PGN - FALTA DISCIPLINARIA - Implica señalar circunstancias de tiempo modo y lugar y demás aspec

Bogotá DC, 5 de mayo de 2003.

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia

Administrativa.

Radicación: 013-71344 de 2002 (a # 138 CVV)

Presunto responsable/Disciplinado: 1.- Alfonso Quintero García 2.- Director General de la Policía Nacional 3.- Director Administrativo y Financiero/otros

Entidad y cargo: 1.- Secretario General Ponal

2.- Dirección General Policía Nacional 3.- Dirección Administrativa y Financiera/otros.

Quejoso: Carlos Perdomo Vásquez.

Fecha queja: 8-3-2002

Fecha hechos: 11-12-01/3-1-02 y contratos base.

Asunto: Omisiones administrativas con ocasión del reconocimiento y pago de unas resoluciones y respuesta de un recurso entablado para la disposición de recursos en la Dirección General de la Policía Nacional, con asesoría de la Secretaría General, para la liquidación definitiva de las acreencias laborales objeto de reclamación y trámite ante la Dirección Administrativa y Financiera, en cumplimiento de la Cláusula 10 del contrato a término fijo pactado con el quejoso, con los descuentos de ley y otros hechos conexos.

Entra el Despacho a decidir lo que en derecho corresponde, conforme a la competencia asignada por el Decreto 262 de 2000, en especial, el artículo 25 numeral primero, literal a), y normas concordantes de la Resolución reglamentaria 017 de 2000, de la Procuraduría General de la Nación, conforme al artículo 277-6 de

la Constitución Política desarrollado por la Resolución 346 del 3-10-2002 de ésta entidad, así como las disposiciones del actual Régimen Disciplinario, Ley 734 de 2002 en su artículos 3, 69, 72, 75, 82, 152 inciso 2 y 155, respecto de los siguientes HECHOS Se recibió adelantó en la Delegada una indagación preliminar de fecha 27 de enero de 2003, con ocasión de la queja instaurada por CARLOS PERDOMO VÁSQUEZ; en especial contra la Secretaría General de la Policía Nacional, documentación que se nos remitiera a conocimiento para ponderar la supuesta extralimitación en el ejercicio de sus funciones, o cualquier otra omisión endilgable a su despacho en la atención y trámite de la liquidación definitiva de sus acreencias laborales como asesor de imagen de la entidad, para lo cual luego de varios contratos de prestación de servicios, se le vinculó como funcionario con una relación legal y reglamentaria regida por un contrato a término fijo # 002-98; fruto del cual y de la antedicha secuencia, se ordenaba en conforme a su texto, el pagarle acorde a la cláusula décima del mismo; el resto del tiempo adeudado hasta su terminación, así no se cumpliera el plazo previsto de asesoría publicitaria para el manejo ante los medios de la imagen institucional porque la entidad decidiera no contar con sus servicios. Luego de lo cual, se le debían cancelar las sumas correspondientes a sus prestaciones sociales, y se debían descontar las sumas que por concepto de cesantías le habían sido anticipadas, montos que debían serle disminuidos y por lo

cual entabló las respectivas reclamaciones frente a la emisión de las resoluciones que ordenaban su pago, argumentando que se había ordenado ejecutar la Resolución No. 4322 del 11-12-01 sin que esta se encontrara en firme, y que sin causa alguna pasó el tiempo de solución de su recurso de reposición sin que la Policía Nacional se hubiera pronunciado en los dos meses siguientes que tenía de plazo para hacerlo, y sin decidirlo sin existir motivo válido para ello. 2 La denuncia enviada por el signatario de esos derechos prestacionales desde la ciudad de Bogotá, se halla contenida en la radicación del expediente 013-71344 de 2002, (a #138 CVV). La fecha de los hechos, corresponde al 1-1-98 a 30-4-01 el contrato base de la problemática. La resolución con la que se encuentra en desacuerdo es la No. 4322 del 11-12-01. El recurso de reposición interpuesto y no respondido en los dos meses de plazo es de fecha 3-1-02.

