PGN - DERECHO DE PETICION Jurisprudencia sobre su no procedencia

DERECHO DE PETICION-Jurisprudencia sobre su no procedencia Conforme a lo establecido en el numeral 3° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y en los artículos 193 y 194 de la Ley 734 de 2002, era de competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidir de fondo sobre la queja presentada contra el Magistrado, y esta Corporación hace un análisis cuidadoso de la actuación disciplinaria adelantada en contra del abogado, y encuentra que el Magistrado denunciado no incurrió en ningún proceder antiético, por lo que su conducta no merece reproche disciplinario, pues aunque no respondió la petición de fecha 28 de febrero de 2009, también lo es que el peticionario a través de su escrito solo se dedicó a hacer un cuestionamiento de la investigación y de la fiscal que lo hizo investigar, por lo que el implicado, procedió a darle aplicación a los lineamientos jurisprudenciales de la sentencia T-377 de 2000, de acuerdo con la cual el derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o solicitar que el servidor público cumpla con sus funciones jurisdiccionales ya que esta actuación reglada está sometida a la ley procesal, por lo cual concluye que el Magistrado implicado no incurrió en ninguna irregularidad y ordena dar por terminado el procedimiento. PROCESO DISCIPLINARIO-Investigados no incurrieron en falta disciplinaria por decretar la terminación del proceso El proceder del señor denunciante raya en un ejercicio abusivo del derecho que tiene a que se le administre justicia, pues es claro para un profesional del Derecho

que la jurisdicción en materia penal está claramente establecida y que el incumplimiento de un contrato laboral no puede ser ventilado y decidido por la jurisdicción penal, aunque se pretenda -quizás esperando impartir temeridad en el adversariopresentarlo como un delito. Bogotá, D.C., 28 de febrero de 2011 Concepto No. 008 1IJP Doctor Representante Investigador (reparto) Comisión de Investigación y Acusación Cámara de Representantes Ciudad

Ref: Proceso No. 2850

Investigado: Magistrados Sala Disciplinaria del

Consejo Superior de la Judicatura

Asunto: Concepto de Archivo

Honorable Representante: 1

En mi condición de agente del Ministerio Público y en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 122 del Código de Procedimiento Penal, por medio del presente rindo concepto en el asunto de la referencia: HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL: El 3 de diciembre de 2009 se recibió en la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes la denuncia del señor HILARIO JOSÉ ARIZA GÓMEZ, en contra de los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, doctores JOSE OVIDIO

CLAROS POLANCO, ANGELINO LIZCANO RIVERA, JULIA EMMA

GARZÓN DE GÓMEZ, MARIA MERCEDES LÓPEZ MORA, PEDRO ALFONSO SANABRIA Y HENRY VILLARRAGA OLIVEROS, por ordenar el archivo de las diligencias adelantadas contra el Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca GERMÁN LONDOÑO

CARVAJAL.

Considera el quejoso que debe investigarse la conducta de los mencionados funcionarios en cuanto decidieron, mediante providencia de fecha 16 de julio de 2009, ordenar la terminación de procedimiento y el archivo de las diligencias disciplinarias adelantadas en contra del Magistrado

GERMÁN LONDOÑO CARVAJAL.

El 6 de mayo de 2010 se avocó conocimiento de la queja, se ordenó apertura de la investigación preliminar, se decretó la ampliación y ratificación de la misma por parte del señor ARIZA GÓMEZ y se comisionó al Cuerpo Técnico de Investigación, grupo destacado ante la Comisión de Investigación, para que allegara a la actuación los fallos proferidos tanto por el Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca como por el Consejo Superior de la Judicatura proferidos dentro del trámite radicado bajo el número 11001010200020090069300 seguido contra el Magistrado GERMÁN LONDOÑO CARVAJAL, así como también acreditar la calidad foral de los mismos. El 17 de junio de 2010 se llevó a cabo la diligencia de ampliación y ratificación de la queja ante el Tribunal Superior de Bogotá, en cumplimiento del Despacho comisorio librado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, oportunidad en la cual el quejoso señaló que se ceñía al documento presentado anteriormente, aclarando que presentaba “los hechos y los derechos conculcados con la “indisciplina” del Consejo Superior de la Judicatura, en su división de Sala Jurisdiccional Disciplinaria” y que no

