PGN - FALTA DISCIPLINARIA GRAVISIMA - Funcionario decide actuar o realizar la conducta o comete

FALTA DISCIPLINARIA GRAVÍSIMA-Obstaculizar en forma grave actuaciones administrativas por parte del Alcalde Municipal REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN-Funciones propias del Personero Vistos los aspectos propios del presente caso, se puede decir que la solicitud formulada al alcalde para que suministrara la información y la documentación que se le requería, era clara, no implicaba ninguna dificultad de comprensión, estaba dentro de las funciones propias del personero municipal, obedecía a un requerimiento formulado por el concejo del municipio y en consecuencia debía ser atendido de manera pronta y adecuada. / Hay documento, suscrito por el propio alcalde, que permite asegurar que éste ordenó someter el trámite de esa clase de solicitudes a su visto bueno. Se evidencia igualmente que esta orden escrita la impartió después de que el Personero impartiera la orden de realizar una visita especial y de recaudar información relacionada con la suscripción de unos contratos y de unos pagos ordenados por la administración municipal a diferentes actividades. FALTA DISCIPLINARIA GRAVÍSIMA-El dolo debe estar demostrado en el proceso También consta que de esta solicitud fue debidamente enterado el alcalde y que las funcionarias a quienes correspondía suministrar la información y entregar los documentos requeridos no lo hicieron, señalando expresamente, no solo la existencia del referido oficio, donde disponía que solo se entregara previo su visto bueno, sino que así lo manifestaron expresamente en las diligencias surtidas por el Personero de ese municipio, como consta en las respectivas actas levantadas en el curso de la visita. SANCIÓN DISCIPLINARIA-Procede cuanto esta demostrado el hecho que

constituye la irregularidad Para poder imponer sanción disciplinaria, debe estar demostrado no solo el hecho que constituye irregularidad, sino que el mismo debe corresponder a alguna de las normas que tipifican las conductas de los funcionarios como faltas, al igual que tiene que estar debidamente demostrada la responsabilidad del funcionario materia de cuestión. Dicha responsabilidad está directamente relacionada con su actuar y con su comportamiento. Ella es de carácter individual, personal, subjetiva, por lo cual no se admite en derecho disciplinario responsabilidad objetiva, ni colectiva, ni se puede sancionar a un funcionario por los hechos cometidos por otro. Procuraduría Segunda Delegada Vigilancia Administrativa Carrera 5ª N° 1580 Piso 8° Tel 5878750 ext. 10824-26 RESPONSABILILIDAD DE CARÁCTER DOLOSO-Actuar o realizar la conducta o cometer el hecho, sin importarle el quebranto de la norma Esa responsabilidad puede ser de carácter doloso, esto es, que el funcionario, teniendo conocimiento de que su actuar es ilegal, irregular, indebido, contrario a las normas, o que está prohibido o no permitido, decide actuar o realizar la conducta o cometer el hecho, sin importarle el quebranto de la norma. El desconocimiento del ordenamiento se hace pues de manera deliberada, con conocimiento, con intención, con la voluntad de no atenderlo. De esa manera se estructura el dolo en materia disciplinaria. PRUEBA DEL DOLO-Requisito legal En esos términos hay que decir, sin lugar a la menor duda, que el interés, la intención, la

voluntad del Alcalde era la de condicionar la entrega de esa información a unos trámites y unos requisitos que no se ha demostrado que existieran antes de dicha solicitud. En síntesis, que impuso como condición para su entrega, su visto bueno. De esa manera, es evidente la obstaculización que realizó, pues si nos atenemos a los términos que al respecto consigna el diccionario de la Real academia de la Lengua, obstaculizar significa impedir o dificultar la realización de un propósito, siendo posible reseñar en este asunto que con el oficio en cuestión, al igual que con las órdenes impartidas por el alcalde a sus funcionarias, se dificultó y se impidió que el Personero municipal, que tenía la facultad y la función plenamente asignada, pudiera examinar los documentos requeridos y obtener copia de los mismos. Por tanto, este Despacho encuentra plenamente demostrado que si se obstaculizó la investigación que pretendía adelantar el personero municipal.