La prescripción corre: Desde: 11-12-01 al 3-1-02/hasta 11-12-06 al 3-1-07.

CONSIDERACIONES La indagación preliminar se dictó mediante auto de fecha 27 de enero de 2003 (ver folios 18 y 19 co #1). Fue notificada en legal forma, según consta al folio 22. Surtida la misma dentro del término legal, se han aportado en especial, soportes que apuntan al archivo de las diligencias, y en particular, en lo que concierne a la prueba trasladada que se aportara por la propia Secretaría General luego de distintos

requerimientos de la Delegada, en que se estableció que no había lugar al ejercicio del poder preferente, (fl. 201), pues en dicha dependencia no cursaba proceso alguno al cual agregar o el cual pudiera ser solicitado a la entidad, y que se radicara en nuestra oficina luego de su curso ante la Delegada para la Policía Nacional, la cual por razón del sujeto activo la remitió a conocimiento de esta Delegada (fl. 17). Entre ellos obviamente el texto del contrato pactado en principio como prestación de servicios “No. SEGEN-01 DE 1997 (fl. 80), por el cual la Policía Nacional contrató los servicios en materia de Imagen y Medios de Comunicación para la Dirección General, fruto del cual se pactaron otros que dieron una continuidad y llegó a pactarse el contrato de trabajo a término fijo # 002-98, debiendo darse cumplimiento a la cláusula 10 del contrato, en el expediente prestacional # 19380627. /SOBRE LA COMPETENCIA DE FUNCIONARIO CON RANGO DE GENERAL DE LA REPÚBLICA: La indagación preliminar así incluya menciones al Director General de la Policía Nacional, para la fecha de los hechos, General SERRANO, que sería de competencia del Señor Procurador General de la Nación por el sujeto activo, en la presente, por tratarse de conductas administrativas, no procede el envío de diligencias al despacho superior, de modo que se hallan debidamente agregadas a las que cursan contra el señor Secretario General. Lo anterior, es concepto reiterado en distintas determinaciones con las que se han decidido asuntos disciplinarios en curso, por lo que se concluye que el asunto debe

continuar bajo una misma cuerda procesal.

/ LOS HALLAZGOS PROBATORIOS DE LA INDAGACIÓN.

Al respecto, se tiene que el seguimiento y estudio de las pruebas legalmente aportadas, en 22 anexos, dieron como resultado lo que sigue: En cuanto a la ilicitud sustancial, se argumentó en dos aspectos: 3 Que el Secretario General se había extralimitado en sus funciones al ordenar ejecutar el acto administrativo contenido en la Resolución No. 4322 del 11 de diciembre de 2001 sin que se hallara en firme, toda vez que oportunamente se había interpuesto el recurso de reposición, lo anterior, sería violatorio de normas procesales que impedían dejarla en firme sin esa actuación, ordenando dar cumplimiento a esa cláusula del contrato de trabajo # 002 de 1998, y cancelar la indemnización correspondiente a la terminación unilateral del mismo, cuando para el día 12 de diciembre de 2002, el secretario general como parte de la operación administrativa procedió a librar los oficios números 14044, 14045 y 14046 presuntamente para ejecutar dicho acto administrativo que para la fecha no se le había notificado, precisando que el día 3 de enero de 2002, radicó el recurso de reposición contra esa decisión, habiendo transcurrido dos meses sin que le hubieran decidido el mismo. La ilicitud sustancial y la tipicidad alegada se sustentarían así en las normas que podrían estarse infringiendo en el caso que conforme al sentir del quejoso serían las siguientes: Artículo 2 de la Constitución Política en cuanto se prevé para qué se hallan estatuidas las autoridades de la República, porque considera que la actuación se

