PGN-DERECHO DE PETICIÓN-Si hubo una respuesta no se vulnera su núcleo esencial

ARCHIVO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUCCIÓN-En favor de Secretario de Planeación y Alcalde del Municipio de la Tebaida al comprobarse que derecho de petición obtuvo respuesta DERECHO DE PETICIÓN-Si hubo una respuesta no se vulnera su núcleo esencial ya que existe una diferencia entre la petición y el derecho a obtener lo pedido DISCIPLINARIO POR AFECTACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN-Al acreditarse respuesta quedaría demostrado la inexistencia de la conducta en tal sentido DISCIPLINARIO POR AFECTACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN-Del sólo incumplimiento de términos no se deriva responsabilidad disciplinaria Habiendo realizado un análisis de la integridad de pruebas acercadas al plenario, se puede concluir que no se reúnen los elementos necesarios para proferir pliego de cargos en contra de los investigados; en la medida que finalmente la petición fue contestada, y si bien es cierto lo fue fuera de término legal, también lo es que no existen pruebas que comprometan la responsabilidad de los disciplinados. En consecuencia, ante los argumentos planteados se impone dar aplicación a lo previsto en el artículo 90 del Código General Disciplinario norma que establece que en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado (…) que la actuación no puede proseguirse el funcionario de conocimiento mediante decisión motivada así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias, la que será comunicada al quejoso 1

Dependencia: PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE

ARMENIA

Radicación N IUS E-2019-091090 IUC-D-2019-1282745

Disciplinado: JOSE ANCIZAR QUINTERO QUINTERO

JAIME HUMBERTO MUÑOZ MOLINA

Cargo: ALCALDESECRETARIO DE PLANEACIÓN

Entidad MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

Quejoso: JESÚS MARIA GIL BARRERO

Fecha de Queja: 21 DE FEBRERO DE 2019

Fecha hechos: 24 DE JULIO DE 2015

Asunto: Auto de terminación de la actuación y archivo definitivo Investigación disciplinaria Art 90 Código General Disciplinario Armenia Q, Julio 25 de 2022

CONTENIDO DE LA QUEJA Mediante oficio radicado el día 12 de agosto de 2015 en las instalaciones de la Personería del Municipio de la Tebaida el señor JESÚS MARÍA GIL BARRERO solicita investigación disciplinaria en contra de funcionarios de la Alcaldía de ese municipio indicando: “(…) con fecha 15 de mayo de 2015, mediante radicado 2015-005501 ante la Ventanilla Única de correspondían, elevé derecho de petición (anexo), dirigido al Alcalde del Municipio de la Tebaida con el fin de que se me diera información sobre las irregularidades presentadas en las obras de constricción que se adelantan en esta municipalidad, a lo que con fecha 06 de junio de 2015, mediante oficio OAP-2015-0424, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Ingeniero JAIME HUMBERTO MUÑOZ MOLINA, me informa que esta oficina tomaría un término máximo de treinta (30) días para responderme según el articulo 14 de la Ley 1437 de 2011 (anexo), en consecuencia esos treinta (30) días se cumplieron el día dos (02) de julio de

2015. Hasta la fecha han transcurrido veintiséis (26) días hábiles después del plazo que relacionaron en el oficio OAP-2015-0424 y no he recibido respuesta del derecho de petición, lo que constituye una falta disciplinaria en concordancia con el artículo 31 de la Ley 1437, modificado por el articulo 1 dela Ley 1799 de 2015, donde expresa que la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver … constituirán falta para el servidor y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario, es por ello que solicito a usted realizar una investigación con el fin de sancionar al responsable de esta falta disciplinaria (…)”1 1 Ver folios 4 al 45. 2 TRÁMITE PROCESAL INDAGACIÓN PRELIMINAR Mediante auto de fecha 29 de febrero de 2019, la Personería del Municipio de la Tebaida dispone iniciar indagación preliminar (hoy indagación previa atendiendo el nuevo código General Disciplinario) en contra del señor JAIME HUMBERTO MUÑOZ MOLINA Jefe de la Oficina de Planeación del Municipio de la Tebaida, decisión que es notificada por edicto conforme consta a folio 104 del expediente. En desarrollo de la etapa procesal se recaudó la siguiente información:

DOCUMENTAL

1. Oficio OSA-083-2016 de fecha 25 de abril de 2016, mediante el cual el señor ALEJANDRO RAMIREZ MORALES Técnico Operativo Asuntos Administrativos allega la siguiente documentación correspondiente al funcionario JAIME HUMBERTO MUÑOZ MOLINA así: Copia del acta de posesión, manual de

funciones de la Secretaria Asesora de Planeación, dirección residencial, certificación de salario básico mensual devengado para el 2015, último número celular registrado, tipo de vinculación, copia de la cédula de ciudadanía. Así mismo se indica que de acuerdo con los archivos que reposan en esa dependencia no se encontró constancia alguna que demuestre que el señor JAIME HUMBERTO MUÑOZ MOLINA, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación municipal para la vigencia 2015, no presenta antecedentes laborales y disciplinarios internos. Ver folios 53 al 63.

2. Oficio OAP-2016-0324 de fecha 26 de abril de 2016, mediante el cual el Arq. EROAN LONDOÑO CARDENAS Jefe de la Oficina Asesora de Planeación quien allega respuesta a derecho de petición del arquitecto Jesús Maria Gil Barreto con el respectivo recibido de correspondencia. Ver folios 64 al 100.

3. Oficio OAP-2016-0480 de fecha 15 de junio de 2016, mediante el cual se anexa respuesta completa con anexos de la solicitud del Arquitecto JESUS MARIA GIL BARRERO ante la Oficina Asesora de Planeación el día 15 de mayo con numero de radicado 2015-005501. Ver folios 107 al 130.

4. Oficio OACI-091-2016 de fecha 16 de junio de 2016, mediante el cual el Dr.

JOSE DOMINGO RAMIREZ HIDALGO Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno allega constancia sobre la trazabilidad en el sistema de gestión documentalVentanilla Única de correspondencia de la Alcaldia Municipal de la

Tebaida Quindío del derecho de petición con radicado 2015-0055001 del 15 de mayo de 2015. Ver folios 131 al 170. 3

RATIFICACIÓN DE QUEJA: El día 2 de mayo de 2016, se libra oficio con destino al señor JESÚS MARÍA GIL con el objeto que se presente en las instalaciones de la Personería el día 18 de mayo a las 9:00 con el fin de recibirle declaración bajo la gravedad de juramento.

No obstante, conforme consta a folio 102 del expediente el ciudadano no comparece a la diligencia.

REMISIÓN POR COMPETENCIA: Mediante auto de fecha 06 de febrero de 20192, el Personero del Municipio de La Tebaida se declara sin competencia para proseguir el trámite, atendiendo a que de las pruebas acercadas se pudo evidenciar que el funcionario que finalmente dio respuesta al peticionario fue el señor JOSE ANCIZAR QUINTERO QUINTERO Alcalde del Municipio de la Tebaida, razón por la cual dispone remitir el proceso a la Procuraduria Provincial de Armenia para los fines pertinentes.

Es así como recibidas las diligencias en este despacho el día 21 de febrero de 2019; se dispone avocar el conocimiento del asunto mediante auto de fecha 04 de abril de 20193. APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA: Mediante auto de fecha 20 de mayo de 2019, se dispone decretar apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores JOSE ANCIZAR QUINTERO Y JAIME HUMBERTO MUÑOZ MOLINA en sus condiciones de Alcalde y Secretario

de Planeación respectivamente. Notificados los investigados4 se recaudó el siguiente acervo probatorio:

DOCUMENTAL:

1. Oficio SP-2019-0838 de fecha 17 de junio de 2019, mediante el cual el Arq.

RICHARD ANDREY BEDOYA SCARPETTA Secretario de Planeación Municipal informa que en relación a la trazabilidad de los derechos de petición con radicados 2015-005501 suscrito de acuerdo a información entregada con el derecho de petición por el señor JESUS MARIA GIL BARRERO OAP -2015-0424, 2015006480 una vez realizada la búsqueda exhaustiva en la ventanilla única de los números radicados con el escrito petitorio no se halló evidencia de registro alguno de ninguno de los radicados en cita. Ver folios 183.

2. Oficio DSA-145-2019 de fecha 17 de junio de 2019, mediante el cual el Dr.

JOSE DOMINGO RAMIREZ HIDALGO Director de Servicios Administrativos 2 Ver folios 1 al 3 3 Ver folios 171 frente y reverso. 4 Ver folios 176 al 179 4 allega información requerida del señor Jose Ancizar Quintero en su calidad de Alcalde Municipal de la Tebaida para el período 2012-2015 así como del señor JAIME HUMBERTO MUÑOZ MOLINA en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de la Tebaida: Constancias sobre antecedentes laborales disciplinarios internos, última dirección registrada en la hoja de vida, sueldo devengado u periodo durante el cual ejerció el cargo. Ver folios 184 al 210.

