PGN - FALLO ABSOLUTORIO - El disciplinado no incurrió en la omisión endilgada por cuanto ya no

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA Radicación # 074-4270-2004

Disciplinado y/o investigado: Luzmila Amaya Molina

Cargo y entidad: Rectora Colegio Eustaquio Palacios

Quejoso: De oficio

Fecha Queja: Noviembre de 2003

Fecha Hechos: Segundo semestre 2002

Asunto: Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C., 1 4 FEB. 2006

1. ASUNTO Procede el Despacho a resolver lo pertinente al recurso de apelación interpuesto por el doctor JORGE ALBERTO ARCILA RIOS, contra la Resolución No. 104 de noviembre 30 de 2005, mediante la cual la Procuraduría Regional del Valle del Cauca impuso sanción disciplinaria en contra de su poderdante, LUZMILA AMAYA MOLINA, en su condición de Rectora del Colegio Departamental Eustaquio Palacios de Cali, consistente en multa de dos millones quinientos veintiún mil seiscientos cincuenta y ocho pesos, equivalente a treinta días del salario mensual, devengado para la época de los hechos investigados, previo el siguiente estudio.

I I ANTECEDENTES: La Procuraduría Regional del Valle del Cauca, mediante auto de abril 30 de 2004, ordenó

apertura de investigación disciplinaria (folio 400 y siguientes del cuaderno original No. 2) contra LUZMILA AMAYA MOLINA, en su condición de Rectora del Colegio Departamental Eustaquio Palacios, por las presuntas irregularidades relacionadas con diversos hechos, entre ellos, el posible incumplimiento de la cláusula quinta del Convenio de Administración y de Cooperación

Académica suscrito entre el Colegio Departamental Eustaquio Palacios y el Centro de Estudios para los Sistemas de Información C.E.S.I. en la cual se pactó que anualmente el 10% de los ingresos brutos del mencionado convenio debían ser destinados para los fondos docentes del citado Colegio.

I I I. CARGOS: La Procuraduría Regional del Valle del Cauca, el 21 de enero de 2005 (folio 498 y siguientes

del cuaderno No. 2), formuló cuatro cargos en contra de la implicada LUZMILA AMAYA

MOLINA.

Los cargos materia de cuestionamiento fueron analizados en el fallo de primera instancia, decisión en la cual se profirió a favor de la implicada la absolución en relación con los cargos primero, segundo y tercero. Respecto del cuarto cargo, se declaró responsable disciplinariamente e impuso como sanción multa de dos millones quinientos veintiún seiscientos cincuenta y ocho pesos ($2.521.658), equivalente a treinta días del salario mensual, devengado por la implicada para la época de los hechos investigados. Por consiguiente, esta Delegada para efectos de su pronunciamiento en segunda instancia, concreta el análisis probatorio y jurídico a los hechos que sustentan el cargo cuarto, fundamento de la sanción disciplinaria impuesta, respecto de la cual se interpuso el recurso de apelación. El referido cargo cuarto se contrae a: “Usted, doctora LUZMILA AMAYA MOLINA, en su condición de Rectora del Colegio Eustaquio Palacios, omitió dar cumplimiento durante la vigencia de los años 2001-2002 a lo estipulado en

la cláusula quinta del CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN Y DE COOPERACIÓN ACADEMICA

ENTRE EL COLEGIO DEPARTAMENTAL EUSTAQUIO PALACIOS Y EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN “C.S.I” con CARLOS EDUARDO VELASQUEZ BOHORQUEZ, en su condición de Representante Legal del Centro de Estudios para los Sistemas de Información “C.E.S.I.” celebrado el día 30 de agosto de 2001, para la capacitación del área de Informática para todos los grados de la educación básica ( 6 a 9), y educación media vocacional ( 10 y 11). Cláusula que ordenaba que el 10% (diez por ciento) de los ingresos brutos deberían ser destinados anualmente al Colegio Departamental Eustaquio para los fondos docentes.” (folio 511 del cuaderno original No. 2)

IV. DESCARGOS El doctor JORGE ALBERTO ARCILA RIOS, en su condición de apoderado de la implicada, dentro del término legal presentó escrito de descargos en el cual precisó: “…debemos señalar que hubo un acuerdo entre las partes aceptado por el consejo directivo, que ese 10% se le exoneraba por cuanto se le solicitó una sala actualizada dotada con Internet, con un costo de $5.800.000.00…En cuanto a los otros períodos mi cliente ya no ejercía el cargo de rectora, por cuanto se jubiló en el mes de marzo de