recordaba si había interpuesto recurso contra dicha decisión y tampoco si le habían comunicado el desarchivo del proceso, pues lo que él buscaba no era 2 agraviar a ninguna autoridad, sino que sus derechos, que le habían sido conculcados, salieran airosos. Mediante informe 032 FGN.DI.CTI.IC.4826 del 16 de julio de 2010, el investigador del CTI comisionado aporta copia de los fallos proferidos tanto por el Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca en contra de la Fiscal Maria Alejandra Palomino Díaz, así como la decisión del Consejo Superior de la Judicatura proferida dentro del trámite radicado bajo el número 11001010200020090069300, seguido contra el Magistrado GERMÁN LONDOÑO CARVAJAL y se aporta la calidad foral de los funcionarios investigados. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Este Despacho es competente para conocer de esta actuación, en la cual aparecen como presuntos implicados los doctores JOSE OVIDIO CLAROS POLANCO, ANGELINO LIZCANO RIVERA, JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ, MARIA MERCEDES LÓPEZ MORA, PEDRO ALFONSO SANABRIA Y HENRY VILLARRAGA OLIVEROS, en su calidad de Magistrados de la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal y el numeral 7 del artículo 29 del Decreto

262 de 2000. . Visto lo anterior, se analizará si los hechos denunciados por el señor HILARIO JOSÉ ARIZA GÓMEZ se enmarcan dentro de los comportamientos o conductas que, por contravenir la Constitución o la ley, son consideradas merecedoras de sanción o reproche penal o disciplinario. Se encuentra que la denuncia se efectúa contra los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por adoptar la decisión de dar por terminada la investigación disciplinaria en contra del ex Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, doctor GERMÁN LONDOÑO CARVAJAL, funcionario que estaba investigando disciplinariamente al señor HILARIO JOSÉ ARIZA LÓPEZ, por su actuación como abogado, por queja que presentara en su contra la Fiscal 278 Local, doctora Maria Alejandra Palomino Díaz funcionaria que conoció de la denuncia presentada por el señor HILARIO JOSE ARIZA GÓMEZ en contra de la empresa RH CONSULTORES, por el delito de estafa. 3 Señala el denunciante que la mencionada fiscal no hizo una labor de verificación de los hechos denunciados en su escrito de fecha 18 de marzo de 2008, esto es, la presunta estafa en que habría incurrido la empresa RH consultores al no cancelarle los salarios a su hija LAURA MARIA ARIZA SOTO, con quien tenía un contrato de prestación de servicios, aunque no constara por escrito, no elaboró un programa metodológico que condujera al esclarecimiento de los hechos, no practicó pruebas ni las valoró, no practicó

actos urgentes ni recolectó ningún elemento material probatorio, con lo cual afectó sus derechos fundamentales y por ello solicitó ante la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal que la investigara disciplinariamente. Indica que esta funcionaria, mediante auto del 21 de agosto de 2008, ordenó investigarlo por la presunta falta disciplinaria en que pudo incurrir el señor ARIZA GÓMEZ, por haber hecho afirmaciones tendenciosas y malintencionadas sobre el trámite dado al proceso en mención en el derecho de petición que elevó ante su despacho el 20 de agosto de 2008. De la queja contra el abogado ARIZA GÓMEZ conoció inicialmente el Magistrado LONDOÑO CARVAJAL, quien, mediante auto del 14 de enero de 2009, ordenó abrir investigación disciplinaria bajo la ritualidad establecida en la Ley 1123 de 2007, dentro de esta actuación fue citado a audiencia de pruebas y calificación provisional de la falta el 4 de mayo de 2009 el investigado ARIZA LÓPEZ, pero no asistió a la misma y en su lugar presentó “un derecho de petición” en el que cuestionaba la investigación disciplinaria en su contra y de la fiscal que lo hizo investigar, y finalmente el señor ARIZA GÓMEZ, interpone queja disciplinaria contra el Magistrado LONDOLO CARVAJAL, por “darle crédito a la Fiscal 278”, y por la supuesta parcialidad en el trámite del mismo y por la negativa a contestarle un derecho de petición. Conforme a lo establecido en el numeral 3° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y en los artículos 193 y 194 de la Ley 734 de 2002, era de

competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidir de fondo sobre la queja presentada contra el Magistrado LONDOÑO CARVAJAL, y esta Corporación hace un análisis cuidadoso de la actuación disciplinaria No. 2008-05260 adelantada en contra del abogado HILARIO JOSÉ LÓPEZ, y encuentra que el Magistrado denunciado no incurrió en ningún proceder antiético, por lo que su conducta no merece reproche disciplinario, pues aunque no respondió la petición de fecha 28 de febrero de 2009, también lo es que el peticionario a través de su escrito solo se dedicó a hacer un cuestionamiento de la investigación y de la fiscal que lo hizo investigar, por lo que Londoño Carvajal, procedió a darle aplicación a los lineamientos jurisprudenciales de la sentencia T-377 de 2000, de acuerdo con la cual el derecho de petición no procede para poner en marcha el 4 aparato judicial o solicitar que el servidor público cumpla con sus funciones jurisdiccionales ya que esta actuación reglada está sometida a la ley procesal, por lo cual concluye que el Magistrado GERMÁN LONDOÑO CARVAJAL no incurrió en ninguna irregularidad y ordena dar por terminado el procedimiento. Dicho lo anterior se debe entrar a analizar por qué no incurrieron en falta disciplinaria alguna los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, JOSE OVIDIO CLAROS

POLANCO, ANGELINO LIZCANO RIVERA, JULIA EMMA GARZÓN DE

GÓMEZ, MARIA MERCEDES LÓPEZ MORA, PEDRO ALFONSO

SANABRIA Y HENRY VILLARRAGA OLIVEROS, funcionarios que suscribieron el fallo del 16 de julio de 2009 por medio del cual decretaron la terminación del proceso disciplinario en contra del Magistrado GERMÁN

LONDOÑO CARVAJAL.

Al respecto, se observa que: El quejoso, señor HILARIO JOSÉ ARIZA LÓPEZ, acude a la Fiscalía General de la Nación para interponer una denuncia por un hecho de carácter eminentemente laboral, luego la consecuencia obvia de tal proceder no es otra sino que no encuentren respaldo sus pretensiones. De los hechos narrados por el quejoso fácilmente se advierte que la causa que origina su denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, de fecha 28 de mayo de 2008, es la no cancelación de los honorarios adeudados a su hija LAURA MARIA ARIZA SOTO, por parte de los representantes de la empresa RH consultores, señores MARTHA LUCIA HERNÁNDEZ NAVARRO y JOSUÉ FERNANDO RUIZ, por lo que al no ver atendidas sus reclamaciones ante dichos señores opta por acudir a la vía penal para que se le cancelen los dineros adeudados, alegando la existencia de un presunto delito de estafa. Luego, en sus diferentes escritos y en ejercicio de su profesión de abogado en “causa propia”, es persistente en exigir a la funcionaria que conoce su denuncia por reparto, la Fiscal Local 278 Delegada ante los Jueces Penales Municipales, que proceda a realizar todas las actividades “investigativas” que son propias y exigibles de un funcionario instructor en

materia penal, no obstante olvida que este deber funcional le asiste en virtud de la investigación de las conductas que revisten el carácter de delitos, que se ajustan a la descripción típica hecha por el legislador en cuanto lesionan o ponen en peligro un bien jurídico y no respecto de hechos que no son del resorte de la justicia penal, sino que corresponden a litigios comerciales, civiles o, como en este caso, laborales. 5 El proceder del señor ARIZA LÓPEZ raya en un ejercicio abusivo del derecho que tiene a que se le administre justicia, pues es claro para un profesional del Derecho que la jurisdicción en materia penal está claramente establecida y que el incumplimiento de un contrato laboral no puede ser ventilado y decidido por la jurisdicción penal, aunque se pretenda -quizás esperando impartir temeridad en el adversariopresentarlo como un delito. Ello puede implicar que al proceso penal se le atribuya el carácter de “castigo” y no se use como un mecanismo para materializar la justicia debida, desnaturalizando la función de administrar justicia y el derecho de acceder a ella en condiciones de igualdad de acceso y trato ante la ley (art. 13 Constitución Política), sino como un medio para vulnerar el principio de legalidad de la función pública y del juez natural, y para obtener la pretensiones alegadas a cualquier precio congestionando indebidamente la administración de justicia. De igual forma, la conducta asumida por el quejoso de denunciar disciplinariamente a los funcionarios que no actúan de acuerdo al criterio de aquel, no puede ser el fundamento para estimar vulnerada la ley disciplinaria,