CIERRE DE INVESTIGACIÓN Y ALEGATOS PRECALIFICATORIOS

Mediante auto de fecha 03 de junio de 20225, se dispone a declarar cerrada la etapa de investigación, corriéndose traslado para los alegatos precalificatorios correspondientes – fls 217-223, sin que los sujetos procesales hubiesen presentado documento alguno conforme constancia secretarial obrante a folio 224. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Vencida la etapa de investigación corresponde al despacho determinar si se reúnen los requisitos para proferir pliego de cargos o en su defecto el archivo de las diligencias en contra de los señores JAIME HUMBERTO MUÑOZ MOLINA en su condición de Secretario de Planeación y el Dr. JOSE ANCIZAR QUINTERO QUINTERO en su condición de Alcalde del Municipio de la Tebaida, por la presunta violación al derecho de petición al no haberse otorgado respuesta a solicitud que presentara el señor JESUS MARIA GIL BARRERO el día 15 de mayo de 2015 radicado 2015-005501. Establecida entonces la conducta sobre la cual se debe centrar esta provincial tenemos probado dentro del presente trámite los siguientes hechos: A) El señor JESUS MARIA GIL BARRERO radica en las instalaciones de la ventanilla única del Municipio de la Tebaida derecho de petición dirigido al Dr. JOSE ANCIZAR QUINTERO QUINTERO el día 15 de mayo de 2015, documento radicado 2015-005501, documento mediante el cual realizó un total de 13 peticiones relacionadas con la solicitud de documentos de Copia de la radicación con el numero consecutivo, así como la licencia de construcción de las 18 edificaciones mencionadas en el escrito; Foto de la valla que exige el parágrafo

primero del articulo 29 del Decreto 1469 de 2010 (…); Copia de la memoria de cálculo estructural que contenga la justificación estructural de acuerdo al NSR-10 A.3.2.4 Combinación de sistemas estructurales en la altura de las viviendas barrio mirador Mz A Casa 20; barrio el progreso Mz A casa 1; barrio el cantarito Mz f2 casa 19; Copia de la memoria de cálculo estructural que contenga la justificación estructural de una ampliación en altura para un sistema de muros confinados para una ampliación de tres pisos, (…) de las viviendas carrera 5 No. 7-28; Carrera 8 No.7-00, barrio cantarito MZ B3 casa 15; etc 5 Ver folios 215 y ss 5 B) Que una vez radicado el documento fue revisado por la oficina asesora de control interno, reasignándose su trámite por competencia a la oficina asesora de planeación – ver folio 132 y folio 59 Manual de funciones contenido en el Decreto 159 de fecha diciembre 30 de 2005 Jefe Oficina Asesora de Planeación numeral 36 “velar por la oportuna y cumplida atención y resolución de los asuntos, quejas, reclamos que los ciudadanos presenten ante la administración en los temas relacionados con la oficina de planeación y desarrolloal tratarse de una solicitud de información inherente a la misionalidad de la dependencia. C) El día 05 de junio de 2015 la oficina asesora de planeación mediante oficio OAP-2015-0424 con radicado 2015-006480 suscrita por el Ingeniero JAIME

HUMBERTO MUÑOZ MOLINA informa al peticionario que dada la cantidad de información que se requiere se dará respuesta en el término de 30 días, documento que contiene constancia de envío el día 10 de junio de 2015. Ver folio 65. D) Mediante oficio OAP 2015-594 de fecha 3 de agosto de 2015, remitido al peticionario según constancia de envío el 13 de agosto de 2015, se brinda respuesta en los siguientes términos: “(…) en el sentido que consultados los archivos físicos de la oficina asesora de planeación municipal así como elevado requerimiento a cada uno de los propietarios de los inmuebles por usted referenciados en un total de 18, no fue posible encontrar las radicaciones, o las licencias de construcción ni el permiso para desarrollar edificaciones respecto de esos predios; por consiguiente tampoco fue posible encontrar las vallas informativas ni las memorias de cálculo. Ahora bien, es importante resaltar que varios propietarios han comparecido al ente territorial a legalizar la situación de los predios, incluso el señor RAMON ELIAS JARAMILLO asegura haber radicado el día 14 de febrero de 2012 solicitud de expedición de licencia de construcción, sin que a la fecha se le haya dado respuesta. Hasta la fecha se radicó la documentación para obtener licencia de construcción el señor JORGE ANDRES PAZ MARTINEZ, en cuanto al inmueble ubicado en la MZ A casa 1 URB. La Esperanza ubicado en el punto 5.1 pagina 28 del derecho de petición, después de ser enviada la solicitud por parte de la oficina Asesora de Planeación para presentarse ante esta

