PGN - FALLO ABSOLUTORIO - Por atipicidad de la conducta a favor de los funcionarios implicados

FALLO ABSOLUTORIO-Por atipicidad de la conducta a favor de los funcionarios implicados del INPEC TIPICIDAD DE LA CONDUCTA-El procedimiento de desplazamiento de los internos se cumplió y se hizo la entrega del recluso a su destino final El INPEC ha contemplado instrucciones sobre la forma como se debe desarrollar el procedimiento de remisión y el manejo de las eventualidades que puedan acaecer durante el desplazamiento de los internos. Por lo tanto, en el presente caso las condiciones fácticas en que se desarrolló la conducta cuestionada a los investigados están relacionadas con el cumplimiento de las instrucciones impartidas por el INPEC durante el procedimiento de remisión del interno, por lo que su inobservancia redunda en la forma como debía ejercerse la función pública encomendada. Se reitera, conforme a lo que aparece en el plenario, el procedimiento se cumplió y se hizo la entrega del recluso a su destino final para la finalidad contemplada en la orden de operación, y por lo tanto, el cuestionamiento sobre lo ocurrido al hacer la parada del vehículo durante el procedimiento está estrechamente relacionado con el reglamento que debían cumplir para garantizar sus medidas de seguridad. De ahí obedece que la conducta esté referida a un incumplimiento de deberes contenidos en los reglamentos, no a los elementos de tipicidad que prevé el literal f) parágrafo 4º del artículo 48 del CDU. FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN-No se endilgó la comisión de la falta disciplinaria en la modalidad de incumplimiento del deber

Se advierte que el a-quo no hizo imputación de una falta disciplinaria diferente a la señalada. En el pliego de cargos citó como normas presuntamente infringidas los numerales 1 y 2 del artículo 34 del CDU y el artículo 16, numerales 1, 2 y 12 el Decreto 407 de 1994, por el cual se establece el Régimen de Personal del INPEC, normas que están relacionadas con el cumplimiento de deberes funcionales. Sin embargo, no se estructuró una imputación por la comisión de falta disciplinaria en torno a estas disposiciones y sobre este punto es importante recordar que en el caso de faltas que no estén taxativamente señaladas como gravísimas, se debe exponer y argumentar los factores tenidos en cuenta para catalogarla como GRAVE o LEVE. En este caso, no se hizo imputación diferente a la ya mencionada, ni tampoco se endilgó la comisión de la falta en la modalidad del incumplimiento del deber enmarcado en los términos previstos por el artículo 50 del CDU, lo que imposibilita efectuar un análisis desde este último punto de vista. ADECUACIÓN TÍPICA DE LA CONDUCTA-No está acreditada la comisión de la falta gravísima Esta Delegada no comparte la adecuación típica que fue imputada por la primera instancia en el pliego de cargos y en el fallo, toda vez que de la valoración de las pruebas y de los elementos normativos de las disposiciones mencionadas, se aprecia que la conducta cuestionada estaba subsumida dentro de los presupuestos que forman parte del cumplimiento de los deberes funcionales asignados a los servidores públicos del INPEC, conforme a los reglamentos que determinan la forma

como se exige el cumplimiento y ejercicio de la función encomendada. Por ello, este Despacho considera que la transgresión al deber funcional no pasa más allá de ser una extralimitación en que pudieron haber incurrido los disciplinados al desplegar la conducta cuestionada durante el procedimiento de remisión. Aunado a lo anterior, Procuraduría 2ª Delegada para la Vigilancia Administrativa - Carrera 5 No.15-80 P. 8 PBX.5878750 Ext.10828. Fax Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Radicación n.° 2011-160763 se considera que la secuencia del comportamiento cuestionado no encuentra su plena adecuación en los elementos típicos previstos en el literal f) parágrafo 4º del artículo 48 del CDU, por las razones que se han analizado en este proveído y por lo tanto, no está acreditada la comisión de la falta gravísima que fue endilgada por el a-quo. CARGOS FORMULADOS-La conducta irregular reprochada frente al tipo disciplinario no está demostrado El examen de la conducta irregular reprochada frente al tipo disciplinario, debe ajustarse en su adecuación a los elementos de la falta enrostrada y encontrarse debidamente soportada con los elementos probatorios allegados en debida forma al plenario, acreditándose la modalidad del comportamiento desplegado. De lo anterior, se colige que para la atribución de la falta, el funcionario de conocimiento debe explicar la manera como se configuran los elementos de la descripción típica y en este caso, no solo se incurrió en una adecuación indistinta frente a verbos rectores, sino también no se acreditó su subsunción en cada uno de ellos.