pues la finalidad de ésta no es otra que la prevención y buena marcha de la gestión pública, así como garantizar el cumplimiento de los fines y las funciones del Estado en relación con la conducta de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro. En este sentido, la Procuraduría no considera que la actuación del Magistrado GERMÁN LONDOÑO CARVAJAL, adelantada respecto de la denuncia que por incumplimiento a los deberes profesionales de abogado presentó la Fiscal Local 278 ante los Jueces Penales Municipales, doctora Maria Alejandra Palomino Díaz, pueda ser considerada como irregular o indebida, pues de acuerdo a la Ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado, corresponde al Estado, a través de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conocer de los procesos que por la comisión de alguna de las faltas previstas en la ley se adelanten contra los abogados en ejercicio de su profesión. En este caso, debe señalarse que el numeral 7 del artículo 27 de este estatuto, consagra como un deber de los profesionales del derecho el de: “

7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la 6 contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión.

De igual forma, el numeral 10 del artículo 33 del mencionado ordenamiento prevé como una falta disciplinaria contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado la de:

“10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa. En este caso, se trataba de determinar si las afirmaciones efectuadas por el profesional del derecho, HILARIO JOSÉ ARIZA LÓPEZ, en sus diferentes escritos dirigidos a las diferentes autoridades y en especial los elevados ante la Fiscal 278 Local, se ajustaban a la mesura y ponderación que demanda el ejercicio de la profesión de abogado. Luego el hecho de que se hubiese determinado, posteriormente y por funcionario diferente al encargado de investigar inicialmente, que no había lugar a formular cargos al quejoso pues su inconformidad no se expresó con argumentos temerarios, si se tiene en cuenta que de forma errada supuso que la actuación había sido precluida, cuando en realidad lo que había sucedido es que una vez culminada la etapa de conciliación, sin que se hubiese alcanzado algún acuerdo, la Unidad de Reacción Inmediata a la que pertenecía la señora fiscal 278 no podía continuar adelantando el diligenciamiento, no implica que el funcionario disciplinario denunciado, esto es, el Magistrado LONDOÑO CARVAJAL, hubiera actuado ilegalmente al abrir la investigación disciplinaria de conformidad a la queja presentada. En este sentido es pertinente recordar que la determinación de la existencia o no de una falta disciplinaria surge como resultado del agotamiento de una serie de etapas dentro del proceso disciplinario aplicable, en este caso a los profesionales del derecho en el ejercicio de su

profesión y está orientado, de acuerdo a lo señalado por la Honorable Corte Constitucional, “al logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales” y de igual forma ha afirmado este alto Tribunal que: “el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos 7 fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe (Sentencia C-884 de 2007) . De manera que, si el entonces Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, doctor GERMÁN LONDOÑO CARVAJAL, se ciñó a los lineamientos legales previstos por el Legislador para el adelantamiento de la investigación referenciada en contra del señor ARIZA LÓPEZ, resulta acertada y ajustada a derecho la decisión de los Magistrados de la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura adoptada el 16 de julio de 2009, de dar por terminada la actuación disciplinaria en su contra, pues. no aparece como una decisión caprichosa, arbitraria o irreconciliable con el ordenamiento jurídico ni contraria al análisis de los hechos y las pruebas que le sirvieron de fundamento puestos a su consideración, por lo cual, encontrándose ajustada

su conducta al ordenamiento jurídico, esta Comisión debe dar por terminada la investigación de conformidad a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, esto es, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, y en consecuencia ordenar su archivo definitivo. Cordialmente,

JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ

Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal JAGV/Nact 8