PGN - DERECHO DE PETICION Respuesta obligatoria y oportuna

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad FALLO SANCIONATORIO-Por no atender peticiones dentro del término legal DERECHO DE PETICIÓN-Respuesta obligatoria y oportuna Teniendo en cuenta que los disciplinados doctor, Gerente de CAJANAL EICE y luego la doctora en calidad de liquidadora de CAJANAL tenían como obligación dar respuesta oportuna, completa y adecuada a los múltiples derechos de petición formulados por sus afiliados, solicitudes referidas a prestaciones sociales tales como el reconocimiento pensional, reliquidación de pensiones, liquidación conforme los factores legales fijados, etc, necesario es señalar que la falta de oportunidad en la respuesta constituye una afectación a la correcta marcha de la función pública y los fines del Estado, y la conducta del servidor público realizada con culpabilidad deriva en falta disciplinaria.

TIPICIDAD-Tipo en blanco Resulta preciso analizar la tipicidad, para lo cual se reitera que la norma concreta objeto de imputación por este primer cargo a los doctores en calidad de Gerente de CAJANAL EICE y liquidadora de CAJANAL EICE, respectivamente es la prohibición contenida en el artículo 48 numeral 49 de la Ley 734 de 2002, tipo en blanco que reenvía al artículo 7º del Código Contencioso Administrativo Es claro que se trata de un tipo de reenvío que requiere ser completado con otra norma legal en la que se describa un comportamiento que a juicio del legislador se considere indebido por parte del servidor público. CAUSAL DE MALA CONDUCTA-Falta de atención a peticiones y términos

Es un hecho cierto que las 4.441 quejas que dieron lugar a la investigación disciplinaria y las 44.240 peticiones elevadas a CAJANAL EICE que estaban sin responder al momento de entrega del cargo por parte de los disciplinados, dan cuenta de la existencia de peticiones ejercidas por afiliados y personal en general elevadas a la entidad con el fin de obtener respuesta sobre temas relativos a la prestación social de pensión sin que hubiesen obtenido solución dentro del término legal, luego la falta de atención a estas peticiones y a los términos para resolverlas constituye causal de mala conducta y la conducta del servidor público responsable de este desconocimiento o vulneración constituye falta gravísima, por mandato del legislador disciplinario. CULPABILIDAD-A título de dolo La culpabilidad es elemento indefectiblemente necesario para la configuración de la responsabilidad disciplinaria, no puede imponerse sanción al servidor público disciplinado sin establecer previamente la existencia del dolo o la culpa en la conducta desplegada, con relación a la culpabilidad observamos que la primera instancia imputó este primer cargo a los directivos de CAJANAL EICE y CAJANAL en Liquidación como una actuación dolosa, de manera que corresponde a la Sala Disciplinaria establecer en primer lugar si existen elementos probatorios para sustentar una imputación dolosa. Radicación No. 161-4801 En consecuencia, para el caso bajo examen, la definición sobre la modalidad de culpabilidad es relevante no sólo al momento de realizar el juicio subjetivo sino al establecer la adecuación típica de la conducta, por tanto al haberse señalado que la conducta de los disciplinados no puede ser imputada a título de dolo, necesario es concluir que no pueden ser llamados a

responder por este segundo cargo dada la atipicidad de la conducta. CALIFICACIÓN DE LA FALTA-Gravísima Los tipos disciplinarios de que trata el artículo 48-49 del C.U.D. son supuestos fácticos calificados por el legislador como faltas de naturaleza gravísima. DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN-Suspensión en el ejercicio del cargo La Sala Disciplinaria al momento de dosificar la sanción tiene en cuenta que los dos funcionarios ejercían cargos directivos en CAJANAL por lo que procede un mayor reproche en su conducta dada la confianza depositada para conducir una entidad cuyo objeto se relacionaba directamente con la prestación social de pensión, la cual se concatena con el mínimo vital de quien solicita el reconocimiento de este derecho y su inclusión en nómina, todo lo cual se desconocía al no atender oportunamente las solicitudes elevadas por la ciudadanía, aspecto en el que la situación se hace más gravosa para el disciplinado quien estuvo en el cargo por más de dos años contando con un tiempo significativo para enderezar su actuación y emprendes acciones dirigidas a dar solución al grave represamiento de peticiones existente en la entidad, mientras que la disciplinada sólo estuvo cerca de cinco meses, tiempo para el cual la entidad había entrado en liquidación. A favor de los dos disciplinados debe tenerse en cuenta la ausencia de registro de sanciones. CONVERSIÓN DE LA SANCIÓN-Salarios devengados Teniendo en cuenta que a la fecha los dos funcionarios renunciaron a su vinculación con la entidad, para efectos de hacer efectiva la sanción es preciso convertir el término de la suspensión aplicable en salarios devengados para la época de los hechos.