Así las cosas, la Delegada concluye que no están probados los ingredientes normativos que prueban la comisión de la falta disciplinaria prevista en el literal f) parágrafo 4º del artículo 48 del CDU y por consiguiente, no está demostrado el cargo imputado a los servidores del Instituto Penitenciario y Carcelario – INPEC-, adscritos al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Valledupar. FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN-La falta imputada no se adecua a los supuestos fácticos El despacho considera que por sustracción de materia, resulta inane el análisis de los demás argumentos de la alzada, toda vez que el estudio de la imputación de la falta es el eje principal del juicio de responsabilidad, y al no haberse efectuado una adecuación que se ajustara a los supuestos fácticos y normativos correspondientes, el cargo endilgado no está llamado a prosperar, lo cual conlleva a REVOCAR la decisión de la primera instancia y en su lugar, a ABSOLVER en forma definitiva al disciplinado, por no encontrarse acreditada la comisión de la falta gravísima contemplada en el literal f) parágrafo 4º del artículo 48 del CDU. SANCIÓN DISCIPLINARIA-Jurisprudencia del Consejo de Estado DERECHOS DE LOS RECLUSOS-Jurisprudencia de la Corte Constitucional PRUEBAS-Jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría 2ª Delegada para la Vigilancia Administrativa - Carrera 5 No.15-80 P. 8 PBX.5878750 Ext.10828. Fax Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co

Radicación n.° 2011-160763

PROCURADURÍA 2ª DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 27 de Noviembre de 2014

Radicación: IUS 2011-160763 IUC D-2011-48-391775

Disciplinado: DG JOSÉ SICUAMIA CORREA

DG JAIME ANGULO FONTECHA

DG HUBER HERNÁN PEREZ GARCIA

Cargo y Entidad: Establecimiento Penitenciario y Carcelario de

Mediana Seguridad de Valledupar Informe: De oficio Fecha informe: 26 de abril de 2011

Fecha Hechos: 9 de abril de 2011

Asunto: Fallo de segunda instancia COMPETENCIA Teniendo en cuenta las atribuciones disciplinarias contempladas en el numeral 4º del artículo 25 del Decreto 262 de 2000 y lo establecido en la Resolución No. 017 de 2000, emanada del Despacho del señor Procurador General de la Nación, se procede a emitir las decisiones pertinentes en trámite de segunda instancia.

ANTECEDENTES PROCESALES Con auto del 29 de Abril de 2011, la Procuraduría Regional del Cesar ordenó apertura de indagación preliminar, para aclarar los hechos periodísticos divulgados en el Diario Heraldo, el 24 y 25 de abril de 2011, donde se dio a conocer presuntas irregularidades de los señores José Sicuania Correa, Jaime Angulo Fontecha y Huber Pérez García, Guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Valledupar, durante el traslado del interno Ricardo Fabián Plata Torres hacia la ciudad de

Barranquilla, el 9 de abril de ese año, toda vez que detuvieron el vehículo del INPEC identificado con placas OBH-481 y número interno 08-P18, en un establecimiento de comidas en el sector de San Andresito de Barranquilla y consintieron el descenso del recluso sin adoptar las medidas de seguridad pertinentes como el uso de esposas; además, se le permitió atender a algunos amigos y familiares y realizar llamadas por celular mientras los servidores públicos comían en ese lugar, y transcurrida una hora después, se retiraron de allí incurriendo en retraso en su remisión a la Cárcel, con lo cual presuntamente se vulneraron los protocolos de seguridad. (f. 6-10) Para la fecha de ocurrencia del hecho, la Oficina de Control interno Disciplinario – Subdirección Operativa Regional Norte del INPEC recibió informe de la Directora Seccional del DAS Atlántico, donde solicitaba información el procedimiento de traslado del interno y remitía copia de cuatro fotografías de los servidores comiendo en un restaurante acompañado de un hombre y una mujer y otras fotografías donde se subía a quien parecía ser 3 Procuraduría 2ª Delegada para la Vigilancia Administrativa - Carrera 5 No.15-80 P. 8 PBX.5878750 Ext.10828. Fax Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Radicación n.° 2011-160763 un interno a la camioneta del INPEC. En decisión del 20 de abril de 20111, se consideró procedente iniciar la actuación y tramitarla por el procedimiento verbal, ya que de la información aportada se pudo individualizar al personal

