PGN - FALLO SANCIONATORIO - Oportunidad

Dependencia : Procuraduría Segunda Delegada Vigilancia

Administrativa.

Radicado : 072-07051-04

Disciplinado : Jairo Castillo Ortiz

Cargo y Entidad : Diputado Asamblea Departamental de Santander Quejoso : Rafael Serrano Prada Fecha de Queja : 14 de junio de 2004

Fecha Hechos : 05 de abril de 2004

Asunto : Fallo de Segunda instancia (apelación sanción)

Bogotá DC, 31 de octubre de 2005 OBJETO Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 4, del artículo 25, del decreto 262 de 2000 y, por vía de apelación, revisa esta Delegada la providencia de fecha 6 de Octubre de 2005, por medio de la cual la Procuraduría Regional de Santander , declaró responsable disciplinariamente al señor JAIRO CASTILLO ORTIZ, identificado con la CC No 91.070.731 de San Gil, en su condición de Diputado del Departamental de Santander, para la época de los hechos, imponiéndole como sanción, la destitución e inhabilidad general para el ejercicio de funciones publicas , por el termino de diez (10) años.

ANTECEDENTES PROCESALES.

PRIMERO. La presente investigación se originó, ante los hechos denunciados por el señor RAFAEL SERRANO PRADA, quien puso en conocimiento de la Procuraduría Regional de Santander, la posible inhabilidad en la que se encontraba incurso el Diputado JAIRO CASTILLO ORTIZ, por haberse proferido en su contra sentencia penal, en segunda instancia, decidida en la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 1 Fax Ext 10827

Fax Ext 10827 Sala Penal del Honorable Tribunal del Circuito Judicial de San Gil, por medio de la cual revocó la sentencia absolutoria, que por el delito de falsedad en documento privado, profirió el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil, imponiéndole, en consecuencia, pena de prisión de un año e inhabilidad para desempeñar funciones públicas por el mismo lapso, según consta a folio 331 de esta actuación. SEGUNDO. Mediante auto de fecha 23 de agosto de 2005 la Procuraduría Regional de Santander declara procedente dar el trámite de procedimiento verbal a la presente investigación (folios 181 a 184) y, consecuentemente, cita a audiencia, de conformidad al artículo 177 de la Ley 734 de 2002. TERCERO. Una vez dado el trámite correspondiente y analizado las pruebas en primera instancia, por parte de la Procuraduría Regional de Santander, mediante fallo de fecha 6 de octubre de 2005, declaró responsable disciplinariamente al señor JAIRO CASTILLO ORTIZ, identificado con la CC No 91.070.731 de San Gil, en su condición de Diputado del Departamento de Santander, imponiéndole una sanción de destitución e inhabilidad general para el ejercicio de funciones publicas, por el termino de diez (10) años (folios 314 y ss ) .

CUARTA: El encartado ejerció, a través de apoderado, el derecho de impugnación, apelando el fallo de primera instancia de fecha 6 de octubre de 2005, dentro del término legal, recurso el cual, le fue concedidos

mediante auto de fecha 11 de octubre de 2005, apreciándose, a folio 333 a 337 del expediente, alegatos que más adelante serán objeto de análisis, por Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 2 Fax Ext 10827 esta instancia, advirtiendo que no existe causal de nulidad en el presente proceso. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA PRIMERO. De conformidad al artículo 142 de la Ley 734 de 2002, el fallo sancionatorio procede cuando obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del procesado. SEGUNDO. Nos corresponde así analizar, si la conducta desplegada por el endilgado, corresponde o no a una falta disciplinaria, si la misma es atribuible al investigado y si con ella se violaron los artículos 6 de la Ley 190 de 95, 33 de la Ley 617 de 2002 y 44.1 y 48.1 de la Ley 734 de 2002. En efecto, está probado, que el investigado JAIRO CASTILLO ORTIZ, identificado con la CC No 91.070.731 de San Gil, se desempeñaba como miembro de la Asamblea Departamental de Santander (período enero 1 de 2004 a 31 de diciembre de 2007) situación que no ha sido rebatida en el proceso. De acuerdo a lo antes descrito y en consideración a lo dispuesto en la ley 734, artículo 171, parágrafo que dice: “El recurso de apelación otorga