halla en contravía de tal regla. Artículo 6 y 29 constitucionales, en cuanto el debido proceso implicaba no disponer la ejecución de la Resolución 4322 (11-12-01), sin que se hubiera resuelto el recurso, y el inciso 2 del artículo 123 constitucional, por atentar contra el principio de legalidad, y contra la regla general de competencia para los servidores públicos. Así como el artículo 123 ibídem, que prevé que los funcionarios ejercen sus labores en la forma y términos indicados en la Constitución, en la ley y en los reglamentos, lo cual obligaba al cumplimiento del mencionado Código Contencioso Administrativo, en el sentido que no podían ser ejecutados hasta que no estuvieran en firme. En especial, atentaría puntualmente contra los artículos 62 y 64 del Código Contencioso Administrativo, que son los que establecen cuándo adquieren firmeza los actos administrativos, previendo que lo dispuesto sería una extralimitación en el ejercicio de las funciones. Precisando que el numeral 5 del artículo 76 del Código Contencioso Administrativo, no permite demorar en forma injustificada la producción de un acto propio de sus funciones. (fls. 6 y 7 de la argumentación del quejoso) Frente a dicha acusación se tiene el siguiente resultado: 1.- Se trata de un procedimiento interno de liquidación de prestaciones sociales, no la producción de un acto administrativo aislado, al que no se le dio supuestamente el curso legal. 2.- Hubo una secuencia sin solución de continuidad con dos tipos de contratos: Uno de prestación de servicios, (25-5-94/31-12-97)/ y uno a término fijo 01-01-98/304-01. Por consiguiente, el debate se centra sobre la continuidad que pudiera caber en los mismos, y las prerrogativas que de ellos se desprenda. 4 Por regla, en uno no hay derecho a prestaciones sociales y en el otro sí, con los beneficios propios (fl. 53) 3.- Pleiteó el quejoso derecho a prestaciones sociales desconociendo tal situación diferencial, pretendiendo un derecho mayor, por cuanto alegó tener tal situación administrativa de trabajador oficial desde enero de 1994, debido a que su contrato inicial de prestador de servicios profesionales databa del 25-5-94., reclamando cuatro (4) años más a los que según la entidad tenía derecho. 4) La Policía Nacional se afianzaba a su turno en la Sentencia C-154 de 1995 por lo que consideraba que no debía tenerlo como uno sólo precisando que tenía un régimen distinto cada etapa de su vinculación laboral, (fl. 173), aspecto que la Delegada no entra a definir, pues ello corresponde a la esfera de lo Contencioso administrativo, única habilitada para decidir de fondo a quien corresponde el derecho. 5) El sustento de su pretensión lo sacó de una interpretación de una constancia laboral en la que afirmó que se hallaba vinculado con la policía desde enero de 1994 a 12-2-99, fecha de expedición de dicha certificación genérica que no especificaba el medio jurídico que regía en cada período dicha relación. 6) La Dirección General emite la Resolución 0716 del 24-02-99 y le reconoce el pago de anticipo de cesantías, a él y a otros entre los enlistados solicitantes de la nómina 01/99. (fl. 54) 7) El trámite y la decisión del recurso de reposición contra la Resolución 04322 (1112-01), no se hallaba desligada de tales antecedentes y pretensiones suyas, no podía ser concluida y decidida de plano en el término estándar, ni podía dársele el tratamiento de una respuesta de aplazamiento como si se tratara de un falso “derecho de petición”, pues implicaba la determinación y decisión de fondo de un punto objeto de debate y de argumentaciones suyas que debían ser contrastadas. Máxime tomando en consideración que el punto objeto de sus pretensiones, no concordaba con las institucionales, (fl. 54) y se debatía su justeza a la legalidad, pero respecto de las cuales, se debía hacer una búsqueda de respuesta en archivos desde 1994 a 2001, en un lapso de siete (7) años, para una sola persona, cuando son miles los que laboran en la Policía Nacional, y otros tantos los que tramitan anticipos y pagos prestacionales por todo tipo de conceptos. 8) El 27 de abril de 2001, por orden del Señor Gr. LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS, se dio por terminado por voluntad unilateral de la administración, el contrato de asesoría de imagen institucional, pactado a término fijo y cuya cláusula décima implicaba pagar el saldo de su plazo pactado hasta su culminación, así no se llegara a la finalización normal (fl. 54). 9) Fruto de lo anterior, se dictó la resolución que dio por terminado el mismo, a partir del 30-4-01, mediante oficio 00976. 10) Se le adeudaba por tanto, lo que laboraría o habría podido llegar a laborar, desde 1-5-01 hasta 31-12-01, lo que le fue reconocido mediante Resolución 04322 (11-1201). 11) En la antedicha, se requería obviamente descontar el anticipo ya de cesantías recibido y este acto administrativo, le fue debidamente notificado el día catorce (14) de diciembre de 2001, según lo indicado en el Oficio 14077 (12-12-01). De lo dicho, no surge irregularidad o tipificación de ilicitud sustancial alguna de parte de la Administración, sino un desfase de criterio respecto de la apreciación del denunciante. 5 12) Conforme a los soportes administrativos y contables de la Policía Nacional frente a su situación, se ordenó la continuación debida del trámite interno para concretar el desembolso por el saldo adeudado para lo que se libraron como correspondía, los oficios de trámite 14044, 14045 y 14046, todos fechados el 12-12-01. 13).- Conforme a los soportes administrativos, se le dio el debido impulso de continuación del trámite ante otros despachos, enviando lo correspondiente a la Tesorería General de la Dirección Administrativa y Financiera, al Sub Director de Vivienda del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y al Jefe de Área Financiera “... sin que en ninguno de sus apartes aparezca que se esté ordenando por parte de la Secretaría General la ejecutoria de la resolución”, asunto que el propio señalado tilda de aseveración absurda (fl. 55). 14).- El pago se hizo efectivo al titular del mismo, por conducto de su Señora esposa la Mayor ADRIANA PATRICIA CALLE RODRÍGUEZ (fl. 55), en fecha 24 de abril de 2002. 15).- Con lo que se entendía atendido el trámite y cancelado lo que se le adeudaba,