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., noviembre cuatro (4) de dos mil diez (2010). revision Aprobado en Acta de Sala No.

Radicación: 161-4801 (IUS-No. 2009-241899)

Disciplinado: AUGUSTO MORENO BARRIGA y JULIA GLADYS

RODRÍGUEZ D’ALEMAN Cargo y Entidad: GERENTE Y GERENTE LIQUIDADORA DE CAJANAL EICE, respectivamente

Quejoso: INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO: Jueces y Actuación de Oficio.

Fecha queja: 30-09-2009

Fecha Hechos: Presuntas irregularidades por omitir dar respuesta a derechos de petición; reiterado incumplimiento de decisiones judiciales e inadecuado cumplimiento de

2 Radicación No. 161-4801 funciones.

Asunto: Apelación fallo de primera instancia – PROCEDIMIENTO

VERBAL.

P.D. PONENTE: Dr. RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS Con fundamento en las atribuciones conferidas en el numeral 1º del artículo 22 del decreto 262 de 2000 y por vía de apelación, conoce la Sala Disciplinaria el fallo del 28 de julio de 2010, por medio de la cual, el Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado, en su calidad de Funcionario Especial, con arreglo al procedimiento verbal establecido en el artículo 175 de la Ley 734, resolvió sancionar con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años a los doctores AUGUSTO MORENO BARRIGA y JULIA GLADYS RODRÍGUEZ D’ALEMAN en su calidad de

Gerente y Gerente Liquidadora de CAJANAL EICE, respectivamente, por haberlos encontrado responsables de los cargos formulados en su contra.

1. ANTECEDENTES PROCESALES Dio origen a la investigación disciplinaria la radicación de 4.441 quejas allegadas a la entidad, provenientes de los diferentes despachos judiciales y de algunos ciudadanos que pusieron en conocimiento de la Procuraduría el incumplimiento de CAJANAL EICE en dar respuesta a los derechos de petición, así como los innumerables incidentes de desacato a las decisiones judiciales que tutelaron ese derecho fundamental (anexos 01, 02 y 03).

Mediante Resolución número 154 de 14 de abril de 2010, el Procurador General de la Nación asignó al doctor FERNANDO BRITO RUIZ, Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado “la revisión y suscripción de las providencias y/o decisiones cuya competencia, por la calidad del servidor público investigado, esté otorgada en el Decreto 262 de 2000 o en los actos administrativos respectivos vigentes de competencias para los Procuradores Delegados para la Vigilancia Administrativa” (fls. 587 a 592 c.2 radicado IUS 2009241899). Con providencia del 25 de junio de 2010, el Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado en calidad de Funcionario Especial dispuso tramitar las diligencias seguidas contra los doctores AUGUSTO MORENO BARRIGA y JULIA GLADYS RODRÍGUEZ D’ALEMAN, por el Procedimiento Verbal y los citó a audiencia pública(fls