competencia al funcionario de segunda instancia para revisar, únicamente, los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”, procede esta Delegada a pronunciarse: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 3 Fax Ext 10827 El operador de primera instancia, impuso sanción al encartado, atendiendo que éste violó substancialmente los deberes que, como servidor público, ostentaba, al no atender lo preceptuado por el artículo 6 de la Ley 190 de 1995, que le imponía el deber de poner en conocimiento de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Santander, la existencia de inhabilidad sobreviniente, conducta que le fue reprochada, al no haber renunciado a la dignidad de Diputado, estando inhabilitado, violando con ello, los artículos 33 de la Ley 617 de 2000, 6 de la Ley 190 de 1995 y 47 numeral 17 de la Ley 734 de 2002, para lo cual se le impuso la sanción ya aludida. El disciplinado, mediante apoderado judicial, interpone recurso de apelación contra el citado fallo argumentando que se desconocieron; las siguientes garantías fundamentales: El Derecho a la Igualdad, por cuanto en situación similar, el mismo organismo de control, dentro de los procesos No. 014112252-04 y 013-107664-04, absolvió y archivó la investigación disciplinaria adelantadas contra el Alcalde Municipal de Ibagué, señor RUBÉN DARÍO

RODRÍGUEZ; el derecho al Debido Proceso, toda vez que se le desconocieron los argumentos esbozados por su defendido, al no dar el tratamiento que la ley ordena a los mismos, ya que fueron vistos desde diferente óptica; la Presunción de Inocencia, al apartarse de dicho mandato, terminando con una decisión a todas luces contraria a la ley, por cuanto existen pruebas, según la defensora, como la declaración del señor LUIS ALBERTO QUINTERO GONZÁLEZ, en su condición de Presidente de la Asamblea Departamental de Santander, que demuestra que si tuvo conocimiento, por parte de la Mesa Directiva de la Duma Departamental (quienes para el caso que ocupa, hacen las funciones de nominador), que Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 4 Fax Ext 10827 el Diputado JAIRO CASTILLO, podía estar incurso en un inhabilidad sobreviniente y era decisión de la Mesa Directiva haber tomado los correctivos del caso e, igualmente, arguye el recurrente, que le fue violado el principio de favorabilidad consagrado en la Constitución Política, artículo 29 y en artículo 14 de la Ley 734 de 2002 (folios 334 y ss). Indica la recurrente, que el Despacho aplicó en la decisión, argumentos de carácter personal, desconociendo normas legales y constitucionales que protegen a su defendido. Dice, además, que no existió dolo alguno en la actuación y, en consecuencia, no debió calificarse como falta gravísima, porque el presidente de las Duma

conoció de la situación y si no tomó la determinación fue, precisamente por lo que el Juez Primero Penal del Circuito de San Gil, manifiesta, que la condena impuesta, había sido suspendida condicionalmente por un período de prueba de dos (2) años. Agrega, la impugnante, que ninguna de la normas existentes sobre inhabilidades sobrevinientes obligan al funcionario a presentar renuncia del cargo, que sólo obliga es a poner en conocimiento del nominador la posible inhabilidad para lo de su competencia y, en el caso de marras, el nominador es la Mesa Directiva de la Corporación, estando demostrado que el presidente de la misma, sabía y conocía de la condena que se le había impuesto al investigado. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 5 Fax Ext 10827 Termina diciendo, la profesional del derecho, en el recurso, que existen dos causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, las cuales contemplan los numerales 2 y 6 del artículo 28 de la ley 734 de 2002, por cuanto la actuación ejercida por el señor JAIRO CASTILLO ORTIZ estuvo enmarcada dentro de los parámetros legales, pues, de tal situación, conoció el señor Presidente de la Asamblea Departamental de Santander, por lo que no se puede responsabilizar o endilgar una falta disciplinaria a su defendido.

