PGN - DERECHO DE PETICION Diferencia con solicitud

Bogotá Dependencia : Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia

DC, Administrativa. julio 17 Radicación : No. 14-71841-2002 de 2003 Investigado : Néstor Mejía Pizarro

Cargo : Director Corporación Autónoma Regional Quejoso : Salomón Melo Cepeda Fecha de queja : Enero 12 de 2001

Fecha de hechos : Octubre 25 de 2000

Asunto : Archivo. No contestar peticiones de enero y 25 de octubre de 2000.

Con fundamento en las probanzas allegadas procede el Delegado a emitir pronunciamiento de fondo, dentro del Radicado 14-71841 de 2002, conforme a los siguientes planteamientos: HECHOS: Este Despacho dispuso el 5 de julio de 2002, abrir investigación disciplinaria contra NÉSTOR MEJÍA PIZARRO, en su calidad de Director de la Corporación Autónoma Regional-CAR del Atlántico, a quien SALOMÓN CEPEDA MELO, acusó de no haber contestado unos derechos de petición elevados por él ante la Entidad el 17 de enero de 2000 relacionados con la devolución del plan de manejo ambiental de la cantera denominada EL Zaino, el cual fue rechazado por la corporación, sin que su petición hubiera tenido eco a la fecha de la queja, (diciembre 12 de 2000), pese a que lo había solicitado desde abril de 1998 (fl. 5). Indicó que tampoco le dieron respuesta a la solicitud incoada el 25 de octubre de 2000 (fls. 6-8), con la cual respondió a la Entidad el requerimiento efectuado para que

informara si tenía algún interés en la explotación de la cantera Carrizal. Advierte el quejoso que tampoco le autorizaron el reinicio de labores en tal actividad, en un acto que considera violatorio de la Constitución y de la ley, del derecho a la igualdad y al trabajo.

RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS: PRIMERO: En desarrollo de la etapa de Investigación disciplinaria, se practicaron varias diligencias entre ellas: 1.1. Se recibió versión a NÉSTOR MEJÍA PIZARRO, quien explicó, con respecto a la petición de 25 de octubre de 2000, la cual no fue respondida al quejoso, que para esa fecha no estaba desempeñando el cargo de Director, pues se encontraba en la ciudad de Miami (EEUU), participando en un seminario sobre el medio ambiente evento que tuvo ocurrencia entre el 21 ó 22 de octubre al 4 de noviembre de 2000, quedando en su reemplazo un Doctor de apellido CARO.

Respecto al derecho de petición de 2 de abril de 1998 manifiesta no recordar, pero explica que: "la correspondencia llegaba a la Oficina de Archivo y Correspondencia, el funcionario radicaba y entregaba a la Dirección, éste mediante un código la enviaba a la Oficina que debía responder dicha petición, pero la enviaba a Archivo nuevamente para que se descargara y se lo carga a la oficina a quien fuera designada para responder la petición". Aclara que en el caso de autos la solicitud del quejoso debió de responderse por Secretaría General, situación que se infiere del sello que aparece en la fotocopia del derecho de petición del 17 de enero de 2000. 1 Indicó que era grande el cúmulo de derechos de petición que llegaban a su oficina,

máxime que el Señor MELO, casi a diario elevaba solicitudes de esa índole. 1.2. A folio 86 se allegó copia del derecho de petición elevado por el quejoso el 17 de enero de 2000, en cuya parte inferior se observa un sello de la Secretaría General de la corporación; al igual que en el escrito del 30 de octubre de la citada anualidad cuya copia reposa a folios 87 a 89 del informativo. 1.3. Se adjuntó copia del Acta de Consejo Directivo Extraordinario No. 0012 de 5 de septiembre del año 2000, de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en cuyo numeral 2 se lee: "Autorizar al señor Director para que asista al primer curso internacional sobre zonas costeras, que adelantará el Instituto Latinoamericano de Ciencias Marinas y del Medio Ambiente, con sede en la ciudad de Miami...el próximo mes de octubre del año 2000..." (fls. 90-92). 1.4. A folios 97 y 98, reposa el Oficio dirigido por el actual Director de la CAR, Dr. RAÚL TARUD JAAR, quien explicó al funcionario de la Procuraduría, encargado de recepcionar las pruebas ordenadas por este Despacho, que reposan en esa entidad los expedientes 778 y 549 relacionados con el Plan de Manejo Ambiental Canteras Zaino y Carrizal de propiedad del Señor SALOMÓN MELO, que dentro de tal procedimiento se ordenó por proveído 00351 del 8 de agosto de 1997, la suspensión de actividades de explotación en la Cantera El Zaino por cuanto el quejoso inició labores sin el lleno de

