleva a concluir que no hubo negligencia en el ejercicio de la función pública, ni el deseo de desautorizar o desacatar un fallo de tutela por parte del señor JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ, sino que la mora se produjo por elementos o circunstancias externas de la misma configuración de las diferentes ramas del poder público, pero en su sentir no hubo afectación a la administración.

8. FUNDAMENTOS DE LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA Mediante auto del 26 de febrero de 2008, la Procuraduría Provincial de Barranquilla, profirió Fallo de Primera Instancia, en el que sancionó al señor JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ, en su condición de Alcalde Municipal de Sabanagrande (Atlántico), con

SUSPENSION EN EL EJERCICIO DEL CARGO E INHABILIDAD ESPECIAL POR - 5EL TERMINO DE UN (1) MES, CONVERTIBLES EN MULTA, DE ACUERDO AL MONTO DE LO DEVENGADO PARA EL MOMENTO DE LA COMISION DE LA

FALTA, $2.199.222.

El A quo pudo establecer que con fecha 15 de octubre de 2004, el señor GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO, presentó ante el Alcalde Municipal de Sabanagrande un derecho de petición en la modalidad de copias, el cual fue respondido parcialmente el 30 de noviembre de 2004, pues dejó de entregar la información relativa a los puntos 4 y 5 del peticionario, para lo cual solicitó prórroga hasta el 16 de diciembre de 2004, sin que en dicho plazo se completaran los documentos solicitados, razón por la cual, el quejoso presentó acción de tutela ante el Juzgado Promiscuo de Sabanagrande, dentro de la cual se le tuteló el derecho al accionante el día 7 de marzo de 2005, y ordenó al tutelado dar respuesta dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del fallo, pero al vencimiento del término (1º de abril) no se recibió respuesta alguna. No obstante lo anterior, al 14 de abril de 2005, el señor JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ no había dado cumplimiento al fallo de tutela, por lo que el tutelante presentó incidente de desacato, el cual le fue notificado al Alcalde el día 19 de abril de 2005 y obra en el plenario oficio del 20 de abril de 2005, suscrito por el implicado,

dando respuesta al derecho de petición impetrado por GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO, con una anotación al margen “se negó a recibir la documentación”. Por tanto, al no haberse dado respuesta completa al derecho de petición dentro del plazo concedido por la ley para el derecho de petición, para el caso, 2 de noviembre de 2004, así como que al finalizar el término solicitado, 16 de diciembre de 2004, se hubiere guardado silencio, razón por la cual, el señor GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO, el 15 de febrero de 2005 acudió ante la Justicia ordinaria y entabló acción de tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sabanagrande, por encontrar vulnerado el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, derecho que le fue tutelado por el Juez, concediendo un término de cuarenta y ocho horas para que el tutelado respondiera, sin que la misma se produjera, entonces estableció un término de 15 días hábiles para que se diera respuesta, clara, oportuna de los puntos no contestados en la solicitud de petición realizada por el accionante, pero tampoco se produjo respuesta alguna. De otra parte, en la visita practicada por la Procuraduría a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Sabanagrande, se obtuvo fotocopia del incidente de desacato presentado por el señor GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO, notificado al alcalde municipal el 19 de abril de 2005 y fotocopia de oficio sin número de fecha 20 de abril de 2005, suscrito por el Alcalde, por medio del cual hace entrega al peticionario, la

documentación solicitada en su derecho de petición de fecha 15 de octubre de 2004, respuesta dada en cumplimiento al fallo de tutela del 7 de marzo de 2005 y del incidente de desacato. En la citada respuesta, se hace una relación detallada de los procesos y demandas que cursan en contra del municipio, así como de los actos o actas de acuerdo o transacción y conciliaciones suscritos entre el municipio y algunos terceros, concluyendo que el señor JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ, en su condición de Alcalde Municipal de Sabanagrande, no dio respuesta oportuna y completa al derecho de petición elevado ante su despacho por el señor GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO, pues solo hasta el 20 de abril de 2005, con ocasión del incidente de desacato a la tutela interpuesta por el peticionario. También sostuvo que en el expediente no obra prueba de la negativa del señor De la Rosa a recibir la documentación solicitada, la cual iba a ser entregada el 20 de abril de 2005, por tanto, el oficio de esa fecha, recaudado en la visita, nos lleva a la conclusión que solo hasta ese día, se verificó el cumplimiento al derecho de petición, es decir, se acató lo dispuesto en la normatividad vigente, lo que ocurrió en fecha posterior a la decisión del Juez de tutelar el derecho del señor DE LA ROSA

BERDEJO.

