PGN - FALLO DE PRIMERA INSTANCIA - Se debe revocar en el sub examine

IUS-2018-410954 FALTA DISCIPLINARIA-Irregularidades al suscribir contrato en modalidad de uso temporal sin que mediase trámite de permiso, licencia o viabilidad sobre el mismo ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN-Competencia de segunda instancia revisa solo aspectos impugnados e inescindiblemente vinculados SERVIDOR PÚBLICO-Deberes de este según regulación legal PRUEBA-Se valoró una que no fue aportada en debida y legal forma en el plenario La norma sustancial violada dentro del presente proceso disciplinario para el fallador de primera instancia es el Acuerdo Distrital Nro. 010 del 4 de agosto 2014 expedido por el Concejo Distrital de Cartagena, por el cual se reglamenta el espacio público distrital para su uso temporal y eventual, así como su aprovechamiento económico y se dictan otras disposiciones. La defensa plantea en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión de segunda instancia que la norma jurídica sustancial violada, esto es, el Acuerdo Nro. 010 de 2014, es una norma jurídica de alcance no nacional que debía ser aportada dentro del proceso, al no realizarlo la primera instancia, se apreció y valoró una prueba que no fue aportada en debida y legal forma dentro del plenario. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA-Debe entenderse en la forma que la regula el art. 21 de la ley 734 del 2.002 PRUEBAS-Según regulación legal PRINCIPIO DE TIPICIDAD-Se ve afectado por la incongruencia entre el cargo y la norma sustancial violada

….el cargo endilgado al disciplinado establece un deber diferente al establecido en la norma sustancial violada, lo cual genera una incoherencia que afecta sustancialmente el proceso disciplinario y afecta la tipicidad de la conducta, ya que con una palabra (trámite) se cambia el sentido y alcance de la conducta que se está reprochando, pues una cosa es suscribir sin permiso y otra muy diferente es suscribir sin que medie trámite de permiso. Toda vez que esta última expresión hace referencia en que se suscribió el contrato sin el permiso, pero estaban surtiéndose los pasos o las diligencias correspondientes para la obtención del mismo. Lo cual no es correcto, pues la disposición establece que al momento de la firma del contrato debía contar con esa licencia o permiso respectivo. Tenemos entonces que con esta incongruencia entre cargo y la norma sustancial violada se afecta la tipicidad, pues la conducta objeto de reproche disciplinario debe estar configurada como falta disciplinaria y en este caso la conducta reprochable no se adecua a la exigencia normativa. El comportamiento endilgado en el cargo e investigado disciplinariamente debe estar descrito como falta en la ley vigente en observancia al principio de legalidad. Así mismo en el fallo de primera instancia se cambia la conducta objeto de reproche, estableciendo que lo que es objeto de cuestionamiento disciplinario es suscribir el contrato sin tener licencia, permiso o viabilidad, lo cual afecta el proceso disciplinario pues debe existir plena identidad o congruencia entre el pliego de cargos y las decisiones definitivas, como garantía a los derechos fundamentales de defensa y contradicción del disciplinado. FALLO SANCIONATORIO-No se reúnen los requisitos de ley para ser

proferido/DISCIPLINADO-No existe certeza de que su conducta contraríe 1 IUS-2018-410954 normatividad vigente y aplicable a época de los hechos/FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Se debe revocar en el sub examine Con fundamento en el análisis fáctico, probatorio y jurídico que antecede respecto al señor……,se estima que no confluyen los requisitos señalados en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 para proferir fallo sancionatorio, en la medida que no se tiene certeza que la conducta desplegada contraría la normatividad vigente y aplicable para la época de los hechos, razones suficientes que llevan a este censor a revocar la decisión adoptada por la primera instancia en la providencia proferida el 26 de junio de 2019. 2 IUS-2018-410954

DEPENDENCIA : PROCURADURÍA REGIONAL DE BOLÍVAR

Radicación : IUS-2018-410954 – IUC-D-2018-1166482

Disciplinado : Iván Castro Romero Cargo y Entidad : Gerente de Espacio y Movilidad – Alcaldía Mayor de

Cartagena Quejoso : Luz Mila Pertuz Teherán Fecha de la Queja : 28 de agosto de 2018

Fecha hechos : 27 de abril de 2018

Asunto : Fallo de Segunda Instancia Cartagena de Indias, D. T y C., Marzo 25 de 2020

RESOLUCIÓN No, 009 “Por la cual se profiere un Fallo de Segunda Instancia”.