372 a 483 c.1). Decisión notificada personalmente a los disciplinados) (fls 569 y 585 c.2) Radicado IUS 2009-241899. El día 12 de julio de 2010, en desarrollo de la audiencia, los implicados ejercieron su derecho a ser escuchados en versión; en seguida se resolvió sobre la práctica de pruebas y se suspendió la audiencia para continuarla el 21 de julio de 2010. Al reanudarla, se escuchó en declaración bajo la gravedad del juramento al doctor JAIRO DE JESÚS CORTÉS ARIAS, Gerente Liquidador actual de CAJANAL EICE en Liquidación, acto seguido se ordenó escuchar en declaración a las doctoras MÓNICA URIBE del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y LlGIA HELENA BORRERO, quien se desempeñó como Superintendente Delegada de la Superintendencia Financiera de Colombia, al igual que se dispuso allegar otros documentos, por lo que se suspendió la diligencia. 3 Radicación No. 161-4801 El día 22 de julio de 2010, se reanudó la audiencia y se practicó prueba testimonial a la doctora LlGIA HELENA BORRERO, dejando constancia de la inasistencia de la doctora MÓNICA URIBE; luego, se concedió el uso de la palabra a los disciplinados para que presentaran alegatos de conclusión; agotada su intervención, se fijó fecha para dictar fallo de primera instancia. El día 28 de julio de 2010, el doctor FERNANDO BRITO RUIZ, Procurador Tercero

Delegado ante el Consejo de Estado, en calidad de Funcionario Especial, profirió fallo de primera instancia, declarando disciplinariamente responsable del cargo imputado a los doctores AUGUSTO MORENO BARRIGA y JULIA GLADYS RODRÍGUEZ D’ALEMAN, en su calidad de Gerente y Gerente Liquidadora de CAJANAL EICE, respectivamente, a quienes les fue impuesta sanción consistente en destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años. Decisión notificada en estrados contra la cual se interpuso el recurso de apelación, sustentado dentro del término legal y concedido en el efecto suspensivo.

2. PROVIDENCIA RECURRIDA.

El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado, en calidad de Funcionario Especial sustentó la imposición de sanción contra los doctores AUGUSTO MORENO BARRIGA y JULIA GLADYS RODRÍGUEZ D’ALEMAN, en su calidad de Gerente y Gerente Liquidadora de CAJANAL EICE, respectivamente, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación y que fueron desarrollados de manera separada para cada disciplinado: Análisis de la situación del Doctor AUGUSTO MORENO BARRIGA Señala que el doctor AUGUSTO MORENO BARRIGA se desempeñó como Gerente de CAJANAL desde el 07 de de noviembre de 2006 hasta el 20 de mayo de 2009. Tiene por demostrado que el doctor MORENO BARRIGA dejó de dar repuesta a los derechos de petición (anexo 1), incumplió los fallos de tutela (anexo 2) y no dio trámite a otras peticiones (anexo 3).

Con base en información suministrada por el liquidador actual de CAJANAL, doctor CORTÉS, asegura que a la fecha de entrega del cargo por parte del disciplinado estaban pendientes de resolver 44.240 derechos de petición (fol. 14 anexo 7). La primera instancia reconoce que CAJANAL EICE, “desde el año 1994 venía presentando un problema estructural, que le impedía cumplir con la finalidad de su existencia, es decir, administrar el régimen de prima media de las personas con vinculación laboral a diferentes entidades de la Administración pública y por consiguiente, para efectuar al reconocimiento y pago de las diferentes prestaciones económicas que por dicho concepto se generan”. Sostiene que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el estado de cosas inconstitucional en relación con CAJANAL, entidad donde se presentaba un desconocimiento continuo y flagrante en torno a la obligación del reconocimiento de un derecho social prestacional, como el derecho a la seguridad social en materia pensional. Asegura que la situación presentada en CAJANAL no se produjo de manera súbita, sino que fue el resultado de “una falla interna de la entidad, proveniente de su ineficiencia e 4 Radicación No. 161-4801 inoperancia administrativas, lo que a su vez genera violaciones constantes y generalizadas de los derechos fundamentales”; cita las sentencias SU 559 de 1997, T068 y T-439 de 1998, y la sentencia T-1234 de 2008. Señala que de conformidad a las sentencias citadas derivó una obligación de crear sistemas de administración que permitieran hacer operativa a CAJANAL, lo cual se