En cuanto al argumento esgrimido por la defensa, de que la ausencia de respuesta no causó daño a la administración, no es compartido por el a quo, pues lo que si ocasionó fue el mal ejemplo a la comunidad y perjuicio al peticionario, dando origen a

la antijuridicidad del comportamiento objeto de reproche porque basta con la inobservancia del deber para que dicho elemento se materialice, apoyándose en la sentencia C948 de 2002 de la Corte Constitucional, que dice: “… Para la Corte, como se desprende de las consideraciones preliminares que se hicieron en relación con la especificidad del derecho disciplinario, resulta claro que dicho derecho está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encausar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos, fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra el origen de la antijuridicidad de la conducta…”. La conducta se calificó como culposa, debido a que estuvo desprovista de intención deliberada de transgredir el ordenamiento jurídico, pues se aprecia es descuido de

su parte en la atención al derecho de petición, en relación a la observancia de los términos establecidos por la ley para ello. La sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes, fue impuesta en consideración a lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 734 de 2002, la cual se convierte en multa, de conformidad con lo devengado al momento de la comisión de la falta, $2.199.222.oo (fls. 34).

9. APELACION - 7El implicado interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia del 26 de febrero de 2008, señalando que solicita su revocatoria, por cuanto en ninguna de las piezas que configuran el expediente, se demuestra, que en su condición de alcalde se haya negado, rehusado, opuesto a “responder un derecho de petición”, presentado por GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO, el 15 de octubre de 2004, por el contrario, con fecha 30 de noviembre de 2004, dio respuesta a los puntos 1, 2 y 3 y solicitó al petente en forma expresa, prórroga con referencia a los dos puntos finales de su petición, debido que para su cumplimiento (expedición de copias auténticas, copias de ACTAS Y DOCUMENTOS por medio de los cuales se habían realizado conciliaciones de tipo laboral, contractual y civil en lo corrido de su administración y relación detallada de PROCESO Y DEMANDAS en contra del MUNICIPIO DE SABANAGRANDE con corte a septiembre 30 de 2004), se requería un tiempo mayor

por cuanto se debía tener especial cuidado en su elaboración en razón al contenido, labor que resultaba dispendiosa. Aduce que la función pública entraña diversos factores que no dependen de una sola persona para su cabal cumplimiento, pues el Alcalde no se encarga de ejecutar todas las funciones que se encuentran en cabeza de la primera autoridad del municipio, sino que debe contar con los buenos oficios de sus asistentes, asesores o subalternos, para que el debido ejercicio de la función pública se de con celeridad, eficacia y responsabilidad, razones por las cuales estimó que no se dan los criterios para determinar que existió la falta disciplinaria y que tampoco hubo violación directa de la Constitución Política.

10. DESCRIPCION DE LA IRREGULARIDAD La presente investigación se originó en la queja presentada por GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO, debido a que mediante derecho de petición en interés particular y en su condición de Concejal en ejercicio, solicitó al Alcalde Municipal de Sabanagrande, Atlántico, la expedición de algunos documentos como: Ejecución presupuestal mensualizada de ingresos y gastos del municipio por la vigencia 2004 con corte al 30 de septiembre, copias de los actos administrativos realizados para adicionar mayores recaudos al presupuesto de 2004, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Concejo en el mes de junio, copia de la planta de personal de la administración municipal, vinculados por nómina, contratos y órdenes de servicios, al igual que copias auténticas de las actas y documentos por medio de los cuales, la administración ha realizado conciliaciones de tipo laboral, contractual y civil con terceros y relación detallada de todos los procesos y demandas en contra del

municipio; petición que fue respondida parcialmente en forma extemporánea, el 30 de noviembre de 2004, sin que posteriormente se hubiere dado respuesta completa, por lo cual, el peticionario interpuso acción de tutela y habiéndose tutelado el derecho, tampoco se dio respuesta, hasta que se notificó el incidente de desacato, y la contestación definitiva se produjo por oficio de fecha 20 de abril de 2005, haciendo entrega de los documentos faltantes.

10. PRUEBAS EN QUE SE FUNDAMENTAN LA DECISION DE INSTANCIA - Copia del derecho de petición elevado ante el doctor JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ, solicitando fotocopias firmadas de diversos documentos públicos de la administración municipal, con corte al 30 de septiembre de 2004 (fls. 5 y 6). - Copia del oficio DALC-464 del 30 de noviembre de 2004, mediante el cual se da respuesta parcial al derecho de petición, interpuesto por el señor GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO, Concejal de Sabanagrande, Atlántico (fl. 7). - Copia de la acción de tutela impetrada por el peticionario ante el Juzgado Promiscuo Municipal, de fecha 15 de febrero de 2005 (fls. 8 a 12). - Copia fallo de tutela de marzo 7 de 2005, que concede 15 días a partir de la notificación al señor ALCALDE DE SABANAGRANDE, para dar respuesta completa, clara y oportuna al accionante, respecto del derecho de petición (fls. 13 a 16). - Acta de visita practicada a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de