2002…” (folio 529 del cuaderno original No. 2)

V. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Sustenta el fallador de primera instancia la responsabilidad de la implicada en la constatación que se hizo y que permitió verificar que el ingreso del 10% del porcentaje pactado en la quinta

cláusula del contrato materia de cuestionamiento “no ingresó al citado plantel educativo para el período 2001-2002”, época en que la disciplinada LUZMILA AMAYA, se desempeñó como Rectora de esa Institución (folio 636 del cuaderno original No. 2). Advierte el fallador de instancia la ausencia de prueba que permita verificar la existencia del acuerdo referido por la defensa, relacionado con el compromiso del contratista de actualizar las salas de cómputo del plantel educativo “pues según informe rendido por el Investigador Judicial II del C.T.I. del 11 de noviembre de 2003, señala que revisado el libro de actas de Consejo Directivo del Colegio Eustaquio Palacios, no encontró acta por la cual se exonere al C.I.S.E., de cancelar ese 10%” (folio 636 del cuaderno original No. 2). Aunado a ello, consideró la Procuraduría Regional del Valle del Cauca que “tampoco es de recibo para este Despacho, lo argumentado por la disciplinada y su apoderado, en que dicho acuerdo se hizo con el fin de actualizar de cómputo del plantel educativo por parte del Centro C.E.S.I., puesto que en la cláusula sexta del referido convenio se estipula como una de las obligaciones a cargo de este contrato, consistente renovar una sala de sistemas y así mismo que mantendrá actualizados todos los equipos para suministrar la capacitación” En consecuencia, se concluyó en la decisión recurrida que el cuarto cargo debía prosperar “Toda vez que omitió exigir el cumplimiento de la cláusula quinta del convenio de Cooperación de fecha agosto 30 de 2001, toda vez que el valor correspondiente al 10% del recaudo bruto

por ese convenio no ingresó a las arcas del Colegio Eustaquio Palacios, tal como estaba allí estipulado” (folio 637 del cuaderno original No.2)

VI. RECURSO DE APELACIÓN: Dentro del término legal el señor apoderado de la implicada, interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 104 de noviembre 30 de 2005, mediante la cual la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, impuso sanción disciplinaria en contra de su representada LUZMILA AMAYA MOLINA, en calidad de Rectora del Colegio Departamental Eustaquio

Palacios de Cali. Considera el señor defensor que no se pueden confundir los beneficios de la cláusula del convenio con el acuerdo que exoneró al contratista del pago del 10% para el primer período la cual surgió de una necesidad del Colegio consistente no tenía fondos para la adquisición de una nueva sala de cómputo, la cual fue beneficiosa para la institución. Concluye la defensa que el señor Rector del Colegio Eustaquio Palacios, se prevalió de la formulación de la queja para justificar el error en el que incurrió al no cancelar la deuda al CESI, así mismo, la improcedente terminación unilateral del convenio, que incluso dio lugar a la respectiva demanda administrativa (folios 643 al 646 del cuaderno original No.2).

VII. CONSIDERACIONES La imposición de una sanción disciplinaria supone la existencia de certeza en torno a la materialidad de los hechos fundamento del cargo, su irregularidad y la responsabilidad del autor, para ello, se hace necesario entrar a valorar la conducta del implicado a fin de

determinar si la falta disciplinaria que se reprocha es en efecto consecuencia de su conducta de acción o de omisión, ya sea título de dolo o de culpa. En consecuencia, no basta solamente con probar la existencia material del hecho, sino que imprescindiblemente debe también probarse la responsabilidad del implicado; y, en el caso de autos, si bien es cierto está demostrado que no se llevó a cabo el descuento del 10%, pactado en la cláusula quinta del mencionado convenio, con destino al Fondo de Docentes del Colegio Departamental Eustaquio Palacios, también lo es que se dan los supuestos legales suficientes e idóneos para concluir y atribuir responsabilidad de dicho resultado a la implicada LUZMILA

AMAYA MOLINA.