por tanto entregándole el monto por lo que no laboraría desde el 1-5-01 hasta 31-1201 conforme a la cláusula contractual, sea que estuviera vinculado o no, lo que fue reconocido mediante la Resolución 04322 (11-12-01). De lo dicho, no surgen irregularidad o tipificación de ilicitud sustancial alguna, o responsabilidad individual por culpa o por dolo de parte de la administración, sino un desfase de enfoque n las pretensiones del quejoso como quedó dicho. 16).- Conforme a los soportes administrativos y contables existentes en la Policía Nacional sobre su situación laboral, se ordenó simplemente la continuación del trámite administrativo interno, para concretar el posterior desembolso por el saldo adeudado, para lo que se libró como correspondía el conjunto de los oficios 14044, 14045 y 14046, todos del 12-12-01. 17).- Se aportaron las normas internas de actuación en la que se precisa con claridad, que quien resuelve el recurso de reposición no es el Secretario General, su tarea se circunscribe como oficina asesora, a dar el respaldo a la decisión jurídica por adoptar que se halla en cabeza de su Director General, a quien tampoco debe hacerse cuestionamiento alguno por la tarea a su cargo, así no coincida con las peticiones del interesado, así como tampoco, a las que desarrollaron las dependencias subalternas encargadas de concluir el trámite con el desembolso y pago. Queda pues claro, que la ejecución de las obligaciones pendientes, tal como afirmó el Secretario General en su defensa, sólo se llevó a cabo una vez surtido, resuelto y