Sabanagrande, mediante la cual se allegaron los siguientes documentos: Fotocopia del incidente de desacato de la tutela presentado por el señor GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO, el 19 de abril de 2005, fotocopia del oficio sin número de fecha 20 de abril de 2005, suscrito por el Alcalde de la época, por el cual hace entrega de la documentación solicitada en el derecho de petición de fecha 15 de abril de 2005 (sic), dando cumplimiento al fallo de tutela de fecha 7 de marzo de 2005 y al incidente de desacato presentado por el incumplimiento al mismo (fls. 27 a 32). - Decreto 095 del 24 de noviembre del 2001, por medio del cual se adopta el Manual de Funciones de la Alcaldía Municipal de Sabanagrande (fls. 33 a 40). - Acta de visita especial practicada en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro del Municipio de Sabanagrande, allegándose copia autenticada de la ejecución de ingresos y egresos de la vigencia 2004 (fls. 105 a 179). - Acta de visita especial practicada en la Secretaría General y de Gobierno del municipio de Sabanagrande a la cual se allegó certificación laboral del doctor JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ, copia de la credencial y Manual de Funciones (fls. 180 a 185). - Acta de visita especial practicada por la Personería Municipal de Sabanagrande a las instalaciones de la Alcaldía, Despacho del Alcalde, diligencia en la que se hizo entrega de 12 folios, relación de embargos, 21 folios, relación de procesos de

embargo en contra del municipio, y se dejó constancia que revisados los archivos del Despacho del Alcalde no se encuentra el oficio de fecha 20 de abril de 2005 (fls. 186 a 219) y las modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio, por la vigencia 2004, Decreto 063 del 29 de abril, Decreto 068 del 7 de mayo, Decretos 045 y 047 del 25 y 26 de marzo, Decretos 085, 088 y 088-1 del 26 y 30 de julio, Decretos 075-1 y 079 del 10 y 29 de junio (fls. 220 a 232). - Declaración jurada de LUISA MARQUEZ CONRADO, quien respecto al derecho de petición del señor GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO, manifestó que se le dio respuesta, y que las mismas eran proyectadas por los asesores jurídicos, en el caso de ella se limitaba a la trascripción; verificando que al derecho de petición referenciado se le dio respuesta a los puntos 1, 2 y 3, de acuerdo al oficio DALC - 9325, quedando pendiente los puntos 4 y 5, para lo cual, los asesores debían solicitar la documentación en los juzgados, respuesta que tardó más de lo previsto, pero el directamente encargado era el asesor jurídico(fls. 234 y 235). - Oficio de fecha junio 11 de 2008, suscrito por el Alcalde Municipal de Sabanagrande, Atlántico, al cual se adjunta copia del oficio DALC-325 del 2 de noviembre de 2004, en respuesta a la solicitud efectuada por esta Delegada.

11. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Aparece en el expediente que el señor GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO, en su condición de concejal del municipio de Sabanagrande, Atlántico, presentó queja en contra del Alcalde del citado ente territorial, debido a que no le fue respondido en tiempo y en debida forma, el derecho de petición presentado ante el Despacho de la Alcaldía, el 15 de octubre de 2004.

La Carta Política en el artículo 23, estableció que “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución…” El derecho de petición está reglamentado por el Código Contencioso Administrativo, artículos 5 y ss; y en especial, en cuanto a peticiones en interés particular, como es el caso de autos, el artículo 9º hace la remisión al artículo 5º ibídem, para efectos de los requisitos a tener en cuenta al momento de elevar la petición respetuosa ante la autoridad competente. Para el caso que nos ocupa, se observa que el señor GUSTAVO DE LA ROSA BERDEJO, estimó violado el derecho fundamental de petición, debido a que en su calidad de Concejal del municipio, solicitó el día 15 de octubre de 2004, que le fueran entregadas, copias de los siguientes documentos, como: 1Copia firmada de la ejecución presupuestal mensualizada de ingresos y gastos del Municipio, vigencia fiscal 2004, con corte al 30 de septiembre de 2004.

2. Copia firmada del o los actos administrativos realizados por usted, para adicionar

los mayores recaudos promedio al Presupuesto 2004, de acuerdo a las facultades que el Concejo Municipal le otorgó en el mes de junio de 2004.

3. Copia firmada de la planta de personal de la Administración Municipal, vinculados por nómina, por contratos y órdenes de servicio, con corte a septiembre 30 de

2004.

4. Copias auténticas de las actas o documentos por medio