involucrado, encontrándose elementos suficientes para la formulación del pliego de cargos, por lo que citó a audiencia pública. En el proveído se hizo una descripción de los hechos, se citaron las normas violadas y se calificó la falta en forma provisional como GRAVÍSIMA. Esta determinación se notificó personalmente a los tres servidores públicos el 25 y el 26 de abril de ese año, e igualmente, se allegó a ese plenario el ejemplar del diario El Heraldo del 25 de abril. Con oficio del 3 de abril de 2011, la OCID informó a la Procuraduría Regional que comunicó de la audiencia pública fijada para el 5 de mayo de 2011. En la citada audiencia, el Coordinador de la OCID advirtió irregularidades en el auto del 20 de abril de 2011, porque se omitió la señalización de los cargos imputados y la calificación de la falta, lo que estaba inmerso en la causal del numeral 3º del artículo 143 del CDU, además, se advirtió que la Procuraduría Regional había iniciado indagación preliminar con auto del 29 de abril de 2011, por lo que consideró que era improcedente adelantar dos investigaciones por los mismos hechos, además de tener en cuenta el poder preferente que le asiste a este órgano de control. Por lo anterior, dispuso declarar la nulidad de todo lo actuado en ese plenario y remitir la actuación a la Procuraduría Regional del Cesar. (f. 37-61) Con auto del 19 de mayo de 2011, la Procuraduría dispuso la incorporación de las diligencias a la actuación para tramitarlas por una misma cuerda

procesal. (f. 62-63)2 En decisión calendada el 23 de agosto de 2011, la Regional decidió acceder a las pruebas pedidas por los DG Jaime Leonardo Angulo Fontecha y José Sicuamia Correa, y la recepción de su versión libre. (f. 98-103)3 La apoderada del DG Jaime Leonardo Angulo Fontecha solicitó que se suspendieran las diligencias programadas para el 2 y 5 de septiembre de ese año, porque no conocía el plenario y debía atender otros compromisos adquiridos con anterioridad. Por su parte, el implicado José Sicuamia Correa presentó memorial en el mismo sentido, y agregó que desistía de todas las pruebas solicitadas porque en ese momento no tenía abogado que ejerciera su defensa. (f. 118-120) En auto del 1º de septiembre de 2011, se reconoció a la Dra. Tatiana Marcela Beleño Sierra como apoderada del DG Angulo Fontecha y se accedió a la solicitud de no realizar las diligencias programadas, las cuales serían practicadas una vez fueran agendadas nuevamente. También se 1 La Oficina de Control Interno Disciplinario impartió trámite con anterioridad al auto proferido por la Procuraduría Regional y por lo tanto, se desconocía que ésta fuera a hacer uso del ejercicio del poder preferente. 2 Así, la notificación personal del auto de indagación preliminar se surtió con cada uno de los servidores cuestionados: El 16 de junio con el DG José Antonio Sicuamia Correa; el 17 de junio con el DG Jaime Leonardo Angulo Fontecha y el 22 de junio con el DG Huber Hernán Pérez Garcia. (f. 64-69)