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia

Administrativa Radicación Nº: 342-1484712006

Investigado: JULIO HERNAN BARRERA SANDOVAL

Cargo y Entidad: ALCALDE DE SUSACON Quejoso: De oficio Fecha de Queja: 22 de mayo de 2006

Fecha hechos: 2006

Conducta: Presuntas irregularidades en el ejercicio de funciones Providencia: Fallo de segunda instancia (Art. 171 de la ley 734 de 2.002)

Bogotá D.C., ABRIL 29/2011 Procuraduría Segunda Delegada Vigilancia Administrativa Carrera 5ª N° 1580 Piso 8° Tel 5878750 ext. 10824-26

1. ANTECEDENTES Agotado el respectivo trámite procesal, el Procurador Judicial Penal II 166 de Santa Rosa de Viterbo Boyacá, mediante providencia calendada el 22 de junio de 2010, sancionó al señor JULIO HERNAN BARRERA SANDOVAL, en condición de Alcalde del Municipio de Susacón, durante la vigencia 2004 a 2007 con DESTITUCIÓN e inhabilidad para ejercer cargo público por el término de doce (12) años (folios 89-96).

Mediante escrito visible a folios 100 a 108, el señor JULIO HERNAN BARRERA SANDOVAL, interpuso recurso de apelación contra la referida decisión.

2. CARGOS.

Mediante decisión del 18 de septiembre de 2008, visible a folios 73 a 81, se formuló pliego de cargos al señor JULIO HERNAN BARRERA SANDOVAL, los cuales en resumen consisten en lo siguiente: El cargo para JULIO HERNAN BARRERA SANDOVAL: “Se contrae a que éste en su condición de alcalde municipal de Susacón para el periodo 20042007 obstaculizó de manera grave la práctica de las diligencias de visita especial que el Personero Municipal de esa localidad, como funcionario de control y vigilancia y en el curso de la investigación que se aprestaba a adelantar, en atención a la solicitud elevada por algunos Concejales del lugar que denunciaban la ocurrencia de posibles irregularidades, mediante auto del 5 de mayo de 2006, había ordenado llevar a cabo en las dependencias de la tesorería y de la Alcaldía Municipales de la citada población, durante los días 18 y 19 de

mayo del mismo año; pero, además no brindó de manera oportuna la información ni suministró la documentación requerida por el ente del Ministerio Público para el cumplimiento de sus funciones” Se le atribuyó haber violado el artículo 48 numeral 2 y 49 de la Ley 734 de 2002; Ley 136 de 1994 articulo 179. La conducta se imputó a titulo de CULPA GRAVISIMA. Art 48 num 30 de la Ley 734 de 2002 por violación a la Ley 136 de 1994, numeral 179.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Procuraduría Segunda Delegada Vigilancia Administrativa Carrera 5ª N° 1580 Piso 8° Tel 5878750 ext. 10824-26 Del texto de la providencia objeto de impugnación, se extraen los siguientes apartes, relacionados con la valoración jurídica efcetuada: - “De conformidad con el Pliego de Cargos de fecha 18 de septiembre de 2008, se atribuye al aquí disciplinado, el haber obstaculizado de manera grave la práctica de la diligencia de Visita Especial programada por el Personero de la localidad, a quien además, no se le brindó oportunamente la información por él requerida, ni se le suministró la documentación solicitada. La forma de culpabilidad endilgada se le imputo a titulo de dolo, puesto que en las circunstancias hasta ahora acreditadas, el servidor público investigado obró con conocimiento de la ilicitud sustancias de la conducta y con voluntas en su realización, toda vez que a sabiendas del imperativo e indisponible, e indisponible mandato consignado en las

