PGN - FALTA DISCIPLINARIA - Incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de funci

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - FALTA DISCIPLINARIA - Incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de funci
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE CHIQUINQUIRÁ FALTA DISCIPLINARIAIncumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de funciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses ACTUACIÓN DISCIPLINARIA-En cualquier etapa puede aparecer que el hecho atribuido no existió, o no está prevista en la ley, mediante decisión motivada. CONTROL DISCIPLINARIO-Opera cuando la administración lesiona o menoscaba los derechos individuales. PROCESO DISCIPLINARIO-Juzga el comportamiento de los servidores públicos frente a normas administrativas de carácter ético. ARCHIVO-Los elementos con que se cuenta en las diligencias, son suficientes para considerar que no existe prueba que conduzca a demostrar la conducta denunciada y por ende se ordena su archivo Dependencia Procuraduría Provincial de Chiquinquirá Radicación IUS-E-2018-540308/IUC-D-2018-1206191 Implicados Roberto Arturo Reyes Ortiz Cargo - Entidad Alcalde Municipal de Albania – Santander. Origen Información presentada por servidor público – Contraloria General de Santander. Fecha Queja 01 de noviembre de 2018 1 PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE CHIQUINQUIRÁ Fecha hechos Por establecer (vigencias 2016-2017) Auto Dispone el archivo de las diligencias (Artículo 90 de la Ley 1952 de 2019 modificado por la Ley 2094 de 2021) Chiquinquirá, 18 de julio de 2022

I. ANTECEDENTES

  • Del informe de servidor público.

Las presentes diligencias se inician con fundamento en informe de servidor público Contraloría General de Santander, en la cual se lee1: (…) “… De acuerdo con la revisión de las actas del Comité de Orden Público del Municipio de Albania – Santander de las vigencias 2016 y 2017, se pudo establecer en “Acta de Comité Municipal de Orden Público No. 001” de 29 de febrero de 2016, el Alcalde manifiesta que “ … va a respetar ese acuerdo que se realizó con la administración anterior para los recursos de la vigencia anterior, pero solicita que se realice una modificación del acuerdo para la presente vigencia con el fin de que la Alcaldía Municipal pueda presentar un proyecto, con el fin de apoyar las inspecciones de policía de los corregimientos de la Mesa y el Hatillo con el fin de garantizar la convivencia ciudadana y el orden público de estos corregimientos …”, por consiguiente en la mencionada acta se acuerda : “PRIMERO: Se aprueba que los porcentajes queden de la siguiente manera: Policía Nacional 45%, Ejército Nacional 20%, Alcaldía 20%, CTI 15%. Es por esto que en las vigencias 2016 y 2017, con el porcentaje asignado a la Alcaldia se suscribieron los siguientes contratos en los que se presume el incumplimiento de lo normado: Vigencia 2016

No. ALCAB-SGO-MC-010-035-2016

Contratista YEFERSON HELI MURILLO BENITEZ Valor: $ 19.200.000,oo Objeto: ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS SERVIDORES DE LA ALCALDÍA, DENTRO

DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PACIFICA, DEL MUNICIPIO DE

ALBANIA, SANTANDER.

Vigencia 2017

No. ALCALB-SGO-MC-010-107-2017.

Contratista EDWIN HERNAN POVEDA PEÑA Valor: $ 17.451.200,oo 1 Folios 1-12 2 PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE CHIQUINQUIRÁ Objeto: TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN DESARROLLO PROPIO DE SUS FUNCIONES Y

APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA

SANTANDER.

Estos contratos demuestran que la ejecución de los recursos del Fondo Cuenta del Municipio de Albania – Santander durante las vigencias 2016-2017, fue realizada desatendiendo los fundamentos legales que señala la financiación exclusiva de actividades de seguridad y orden público cumplidas exclusivamente por la Fuerza Pública, derivando la desviación de recursos para el pago de gastos de funcionamiento de la administración central, motivo por el que se configura una observación con presunta connotación disciplinaria. Con el informe de servidor público se allego CD, el cual una vez verificado se encontraron los siguientes archivos: - Acuerdo de orden público - Certificaciones reuniones - Comité 3 de abril de 2017 - Comité 10 de febrero de 2017 - Comité 12 de diciembre de 2016 - Comité 13 de junio de 2016 - Comité 14 de diciembre de 2017 - Comité 28 de septiembre de 2017

  • Comité 30 de septiembre de 2016 - Concepto jurídico Ministerio del Interior - Contrato 035-2016 - Contrato 107-2017

2. Indagación preliminar.

Con fundamento en la información reseñada, con auto del 27 de diciembre de 2018, se dispuso adelantar indagación preliminar en contra del señor Roberto Arturo Reyes Ortiz, Alcalde Municipal de Alabania – Santander, para la época de los hechos informados, con la finalidad de identificar e individualizar al servidor o servidores presuntamente comprometidos, verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad 2. - Investigación Disciplinaria 2 Folios 14-16 3 PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE CHIQUINQUIRÁ Mediante auto del 07 de enero de 2020, se dispuso adelantar investigación disciplinaria en contra del señor Roberto Arturo Reyes Ortiz, Alcalde Municipal de Alabania – Santander, para la época de los hechos informados (Folios 188-190).