había advertido desde 1998, sin que durante el tiempo que el disciplinado ejerció como Gerente (años 2006 y 2009) se hubiera cumplido con esta exigencia. Observa que la Corte Constitucional exigió a las directivas de CAJANAL la presentación de un plan y la fijación de plazos para resolver el cúmulo de problemas que afrontaba, y sobre el plan presentado por la entidad se hicieron varias precisiones, y detalla los compromisos asumidos por CAJANAL y consignados en el Decreto 3902 del 3 de noviembre de 2006. Asegura que para el momento en que el señor AUGUSTO MORENO BARRIGA asumió la dirección de CAJANAL EICE los problemas de inoperancia de dicha entidad ya se encontraban identificados, “los cuales fueron consignados en la motivación de la expedición del Decreto 3902 del 3 de noviembre de 2006, por medio del cual se adoptan medidas en relación con la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL”. Dentro de los problemas identificados en su oportunidad por diferentes autoridades administrativas se encontró: “la falta de gestión institucional, deficiencias de los estados contables, fallas en contratación, inexistencia de capacitación a los funcionarios y contratistas y dificultades para la conformación de la historia laboral de los afiliados, entre otros”, situación que debía ser resuelta por CAJANAL. Además de la expedición del citado decreto, la entidad elaboró un plan de contingencia el cual contemplaba la evacuación de las solicitudes represadas estimadas en 64.149, y la garantía de alcanzar un sistema para el reconocimiento de prestaciones económicas que incluía un sistema de gestión documental básico y la selección de personal

calificado, entre otros asuntos. Señala que una vez el doctor MORENO BARRIGA se posesionó como gerente (i) celebró contratos de prestación de servicios, con personal nuevo, que debía ser capacitado; (ii) dio prioridad al proceso de digitalización de la información; con lo cual se habría incurrido en la misma clase de fallas e incongruencias porque el personal contratado no contaba con la suficiente experiencia y “se dio prioridad a otros asuntos que podían ser igualmente importantes, pero que desconocían la obligación primaria de la entidad, de dar respuesta oportuna, completa y adecuada a los múltiples derechos de petición formulados por sus afiliados”. Considera que las acciones emprendidas por el nuevo gerente “no tuvieron en cuenta la prioridad que debía dar a las peticiones formuladas, en algunos casos, desde el año 2003, las que permanecían sin respuesta”. Como sustento de su afirmación, refiere el informe presentado por el doctor MORENO a la Junta Directiva de CAJANAL, el 24 de agosto de 2007, donde señala que en el mes de diciembre de 2006 se suscribió un convenio interadministrativo marco de cooperación con la firma FLYCOM COMUNICACIONES S.A., con el fin de incorporar tecnologías de información, telecomunicaciones, comunicaciones, valor agregado, telemática y actividades relacionadas, para fortalecer los procesos misionales de la 5 Radicación No. 161-4801 entidad; advirtiendo que en ese documento no se encontró ningún plan dirigido a resolver la situación referida a los derechos de petición que estaban pendientes de atender. Se refiere a un informe de la Contraloría General de la República presentado en

diciembre de 2008, donde se señaló que la gestión del plan de contingencia era calificada como desfavorable, porque “no se había logrado tramitar las 90.000 solicitudes de prestaciones económicas que se encontraban represadas a octubre de 2006 y tampoco se cumplieron los cuatro (4) meses que se habían fijado para poner al día a la entidad”, lo cual tendría como causa que la CAJANAL “no contempló de manera específica las herramientas para afrontar este Plan de Contingencia, y nunca diseñó objetivos, metas precisas e indicadores de gestión, todo lo cual redundó en deficiencias de planeación que afectaron el desarrollo y cumplimiento de dicho plan” a pesar que para la ejecución del plan, el Ministerio de Protección Social le transfirió $12.000 millones de pesos a CAJANAL, en cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 148 de 2006. Asegura que las acciones adelantadas no fueron debidamente planeadas, trayendo como consecuencia que “el Doctor Moreno Barriga, durante su administración, nunca logró superar el represamiento y, por ende, se siguieron repitiendo las mismas deficiencias, en especial la falta de respuesta oportuna a los derechos de petición presentados, y las tutelas por esa falta de respuesta, lo mismo que los incidentes de desacato, por desatención a las innumerables decisiones judiciales proferidas para amparar esos derechos”. Como muestra de la falta de planeación, se cita el oficio del 25 de marzo de 2009, suscrito por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, dirigido al doctor AUGUSTO MORENO BARRIGA “donde señala que desde el mes de noviembre de 2007, en