normas legales atrás precisadas, que le obligaban a suministrar de manera inmediata y efectiva la información y documentación requeridas por el Personero Municipal y a ofrecerle colaboración en su ejercicio, sin que pudiese oponer reserva o condición alguna, de manera deliberada se sustrajo a su deber, al punto de advertido, tal y como se plasmó en las actas del 18 de mayo de 2006, de la obligación contenida en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, antes que mostrarse receptivo a la conminación en tal sentido impartida por el representante del Ministerio Público, en contrario sentido, produjo el pluricitado memorando del 18 de mayo del mismo año, que de suyo se erigió en el óbice sobreviniente para que también las visitas del 19 de mayo se frustraran en sus efectos, justamente por esa exigente directriz del ejecutivo municipal, según se hizo constar en las actas respectivas. Por esto es que se afirma que el burgomaestre investigado obró con conocimiento y con voluntad o, lo que lo que es lo mismo, con dolo, porque sabía de la existencia del tipo disciplinario y porque quiso su realización” Se calificó la falta de gravísima al tenor de lo establecido en el artículo 48 numeral 30 de la Ley 734 de 2002, conforme se dijo en el pliego de cargos (folios 89-96).

4. LA APELACION El recurso impetrado por el doctor JULIO HERNAN BARRERA SANDOVAL fue soportado en los siguientes argumentos: 1° “La determinación tomada por la Procuraduría no esta teniendo en cuenta las pruebas testimoniales y se esta dando una diferente interpretación, y aplicación de

la ley disciplinaria, dado que se ha debido tener en cuenta que la finalidad en este proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías Procuraduría Segunda Delegada Vigilancia Administrativa Carrera 5ª N° 1580 Piso 8° Tel 5878750 ext. 10824-26 debidos a las personas que en él intervienen. Como demostré no hubo culpabilidad alguna para que se me imponga este tipo de sanción; en la graduación de la sanción deben aplicarse criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, establecer entre otros el grado de culpabilidad para evaluar tipo subjetivo de la falta. De otra parte no se han tenido en cuenta las fuentes documentales aportadas, no esta evaluando en su totalidad las declaraciones, se esta desconociendo la plena prueba que se desprende de los testimonios. Del análisis de la prueba se puede llegar a la conclusión, en forma precisa, que como Alcalde, en ningún momento obstaculice, ni negué acceso a las dependencias de la Alcaldía a la personería municipal para que adelantara las diligencias de visita y obtención de documentos que requerían y que circunstancias diferentes de momento, fueron las causantes que determinaron que los hechos se dieran, y nunca se presentaron obstáculos a los fines que perseguía el ente de control. Efectivamente para el día 18 y 19 de mayo de 2006 el señor Personero se presentó a realizar la visita y reclamar unos documentos pero de manera INFORMAL esto se desprende de la misma declaración que hace la señorita LEYDY MATILDE RINCON BARRERA, Secretaria de la misma Personería cuando

en su declaración se le pregunta de la realización de la visita el 18 de mayo a la alcaldía y tesorería y si había hecho saber previamente a dichas dependencias, respondió “afirmativamente agregando que el señor Personero siempre que dicta el auto les hace ver de manera informal que va a hacer la visita, o a veces me manda a mí a avisarles que alisten las copias porque va a hacer visita”. A este respecto debo manifestar, que los organismos de control nunca hacen requerimientos informales, los organismos de control, llámese Procuraduría, Personería, Contraloría debe seguir un protocolo para solicitar documentos o información, no se explica como el Personero Municipal de Susacón, pida a la Tesorería y a la Secretaría del Despacho INFORMALMENTE que busquen unos documentos el día anterior al 18 de mayo de 2006. El señor Personero era consiente del volumen de la información solicitado y tenía conocimiento de que la Secretaria de la Alcaldía hacia solamente dos días ocupaba el cargo, lo que pedía en un papel sin firma, hacia que era prácticamente imposible cumplir las pretensiones informales solicitadas. El diccionario de la real academia de la lengua define la palabra INFORMAL como: “Que no tiene seriedad o protocolo. Que no respeta normas ni cumple sus compromisos” Estamos con esta actuación irregular del Personero y ante un hecho grave de procedimientos por parte de este organismo de control, el cual no puede hacer requerimientos informales sino FORMALES, es decir que tiene formalidad, y que la real academia de la lengua lo define como algo SERIO Y RESPONSABLE. De esto se deduce la irresponsabilidad de la actuación del Personero, al no protocolizar las visitas y los