1. ASUNTO Procede la Procuraduría Regional de Bolívar, a resolver el recurso de apelación

presentado por el señor Andrés Felipe Figueroa Pérez, en su calidad de apoderado de confianza del señor IVÁN CASTRO ROMERO en su condición de Gerente de Espacio y Movilidad de la Alcaldía Mayor de Cartagena, contra el fallo de primera instancia proferido el 26 de junio de 2019 por el señor Procurador Provincial de Cartagena – Bolívar.

2. ANTECEDENTES PROCESALES 2.1 De la queja (Folios 1-32) Dio origen a la actuación disciplinaria la denuncia presentada por la señora Luz Mila Pertuz Teherán, en su calidad de Gerente de Espacio Público y Movilidad del Distrito de Cartagena, mediante escrito de fecha 28 de agosto de 2018, en el documento se deja leer entre otros lo siguiente: "(…) HECHOS La Gerencia de Espacio Público tuvo conocimiento que se estaba instalando el PARQUE DE ATRACCIONES MECÁNICAS R1 VER VIEW PARK en el sector de Chambacú y al ver que en la entidad (Gerencia de Espacio Público), no reposaba contrato de aprovechamiento económico como lo estableció el acta N°024 del 20 de junio de 2018, suscrita por las diferentes dependencias que integran el comité de seguimiento a planes y programas en materia de espacio público, dispuse indagar la situación".

Con acompañamiento de la Policía Nacional estuve en las instalaciones del parque de atracciones mecánicas River View Park, indagando por el representante del mismo para que nos diera cuenta de los permisos para el funcionamiento de la misma. En el sitio, personal del parque me comunicaron vía telefónica que existía un contrato suscrito con el Distrito, a lo que le solicité que

se acercaran a las instalaciones de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad para determinar la veracidad del contrato. Recibí una copia del contrato de aprovechamiento económico del espacio público de uso temporal número UC3 IUS-2018-410954 16-2018, donde me percaté; a mi parecer, de varias irregularidades entre las que se encuentran: 4.1 Cláusula Cuarta: Valor del Contrato no se establece el valor del mismo: "El Valor del presente contrato será de la liquidación realizada por la Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana". 4.2 En la Cláusula novena: Supervisión y Vigilancia, que "el control y vigilancia del presente contrato estará a cargo del Gerente de Espacio Público y Movilidad". 4.3 En la Cláusula décima: "establece póliza de responsabilidad contractual que cubra diez salarios mínimo legales vigentes". (El contrato no reposa en la Gerencia de Espacio Público). 4.4 El contrato fue firmado el día 27 de abril de 2018 por el gerente de ese entonces IVÁN CASTRO ROMERO, anterior a la aprobación del acta por parte del comité de eventos que es quien da la viabilidad para la realización del evento. 5. En la Gerencia reposan 2 actas; la 024 que corresponde al oficio radicado en la oficina de archivo y correspondencia con código EXT-AMC-18-0046414 de 12 de junio de 2018. Solicitando permiso para funcionar el parque de atracciones mecánicas. Posteriormente en acta número 030 del 1 de agosto de 2018, mediante oficio EXT-AMC-18-0058939 de 23 de julio de 2018, se solicita un