reunión sostenida en las instalaciones de CAJANAL y en la cual participó el Ministro de Protección Social, se solicitó al gerente de CAJANAL la presentación de un plan completo que visualizara los proyectos a ejecutar para solucionar la problemática de la entidad”, plan que sólo fue radicado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de marzo de 2009, esto es, más de dos años después de que el disciplinado asumiera la gerencia; “tiempo durante el cual dejaron de atenderse incontable cantidad de derechos de petición”. De lo anterior, infiere la primera instancia que el disciplinado no elaboró los planes y programas requeridos para atender la situación que enfrentaban los afiliados, quienes permanecían a la espera de respuesta a sus peticiones. Para mostrar la falta de atención oportuna a las solicitudes, se trae a colación el informe rendido por el actual Gerente liquidador de CAJANAL EICE, quien señala que están pendientes de contestar un total de 44.240 solicitudes que recaen sobre derechos fundamentales, de donde infiere que ni la administración del doctor MORENO BARRIGA ni la posterior administración de la doctora JULIA GLADYS RODRÍGUEZ D'ALEMÁN, cumplieron con sus deberes y funciones. Enseguida se detiene en el contenido del plan presentado por el doctor MORENO BARRIGA el 3 de marzo de 2009 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual se ‘ABC de proyectos requeridos para llevar a cabo el reconocimiento de prestaciones; la organización archivística, gestión documental y aseguramiento de los expedientes de prestaciones activos de FOPEP; la defensa judicial y la gestión administrativa y

6 Radicación No. 161-4801 financiera de CAJANAL EICE en el 2009’. Sostiene que el estudio sobre las características de CAJANAL y la forma de solucionar el represamiento solo fue realizado ante el requerimiento que hizo la Corte Constitucional en la Sentencia T1234 del 10 de diciembre de 2008, no antes, lo cual permite concluir al A-quo que dentro de las prioridades de CAJANAL no figuraban las que tenían que ver con la respuesta oportuna a los derechos de petición que se encontraban represados y afirma que el disciplinado, durante su gestión, no adoptó las medidas necesarias para superar la acumulación de las solicitudes y la demora en las respuestas que debía dar, como lo evidenciarían “las 4.441 quejas que dieron lugar a este proceso disciplinario”, sumado al documento aportado por el doctor CORTÉS, actual liquidador de CAJANAL , donde señala que desde el año 2006 a la fecha, están pendientes de responder 44.240 peticiones. Dice no desconocer la gestión adelantada por el disciplinado para la obtención de recursos presupuestales que le permitieran llevar a cabo su gestión al frente de la entidad pero observa que el Ministerio de Hacienda, en oficio del 11/11/2008, señaló al doctor MORENO BARRIGA que las solicitudes presentaban debilidades de sustentación, en tanto los proyectos planteados no conllevaban a la solución de la problemática conocida, tales como el represamiento de solicitudes, la defensa judicial y la resolución de tutelas; quedando en evidencia que pese a los esfuerzos realizados,

“los mismos no estuvieron bien encaminados… no tuvieron como eje central y principal resolver el problema de la respuesta a los derechos pendientes de contestar, que estaban represados, y que a su vez eran fuente de miles de males adicionales, al desencadenar incontables tutelas de los afiliados, lo mismo que innumerables acciones de desacato, porque ni siquiera se contestaban los derechos de petición, dentro de los plazos que fijaban los jueces”. Reitera que planes propuestos no dieron solución al principal objetivo de la entidad consistente en responder los numerosos derechos de petición que le habían sido formulados y en los que se había vencido “con creces” el término legal para dar respuesta, lo cual se prueba con las 44.240 peticiones pendientes de respuesta dentro del periodo 2006-2009. “Así las cosas, cabe resaltar que la ausencia de una adecuada planeación en la gestión de los asuntos propios de CAJANAL, torno la gestión ineficaz, al no darse respuesta a los derechos de petición presentados y al incumplirse las acciones de tutela que los amparaban”. Situación imputable al disciplinado quien “no diseñó, desde el primer momento de su posesión, un plan que le permitiera cumplir con deber funcional, debiendo utilizar medios idóneos para ello”. Que la situación de CAJANAL no era desconocida para el doctor MORENO BARRIGA quien fue informado por la Gerente saliente en el año 2006, sumado a los requerimientos hechos por distintas autoridades y las “miles de tutelas” donde se amparaba el derecho fundamental de petición a los afiliados, y las otras “miles” reclamando el desacato a esas decisiones judiciales, todo lo cual lleva a concluir que la