El recaudo probatorio permite determinar que si bien es cierto se pactó como una de las obligaciones del aludido el descuento del mencionado porcentaje, también lo es que la ejecución de dicho compromiso no le correspondió a la aquí implicada, acorde con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que rodean el hecho materia del cargo. Así, de conformidad con los razonamientos probatorios y jurídicos que se esgrimen en adelante, éste Despacho procederá a declarar la exoneración de responsabilidad frente a la implicada. En efecto, en la cláusula quinta contenida en el Convenio de administración y cooperación académica, suscrito el 30 de agosto de 2001, entre el Colegio Departamental Eustaquio Palacios, representado por la señora LUZMILA AMAYA MOLINA y el Centro de estudios para los sistemas de información C.E.S.I. se estipuló, en primer lugar, que el contratista recaudaría

los ingresos, pagaría los sueldos y prestaciones del profesorado y personal administrativo contratado para el cumplimiento del objeto del Convenio. En segundo lugar, se determinó que anualmente se destinaría al Fondo de Docentes del Colegio Departamental Eustaquio Palacios el 10% de los ingresos brutos derivados de los pagos que efectuaran los alumnos por concepto de la capacitación en el área de informática (folio 16 del cuaderno original No.1). Así pues, para el cumplimiento de la obligación relacionada, se determinó un monto y un término, lo cual implicaba conocer el recaudo bruto de lo percibido durante el lapso comprendido entre el 30 de agosto de 2001 y 30 de agosto de 2002, correspondiente a la primera anualidad. De conformidad con el Decreto 0480 del 12 de marzo de 2002, proferido por la Secretaría de educación, se tiene que a la señora LUZMILA AMAYA MOLINA le fue aceptada la renuncia presentada como Rectora del Colegio Eustaquio Palacios a partir del 30 de marzo de 2002 y se designó como nuevo Rector al señor LUIS ENRIQUE DORADO RIOS (folio 8 del cuaderno original No. 1) La circunstancia de tiempo descrita, permite determinar, inequívocamente, que para el 30 de agosto de 2002, fecha en la que se cumplió la primera anualidad del convenio materia de análisis y se hacía efectiva la cláusula quinta –por cuanto a ese corte debía establecerse el monto bruto percibido durante la anualidad, constitutivo de la base de liquidación del 10% que debía destinarse al Fondo de Docentes del Colegio Eustaquio Palaciosla disciplinada ya no

ocupaba el cargo de Rectora del Colegio. Según los documentos allegados a través del oficio que data del 7 de noviembre de 2002, (folio 17 del cuaderno original No. 1), suscrito por Luz Mery Vargas en su condición de pagadora de la Institución Educativa Eustaquio Palacios, dirigido al Rector de la misma, LUIS ENRIQUE DORADO RIOS, existe prueba dentro del proceso las fotocopias de los extractos bancarios (folio 22 al 67 del cuaderno original 1) correspondientes a los meses de mayo a diciembre del año 2001, expedidos por CONAVI, consignados a la cuenta de ahorros del Colegio Eustaquio Palacios, en los que aparecen las consignaciones efectuadas por los alumnos de todos los grados. En segundo término, el documento que da cuenta de la relación de ingresos y egresos, permite determinar que la suma de los ingresos percibidos ascendió al valor de $66.085.000.00, en tanto que los egresos se contrajeron a la suma de $56.830.000.00, representados en los pagos realizados así: $7.000.000.00 el 19 de septiembre de 2001; $25.000.000.00 el 20 de octubre de 2001; $12.400.000.00 e 7 noviembre de 2001; $1.965.000.00 el 18 de enero de 2002 y $10.465.000.00 el 8 de marzo de 2002; además se da cuenta de un saldo equivalente a $9.255.000.00 (folio 88 del cuaderno original No. 1) La suma de 56.830.000.00, correspondiente a los egresos derivados de los pagos efectuados,

está avalada mediante certificación que obra a folio 89 del cuaderno original No. 1, expedida el 7 de noviembre de 2002, por el Director del Centro de Estudio para los Sistemas de información CESI, señor Carlos Velásquez, quien da cuenta de los pagos recibidos en las fechas y montos indicados (folio 89 del cuaderno original No. 1) Las referidas constancias permiten determinar que hasta la fecha en la cual permaneció la señora LUZMILA AMAYA MOLINA en el cargo de rectora del Colegio Eustaquio Palacios, marzo de 2002, se efectuaron los respectivos pagos al señor CARLOS VELASQUEZ en su condición de contratista del convenio de Administración y de Cooperación Académica entre el Colegio Departamental Eustaquio Palacios y el Centro de Estudios para los Sistemas de Información C.E.S.I., determinándose además la existencia de un saldo correspondiente a la suma $9.255.000.00, diferencia que resulta del valor percibido como ingresos $66.085.000.00 y los egresos que en su totalidad sumaron $56.830.000.00 Las circunstancias que rodean los hechos soporte del cuarto cargo, endilgado a la implicada LUZMILA AMAYA MOLINA, resultan suficientes para que esta Delegada concluya que a la fecha de su retiro del cargo de Rectora del Colegio Eustaquio Palacios de Cali, esto es, el 30 de marzo de 2002, no se había cumplido la primera anualidad del susodicho Convenio y por ende, no había lugar en ese momento a la liquidación del total de ingresos brutos percibidos y