dependencia con la documentación requerida para obtener la licencia de construcción de cada inmueble. Asi mismo la oficina de planeación ofició a los propietarios de los demás predios a efectos que de que den solución a la situación legal de los mismos y se ajusten a la norma para lo cual se anexan copias de dicho procedimiento (…)” - ver folios 108 al 130. E) Que revisado el calendario del 20156 tenemos para efectos de contabilizar los términos del derecho de petición los siguientes: 6 https://www.cuandoenelmundo.com/calendario/colombia/2015 6 Días hábiles Días inhábiles Mayo 19,20,21,22,25,26,27,28,29 16,17,18,23,24, 30,31 Junio 1,2,3,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26 6,7,8,13,14,15,20,21,27,28,29 ,30 Julio 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27, 4,5,11,12,18,19,20,25,26 28 29,30,31 Agosto 3,4,5,6,10,11,12,13 1,2,7,8,9 De los hechos acreditados objetivamente tenemos que en efecto frente a la primer respuesta otorgada por el secretario de planeación en el sentido de ampliar los términos para otorgar respuesta a la petición transcurrieron un total de catorce 14 días hábiles. En este sentido la Ley 1755 de 2015 por medio de la cual se regula

el derecho de petición establece: “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. Negrillas y subrayas fuera de texto.” Es decir, objetivamente se brindó una respuesta inicial extemporánea en la medida que el derecho de petición contenía una solicitud de documentos, la cual debía ser resuelta en un término no superior a diez días. Sin embargo, tambien lo

es y para efectos de entrar a determinar la responsabilidad del funcionario que no se acreditó en el plenario en qué fecha la oficina de control interno del municipio entregó a planeación el escrito, y cuando lo recibió el investigado para su trámite, en la medida que no se aportaron planillas, libros de correspondencia o trazabilidad del sistema de correspondencia de la alcaldía como soportes que permitieran colegir con grado de certeza una posible omisión en el ejercicio de la función encomendada al secretario de planeación Ingeniero JAIME HUMBERTO

MUÑOZ MOLINA.

Ahora bien, se acredita que el derecho de petición formulado por el señor Jesús Maria Gil Barrero contenía un total de trece (13) solicitudes, por lo que dada la 7 cantidad de información requerida se necesitaba de una ampliación en el plazo para la respuesta, hecho permitido por la ley de conformidad a lo previsto en la norma anterior. No obstante, el término de ampliación que se tomó la administración para dar respuesta superaba el establecido en la norma hecho que, si bien es cierto, puede ser irregular, tambien lo es que las razones que se demostraron objetivamente para tomar ese término implicaban no solo realizar una búsqueda en el archivo en relación a información de 18 predios (licencias de construcción, vallas, memorias de cálculo estructura, etc para un total de 13 solicitudes); sino que una vez verificado el archivo y al observar que no contaban con la misma en las dependencias, se gestionó con los propietarios de cada predio la obtención de la información para el suministro de completo y de fondo a lo solicitado. Bajo tal escenario y atendiendo que se informó al peticionario que la respuesta se

daría en un término de 30 días, tenemos que el plazo para la contestación – entendida ésta como la entrega efectiva de la documentación solicitada por el señor JESÚS MARÍA GIL BARRETOvencía el día 14 de julio de 20157-, fecha para la cual y de acuerdo a lo probado aún no se había dado respuesta. Sin embargo, mediante oficio OAP 2015-0479 de fecha 30 de junio de 2015, el Ing. JAIME HUMBERTO MUÑOZ informa a la Dra. CATALINA GIRALDO VELEZ Personera del Municipio de la Tebaida lo siguiente:8 “(…) fue presentado en la oficina asesora de planeación del Municipio de la Tebaida Quindío por parte del arquitecto JESUS MARIA GIL BARRERO, derecho de petición donde requiere la copia de un sin numero de documentos correspondientes a la ejecución de obras civiles en el municipio de la Tebaida, una vez recibida la solicitud del señor GIL se procedió por parte de esta oficina a buscar en los archivos físicos de la entidad sin obtener elemento alguno de los requeridos, fue así como se respondió al peticionario comunicándole que se debería ampliar el plazo para el acopio documental con fecha 05 de junio de 2015 a través de oficio OAP 2015-0424, debiéndose requerir a todos y cada uno de los propietarios de los predios mencionados para que por su parte sean presentados los respectivos permisos, memorias de cálculo y demás certificados. La obtención de documentos es dispendiosa y se esta a la espera de lograr su recolección en el menor tiempo posible vaga aclarar que son 18 predios los que menciona el petente (…)”