los requisitos legales exigidos para tal fin, y por cuanto el plan de manejo ambiental que aportó, no se ajustó a los requerimientos legales. Agrega que ante dicha situación el quejoso instauró una acción legal contra la entidad y que dentro de esa actuación se han efectuado una serie de solicitudes de información entre las cuales está la radicada bajo el No. 00173 del 17 de enero de 2002 (al parecer se refiere al año 2000) y la 005015 del 25 de octubre de 2000, las cuáles al no haberse absuelto, configuraron el silencio administrativo positivo, señalado en el artículo 40 del CCA. Sostiene que a esta altura se profirió fallo por el Consejo de Estado, ratificando la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico "de no acoger las pretensiones del Señor SALOMÓN MELO, relacionado con el manejo de las canteras Zaino y Carrizal..." SEGUNDO: Advierte este Delegado que como quiera que el aquí implicado es el Director de la entidad investigada, de las pruebas relacionadas se infiere que su responsabilidad directa en al omisión que se cuestiona no está demostrada, ya que como él lo afirma, la correspondencia era enviada a las oficinas encargadas de su respuesta, por razón de la materia y que en el caso de autos por lo menos en lo que respecta al escrito del 17 de enero de 2000, (fl. 86) la solicitud fue enviada a la Secretaria General de la CAR, como quedó probado con la anotación que allí aparece. Así como el oficio calendado el 3 de octubre de 2000, radicado en esa Corporación el 25 del citado mes y año, aparece con la anotación de jurídica (fls. 87-89).

Y menos le cabría responsabilidad respecto a la última de las peticiones citadas, ante la ausencia de la entidad de NÉSTOR MEJÍA PIZARRO para la fecha de autos, tal como quedó demostrado en acápites precedentes, por encontrarse fuera del país. En tales circunstancias lo viable sería devolver las diligencias a la oficina de origen, para establecer qué funcionarios de la Secretaría General o de la Oficina Jurídica tuvieron a su cargo las respuestas analizadas, pero advierte el Delegado que hay otras circunstancias que impiden dilatar la actuación, debiendo en consecuencia adoptar una 1 decisión de fondo, que no será otra que la de archivo de las diligencias, con base en las siguientes razones: Al analizar el texto de los pretendidos derechos de petición, se advierte que estos se efectuaron dentro de unos procedimientos de orden administrativo (los radicados con los números 778 cantera El Zaino y 549 cantera Carrizal), adelantados en la corporación y que como tales, las determinaciones adoptadas por la administración, con las cuales estuviese inconforme el peticionario, gozaban de otros mecanismos legales, para lograr su revocatoria, o modificación según fuera el caso, mecanismos que no son otros que los recursos de ley. Se observa cómo a folio 10 y 11 reposa copia del auto de 5 de julio de 2000 emanado del Director General de la Regional del Atlántico-CAR, NÉSTOR MEJÍA PIZARRO, por el cual se hacen unos requerimientos al quejoso, respecto al funcionamiento de la cantera El Zaino en cuyo numeral séptimo se lee: "Contra el presente Acto Administrativo, procede el recurso de reposición ante el Director General de la CAR,

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación...". En igual forma, dentro del auto emanado de la misma entidad, el 10 de agosto de 2000, por el cual se efectúan otros requerimientos al signatario, luego de producido el concepto técnico referente a la cantera Carrizal donde se le requiere, al Señor MELO informar a la CAR en un término de 30 días si aún tiene interés en la explotación de la cantera Carrizal y se le faculta para interponer el recurso de reposición ante el Director de la CAR (fl. 66). Por ello no tiene sentido que SALOMÓN MELO en escrito de 3 de octubre de 2000, recibido en la entidad el 25 de octubre del citado mes y año y referenciado como Cantera Carrizal Expediente 540 ó 0026 (fl. 87) invoque el derecho de petición, para hacer solicitudes relacionadas con el proceso, como lo manifiesta al aseverar que ante la falta de respuesta a un escrito del 1 de septiembre de 2000, el cual le fue contestado solo parcialmente, ( hace uso de otro mecanismo no viable ) por las razones anotadas, refiriéndose, en tal escrito al auto 241 de 10 de agosto de 2000, respecto del cual se le había concedido el recurso de reposición. Advierte este Despacho que es necesario diferenciar entre el derecho de petición y las solicitudes que impliquen reclamación, litigio o actuación, para obtener determinado reconocimiento, autorización, declaración, etc. Siendo, se repite, diferente el derecho de petición que la Carta Política consagra a favor de todo ciudadano, como derecho fundamental de la persona, susceptible de