3 Esta determinación se comunicó a todos los investigados e inclusive los dos aquí mencionados se les notificó personalmente. (ver folios 104-117) 4 Procuraduría 2ª Delegada para la Vigilancia Administrativa - Carrera 5 No.15-80 P. 8 PBX.5878750 Ext.10828. Fax Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Radicación n.° 2011-160763 accedió a la solicitud de desistimiento de José Sicuamia Correa, aclarando que se mantenía lo ordenado en el auto del 23 de agosto, en lo referente a su otro compañero. (f. 121-122)4 El DG José Sicuamia Correa otorgó poder a la Dra. Tatiana Marcela Beleño para que lo representara y en memorial del 14 de septiembre de 2011, ésta indicó al despacho que desistía de todas las pruebas solicitadas por sus poderdantes, incluyendo la inspección al vehículo del INPEC, reservándose el derecho de requerirlas en el transcurso del proceso (f. 133-135) Con auto del 23 de septiembre de 2011, se reconoció a la citada profesional como apoderada del DG José Sicuamia Correa y se accedió a la solicitud de desistimiento de todas y cada unas de las pruebas solicitadas. (f. 136-137)5 La primera instancia procedió a la práctica de pruebas y la recopilación de información, acorde con lo ordenado en el auto de indagación preliminar. (f. 149-243) Mediante decisión del 21 de diciembre de 2011, la Primera instancia encontró procedente tramitar la actuación por el procedimiento verbal y citar

a audiencia pública, para lo cual formuló cargos en los siguientes términos: CARGO ÚNICO: Se le señala a los señores JOSÉ SICUAMIA CORREA, JAIME ANGULO FONTECHA Y HUBER PÉREZ GARCÍA, en sus condiciones de Guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPECadscritos al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Valledupar, el hecho de haber incurrido en el ejercicio de sus funciones en un comportamiento que de acuerdo a la ley es constitutivo de falta disciplinaria y consistente en haber interrumpido voluntariamente e intencionalmente el traslado del interno RICARDO FABIÁN PLATA TORRES a su rumbo y destino final que era la Cárcel de Barranquilla, al hacer la parada y descender del vehículo de placas OBH-481, para hacer presencia en el popular sector de San Andresito en el establecimiento público CABRITO EXPRESS, situado en Barranquilla en la vía 40 con cra 46 esquina, para ingerir comidas, permitiendo que el interno entrara a dicho lugar, sin gozar los guardianes de esas facultades discrecionales y permitirle además, la interlocución con otras personas en dicho lugar como se demuestra con las fotografías que hacen parte del presente radicado y obtenidas por el Departamento Administrativo de Seguridad –DASSeccional Atlántico en labores de inteligencia que adelanta la misma, violando los protocolos de seguridad. Con dicha actuación los citados funcionarios del INPEC vulneraron todos los protocolos de remisión de presos colocando en riesgo la seguridad, custodia y vigilancia del interno RICARDO FABIÁN PLATA TORRES e incumpliendo

de esta manera los deberes que conocían a cabalidad, sobre traslado y remisión de internos, en razón a los cargos que ostentan y a la formación 4 La decisión fue comunicada a los implicados y se enviaron las citaciones de reprogramación de diligencia de declaración a los testigos. (f. 123-132) 5 La determinación fue comunicada a todos los sujetos procesales e igualmente se les libró oficio donde se les comunicó que se practicaría visita especial al INPEC el 4 de octubre de ese año a las 9 a.m., en cumplimiento a lo ordenado en auto de indagación preliminar. (f. 138-148) 5 Procuraduría 2ª Delegada para la Vigilancia Administrativa - Carrera 5 No.15-80 P. 8 PBX.5878750 Ext.10828. Fax Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Radicación n.° 2011-160763 recibida por cada uno de ellos para realizar la labor que desempeñaban. Además a los hechos y antecedentes por los cuales se encontraba detenido dicho interno como se puede extraer de la cartilla biográfica del mismo (folio 15-17), lo cual requería que la labor se prestara de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin y no de la forma realizada por los servidores públicos antes relacionados y vinculados dentro del presente radicado, conllevando a afirmar que con dicho actuar están incursos en conducta constitutiva de falta disciplinaria. Se consideró que las pruebas hasta ese momento recaudadas permitan apreciar la posible comisión de comportamiento irregular constitutivo de falta disciplinaria, con la que se quebrantó los artículos 6, 123 y 209 constitucionales, el numeral 1 y 2 del artículo 34 del CDU, los numerales 1, 2