TERCERO: Considera la Delegada, que al observar los argumentos expuestos por la apoderada, así como las piezas procesales obrantes en

el expediente, se tiene, con relación, al recurso elevado, que el Derecho a la Igualdad, reclamado, no ha sido inobservado por el operador de primera instancia, por cuanto si se compara la situación del señor RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ GÓNGORA, Alcalde de Ibagué para la época de los hechos, en los expedientes aludidos ( 014-112252-04 y 013-107664-04), con el caso presente, se tiene que, en ningún momento, se ha discutido el hecho de que el evento de inhabilidad se haya dado previo a la inscripción y posterior elección o no , pues, ello así, daría la razón a la recurrente, al tenor de lo aseverado por la Corte Constitucional en sentencia del 11 de noviembre de 2004, expediente T 946.111, en el sentido de que, evidentemente, se le podría haber conculcado el derecho a la igualdad, situación ésta que dista de la realidad, toda vez que, si se observa, con detenimiento, lo que se reprocha al señor Diputado es la inobservancia en lo regulado por el artículo 6 de la Ley 190 de 1995, pues, al encontrarse inhabilitado, no puso en conocimiento tal situación, de la Mesa Directiva de la Asamblea Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 6 Fax Ext 10827 Departamental, por tanto, no siendo una situación similar a la referida por la recurrente, estima el Despacho, que no se le ha violado el derecho la

igualdad en el presente caso. Es cierto que la imposición de la pena al disciplinado por el delito de falsedad en documento privado, decisión que fue ratificada por la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 16 de marzo, cobró ejecutoria y quedó en firme el 5 de abril de 2005, lo que nos conlleva a decir, que evidentemente, el encartado sabía del hecho y obró con dolo, pues, su conocimiento del asunto era evidente, no siendo consecuente con el asunto se mantuvo en el cargo a la espera que la mesa Directiva de la Duma Departamental se Pronunciara al respecto, cuando ésta, no tuvo conocimiento sino el presidente de la misma, a través del derecho de petición que se elevara por parte del quejoso, es decir, en época posterior a la ejecutoria del fallo, siendo un deber legal, que el Diputado aquí disciplinado diera aviso, cosa que se reitera, no hizo, inobservando con ello el artículo 6 de la Ley 190 de 1995, pues, es claro, a nuestro juicio, que muy a pesar de lo dicho por la citada norma que establece, que si dentro de los tres(3) meses siguientes el servidor público no ha puesto fin a la situación que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar y pese a ello, el disciplinado se mantuvo en el cargo, manteniendo con ello la inhabilidad de manera sobreviniente al acto de elección y posesión como Diputado Departamental de Santander, hecho este el cual reprocha esta instancia, pues con ello se inobservaron además las normas contenidas en el artículo

33 de la Ley 617 de 2000; 23, 24, 34 y 48 de la Ley 734 de 2002, las cuales Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 7 Fax Ext 10827 regulan la conducta del procesado y de la que no podía sustraerse, razón por la cual, la calificación de la falta como dolosa se ajusta a la actuación del implicado, por las razones de peso ya comentadas y las cuales comparte la Delegada. Ha dicho el Consejo de Estado, que en términos generales se considera inhabilidad sobreviniente, aquella situación que surge con posterioridad al acto de elección o nombramiento, que de haberse presentado antes de la respectiva elección o nombramiento, conduciría a la nulidad de ese acto, pero que siendo sobreviniente al mismo, impiden la permanencia del elegido o nombrado en el cargo o empleo, por lo que, con base en ese criterio, se puede decir, que el disciplinado se encontraba en causal de inhabilidad, sin que ello fuera comunicado a la Mesa Directiva de la Duma Departamental de Santander, tal como se desprende de la aseveración hecha por el Doctor LUIS ALBERTO QUINTERO GONZÁLEZ, Presidente de la misma, para la época de los hechos, en la audiencia del 12 de septiembre de 2005, la cual se registra a folios 230 a 232 de la actuación, en la que dice que jamás le fue comunicada tal situación, por parte del doctor JAIRO CASTILLO ORTIZ, no como pretende hacer ver la apoderada en el recurso.