documentos requeridos para realizar tal procedimiento. Un papel a mano, sin Procuraduría Segunda Delegada Vigilancia Administrativa Carrera 5ª N° 1580 Piso 8° Tel 5878750 ext. 10824-26 firmas, solicitando permiso para ingresar a las dependencias, no tiene validez alguna, y no entiendo la razón de la actuación del Personero quien ha debido protocolizar e informarme en su debida forma sobre las actuaciones que iría a realizarse en estas dependencias, no tiene validez alguna, y no entiendo la actuación del Personero quien ha debido protocolizar e informarme en su debida forma sobre las actuaciones que iría a realizar en estas dependencias y no llegar al extremo de levantar actas de visita, amedrentando a las funcionarias por no cumplirle con lo solicitado en el mencionado papel. Constitucionalmente el jefe de la administración municipal es el Alcalde (art. 134 de la C.N) y el Personero ha debido seguir el conducto ordinario e informar sobre la visita y la solicitud de documentos. Esta situación descrita debe ser analizada detenidamente por la Procuraduría, por cuanto el procedimiento adoptado por el organismo de control, esta violando flagrantemente un derecho constitucional del debido proceso, que debe aplicarse tanto a situaciones judiciales como administrativas. Artículo 29 de la CN, que nos remite al artículo 229 de dicha carta ya que el desconocimiento de cualquier forma del derecho al debido proceso en un trámite administrativo, no solo quebranta los elementos esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia. Era importante que se respetara el procedimiento y se tuviera en cuenta la primera

autoridad del municipio para el caso que nos ocupa. El debido proceso es una institución de gran relevancia dentro del derecho colombiano que posee un tinte fundamental dentro de nuestra Constitución, no solo para la aplicación de las actuaciones judiciales, sino también para todas aquellas actuaciones que se hagan por parte de la administración pública, el cual era obligatorio aplicar por parte de la Personería Municipal de Susacón. El señor Procurador Judicial sin tener un acervo probatorio, que permita sacar esta conclusión , sindica que el señor Julio Hernán Barrera Sandoval , ejerciendo como Alcalde Municipal de Susacón durante el periodo 2004-2007, obstaculizó de manera grave la práctica de las diligencias de Visita especial, que el Personero Municipal de esa población, se aprestaba a adelantar, en atención a la solicitud escrita elevada por algunos concejales de la población que denunciaban la ocurrencia de posibles irregularidades, durante los dias 18 y 19 de mayo de 2006, para que además en desacato de ese marco normativo, no brindó de manera oportuna la información ni suministró la documentación requerida por el ente del Ministerio Público para el cumplimiento de su rol funcional. Señala además “sin que sea necesario hacer mayores esfuerzos, al analizar el material anotado, se infiere que quienes fungían como tesorera y Secretaria de despacho del Alcalde, Procuraduría Segunda Delegada Vigilancia Administrativa Carrera 5ª N° 1580 Piso 8° Tel 5878750 ext. 10824-26 para la época de los hechos, señora Alicia Lizarazo Puentes y Diana Marcela

Báez Angarita, respectivamente se contradicen en su dicho….Señala la Procuraduría mas adelante ahora bien, como ya se había advertido, las funcionarias mencionadas, a los pocos meses, cambian sustancialmente su dicho y reducen el problema a la falta de una maquina fotocopiadora, pero esta circunstancia fue olvidada por el Alcalde quien redujo el problema a un mal entendido; sin embargo, los tres coinciden en advertir que la final de cuentas el propósito de la visita especial se cumplió pues con posterioridad se había suministrado la información solicitada por el Personero”. Las afirmaciones anteriores están fuera de contexto y no pueden ser tenidas como válidas, en razón a que las pruebas testimoniales y documentales demuestran lo contrario, porque: No es cierto que la visita no se haya realizado, la visita se realizó por parte de la Personería. La visita se realizó por parte de la Personería: La señora Alicia Lizarazo Puentes señala en su declaración (folio 34) al preguntarle si recuerda haber recibido en la Tesorería en los días 18 y 19 de mayo al señor Personero Municipal y a su Secretaria con el propósito de practicar una visita a su dependencia y si lo recuerda que ocurrió en dos oportunidades, que escogieron las cuentas que necesitaban pero en ese momento no teníamos fotocopiadora en la Alcaldía. De otra parte la misma Secretaria de la Personería, Municipal Leidy Matilde Rincón Barrera señala en su declaración “y como eran tantas las copias doña Alicia Lizarazo que es la Tesorera Municipal y Diana Báez Secretaria de la Alcaldía dijeron que al otro día tenían las copias, eso fue el 18 de mayo entonces