cambio de fecha. En la misma acta se aprueba la viabilidad pero se ordena que se realice contrato de aprovechamiento económico con la gerencia de espacio público. Una vez dada la viabilidad en el comité se procede a que a través de la secretaria del interior y convivencia ciudadana se realice los demás permisos requeridos para el evento para que se expida la resolución que avala el funcionamiento del evento, previo a los requisitos enunciados en la resolución. Mediante oficio AMC-OFI-0084630-2018 a la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana establece que el parque de atracciones cumple con los requisitos establecidos en la ley 1225 de 2008, entre esos el contrato de aprovechamiento económico de la Gerencia de Espacio Público que se ordenó en el comité de eventos de fecha 1 de agosto de 2018. Dicha resolución fue

suscrita por la SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

YOLANDA WONG BALDIRIS, QUIEN FUNGE COMO ALCALDESA ENCARGADA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA de indias, con fecha del 6 de agosto de 2018." A la queja anexaron los siguientes documentos: Oficio AMC-OFI-0084630-2018, correspondiente a la resolución de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana. Acta N° 0330 del 1 de agosto de 2018. Acta N° 024 del 20 de junio de

2018. Contrato de aprovechamiento económico de Espacio Público, modalidad uso temporal N° UC-16-2018, suscrito por IVÁN Castro Romero. 2.2 Indagación preliminar (Folios 32-34)

Mediante auto calendado 29 de agosto de 2018, la Procuraduría Provincial de Cartagena ordenó abrir indagación preliminar contra el señor IVÁN DARÍO CASTRO ROMERO, en su condición de Gerente de Espacio Público y Movilidad del Distrito de Cartagena de Indias, para la época de los hechos el cual fue notificado personalmente el día 04 de agosto de 2018 (Folio 37). 2.3 Citación audiencia pública y formulación del cargo (Folios 125-132) La Procuraduría Provincial de Cartagena, evaluó el mérito de la indagación preliminar, a través de auto calendado veinticuatro (24) de octubre de Dos mil dieciocho (2018); decisión por medio de la cual se declaró procedente continuar la actuación disciplinaria a través del procedimiento verbal y se citó a audiencia pública al investigado IVÁN DARÍO CASTRO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía número 73.578.143, en calidad de Gerente de Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias. 4 IUS-2018-410954 Al señor Iván Darío Castro Romero, se le imputó el siguiente cargo: Usted en calidad de Gerente de Espacio Público y Movilidad del Distrito de Cartagena de Indias, para la época de los hechos, puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria, toda vez que el día 27 de abril de 2018, presuntamente incumplió su deber, habida cuenta de que vulneró el Manual de Funciones de su cargo y acuerdo vigente proferido por el concejo Distrital de Cartagena, al suscribir contrato de aprovechamiento económico en la modalidad

de uso temporal como Gerente de Espacio Público y Movilidad, con la señora Sol María Hernández Sánchez, representante de la entidad denominada "Ferias y Eventos S.A", sin que mediase trámite de permiso, licencia o viabilidad sobre el mismo. Conducta con la cual puede estar incurso en falta disciplinaria. La conducta se tipificó en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, que reza así: Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 1). Cumplir y hacer se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos, los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Como normas sustanciales defraudadas, se indicaron las siguientes: Constitución Política de Colombia. Artículo 123 inciso segundo. "Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento". MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO DE GERENTE DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESPECIALES 11.-Coordinar que se cumplan las disposiciones legales en materia de ornato, aseo, control de obras, y ocupación del espacio público. Acuerdo 010 del 4 de agosto de 2014, emitido por el Honorable Concejo Distrital