Obrando en el plenario copia de los oficios que se libraron por el investigado a folios 109 al 125 como sustento de lo anteriormente expuesto. De lo expuesto, se colige que existían argumentos debidamente sustentados por los cuáles a esa fecha aún no se había otorgado respuesta al peticionario. Es cierto que 7 Se contabiliza el términos a partir del días siguiente al 5 de Junio de 2015 fecha de la respuesta inicial. 8 Ver folios 126-127 8 objetivamente existía una clara vulneración a los términos del derecho de petición; sin embargo, de las pruebas acercadas al plenario se colige que la intención de la administración, en este caso del investigado que tenía el deber funcional de brindar respuesta al ciudadano era suministrar la información de la manera más completa posible estando demostrado que se desplegaron gestiones adicionales para procurar cumplir con el núcleo esencial del derecho fundamental en cuestión. Ahora bien, se demostró que el día 03 de agosto de 2015 mediante oficio OAP 2015-594 se emite por el señor Alcalde del Municipio JOSE ANCIZAR QUINTERO QUINTERO respuesta al derecho de petición, la cual es enviada el día 13 de agosto de 2015 (13 días hábiles después que venciera el término de los 30 días) en donde finalmente se indica que “(…) no fue posible encontrar las radicaciones, o las licencias de construcción ni el permiso para desarrollar edificaciones respecto de esos predios; por consiguiente tampoco fue posible encontrar las vallas informativas ni las memorias de cálculo.(…)”

De lo expuesto es claro que:

1. Si hubo una respuesta9. En este sentido, la Corte Constitucional10, se ha

referido a la vulneración de su núcleo esencial del que no hace parte el sentido de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido.” En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido. Luego frente a ese escenario al acreditarse la respuesta a la petición quedaría demostrado la inexistencia de la conducta en tal sentido.

2. Aunque la respuesta final es suscrita o firmada por el Alcalde, donde objetivamente se colige que la respuesta fue dada fuera de términos (14 días hábiles después de vencido el término de la prórroga); no se puede perder de vista dos aspectos esenciales: 9 Ver folios 108 y ss 10 La Corte Constitucional en sentencia T-242 de 1993, estableció las diferencias: “(...) no se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolucióncon el contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquel y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en

tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no está en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable 9 2.1. Frente a situaciones similares la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación11 se ha pronunciado indicando “(…) Sin embargo el solo incumplimiento de los términos no puede derivar responsabilidad disciplinaria en cabeza de los funcionarios implicados, pues lo cierto es que a pesar de la complejidad de las solicitudes, la entidad se pronunció y procuró atender cada uno de los asuntos requeridos, aun cuando en varias peticiones no estuviera claro cuál era su objeto y finalidad.(…)” En el presente evento conforme se adujo párrafos precedentes la administración al no encontrar la documentación en el archivo de la Alcaldia procuro obtener la misma a través de los propietarios de cada predio; situación que si bien es cierto no es el deber ser en la medida que la informacion debía reposar en la Alcaldia, para el despacho la intención que había era de obtener los insumos requeridos por el ciudadano para dar respuesta a su solicitud.