por eso ese día no se pudo realizar la visita, además que había hablado con la chica de la papelería para que doña Alicia fuera sacando las copias, al otro día, o sea el 19 de mayo….” Es fácil deducir que realmente la Personería hizo la diligencia, por cuanto si estaban sacando las copias, es porque realizaron la visita y determinaron que documentos requerían. Lo anterior está demostrado claramente que el señor Personero efectivamente realizó la visita, escogió los documentos para ser fotocopiados y no encontró ningún obstáculo por parte de los funcionarios: no hay explicación entonces para que el señor Procurador Judicial no valorara esta prueba y haga semejante conclusión alejada de la realidad, al señalar: “ como puede verse, el señor alcalde determinó a sus funcionarias para que estas no colaboraran con la realización de la diligencia que el Personero pretendía realizar, por una razón desconocida para este Despacho, pero es muy claro que el burgomaestre no deseaba que el investigador introdujera sus manos en los documentos que reposan tanto en su oficina como en la Tesorería” y de estas afirmaciones se acoge para calificar la falta como gravísima, conclusión que es totalmente alejada de la realidad, por cuanto, nunca como alcalde a los funcionarios se les insinúo siquiera la de obstaculizar la visita, ni se negó la Procuraduría Segunda Delegada Vigilancia Administrativa Carrera 5ª N° 1580 Piso 8° Tel 5878750 ext. 10824-26 documentación, situaciones totalmente ajenas e imprevistas fueron las que demoraron la entrega inmediata de la documentación solicitada por el Personero

después de la visita. Está demostrado, en las pruebas testimoniales hechas por la Tesorera, la Secretaria de la Alcaldía y la Secretaría de la Personería, que el Personero observó, escogió la documentación para ser fotocopiada y por lógica se deduce que introdujo sus manos en la documentación, estos hechos están desvirtuando la conclusión a la que llegó el Procurador Judicial al hacer tal afirmación. De otra parte el señor Personero presenta en su testimonio una serie de incongruencias que no concuerdan con los demás testimonios, afirma que “fue la primera vez que ni siquiera me dejaron observar los documentos” cuando las pruebas testimoniales demuestran lo contrario, señala además que a este nunca se le negó la información y que la Alcaldía en otras visitas le prestó siempre colaboración y en seguida afirma que cuando solicita copias de documentos, no le sirven para nada por la pésima calidad del fotocopiado. La Procuraduría en esta instancia debe evaluar y estudiar detenidamente la prueba, por ello se debe valorar las afirmaciones que hace el Procurador Judicial cuando afirma sin tela de juicio que las funcionarias Alicia Lizarazo y Diana Marcela Báez, respectivamente se contradicen en su dicho cuando afirman que la demora en la entrega de la información es por no tener fotocopiadora, esta situación fue real. La misma Secretaria de la Personería en su declaración es consiente de que el numero de copias solicitadas en la visita es muy extensa y había que avisarle a la chica de la papelería para que la tesorera fuera enviando los documentos para fotocopiarlos. Respecto al memorando que se comunicó a los empleados sobre el manejo de la