consiguiente cobro del porcentaje del 10% pactado en la cláusula quinta, correspondiente a la anualidad comprendida entre agosto 30 de 2001 y agosto 30 de 2002. Ahora bien, en el fallo de primera instancia, se estructuró la responsabilidad de la implicada, de una parte en el incumplimiento del descuento del 10% de los ingresos brutos a favor del fondo de docentes del Colegio Eustaquio Palacios, deber éste que conformidad con los razonamientos esbozados, equivocadamente concluye la Procuraduría Regional del Valle, le correspondía a la señora AMAYA MOLINA; de otra parte, se soporta el fallo sancionatorio en la ausencia de la prueba relacionada con la exoneración de dicho pago, corroborada por el Consejo Directivo del aludido plantel, según las conclusiones de la Fiscalía. Si bien es cierto, la Fiscalía concluyó que no existía autorización legal para exonerar al contratista del pago del 10% descrito en la cláusula quinta del convenio materia de autos, también lo es que en el plenario obra prueba que da cuenta de la conciliación y acuerdo en tal sentido, llevada a cabo en reunión de la cual se levantó el acta respectiva, presidida por el Rector del Colegio Eustaquio Palacios, LUIS ENRIQUE DORADO RIOS. En efecto, en el cuaderno original No. 1, folio 90 al 96, obra copia del Acta No. 001 de noviembre 22 de 2002, suscrita por Luis Enrique Dorado Ríos, Luz Mery Vargas, Harold Martínez, Rosa Elvira Pino, Layla Yamil, en calidad de Rector, pagadora, Revisor Fiscal,

Asesora Jurídica y Secretaria, respectivamente, del Colegio Eustaquio Palacios; en la que consta la intervención del contratista Carlos Velásquez, su abogado y la de la señora Luzmila Amaya Molina, en calidad de ex rectora del plantel. La citada Acta da cuenta de la reunión que se llevó a cabo con el fin de “aclarar y conciliar algunas diferencias e inconsistencias que existen en los informes pasados por el Señor Carlos

E. Velásquez, la señora Luz Mery Vargas, Pagadora, el señor Harold Martínez, Revisor Fiscal y la doctora Rosa Pino, Asesora Jurídica de esta Institución” (folio 90 del cuaderno original No.

1). Efectivamente, se tiene que en dicha reunión se debatieron diversas situaciones relacionadas con el convenio de administración y de cooperación académica entre el Colegio Departamental Eustaquio Palacios y el Centro de Estudios para los Sistemas de Información C.E.S.I., entre ellas, lo pertinente a la deuda del año 2002, que reclamó en el curso de la reunión el contratista Carlos Velásquez, así como, lo concerniente al 10% destinado al Fondo de Docentes, puntos respecto de los cuales se llegó a un acuerdo conciliatorio en el que se pactó que: “El valor a pagar del colegio al contratista es de $20.582.520, ya sacado los impuestos de ley.” En relación con el aludido pago el Rector del Colegio Eustaquio Palacios, señor Luis Enrique Dorado Ríos, preciso “…primero hay que finiquitar el contrato, por cuanto las condiciones cambiaron, en cuanto al dinero que se concilió, inmediatamente se realice todo lo relacionado al contrato, doy orden de pago” (folio 95 del cuaderno original)