Sea entonces el momento para acotar, que tampoco se le ha violado el debido proceso, por cuanto las normas aplicadas en el plenario, no son otra, que las que manda el ordenamiento jurídico y, en especial, las señaladas para los funcionarios públicos al servicio del Estado; no observando que de ello se desprenda violación al debido proceso, máxime, si se tiene en cuenta que siempre se observaron los postulados de la sana Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 8 Fax Ext 10827 critica, con las pruebas aportadas y atendiendo los argumentos del encartado, pues, al no hallarle la razón, por parte del operador de primera instancia, esto no significa que se le haya vulnerado el debido proceso, por cuanto los criterios del operador, se fundaron en los elementos que muestra el expediente como soporte para la toma de la decisión; de tal manera, que no es de recibo por parte de esta Delegada, el argumento expuesto por la recurrente, en este aspecto. En cuanto a la violación de la presunción de inocencia reclamada por la defensora, se tiene que, al disciplinado, siempre, se le han garantizado todos sus derechos, durante el desarrollo del proceso, del cual hizo uso, sin que encontrase oposición a los mismos, ello indica la manera, por la cual, el fallo de primera instancia guardó respeto por estos principios rectores, consagrados en la Constitución y la ley. En torno a lo anterior, la recurrente esgrime como soporte, en el recurso, que existen dos causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, las cuales

están consagradas en el artículo 28 numerales 2 y 6 de la Ley 734 de 2002, alegando que la situación del encartado estuvo enmarcada dentro de los parámetros legales, por cuanto dice la recurrente que de la situación presentada conocía el Presidente de la Asamblea Departamental y, si él no actuó, sigue diciendo, no se puede responsabilizar una posible falta disciplinaria a CASTILLO ORTIZ, quien es su defendido. De esto podemos precisar, atendiendo el numeral 2 del artículo 28 de la disposición ya señalada, que si bien es cierto el diputado, objeto de esta investigación, fue elegido por voluntad popular, lo cual le imprime el deber constitucional y Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 9 Fax Ext 10827 legal de asumir tal dignidad, también lo es, el que de conformidad al precepto constitucional emanado del artículo 6 de la norma de normas, es claro, que los servidores públicos son responsables ante las autoridades, por infringir la misma, ya sea por omisión o extralimitación en el ejerció de sus funciones, en este sentido, se aprecia que el servidor publico, se encuentra sujeto a disposiciones a las cuales se les debe obediencia y, en el caso que nos ocupa el diputado debió observar tales disposiciones, hecho que no se constituyó y mas bien incurrió en falta disciplinaria , la cual, ha sido objeto de esta investigación y consecuentemente objeto de reproche, siendo argumentos no aceptados por este despacho, para justificar la actuación del disciplinado.

En cuanto a la exclusión del inciso 6 de la norma pluricitada, cabe precisar que, no es de recibo, tampoco, esta argumento, toda vez que la investidura de diputado, permite al titular de la misma mantener un bagaje de los aspectos que rodean el ejercicio de las funciones propias de dicho cargo, como son entre otros, sus deberes y obligaciones, aspectos estos que se predican de los servidores públicos que ostentan tan alta dignidad, razón por la cual, esta Delegada, no acepta tal exculpación, porque lo mínimo que puede observar cualquier funcionario público, es cuáles son derechos y obligaciones en el ejercicio de sus funciones, mas aún, cuando se trata en el caso presente nada más y nada menos que quienes dirigen los destinos de una gran región como son los departamentos, no cabiendo a nuestro criterio, por ningún lado, que se desconozca mínimamente, el entorno de los derechos y deberes como ya se dijo antes, motivo por el cual el Despacho se aparta del argumento expuesto por la recurrente. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 10 Fax Ext 10827 Habiendo entendido este operador, que a la Mesa Directiva no le fue comunicada, por parte del disciplinado, su situación de inhabilidad sobreviniente y al haberse enterado el presidente de la misma, a través de un derecho de petición que elevara el quejoso en este proceso, nos permite concluir que esta instancia, no comparte y se aparta del argumento presentado por la recurrente, en el sentido de que el principio de inocencia le fue ignorado, por cuanto el presidente de la Mesa Directiva, conocía del