información, este hace referencia al control sobre los documentos que se expiden o soliciten las diferentes entidades, esto en cumplimiento a la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno, que estaba en proceso de aplicación en el municipio, en cumplimiento del artículo 34 numeral 31 de la Ley 734 de 2002. Nunca se hizo referencia en dicho acto administrativo de prohibir visita a la Personería Municipal o entrabar investigación alguna, por el contrario con ello se buscaba que la información que se diera fuera veraz y ajustada a la realidad, dado que las entidades hacían requerimientos o solicitaban documentos y era indispensable dentro de la política de control Interno que esta información fuera revisada antes de ser enviada por la Oficina de Control Interno, la cual estaba en cabeza de un profesional del Derecho, quien verificaba si lo solicitado cumplía con los requerimientos de los solicitantes. A este respecto se debe tomar en consideración como las funcionarias, inmediatamente sacaron las fotocopias que fueron entregadas a la Personería y lo extraño es que no aparece en el expediente, los oficios que fueron remitidos a la Procuraduría por Diana Marcela Procuraduría Segunda Delegada Vigilancia Administrativa Carrera 5ª N° 1580 Piso 8° Tel 5878750 ext. 10824-26 Báez Angarita, en donde se demostraba la entrega de la información a la Personería de Susacón. Es importante resaltar que los funcionarios públicos deben tener cuidado en el manejo de la información y más en mi ausencia, si bien es cierto, el Personero Municipal aprovechó el momento de realizar la visita y tomó de sorpresa a una funcionaria, que solamente llevaba tres días cargo, por ser nueva, desconocía

donde se encontraba parte de la documentación, e inclusive mucha reposaba en el despacho de la Alcaldía, al cual solamente como alcalde tenía acceso. La personería municipal no tuvo en cuenta que esta funcionaria estaba en periodo de inducción, pero a pesar de esto, nunca le negó al Personero realizar la visita y si le puso de presente, que ella no podía ordenar fotocopias, porque ello era resorte exclusivo del Alcalde e inclusive le pidió le diera tiempo mientras llegaba el Alcalde. UN hecho que hay que resaltar el que el Personero levantó acta de la visita no en el momento de realizarla, sino posteriormente y luego le hizo firmar el documento e ingenuamente ella no hizo salvedad alguna y esto era normal en una funcionaria que estaba recién en el cargo y no tenía la experiencia necesaria, para realizar una actuación de ese tipo. La actuación de mi –secretaria fue muy lógica, ella solicitó a la Personería que esperaran que yo llegara para poder impartir orden para sacar las fotocopias. Por razones propias de mi trabajo, no me encontraba en el municipio a las 2:30 p.m. del día 18 de mayo de 2006 y solamente me hice presente hasta el día 19 del mismo mes al terminar la tarde, cuando ya se habían realizado las diligencias por parte de la Personería. La Procuraduría es conocedora que cualquier orden que implique erogación debe tener previamente el CDP, erogación que debía autorizar como ordenador del gasto, en calidad de Alcalde Municipal, para garantizar su posterior pago. El Personero Municipal era consiente de este proceso y mientras no se diera no se podían expedir las copias solicitas por su volumen y además por su costo. Al estar ausente en el municipio no podía impartir la orden

correspondiente y si bien es cierto se estaba adelantando el trabajo estaba en riesgo de tener que pagar a costa del que lo había ordenado. Para ello como Alcalde debía verificar la existencia de disponibilidad presupuestal para este tipo de gastos en cumplimiento del artículo 48 numerales 22 y 23 de la Ley 734 de 2002, de no haber sido así el Personero me hubiera iniciado otro proceso. Quiero aclarar es que siempre el señor Personero Municipal fue el mas grande contradictor de la administración municipal, por todas las formas buscó crear conflictos con la administración, sin embargo la administración nunca se opuso a que realizara en la tesorería municipal y en la Alcaldía las actas de visita que a bien tuvo, nunca encontró situación anómala y aún mas con las pruebas que él Procuraduría Segunda Delegada Vigilancia Administrativa Carrera 5ª N° 1580 Piso 8° Tel 5878750 ext. 10824-26 mismo solicitó y en el acta de visita realizado el día 18 y 19 de mayo de 2006, no encontró anomalía alguna que haya derivado en denuncia a la administración municipal que presidí y por ello se me hace ligara la calificación de la falta y la conclusión que se saca, cuando se afirma “que el burgomaestre no deseaba que el investigador introdujera sus manos en los documentos que reposan tanto en su oficina como en la tesorería” La Personería siempre y mensualmente estuvo informada de mis actuaciones y siempre se estaba remitiendo la información requerida. Dentro de las conclusiones que expone manifiesta que la Personería Municipal de Susacón violó el debido proceso para la realización de la visita al Despacho, al