y 12 del artículo 34 del Decreto 407 de 1994 – Régimen de Personal del INPEC-, el numeral 9 del Instructivo General para Remisión de interno código del Procedimiento PO30-032-07-V01 aprobado por el MG (r) E. Morales B., mediante Resolución No. 8619 del 6 de septiembre de 2007, así como numeral 6.2.4 denominado Instrucciones para uso de los medios restrictivos, con lo cual se transgredieron los protocolos y procedimientos establecidos para la remisión de los internos, sin que les importara las consecuencias al llevar al citado interno sin las medidas de seguridad, cuando lo que debían era ejercer sus funciones en debida forma evitando ese tipo de conductas, coordinando sus acciones en procura del cumplimiento de los fines del Estado. Explica la primera instancia que los disciplinados debían haber evitado realizado la conducta consistente en llevar al interno a un lugar diferente al que decía la remisión o desviarse antes de llegar al destino establecido en la orden de remisión que en este caso era la Cárcel La Modelo de Barranquilla (Atlántico) y como servidores públicos están al servicio del estado, por lo que con esa conducta no ejercieron sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la Ley, los Reglamentos, Manual de Funciones entre otros. Igualmente debían coordinar y realizar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Se sostiene que la administración pública, en el presente caso el INPEC, en todos sus órdenes, tiene un control interno que se ejerce en los términos previstos por la ley, y que los disciplinados incumplieron el manual de

procesos y procedimientos (Instructivo General para Remisión de Internos Código del procedimiento: PO 30-032-07V01, aprobado por el MG. (r) E. MORALES B., mediante resolución No. 8619 del 6 de Septiembre de 2007), como lo demuestran las pruebas obrantes en el plenario encontrándose en plenitud de sus facultades, sin ningún veto para no comprender el alcance de la conducta desplegada con el proceder antes indicado. Considera que los servidores comprendían el alcance de las disposiciones y de la conducta desplegada, como también conocían los protocolos y la forma de cumplirlos, por lo que al actuar de forma contraria se desconoció la finalidad de la función pública encomendada en los términos que ha sido concebida por la Constitución Política y por la ley. Al analizarse los argumentos expuestos por los sujetos procesales, la primera instancia 6 Procuraduría 2ª Delegada para la Vigilancia Administrativa - Carrera 5 No.15-80 P. 8 PBX.5878750 Ext.10828. Fax Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Radicación n.° 2011-160763 consideró que de los mismos se podía apreciar que los servidores tenían pleno conocimiento de sus funciones y que desconocieron los procedimientos establecidos por el INPEC para los traslados y remisiones de la población reclusa, así como entre otras incumplir la orden que se le impartía y las salvedades que se planteaban. La falta se califica gravísima por incurrir en el comportamiento descrito en el literal f) del parágrafo 4 del

artículo 48 del CDU que establece: Son faltas gravísimas las siguientes: Parágrafo 4º. También serán faltas gravísimas para los servidores públicos que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y carcelarias: f) Llevar a los internos a lugares diferentes del señalado en la orden de remisión o desviarse de la ruta fijada sin justificación. Se indica que en virtud a las relaciones especiales de sujeción los implicados debían cumplir sus funciones como lo ordenaban los deberes que juraron cumplir fielmente, de tal manera que es el incumplimiento del deber funcional el que determina la antijuridicidad de las conductas, y no simplemente el desconocimiento formal, así, la sustancialidad de la afectación está referido al buen funcionamiento del Estado y de sus fines, lo que en efecto se presentó en este caso. En cuanto a la forma de culpabilidad se atribuyó provisionalmente a título de DOLO, partiendo de la base que tenían conocimiento de las obligaciones, procedimientos, protocolos y medidas de seguridad para el traslado y remisión de internos; sin embargo, optaron por actuar en forma contraria con la comprensión y voluntad de entender que se apartaban de los mandatos constitucionales, legales y funcionales, con lo cual quebrantaron sustancialmente los deberes a su cargo. La determinación se notificó personalmente a la apoderada de los DG José Sicuamia Correa y Jaime Leonardo Angulo el 6 de enero de 2012, y al DG Heber Hernán Pérez García, el 18 de enero siguiente. Se fijó y se dio inicio a