notificado el recurso de reposición interpuesto (fl. 55), no obstante que previamente había autorizado la retención provisional de la suma de DOCE millones de pesos ( $ 12.000.000,oo) m/l, decisión que fue revocada el 2-1-2002, lo que implicaba necesariamente el nuevo estudio de la situación a resolver y que pretendía fuera resuelta de plano o sin el tiempo necesario para decantar su apreciación del asunto. (fl. 58) / LAS JUSTIFICACIONES 1.- Es norma disciplinaria que no existe responsabilidad objetiva, por el mero desempeño del cargo de Secretario General o de Director General de la Policía o miembro o funcionario de alguna otra dependencia administrativa por la época de los hechos, sin que se establezca puntualmente en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar discurre la falta, y sin concretar por cuál razón el presunto señalado es el 6 responsable de alguna falta, de modo que no por dirigirse el asunto contra la Secretaría General necesariamente debe entenderse que el único o preciso responsable sea éste. El señalado Secretario General surtida su notificación personal, en cuanto a su posible responsabilidad desvirtúa punto por punto la sindicación hecha (fl. 52 y ss), manifestando cada uno de los pasos y procedimientos del proceso de liquidación de las prestaciones sociales del quejoso. 2.- Sobre imposibilidad que amerita ser considerada fuerza mayor, cuando se acredita exceso de trabajo o inconvenientes insalvables en el trámite procesal se trae a colación la siguiente jurisprudencia: La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 11 de octubre de 1996, con ponencia

del Doctor JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA, se pronunció en torno al tema de los retardos u omisiones en la adopción y expedición de actos procesales, en la que se indica con toda claridad, que “no toda demora en la adopción de una determinación, ni toda prolongación más allá de los términos legalmente establecidos, puede constituir violación a los derechos fundamentales o al debido proceso”, y en ellos hay necesidad de analizar las causas que la hayan generado. Así las cosas, y si se atiende a los resultados de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que militan en este proceso, encuentra la Delegada, que en el caso sub lite, teniendo como soporte además la jurisprudencia en cita, queda demostrado en forma fehaciente que le asistía más de una razón para desvirtuar al señalado, que su tarea de asesor de la Dirección General en el impulso de dicha actuación, no se surtió en forma irregular. Gestión que se hallaba condicionada a unos presupuestos fácticos, y de debate jurídico, que implicaban el no poder en lo absoluto, tomar una determinación sin fundamento legal. 3.- Así mismo, se parte de la base de la confusión o distinta apreciación del quejoso de las normas que rigen los dos sistemas de contratación y fechas desde las cuales se le generaban derechos prestacionales al interesado, asunto que llegó al punto de tener que entablar una demanda penal en su contra por pretender enriquecerse irregularmente a cargo de la Policía Nacional, la que liquidó a su leal saber y entender lo que le correspondía conforme a los soportes de sus vinculaciones oficiales en sus distintas modalidades.

No es cierto como afirma que se le vulneraron sus derechos a ser debidamente notificado, ni que se hubiera incurrido en infracción disciplinable al dar curso y trámite legal a sus liquidaciones oficiales de derechos, ello involucra el debido cumplimiento del cargo o función, impulsándolo hacia las otras dependencias competentes para hacer efectivo el pago. Sin desatender tampoco otras múltiples funciones inherente al cargo o función de Secretario General, por el cúmulo de labores asignadas, que tampoco descuidó (ver fl. 58 y ss). La razón de esta afirmación radica adicionalmente a que la respuesta definitiva se hallaba condicionada a múltiples factores, entre ellos, la respuesta y curso penal que no se dio de inmediato, de modo que mal podría señalarse por la respuesta debida de un tercero, en éste caso, la Fiscalía General de la Nación. 4.- La solución del recurso, no es un derecho de petición, es parte de un proceso administrativo laboral de liquidaciones pendientes, en los que no aparece ilicitud sustancial. 7 No puede señalarse que la conducta no se justifica, pues ello llevaría al contrasentido de que el ordenador del gasto incurriera en el delito de peculado por entregar a quien no correspondiera y por conceptos sin sustento, dineros públicos a cargo del Estado, sin que hubiera causa para ello, ello sí habría constituido una irresponsabilidad de su parte o de las otras dependencias encargadas no ya de la ordenación del gasto, o de la asesoría, sino de las que entregaran el pago de lo no debido. Las pretensiones de respuesta inmediata dentro de los términos de los dos meses, no implican, porque no hay norma expresa que consagre el silencio administrativo