de Cartagena de Indias. "ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. CONTRATOS. Una vez obtenida la respectiva licencia o permiso, según la modalidad de uso temporal o aprovechamiento económico del espacio público, la Administración Distrital deberá suscribir un contrato con el titular de la misma que, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos generales estipulados en la legislación vigente sobre contratación pública y los especiales que determine la Administración Distrital, deberán cumplir con lo siguiente:" El A quo en el auto de formulación del cargo calificó provisionalmente la falta disciplinaria como grave a título de culpa gravísima. 2.5 Descargos y pruebas de descargos En audiencia del 03 de diciembre de 2018 se presentaron los descargos, que se resumen en sus aspectos más relevantes así: Aplicación de una Ley nacional, la ley 1225 de 2008: 5 IUS-2018-410954 "(...) la ley 1225 del 2008, en el encabezado de la disposición dice que la ley regula el funcionamiento y operación de los parques de diversiones, de las atracciones o dispositivos de entretenimientos, atracciones mecánicas y ciudades de hierro en todo el territorio nacional, es decir, esta es una regulación de carácter especial, (…) el artículo primero de la ley 1225 del 2008 dice expresamente lo siguiente: la ley tiene por objeto regular requisitos mínimos que deben cumplir para el funcionamiento, instalación, operación, uso y explotación de los parque de diversiones, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios públicos o privados, las atracciones dispositivos de entretenimientos,

como también las conocidas ciudades de hierro y atracciones mecánicas en todo el territorio nacional(...) Comportamiento enrostrado es atípico (. ..), dentro del trámite para que se pueda expedir el permiso al final con la Secretaría del Interior, se debe tener en cuenta un contrato suscrito entre el solicitante y el dueño del bien inmueble, que en este caso es el distrito de Cartagena, y eso que quiere decir, que la ley permite celebrar el contrato antes de obtener el registro previo, porque si no existe el contrato no se puede obtener el permiso, por eso el comportamiento es atípico (...)" La fecha del 27 de abril del contrato de aprovechamiento económico del espacio público modalidad uso temporal No UC-16-2018. "(...) como se suscribe un contrato en abril, cuando las solicitudes según lo que me informa el expediente, llegaron con posterioridad, llegaron en junio, como se hizo para hacer el trámite. La primera solicitud para la realización del evento no se hizo en junio como aparece presentada en el expediente, lamentablemente y según lo que se observa en el expediente le enviaron la información incompleta porque tenemos conocimiento que desde el 11 de enero del 2018 mediante oficio EXT-AMC-18-0002060 del 11 de enero del 2018, ferias y eventos S.A., mediante oficio firmado por Sol María Hernández, había solicitado a la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, un permiso para efectos de poner en funcionamiento una ciudad de hierro en la ciudad de Cartagena de indias, en el lote de Chambacú de propiedad del distrito de Cartagena, ósea el día 11 de enero del 2018, se presenta una solicitud a la Secretaria del Interior y de Convivencia Ciudadana, está solicitud

se le informa a la Gerencia de Espacio Público, y teniendo en cuenta el tramite especial la Gerencia de Espacio Público, procede a suscribir un contrato (...)" El contrato no se perfeccionó sino hasta después de haberse proferido el permiso o licencia por parte de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana. “(...)cláusula décimo quinta, requisitos de perfeccionamiento y ejecución, el presente contrato se perfecciona; primero. Acuerdo de voluntades de las partes; segundo. El pago del valor del evento; tercero. El aporte de la garantía de responsabilidad contractual (…). El acuerdo de voluntades se manifestó el 27 de abril del 2018, fecha en la cual se suscribió la minuta contractual, el pago del evento y usted lo puede ver en el expediente, que es el segundo requisito del perfeccionamiento y ejecución, ocurrió con posterioridad, concretamente el día 21 de agosto del 2018, y esa fecha fue con posterioridad a la fecha en que la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, expidiera el registro previo del funcionamiento del evento, y eso está dentro de las pruebas allegadas al expediente, hay dos registros previos, uno del 31 de julio y otro del 5 o 6 de agosto del año 2018, fíjese que el pago del evento se realiza con posterioridad y es en este acto administrativo en que se aceptan las pólizas por parte del Distrito, en esos actos administrativos de registro previo, luego, el contrato solamente se perfecciono hasta el 21 de agosto del 2018, porque Ferias y Eventos S.A., no podían realizar el evento si no pagaba, porque hacia el contrato inejecutable (...)" La culpabilidad. 6 IUS-2018-410954 " (...) si mi cliente fue diligente, si consultó con sus asesores, como lo explicaremos en el