“misión principal e ineludible de su administración, era corregir los problemas que se presentaban, lo que no realizó de manera eficaz”. Agrega que durante el periodo 2006-2009, el Gobierno Nacional suministró a CAJANAL recursos en cuantía superior a los cuatrocientos mil millones de pesos, y bien pudo destinarse parte de estos dineros para atender de manera eficiente, el tema de la falta de respuesta a los derechos de petición presentados; con base en lo anterior, tiene por 7 Radicación No. 161-4801 demostrado que la administración del doctor MORENO BARRIGA fue “deficiente e ineficaz” para atender con la prioridad exigida esa situación, tanto que los recursos se orientaron para digitalizar la información, pero no se dio solución al represamiento de peticiones y por el contrario “se creó uno mayor”, pues a su retiro de la entidad se encontraron 237.000 documentos sin atender. - Respuesta a tutelas: Manifiesta que el disciplinado tampoco atendió en forma eficaz y eficiente la respuesta a las tutelas y la defensa de la entidad, tal como fuera advertido en su oportunidad por la Directora General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda en oficio de 21 de mayo de 2008, fecha para la cual el doctor MORENO llevaba al frente de la entidad, cerca de año y medio. Como prueba adicional de que durante casi dos años de gestión del doctor MORENO BARRIGA la entidad no había superado ni avanzado en la solución del problema, trae a colación el oficio OCG 352 de 9 de octubre de 2008, suscrito por el doctor VARGAS ACOSTA, Asesor de la Oficina de Control Interno de Gestión del Ministerio de la

Protección Social, donde formula observaciones a CAJANAL, para que inicie las acciones pertinentes, tendientes a mejorar los inventarios y la administración documental y hace recomendaciones como la de realizar un plan de choque respecto a los requerimientos judiciales. (fls. 165 a 182 c.3 Anexo 03). Frente a la afirmación del disciplinado respecto a haberse visto sobrepasado por una fuerza mayor durante su gestión como director de CAJANAL E.I.C.E., entre otras, por el reconocimiento de la pensión gracia que generó una avalancha de peticiones que no había sido prevista, la primera instancia tiene por infirmada la justificación dada y por el contrario, reitera que “el cúmulo de acciones de tutela y de incidentes de desacato tuvo y sigue teniendo origen en la propia ineficiencia y falta de gestión administrativa de la entidad. Al respecto agregó que desde el inicio se conoció la problemática, la necesidad de solucionar a través de medidas urgentes y de excepción, lo cual solo demandaba de una “mayor actividad administrativa, debidamente planeada, para lo cual disponía además de recursos económicos”. Describe los diferentes factores causantes del represamiento, enumera la presentación de las peticiones, la inadecuada liquidación de las prestaciones económicas, (esta última debido a que la entidad no acogía los precedentes judiciales); problemas de defensa judicial de la entidad, liquidación de las pensiones con factores, reglas y normas distintas a las señaladas por las leyes y contrariando las decisiones de los jueces, “cuestión que no tiene cabida en un Estado Social de Derecho, porque no le es dado a las autoridades administrativas ir en contravía de la interpretación que de las