positivo en este asunto, de forma que mal puede colegirse la adquisición de derechos prestacionales por el mero transcurso del tiempo sin ley de la República que así lo señale, como ocurre en materia tributaria u otros. 5.- Conforme al principio de legalidad, correspondía a la Secretaría General dar asesoría al Señor Director General en armonía con lo dispuesto en las resoluciones 823 del 22-03-01, vigente para la época de los hechos, y a la número 821 (17-04-02), que regulan las funciones propias de cada dependencia en el trámite anterior (fl. 56). EL Secretario General es ordenador del gasto, y pertenece al nivel asesor, pero no es el ejecutor del mismo, que es propio de las otras como la tesorería y la financiera a quienes se les delegó tal atribución y a las que se les dio conocimiento del curso de la terminación dispuesta por los superiores facultados para ello (fl. 56) / Hay prueba de la denuncia penal por haber intentado cobrar cesantías a las que no tenía derecho, lo que se adelantó por denuncia del Br.Gr. HELIODORO ANTONIO ALFONSO ROA, quien para ese entonces se desempeñaba como Sub Director Administrativo y Financiero, (fl. 57), ante la Fiscalía Seccional 186 de la Unidad Tercera de Delitos contra la Administración Pública, de modo que no hay necesidad de elevar denuncia derivada de parte de la Procuraduría General de la Nación, que ha tenido conocimiento a través de esta indagación de un presunto delito. /CONCLUSIONES La supuesta irregularidad endilgada por la puesta en ejecución del acto

administrativo sin estar debidamente ejecutoriado, se ha demostrado que no se dio, es decir, que el acto se le notificó el 14 de diciembre de 2001, conforme se dispuso en el oficio 14047 (12-12-01) (fl. 54).- y de consecuencia, cumplió con el deber legal de impulsarlo y remitirlo con los oficios 14044, 14045, y 14046 a surtir las subsecuentes actuaciones, de modo que el primer punto, no configura falta o ilicitud sustancial alguna (fl. 54). Libró simplemente las comunicaciones derivadas de la resolución. La conducta en segundo término sobre lo referente al recurso, se justifica por la defensa de un derecho de menor entidad que el sacrificado. Comparte la Delegada la afirmación hecha en punto a que una cosa es que los oficios incorporen una orden expresa o tácita de ejecutar un acto que no se halle en firme, y otra muy distinta, el que se le de el curso legal ante el competente del trámite que se adelanta para ponerlo en conocimiento de los interesados (fl. 55). Consta que el director general de la policía en ejercicio de funciones administrativas de personal, resolvió el recurso de reposición, y a su turno, la Dirección Administrativa y Financiera, procedió de conformidad y de acuerdo a ley, a proceder al pago de las sumas correspondientes y a expedir el recibo respectivo (fl. 55). 8 Debe recordarse que el no pago oportuno de prestaciones sociales, constituye a su vez, el irregular desembolso de lo adeudado, que genera incluso intereses y demandas contra la entidad que retenga sin causa justificada su desembolso,