asunto y al no tenerse en cuenta esa situación, se configuraba dicho presupuesto, caso que a nuestro juicio no compartimos por cuanto, se reitera, al Presidente de la Asamblea no le fue comunicado tal hecho, como lo dijo en su declaración (folios 230 y ss), por tanto, se confirma que dicho principio no fue inobservado en la defensa de sus intereses. En lo atinente a los demás argumentos esgrimidos por la impugnante, en esta actuación, es preciso señalar que del análisis hecho, se desprende que, el disciplinado, conocía de la situación que le sobrevenía al estar pendiente del proceso que en su contra se ventilaba ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, lo que generaría, posteriormente, la inhabilidad sobreviniente; por lo que se colige, que el disciplinado tenía pleno conocimiento del hecho y estando en esa situación, no lo informó, haciéndose visible que su actuar era, inequívocamente, doloso, por lo que para tal conducta el código disciplinario, en su artículo 48 numeral 17, establece la calificación de ella, siendo la decisión ajustada a derecho. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 11 Fax Ext 10827 Por lo antes visto, se tiene que el actuar del encartado es reprochable, toda vez que, a pesar de conocer la sentencia condenatoria proferida en su contra, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, la cual se encontraba ejecutoriada desde el 5 de abril de 2005, debido a que la Sala

Penal de la Corte Suprema de Justicia , mediante providencia del 14 de marzo de 2005, decidió no casar la sentencia impugnada, no dio aviso a la Duma Departamental, ni renunció a su dignidad, lo que a nuestro criterio, configura la inobservancia de las normas que se les citaron y que prestan mérito para que se impusiera la sanción disciplinaria, ya conocida, razón por la cual , este Despacho desestima los argumentos de la doctora CLAUDIA PATRICIA BARAJAS BARAJAS, apoderada del encartado, en el recurso elevado y, consecuentemente, habrá de confirmar la decisión proferida por el operador de primera instancia, en el expediente 072-7051-04. En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en uso de sus facultades legales, RESUELVE: PRIMERO. Confirmar en todas sus partes el fallo Primera Instancia de fecha 6 de octubre de 2005, proferido por la Procuraduría Regional de Santander, por medio del cual se le impuso sanción al Doctor JAIRO CASTILLO ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No.91.070.731 de San Gil, en su condición de Diputado de la Asamblea Departamental de Santander, para la época de los hechos, consistente en destitución del cargo e inhabilidad general para el ejercicio de las funciones publicas por el termino de diez (10) años. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 12

Fax Ext 10827 SEGUNDO. Por el Centro de Notificaciones de la Procuraduría General de la Nación, notificar a los sujetos procesales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno en la vía gubernativa. TERCERO. Por la Procuraduría Regional de Santander, remitir copias de los fallos de Primera y Segunda Instancia al señor Presidente de la Asamblea Departamental de Santander , para que se haga efectiva la sanción impuesta, en este proceso, conforme a lo anotado en la providencia, debiendo informar, al Despacho de primera instancia, dentro de los diez (10) siguientes a la notificación de esta decisión, el cumplimiento de la sanción impuesta.

CUARTO: Una vez cumplido los trámites anteriores, devolver el proceso a la oficina de origen.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FLOR ALBA TORRES RODRÍGUEZ

Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Exp. 072-07051-04

FATR /OFC

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 13 Fax Ext 10827 Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8. PBX 3360011 Ext 10828. 14 Fax Ext 10827