2.2. Funcionalmente la petición se encontraba asignada al secretario de planeación conforme se acreditó a folios 132 y folio 59 Manual de funciones contenido en el Decreto 159 de fecha diciembre 30 de 2005 Jefe Oficina Asesora de Planeación numeral 36. Luego no se demostró que por manual de funciones fuera el alcalde el responsable directo de tramitar y contestar los derechos de petición que le dirige la ciudadanía en especial con documentos que por la especialidad de éstos debían reposar en la oficina de planeación. En este orden de ideas es necesario indicar que la finalidad del proceso disciplinario, no es otro diferente al de examinar y, si es del caso, sancionar, la conducta de los servidores públicos, en tanto y en cuanto se trate del cumplimiento de tareas propias de su condición. Por tanto, algunos aspectos de la conducta del servidor público: aquellos que no tengan relación con sus deberes funcionales o con sus tareas como funcionario público, no corresponde al derecho disciplinario. Por ello, el operador disciplinario debe tener siempre presente que no puede existir falta disciplinaria sin infracción de los deberes funcionales, ya que por definición y naturaleza la ilicitud disciplinaria consiste precisamente en falta de rectitud, diligencia, probidad, o lealtad a los mismos, que impone la designación o aceptación de un cargo público y ante la ausencia de norma que indique los deberes funcionales afectados con la conducta, no queda otra alternativa jurídica que descartar la presencia de falta disciplinaria. Ahora bien, si bien es cierto, uno de los elementos que estructuran el derecho de petición se compone de la oportunidad para resolver, hecho que conforme se ha

mencionado en párrafos precedentes fue desconocido por la administración; también lo es que para efectos de analizar el componente de la responsabilidad no quedó demostrado en qué fecha se entregó al despacho del burgomaestre para su firma la contestación al derecho de petición; lo anterior a fin de determinar 11 SALA DISCIPLINARIA Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil catorce (2014). Aprobado en Acta de Sala No.23161-5844 (IUS 2010 – 213485)P.D. PONENTE: Dr. JUAN CARLOS NOVOA BUENDIA 10 con claridad en qué dependencia surgió la mora en la respuesta, esto es si presentó en la secretaria de planeación, o en su defecto en el despacho del alcalde; no se esclareció cuál era el procedimiento interno que se tenía establecido para el trámite de las peticiones cuya respuesta pasaba para la firma del alcalde, cuantos días tardaba este en firmar este tipo de documentos, cómo era el procedimiento para pasarlo a correspondencia para su envío (con el fin de garantizar el tercer elemento del derecho fundamental de petición relacionado con la notificación al peticionario de la respuesta); si se tenían implementados controles al interior de planeación y del despacho del acalde para realizar seguimiento a los términos del mismo; si el abogado que aparece elaborando los documentos que hicieron parte del trámite Jairo Andrés Londoño era el encargado de hacer seguimiento a los términos y por ende generar las alertas correspondientes; situaciones que al no estar demostradas ponen de presente una duda12 que debe ser resuelta en favor de los investigados.

Por lo atrás explicado y habiendo realizado un análisis de la integridad de pruebas acercadas al plenario, se puede concluir que no se reúnen los elementos necesarios para proferir pliego de cargos en contra de los investigados; en la medida que finalmente la petición fue contestada, y si bien es cierto lo fue fuera de termino legal, tambien lo es que no existen pruebas que comprometan la responsabilidad de los disciplinados. En consecuencia, ante los argumentos planteados se impone dar aplicación a lo previsto en el artículo 90 del Código 12 Frente al referido principio, la Corte Constitucional en sentencia C-495 de 2019 con Ponencia del Magistrado Ponente ALEJANDRO LINARES CANTILLO consideró: “(…)La regla que ordena resolver las dudas razonables en favor del investigado (regla in dubio pro reo, in dubio pro administrado, in dubio pro disciplinado) es una consecuencia natural de la presunción constitucional de inocencia y constituye la contracara misma de la carga de la prueba que pesa sobre el Estado, a través de las entidades que ejercen el poder público. Así, no obstante que la norma constitucional no exija expresamente que las dudas razonables sean resueltas en beneficio de la persona investigada, se trata de una conclusión forzosa que resulta de constatar que, a pesar de los esfuerzos demostrados durante el desarrollo del procedimiento y en desarrollo del deber de instrucción integral, el Estado no cumplió la carga probatoria que le incumbía y, por lo tanto, no logró recaudar o aportar pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Por lo tanto, la regla “en caso de duda, resuélvase en favor del investigado”, no es

más que la confirmación de que la persona nunca ha dejado de ser inocente y, en el caso de sanciones de naturaleza administrativa, la no aplicación de esta regla, genera nulidad del acto administrativo[28]. Aunque la jurisprudencia constitucional haya precisado que, en tratándose de procedimientos administrativos, la presunción de inocencia no es un derecho absoluto[29] y se haya admitido, de manera excepcional, que el Legislador invierta la carga de la prueba de uno de los elementos de la responsabilidad, (el elemento subjetivo), a través de la previsión de presunciones de dolo y de culpa[30], dichas medidas han sido sometidas al cumplimiento de rigur