momento de solicitar las pruebas, si este era un régimen jurídico de carácter especial, y si este era el régimen jurídico que obligatoriamente tenía que aplicarse, no puede afirmarse en este caso, que el comportamiento de mi defendido fue cometido con culpa gravísima, con violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, porque lo que si hubiera sido violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, era haberse negado a suscribir una minuta contractual, que entre otras cosas, le género y que así está probado en el expediente, ingresos al distrito, pues se recibió a favor del Distrito, ingresos por concepto de uso y aprovechamiento de espacio público. (..) La antijuridicidad. "(..) de qué manera se violó el principio de moralidad administrativa, cuando lo cierto, es que aquí se celebró un contrato mediante una solicitud, cuando se liquidó el valor del contrato, cuando este valor del contrato se pagó, cuando se hicieron salvedades dentro del trámite de una actuación administrativa especial, cuando el permiso si fue otorgado, y el contrato se perfeccionó con posterioridad a la fecha en que se otorgó el permiso, donde está la violación de la ley, donde está la violación de principio de la moralidad, y por eso digo que parece que se hubiese hecho en este caso un control de legalidad del contrato de la minuta contractual, porque es que los hechos de este caso fueron fijados por el señor procurador el día 27 de abril del 2018, pero los hechos en realidad se extienden hasta el día 21 de agosto del 2018, fecha en la cual se perfecciona el contrato, porque es la fecha en la cual ya existía el permiso. 2.6 Alegatos de Conclusión

El día 06 de mayo de 2019, en audiencia pública, se recibieron los alegatos de conclusión por parte de la defensa del señor IVÁN DARÍO CASTRO ROMERO, en los cuales se hace la siguiente fijación del cargo imputado: "(…) la defensa acusa que la decisión de cargos carece de asidero jurídico y afirma: (…)el acuerdo 010 es una norma jurídica no nacional tal y como usted mismo lo reconoció al citar el artículo 177 del Código General del Proceso, que nos aplica para esta actuación, en nuestro ordenamiento jurídico, la prueba de normas jurídicas, si bien no está sometida a prueba por regla general, si hay una excepción, y no es otra que las normas jurídicas de alcance no nacional, como los Decretos del Alcalde, los Actos Administrativos del Concejo, los Acuerdos Distritales, las Ordenanzas Departamentales, los Decretos o Resoluciones de un Gobernador, entonces cual es el régimen jurídico que aplica, el Código Disciplinario Único, no dice nada sobre cómo se prueban las normas jurídicas de alcance no nacional, pero si lo dice el CPACA, ley 1437 del 2012, y el articulo 177 del Código General del Proceso, el articulo 167 sobre las normas jurídicas de alcance no nacional establece que si el demandante invoca como violadas, normas que no tengan alcance nacional, deberá acompañarlas en copias del texto que las contenga, pero se establece además que ese deber digamos, no es necesarias aportarlas en el proceso siempre y cuando estén publicadas en la página de la entidad y resulta, que en el proceso no se hizo ninguna

actividad probatoria, y de hecho ya había fenecido el termino para establecer si en la página web del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, no en cualquier otra página, en la página del Concejo Distrital de Cartagena de Indias o en la Alcaldía de Cartagena de Indias, estaba publicado ese Acuerdo 010, y el articulo 177 del Código General del Proceso, lo que dice es eso, no será necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de las entidad pública correspondiente, y no existe una constancia sobre eso y de hecho esta defensa pudo establecer, pudo averiguar, pudo indagar, si en la página web de la Alcaldía, aparece ese acuerdo y no existe (...)" En otro párrafo, se afirma por la defensa que el pliego carece de sustrato factico y lo argumenta así: " (...) dentro del proceso hacia referencia a que el permiso o concepto de viabilidad que debía obtenerse para suscribir el contrato era del denominado Comité de Seguimiento a Planes y Programas de Espacio Público de la ciudad de Cartagena, así fue 7 IUS-2018-410954 establecido en el pliego de cargos, pero se pudo acreditar que es, ese comité de seguimiento a Planes y Programas de Espacio Público?, se pudo acreditar cuales eran sus funciones?, cual es la naturaleza jurídica de ese ente?, y finalmente cual es la naturaleza jurídica de los actos administrativos del Comité de Seguimiento a Planes y Programas de Espacio Público?, no se pudo acreditar dentro del proceso, cuando se revisan las pruebas que fundamentan el cargo, cada una de las pruebas, no se menciona cual es la regulación específica que habla