habiendo apropiaciones contra las cuales hacer efectiva la cláusula de terminación anticipada. Entre otras justificaciones distintas pero incidentes, se relacionaron al folio 58 y siguientes el cúmulo de estadísticas y actuaciones a cargo de la Secretaría General en este período que son de recibo para la Delegada. / EL PODER PREFERENTE La queja enviada por competencia el 29 de abril de 2002 (fl. 2), por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, contenía el escrito de queja del interesado elaborado el 08-03-2002, (folio 5), fecha en la cual no se hallaba vigente aún la resolución 346 del 3-10-02. Para cuando se dicta la indagación preliminar de la Delegada, (27-1-03), ya había entrado en vigor, por lo mismo, para adecuar el trámite respectivo, se envió al Despacho del Señor Viceprocurador el informe negativo; de la delegada contenido en el Oficio 848 del 1-4-03 (fl. 48), una vez se tuvo certeza tanto de la oficina de inspección general como de la dirección general, competente por el cargo del señalado, que en el seno de la entidad, no se estaba tramitando proceso alguno por esta materia. Mediante auto de 10 de abril de 2003 (fl. 201), el despacho del Señor Viceprocurador General, acogió en su integridad el informe rendido, negando el ejercicio del poder preferente, como único autorizado para atender lo relativo a su viabilidad. Por lo mismo, la decisión que en este asunto se contiene, refiere al archivo definitivo

de la indagación preliminar que contiene una queja a la que debe darse el trámite de poder preferente denegado, para lo que se procede a la determinación y evaluación definitiva por el competente en razón del sujeto activo y por materia al interior de la procuraduría general de la nación, y según el procedimiento armonizado con el de la Resolución 346 de 3-10-02, en especial frente a los recursos que no proceden en este caso sujeto a una regulación especial. Con base en lo antes expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, RESUELVE PRIMERO: Decretar improcedente el ejercicio del poder preferente solicitado al Señor Viceprocurador general de la nación, de lo que se dejó oportuna advertencia y constancia, por inexistencia de proceso interno en la policía nacional, conforme a lo precisado en la parte considerativa, en el expediente 013-71344 de 2002 (a # 138 cvv).

SEGUNDO: Archivar la indagación preliminar del 27 de enero de 2003, (fls 18 y ss) adelantada y decidida en el término legal por éste despacho, en el expediente 01371344 de 2002 (a # 138 CVV) Causal de archivo: No se probó que el funcionario hubiera cometido el hecho denunciado como falta disciplinaria.

Y causal de exclusión de responsabilidad: De conformidad con el Artículo 28 de la Ley 734 de 2002, numeral Segundo, la Secretaría General de la Policía Nacional, 9 actuó en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado y adicionalmente otro de los hechos señalados

tampoco constituye falta disciplinaria en ninguno de los otros posibles cuestionados, esto es, en cabeza de los siguientes por la fecha de los hechos: Director General, Secretario General, Tesorería General de la Dirección Administrativa y Financiera Sub Director De Vivienda del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional; o el Jefe Del Área Financiera.

SEGUNDO : Comunicar al signatario Señor CARLOS PERDONO VÁZQUEZ, en calidad de quejoso e interesado, por conducto de la Secretaría de Despacho la determinación, indicándole a la dirección de notificación registrada en la queja,

ubicada en la calle 22 B # 57-17, apto 701, de Bogotá (fl. 8), fue denegado el ejercicio del poder disciplinario preferente solicitado en su escrito (fl. 8), porque no era viable, dado que en la Policía Nacional, no se adelantaba proceso interno alguno por esta causa, lo que fue avalado por el único autorizado que lo es el despacho del Señor Viceprocurador General de la Nación, quien el 10 de abril de 2003, acogió en su integridad el concepto de la Delegada (fl. 201).

CUARTO: Reportar la decisión adoptada a la Secretaría General de la Policía

Nacional.

QUINTO: Remitir copia de la presente determinación a la Viceprocuraduría General de la Nación, para lo de su resorte, según lo previsto en el inciso quinto, artículo 3 de la Resolución 346 de octubre 3 de 2002 de la Procuraduría General de la Nación.

SEXTO: oficiar a la División de Registro y Control el trámite para lo de su cargo.

SÉPTIMO: Conforme al artículo 3 inciso 4 de la Resolución 346 de 2002 de la

Procuraduría General de la Nación, esta decisión motivada, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA.

Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa. C.A.A.M.- c.v.v.

A# 138 CVV AAIP 138 2° pry 5-5-03