desarrollos legales para hacerlo eficaz y la facultad o derecho a promover la actuación administrativa que se ejercita para obtener una declaración, un reconocimiento o una autorización. Es evidente para el Delegado que en estos últimos casos, como no se trataba de un simple derecho de petición, es natural que la ley exigiera el cumplimiento de determinados requisitos bien sean formales o sustanciales, de acuerdo a lo pretendido, para que la petición tenga la virtualidad de poner en movimiento la actividad administrativa en orden a la resolución de lo pedido. Al respecto, destaca este Despacho cómo el contenido de las peticiones impetradas por el Señor MELO, tampoco eran de fácil concesión. En efecto, en su escrito del 3 de octubre de 2000, recibido el 25 de ese mes, pedía de un lado autorizarle a explotar la cantera Carrizal, justamente el objeto del litigio sobre el cual se adelantaba el expediente 540 (fl. 87) y de otro, en ese mismo escrito afirmaba no conocer el concepto técnico No. 0170 del 5 de mayo-00 procedente de la 1 Subdirección de Manejo, Control y Protección de los Recursos Renovables (fl. 88), advirtiendo el Delegado que a dicho concepto fácilmente tendría acceso por vías de notificación o solicitud de copias del expediente. Sobre la manifestación que hace el Señor MELO en dicho escrito en cuanto a "la imposibilidad de dar cumplimiento al plan de manejo por haber sido objeto de suspensión de actividades en la citada cantera" (fl. 88), ello en criterio de este Despacho no conlleva una petición concreta. Y qué decir de la petición elevada el 17 de enero de 2000 (fl. 5), con la cual reiteraba la

efectuada en abril de 1998, donde pedía devolverle el plan de manejo ambiental, que había sido rechazado, documento éste que ya formaba parte del expediente y que por ende asumía las características de público, por lo cual, en criterio de este Delegado, no podría desglosarse para entregárselo de nuevo, máxime que el Señor MELO CEPEDA debería tener las copias respectivas, o por lo menos haber accedido a ellas con solicitud diferente como lo habían hecho en situaciones anteriores AIXA RUIZ Y VERA RUIZ DE MERCADO, en calidades de denunciantes en la acción que cursa contra del quejoso como obra a folios 45 y 46, según se desprende de la relación de documentos enviados por la Corporación a la Procuraduría Regional del Atlántico. Por lo anotado considera el Despacho que no se dan los presupuestos exigidos en el artículo 162 del Código Disciplinario Único para formular auto de cargos por no estar objetivamente demostrada la falta ni existir prueba que comprometa la responsabilidad del investigado, en cambio sí hay mérito para dar aplicación al mandato contenido en el artículos 156 inciso 3 y 164 de la Ley 734 de 2002, en el sentido de archivar las diligencias. En mérito de lo expuesto, el PROCURADOR DELEGADO SEGUNDO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en uso de sus facultades legales, DISPONE: PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantas contra NÉSTOR MEJÍA PIZARRO, en su calidad de Director de la Corporación Autónoma Regional CAR del Atlántico, a quien SALOMÓN CEPEDA MELO, radicadas con el No. 14-718412002.

SEGUNDO: Por la Secretaría de la Procuraduría Regional del Atlántico notificar al investigado y comunicar al quejoso esta decisión en los términos del artículo 109 del CDU con la advertencia que contra este proveído procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de esta entidad.

TERCERO: Por Secretaría de la Delegada se efectuarán las anotaciones de rigor.

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Segundo Vigilancia Administrativa (e) Expediente No. 14-71841/2002

CAAM/MVRS.

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