Respecto del porcentaje estipulado en la cláusula quinta del Convenio se acordó que “El 10% que correspondía al Colegio no se descontará, se le otorgó por haber prestado un buen servicio y capacitación de funcionarios y alumnos de la institución” (folio 95 del cuaderno original No. 1) Los argumentos en los que se respalda el no descuento del aludido 10% al contratista, no tiene asidero jurídico ni legal, por cuanto resulta desconcertante la exoneración del citado porcentaje, con fundamento en la prestación del buen servicio y capacitación, cuando dicha obligación era inherente al propio objeto del Convenio, por consiguiente un mal o regular servicio implicaba tácitamente incumplimiento del mismo. Comportamiento que amerita ser investigado disciplinariamente. Además, las cláusulas del Convenio no podían modificarse al arbitrio de las partes, desconociendo los procedimientos legales, por consiguiente, el comportamiento del que da cuenta el Acta No. 001 suscrita el 22 de noviembre de 2002 debe ser objeto de investigación disciplinaria, pues en esa diligencia, teniendo en cuenta que para esa fecha aún no se había establecido el monto bruto de los recaudos correspondientes a la anualidad comprendida entre el 30 de agosto de 2001 y 30 de agosto de 2002, presupuesto indispensable para el descuento del respectivo 10% al contratista, debió procederse a ello. Podría resultar igualmente cuestionable desde el punto de vista disciplinario, la abrogación que el contratante hizo de la obligación de recaudar los ingresos, que conforme a lo estipulado en la cláusula quinta del Convenio materia de autos, correspondía al contratista, quien debía

pagar los sueldos y prestaciones del profesorado y personal administrativo contratado para el cumplimiento del objeto del convenio, comportamiento del cual es posiblemente responsable la señora LUZMILA AMAYA MOLINA, en su condición de Rectora del Colegio Eustaquio Palacios, hasta la fecha en que ejerció el cargo, es decir el 30 de marzo de 2002; a partir de dicha fecha, quien la remplazó hasta la época en la cual el contratante hubiese desarrollado la mencionada obligación la que, se repite, no le correspondía, comportamiento que amerita igualmente ser investigado disciplinariamente. Como consecuencia de lo anterior se procederá, a través de la Secretaría de la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, a compulsar copias de toda la actuación, incluida la presente decisión para que la misma Procuraduría Regional proceda a adelantar la investigación respecto de los hechos descritos en los acápites que anteceden, los cuales guardan conexidad entre sí. En conclusión, se tiene que si bien es cierto se incumplió el Convenio de Administración Académica suscrito entre el Colegio Departamental Eustaquio Palacios y el Centro de Estudios para los Sistemas de Información C.E.S.I., en lo atinente al cobro del 10% de los recaudos del total de ingresos brutos percibidos durante la anualidad comprendida entre agosto 30 de 2001 y agosto 30 de 2002, también lo es que la aquí implicada LUZMILA AMAYA MOLINA, no fue la responsable de dicho resultado, por cuanto no fue ella quien incurrió en la omisión endilgada, dado que, a la fecha en que debía cumplirse la susodicha obligación ya no se desempeñaba

como Rectora del Colegio Eustaquio Palacios de Cali. En consecuencia, con fundamento en los planteamientos anotados esta Delegada procede a revocar la sanción disciplinaria consistente en multa de dos millones quinientos veintiún mil seiscientos cincuenta y ocho pesos, equivalente a treinta días del salario mensual, devengado para la época de los hechos investigados por la señora LUZMILA AMAYA MOLINA en su condición de Rectora del Colegio Departamental Eustaquio Palacios de Cali, profiriendo en su lugar fallo absolutorio. Por lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, en uso de sus facultades legales, RESUELVE: PRIMERO REVOCAR la Resolución No. 104 de noviembre 30 de 2005, mediante la cual la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, impuso sanción disciplinaria en contra de LUZMILA AMAYA MOLINA, en su condición de Rectora del Colegio Departamental Eustaquio Palacios de Cali, consistente en multa de dos millones quinientos veintiún mil seiscientos cincuenta y ocho pesos, equivalente a treinta días del salario mensual, devengado por la implicada para la época de los hechos investigados, de conformidad con las razones anotadas en la parte considerativa.

SEGUNDO: ABSOLVER a la señora LUZMILA AMAYA MOLINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.956.323 de Cali, como consecuencia de la revocatoria de la sanción disciplinaria impuesta mediante Resolución No. 104 de noviembre 30 de 2005, proferida por la

Procuraduría Regional del Valle del Cauca, con fundamento en los motivos analizados en la parte motiva de la presente decisión.

TERCERO: A través de la Secretaría de la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, compulsar copias de la presente actuación, incluyendo la presente decisión a la misma Procuraduría, con el fin de que adelante las investigaciones a que haya lugar según lo dispuesto en el presente proveído.

CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a la implicada LUZMILA AMAYA MOLINA, o a su apoderado, a través de la Secretaría de la Procuraduría Regional del Valle del Cauca o de la que ese Despacho considere pertinente, respecto de la cual no es viable recurso alguno.

QUINTO: A través de la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, déjense las constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

Procurador Delegado para la Moralidad Pública JJUM/mbpdem