hacer una visita informal y no oficializar y seguir los protocolos. Que el Personero se sobrepasó en su función y aprovechar la ausencia del Alcalde para intimidar a una funcionaria que recién estaba ocupando el cargo de secretaria y la cual no contaba y desconocía el lugar donde reposaban los documentos solicitados y lo más grave es que aprovechó la ingenuidad de la funcionaria para hacerle firmar un acta sin que ella pudiera presentar objeción alguna y que fue realizada no en la visita, sino posterior a ella como se demuestra en las declaraciones. Que la visita fue realizada por el Personero y su secretaria y escogieron los documentos que ellos requerían y siempre la administración permitió acceso a la Tesorería y al despacho de la Alcaldía, situación que la determina la declaración de la misma funcionaria de la Personería y la Tesorera del municipio. Que el Personero y su secretaria eran conocedores de los documentos que requerían estaban siendo fotocopiados, pero no tienen en cuenta que para realizar estos trabajaos se requieres autorización del alcalde como ordenador del gasto, mal podría la Secretaria y la Tesorera entregar en ausencia del alcalde. Que el Personero era consiente de las fotocopias no le servían para nada cuando afirma que toda documentación que le llegaba en fotocopia era de pésima calidad, entonces cual era el interés que tenía de hacer unas actas a las carrera aprovechando la ausencia del alcalde. Que la Procuraduría califica la falta como gravísima, sobre un supuesto cuando afirma “pero es muy claro que el burgomaestre no deseaba no deseaba que el investigador introdujera sus manos en los documentos que reposan tanto en su oficina como en la tesorería” El funcionario que califica la falta

como gravísima debe valorarla cuando esté demostrada objetivamente la falta y existan confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del disciplinado y debe haber proporcionalidad según lo establece el artículo 18 de la ley 734 de 2002. Hace referencia a las sentencias T-418 de 1997 y C892/99 y complementa manifestando que al establecer los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, se debe establecer el grado de culpabilidad, lo que conduce a que necesariamente al realizar la Procuraduría Segunda Delegada Vigilancia Administrativa Carrera 5ª N° 1580 Piso 8° Tel 5878750 ext. 10824-26 calificación de la falta, se evalúe el tipo subjetivo, esto es, si se cometió con dolo o con culpa, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 200 de

1995. Debe referirse al elemento subjetivo de la conducta, es decir a la culpabilidad, es necesario precisar, que en primer término, la responsabilidad del investigado debe estar comprometida por cualquier medio probatorio legalmente allegado al proceso, como lo establece la norma, y en segundo término, que en todo caso, el examen de responsabilidad, ha de realizarse, a la luz del principio de culpabilidad que consagra el estatuto disciplinario, es decir, analizando si la conducta típica se cometió con dolo o con culpa y en ninguna parte se ha analizado si la conducta típica se cometió con dolo o con culpa..”. ( folios 100108) .

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS De conformidad con la competencia otorgada en el artículo 25, numeral 4º del Decreto-Ley 262 de 2000, el Despacho procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el señor JULIO HERNAN BARRERA SANDOVAL contra la providencia del 22 de junio de 2010 que lo sancionó con destitución e inhabilidad.

Valoración de las pruebas recaudadas Viene al caso destacar las pruebas recaudadas, antes de entrar a decidir respecto de la responsabilidad que se puede atribuir al funcionario sancionado, conforme a la investigación que se adelantó al efecto. - Obra queja de concejales del municipio de Susacón, del 1º de mayo del año 2006, en relación con diversos aspectos referidos a la administración municipal. (Fol. 2 y siguientes del c.o.) - Con base en ella, por auto del 16 de mayo del año 2006, el personero de dicho municipio ordena una visita especial a dependencias de esa ad