la audiencia pública el 23 de enero de ese año, fecha en la que el último de los mencionados otorgó poder a la Dra. Tatiana Marcela Beleño para que también lo representara. (f. 244-268, 271) Audiencia Pública En audiencia pública del 23 de enero de 2012, la apoderada de los disciplinados presentó recusación contra el Procurador, por lo que se suspendió y se fijó el 26 de enero siguiente para resolverlo de fondo e impartirle el trámite, acorde con lo señalado en la ley. (f. 269-270) La apoderada arguyó el interés directo del funcionario de conocimiento en las resultas del proceso, toda vez que a su juicio, las determinaciones adoptadas en el proceso han sido conocidas por los medios de comunicación antes de producirse la notificación personal a sus defendidos, lo que comporta una falta de profesionalismo en detrimento de la imagen institucional del órgano de control; además, asegura que se ha vulnerado la presunción de defensa y 7 Procuraduría 2ª Delegada para la Vigilancia Administrativa - Carrera 5 No.15-80 P. 8 PBX.5878750 Ext.10828. Fax Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Radicación n.° 2011-160763 la buena fe, cuando se indica en el cargo que los disciplinarios voluntaria e intencionalmente interrumpieron el traslado, pues en la lectura del mismo se endilga responsabilidad en forma precipitada, sustentándose en las especulaciones de un medio de comunicación, y por lo tanto, se está dando por probados los hechos que aún no han sido objeto de debate.

Aseveró la existencia de un interés particular y director en la regulación, gestión, control o decisión de un asunto, pues el profesional Hosman Jesús Hernández Rudas, quien está a cargo del trámite del proceso, realizó manifestaciones de público conocimiento que permiten apreciar su animadversión por los guardias del INPEC; además, su esposa María José Domínguez, funcionaria del INPEC, casualmente labora en esa entidad en el EPCMS donde laboran sus defendidos. Finalmente indica que se han dejado vencer los términos de ley, porque la indagación inició el 29 de abril de 2011, por lo cual vencía el 29 de noviembre de ese año, sin embargo, se continuaron practicando pruebas con posterioridad violando el principio de legalidad. Para sustentar lo anterior, allegó documentos y solicitó la práctica de unas pruebas. (f. 272-275) En audiencia pública del 26 de enero de 2012, el Procurador Regional no aceptó la recusación señalando que ni él, ni sus funcionarios han dado declaraciones a los medios de comunicación, cosa diferente es que los periodistas hagan sus observaciones o anotaciones, de lo cual no se puede responsabilizar a los servidores de sus dependencia, cuando en ninguno de los anexos o publicaciones allegados por la apoderada se observara que la información hubiera sido suministrada por la Regional, pues para esas fechas se encontraban disfrutando de vacaciones desde el 23 de diciembre de 2011 al 13 de enero de 2012. De otra parte, la apoderada estaba haciendo referencia a elementos de la imputación en la descripción de la conducta investigada; por otro lado, no se aportaron prueba sobre las

circunstancias que predicó del profesional de apoyo Hosman Jesus Hernández Rudas, máxime cuando quien dirige las actuaciones disciplinarias es el Procurador Regional. Sumado a ello, no se hizo referencia a qué tipo de interés existía y no se aportó prueba de la animadversión hacia el personal del INPEC o qué tendría que ver su cónyuge, reiterándose que es el titular de la Regional quien dirige y adopta las decisiones en los procesos disciplinarios. Finalmente, le indica que la indagación venció el 29 de octubre de 2011, fecha hasta la cual se practicaron las pruebas, independientemente del hecho de que habiendo sido solicitadas antes de esa fecha algunas de las pruebas documentales hubieran llegado con posterioridad, ostentando valor probatorio en los términos previstos por la ley, además explica, que existen circunstancias como el volumen, complejidad y otros asuntos a atender por el despacho que afectan los términos procesales. Por lo anterior, se consideró que no estaba configurado presupuesto alguno de recusación. 8 Procuraduría 2ª Delegada para la Vigilancia Administrativa - Carrera 5 No.15-80 P. 8 PBX.5878750 Ext.10828. Fax Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Radicación n.° 2011-160763 Se suspendió la audiencia y se remitieron las diligencias a esta Delegada, para que se impartiera el trámite correspondiente. (f. 282-285) En decisión del 1º de marzo de 2012, este despacho declaró improcedente la solicitud de recusación, al considerar que no estaban probados los supuestos alegados. Se advirtió que las consideraciones jurídicas realizadas en las