leyes hacen los jueces”. Sostiene que en el proceso bajo examen se demostró “el incumplimiento en dar respuesta a los derechos de petición de diferentes ciudadanos y el incumplimiento de los fallos de tutela desde el año 2006”, descarta el alegato sobre la existencia de una fuerza mayor y considera que existe evidencia que el disciplinado “desconoció el principio de planeación en la administración pública, lo que trajo el incumplimiento del deber funcional del disciplinado de dar repuesta a los derechos de petición, y acatar los fallos de tutela relacionados en los anexos 1 y 2 del auto de citación a esta audiencia”. Concluye que el doctor MORENO BARRIGA se encuentra incurso en las faltas que le han sido endilgadas, consistentes en no dar respuesta oportuna o no dar respuesta a derechos de petición que le han sido formulados, conducta con la cual también incurrió 8 Radicación No. 161-4801 en la falta atribuida, “por realizar una conducta descrita en la ley como delito, la que está contemplada en el artículo 454 de la ley penal, como se dijo en el auto de citación a audiencia, al sustraerse al cumplimiento de obligaciones impuestas en resolución judicial, por desatender los fallos de tutela, que le imponían la obligación de responder los derechos de petición dentro de los plazos que le fijaban los jueces”; agrega que (incidentes de desacato anexo 2). no cumplió el deber que le imponía el numeral 2 del artículo 34 de la ley disciplinaria, dado que en su condición de Gerente de la entidad, “debía actuar con diligencia y eficiencia para atender los derechos de petición que están

pendientes de respuesta, lo que no hizo”. Análisis de la situación de la doctora JULIA GLADYS RODRÍGUEZ D'ALEMÁN. Señala que la doctora JULIA GLADYS RODRÍGUEZ D'ALEMÁN fue encargada del las funciones de Gerente General de la entidad desde el 6 de abril de 2009 hasta el 12 de junio del mismo año, fecha en que fue designada como liquidadora, cargo del cual tomó posesión el 16 de junio. Afirma que el único plan de acción encaminado a atender la situación de represamiento fue presentado ante la Corte Constitucional el día 3 de junio de 2009, en respuesta a lo dispuesto por esa Alta Corporación en sentencia T 1234/08, plan suscrito por el doctor MORENO BARRIGA y la doctora RODRÍGUEZ D'ALEMÁN. Advierte que la misma funcionaria RODRÍGUEZ D'ALEMÁN, en oficio de octubre 20 de 2009, informó a la Corte Constitucional que la situación de la entidad resultaba ser mas compleja de lo previsto en el plan de acción presentado el 3 de junio, en razón a que se encontraron 237.000 documentos “diseminados por todas partes”; de donde infiere la primera instancia que “el plan de acción presentado no contempló la realidad de la situación, y en consecuencia, no podía ser útil ni eficaz para atender el grave desorden…” Tiene por probado que para el mes de noviembre de 2009, cuando la doctora RODRÍGUEZ D'ALEMÁN hizo entrega de la entidad se encontraban represados más de 40 mil derechos de petición, lo que confirma la imputación realizada en su contra de

desatender estas solicitudes, las cuales se incrementaron. Limita la gestión de la doctora RODRÍGUEZ D'ALEMÁN a la supervisión de las funciones del PATRIMONIO AUTÓNOMO BUEN FUTURO, a través del cual se “tercerizaron” las funciones de CAJANAL, mecanismo adicional de burla sobre los derechos de los peticionarios, sin existir gestión dirigida a “adoptar un plan de urgencia para atender los indicados derechos de petición”. Para sostener su argumento, la primera instancia cita el oficio del 27 de octubre de 2009, suscrito por la doctora RODRÍGUEZ D'ALEMÁN dirigido al presidente de la FIDUPREVISORA reclamando por la falta de descongestión, y la respuesta de este último quien, mediante oficio de noviembre 13 de 2009, en cuanto a que los expedientes recibidos no se encontraban completos, digitalizados, ni unificados, tema de competencia de la Liquidadora; lo cual demostraría que existían mutuas disculpas, pasando el problema de un lado al otro. Que el PA BUEN FUTURO debió apoyar a la Liquidadora en el proceso de recolección de documentos dispersos en la entidad que estaban sin inventario ni registro; lo cual hacía evidente que el plan presentado a la Corte Constitucional carecía de una base 9 Radicación No. 161-4801 seria y cierta. Alude al informe de gestión del mes de noviembre de 2009, presentado por la doctora RODRÍGUEZ D'ALEMÁN según el cual “el plan de acción llevado ante la Corte Constitucional continuó presentando retraso, en la medida que se dio prioridad al

proceso de unificación de expedientes por que “ni siquiera se disponía de un inventario cierto y completo de toda la documentación, lo que hacía imposible cumplir con el plan presentado”. Consid