lo relacionado con ese Comité, (...) luego si no se probó la naturaleza jurídica de ese Comité, si no se probaron sus funciones, sino se probaron sus competencias y mucho menos la naturaleza de los actos que expiden en las actas o de las recomendaciones, no está aprobada un elemento esencial del cargo y por lo tanto se debe absolver a mi defendido por el cargo formulado, porque no se estructuro en forma correcta la tipicidad disciplinaria (...)" Se explica, la especialidad de la normatividad a aplicarse, al respecto se lee: " (...) la ley 1225 del 2008 debió ser desde un inicio el punto de partida en la valoración de los hechos que aquí se están poniendo de presente, porque lo decimos, por dos razones fundamentales, la primera, porque regula una actuación administrativa de carácter especial, que es lo relacionado y se aplica su competencia por razón de materia en temas relacionados con parques de diversiones y electromecánicos en el Distrito de Cartagena y en todo el territorio nacional, y porque además se trata de una norma jurídica nacional, por encima de las normas de carácter distrital, cuando se revisa la ley 1225 del 2008 y que además fue obtenida en la visita practicada a la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, establece que esa ley regula el .funcionamiento de los parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento en todo el territorio nacional(...) De las características del contrato se dijo: "(...) es claro que aquí se establecieron unas condiciones especiales para su perfeccionamiento, la celebración del contrato, la suscripción de la minuta era apenas uno de los requisitos para su perfeccionamiento, se requería

además, el valor del pago del evento, de acuerdo con esa cláusula, y el pago del evento solo se dio hasta el 21 de agosto del 2018, (…)”. Respecto a la antijuridicidad, se dijo: "(...) si tenemos que este es un contrato que no surtió efecto jurídico sino hasta el 21 de agosto del 2018, con posterioridad a la expedición registro previo y con posterioridad a los comités de seguimiento de planes y programas de espacio público, donde está la antijuridicidad del comportamient (..)" De la calificación de la falta enrostrada se dijo: "(...) cuando se habla de la trascendencia social de la falta, no puede fundamentarse en un argumento según el cual, los secretarios de despachos, están llamados a servir como ejemplo a la sociedad, primero, porque el cargo del doctor Iván Darío Castro, no es de secretario de despacho, sino, un cargo de nivel Asesor dentro de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, que es el cargo de Gerente de Espacio Público de nivel directivo pero, no es de Secretario, y segundo, porque cuando se habla de la trascendencia social del comportamiento, se exige, que el comportamiento de la falta disciplinaria, efectivamente tenga una incidencia en la sociedad y aquí esa incidencia no está, porque se ejecutó una actividad de ciudad de hierro, sometida a todos los requisitos y no hubo ningún inconveniente salvo las manifestaciones realizadas por parte de Luzmila Pertuz, y la segunda razón, que fue la jerarquía de mando, tampoco puede ser un criterio determinante para imputar la falta como grave (...)" De la culpabilidad se afirmó: "(...) la culpabilidad se calificó la falta a título de culpa gravísima