decisiones adoptadas dentro de los procesos no constituyen la manifestación de la opinión de quien está al frente de la actuación, máxime cuando el auto de citación a audiencia no está sujeto a reserva sumarial, por lo que no puede concluirse que las noticias emitidas por los medios de comunicación configuren prueba de causal de impedimento del funcionario de conocimiento, y mucho menos cuando en los artículos no se hace referencia a manifestaciones personales del operador disciplinario. Se expuso que en la imputación se debe cumplir con los requisitos previstos para la formulación del pliego de cargos, por lo que no podía entenderse que ello constituya un prejuzgamiento. Sumado a ello, no se evidenció prueba de las manifestaciones de animadversión del funcionario de apoyo o el interés de su cónyuge, y se encontró razonable lo manifestado por el Procurador Regional en estos aspectos. De otra parte, se encontró que en la actuación no se practicaron pruebas por fuera de término, y que si bien se solicitaron en tiempo, solo algunas de las respuestas llegaron con posterioridad, lo cual no podía ser atribuible al operador disciplinario. Se explicó que quien formulaba la recusación tenía la carga de aportar las pruebas que sirven de sustento de sus afirmaciones, lo que no se cumplió en este caso, y por lo tanto, se desestimó las argumentaciones realizadas por la apoderada de los disciplinados. (f. 290-293)6 Los disciplinados decidieron conferirle poder a la Dra. Idalmis Patricia Acosta Aldana, quien presentó solicitud de aplazamiento de audiencia que fue fijada para el 17 de abril de 2012, para tener tiempo razonable en la preparación de

la defensa. Así, en audiencia pública de esa fecha, la primera instancia le reconoció personería para actuar; sin embargo, se dejó constancia de su ausencia así como la de sus prohijados y en aras de garantizar sus derechos, se dispuso continuarla el 24 de abril siguiente a las 8:30 a.m. (f. 305-306) Debido a un error involuntario, no se alcanzó a entregar la comunicación de la fecha y hora fijada, a la apoderada de los investigados, por lo que se ordenó reanudarla el 2 de mayo siguiente a las 8:30 a.m. El 24 de abril, la apoderada nuevamente solicitó el aplazamiento por lo menos de 15 días, invocando el artículo 177 de la Ley 734 de 2002 modificado por el artículo 58 de la Ley 1474 de 2011. (f. 311) En audiencia pública del 2 de mayo de 2012, la Procuraduría Regional dejó constancia que se comunicó la fecha y hora de su realización a la apoderada, así mismo de su inasistencia y la de sus prohijados. Se analizó el escrito de aplazamiento, aclarando que el término de los 15 días a que hacía 6 La determinación fue comunicada por la oficina de origen a los sujetos procesales. (f. 297-299). , 9 Procuraduría 2ª Delegada para la Vigilancia Administrativa - Carrera 5 No.15-80 P. 8 PBX.5878750 Ext.10828. Fax Ext. 10896 www.procuraduria.gov.co Radicación n.° 2011-160763 referencia la norma se predicaban del inicio de la misma, donde se hacía

lectura del auto de citación, lo cual ya se había surtido, por lo cual no le asistía asidero a su petición; además, se advirtió que desde la fecha en que se le había otorgado poder hasta ese día habían transcurrido 17 días, tiempo suficiente para enterarse del contenido de la imputación; motivo por el cual se advirtió que podría ser considerado como una actitud de negligencia de la profesional del derecho o como una práctica temeraria dilatoria, y por lo tanto, se ordenó compulsarle copias al Consejo Superior de la Judicatura. Adicionalmente, se dejó constancia que el proceso se encontraba en estado de práctica de pruebas y recepción de versión libre, y que no se presentó por parte de la defensa, ni de los disciplinados memorial alguno sobre estos aspectos, por lo el despacho consideró que las pruebas recaudadas en la indagación preliminar eran suficientes para dictar fallo, aparte que no encontró indispensable solicitar otras de oficio; en consecuencia, se señaló que el 15 de mayo siguiente a las 9 a.m. se reanudaría la audiencia