por violación de reglas manifiestas al obligatorio cumplimiento, (…) pero en este caso no había regla manifiesta, porque fíjese que cuando llega la petición de Sol María Hernández, para el tema de River View Park, hubo mesas de trabajo que están probadas, entre la Gerencia de Espacio Público y la Secretaria del Interior, y se dijo, Juan Pablo Márquez, no había claridad con respecto de este tema, por eso hicimos las mesas de trabajo y se concretó la cuestión, y segundo porque a diferencia de lo afirmado en el pliego de cargos, no hubo una actuación descoordinada de mi defendido, todo lo contrario hubo una actuación tendiente a ponerse de acuerdo con el titular de la función, para expedir el permiso (...)" 8 IUS-2018-410954 2.7 Fallo de primera instancia (Folios 359-380). Mediante audiencia pública del 26 de junio de 2019, la Procuraduría Provincial de Cartagena - Bolívar, profiere decisión de primera instancia, declarando responsable disciplinariamente al señor IVÁN DARÍO CASTRO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía número 73.578,143 de Cartagena, en calidad de Gerente de Espacio Público y Movilidad del Distrito de Cartagena de Indias, calificando la falta definitivamente como grave a título de culpa gravísima, con SUSPENSIÓN E INHABILIDAD ESPECIAL por el término de cuatro (4) meses. 2.8 Recurso de apelación (Folios 382-383) En audiencia pública celebrada el día 8 de julio de 2019 el abogado Andrés Felipe Figueroa Pérez, en calidad de apoderado de confianza del señor IVÁN DARÍO

CASTRO ROMERO sustenta recurso de apelación contra el fallo de primera instancia de fecha 26 de junio de 2019. NORMA JURIDICA APLICABLE No cabe duda que lo que se debía aplicar es la ley 1225 de 2008 y por lo menos era el parámetro normativo a partir del cual se debía evaluar todo el comportamiento. La ley reguló además lo relacionado con los permisos y lo requisitos de operación funcionamiento que se exigen para este tipo de parque de atracción de carácter no permanente o ciudades de hierro. Permisos que por lo especial de la regulación tienen carácter prevalente y especial. Este permiso es lo que esta denominado en la ley como registro previo. A diferencia de lo consignado en el pliego, donde se puntualiza que el contrato debía realizarse después de obtener el autorización, permiso, la regulación en mención establece algo diferente la ley 1225 de 2008, el permiso o autorización se llama registro previo. Miremos si es previo o posterior a la celebración del contrato. No se entiende como se pudo edificar la tipicidad del comportamiento o la violación de la norma sustancial, si la norma que estaba llamada a regular el caso tenía un alcance distinto en el caso concreto. Esto quiere decir, ni más ni menos que el legislador permite celebrar contratos sobre inmuebles de propiedad la nación, el departamento o el municipio antes de que se otorgue la autorización o registro previo por la autoridad administrativa, que para el caso del Distrito de Cartagena era la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y ese aspecto fue omitido en su totalidad por parte de la Procuraduría Provincial de Cartagena en la decisión que es

objeto de recurso. Y precisamente esa omisión en la selección y aplicación de una norma que estaba llamada a regular el caso concreto, constituye un defecto sustantivo que torna en revocable la decisión debido a que no se configuró, ni se estructuro, ni se probó la tipicidad del comportamiento. De manera que para celebrar el contrato no era necesario contar con ningún permiso, autorización por el jefe de la oficina espacio público como titular de la función que era el cargo que ejercía mi defendido, podía realizarlo antes del otorgamiento del permiso en cumplimiento de lo establecido en la ley 1225 de 2008, que permite celebrar los contratos (se mencionan contratos de arrendamiento, lo que se hizo fue una interpretación concordante entre los instrumentos que contaba el distrito) para el uso y aprovechamiento de ese espacio público o de ese predio del distrito de Cartagena antes de la obtención o expedición del permiso o registro previo por parte de la secretaria del interior, luego el cargo está configurado en forma ilógica, no guarda coherencia con el ordenamiento jurídica y con la norma que estaba llamada a regular el caso (…) NORMA JURIDICA DE ALCANCE NO NACIONAL (…) no se probaron elementos esenciales en el cargo sobre la existencia de normas jurídicas distritales ya que de antemano excluye la tipicidad y no permite edificar tipicidad por ausencia de soporte probatorio, por esta razón ataco también el acto administrativo y solicito al señor procurador regional sea revocado por el fallo de primera instancia está incurso en 9 IUS-2018-410954 falsa motivación y en defecto factico, por haberse apreciado y valor