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Es prioritario señalar que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 26 de Ley 1952 de 2021, constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el Código Disciplinario Único que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,

incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en dicho código. Dispone este despacho, entonces, verificar si del caudal probatorio recaudado en el proceso, se desprende la existencia de actuación que estructure falta disciplinaria o si, por el contrario, los hechos dados a conocer son ajenos a esta área del derecho, caso en el cual se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 90 Ibídem, el cual establece que en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias. El control disciplinario, que se impone como límite al ejercicio de la potestad pública, opera cuando la administración con su actuación lesiona o menoscaba los derechos individuales, cuando abusa del poder o cuando sus representantes se exceden en el ejercicio de sus funciones, ameritando en estos casos las sanciones correspondientes. En efecto, en el proceso disciplinario se juzga el comportamiento de los servidores públicos frente a normas administrativas de carácter ético, destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública, ya que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración, en el ámbito de la función pública y se origina en el

incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo. Para el presente caso, se evalúa las posibles irregularidades en que ha podido incurrir el señor ROBERTO ARTURO REYES ORTIZ con cédula de ciudadanía 4

PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE CHIQUINQUIRÁ

No. 7.316.725, en su condición de Alcalde Municipal de Albania – Santander, para el periodo 2016 – 2019, por la presunta indebida utilización de recursos del Fondo Cuenta para la celebración de los siguientes contratos:  Vigencia 2016

No. ALCAB-SGO-MC-010-035-2016

Contratista YEFERSON HELI MURILLO BENITEZ Valor: $ 19.200.000,oo Objeto: ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS SERVIDORES DE LA ALCALDÍA, DENTRO

DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PACIFICA, DEL MUNICIPIO DE

ALBANIA, SANTANDER.  Vigencia 2017

No. ALCALB-SGO-MC-010-107-2017.

Contratista EDWIN HERNAN POVEDA PEÑA Valor: $ 17.451.200,oo Objeto: TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN DESARROLLO PROPIO DE SUS FUNCIONES Y

APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA

SANTANDER.

De las pruebas recaudadas durante el proceso, se encuentra el acta de comité de orden público No. 001 del 29 de febrero de 2016, en la cual se estableció el porcentaje del 20% de los recursos del Fondo Cuenta del Municipio de Albania para la Alcaldía Municipal, conforme a la solicitud del señor Alcalde ROBERTO ARTURO REYES ORTIZ, para apoyar las inspecciones de policía de los corregimientos de la Mesa y el Hatillo con el fin de garantizar la convivencia ciudadana y el orden público. Conforme al proyecto presentado por el señor Alcalde ante el Comité de Seguridad, se encuentra la siguiente justificación: (…) “Del porcentaje de recurso solicitado al fondo de seguridad ciudadana se pueda de igual manera apoyar el trabajo que adelantan las inspecciones de Policía de El hatillo y La Mesa y lo proyectado en el plan de desarrollo para el cuatrienio “ALBANIA PRODUCTIVA” en aprobación; se requiere del servicio de transporte para los servidores, y en especial teniendo en cuenta que es una atribución del alcalde conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional 5 PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE CHIQUINQUIRÁ cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante” Así mismo, el municipio presenta dificultades topográficas y de acceso vial,

lo que obstaculiza la afluencia de población desde las veredas hasta el casco urbano, lo que supone que la administración deba acercarse a las comunidades. Por otro aspecto que dificulta la gestión, es la falta de vehículos de la Entidad en buenas condiciones, pes a la existencia de una camioneta de placas BEK121 MARCA TOYOTA, la cual presenta serias dificultades en el sistema de frenos, radiador, caja; además de tener dañadas las puertas y ser antieconómica por ser de combustible gasolina con motor 4.5, evidentemente no es un vehículo para el transporte personal. Se plantea que el Municipio rente un vehículo” (Folio 185) En efecto y una vez aprobado por el Comité de Seguridad los recursos solicitados por el señor Alcalde, con estos se suscribieron los siguientes contratos referidos anteriormente,  Vigencia 2016

No. ALCAB-SGO-MC-010-035-2016

Contratista YEFERSON HELI MURILLO BENITEZ Valor: $ 19.200.000,oo Objeto: ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS SERVIDORES DE LA ALCALDÍA, DENTRO

DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PACIFICA, DEL MUNICIPIO DE

ALBANIA, SANTANDER.  Vigencia 2017

No. ALCALB-SGO-MC-010-107-2017.

Contratista EDWIN HERNAN POVEDA PEÑA Valor: $ 17.451.200,oo Objeto: TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN DESARROLLO PROPIO DE SUS FUNCIONES Y

APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA

SANTANDER.

Una vez verificados los documentos poscontractuales, se evidencia la ejecución de los dos contratos conforme a su objeto, es decir el desplazamiento del alcalde municipal y funcionarios en desarrollo de sus funciones tanto al sector Corregimiento El Hatillo-mesa, como a otros de la zona rural y urbana. 6 PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE CHIQUINQUIRÁ De todo lo anterior se desprende que fue el mismo Comité de Orden Público en acta del 26 de febrero de 2016, que aprobó para la Alcaldía Municipal el 20% de los recursos del Fondo Cuenta de Seguridad para el proyecto presentado por el burgomaestre. Es así como en el presente proceso se debe aplicar el artículo 10 de la Ley 1952 de 2019, el cual consagra: Artículo 10. CULPABILIDAD. En materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por conductas realizadas con culpabilidad. Las conductas solo son sancionables a título de dolo o culpa. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Así las cosas, las pruebas obrantes en el expediente y los elementos con que se cuenta dentro de las presentes diligencias, son suficientes para considerar que no existe prueba que conduzca a demostrar la conducta denunciada y por lo tanto podemos señalar que nos hallamos frente a una de las circunstancias generadoras de terminación del proceso disciplinario de que trata el Artículo 90 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, el cual consagra: ARTICULO 90. Terminación del proceso disciplinario. En cualquier

etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarara y ordenara el archivo definitivo de las diligencias, la que será comunicada al quejoso. En mérito de lo anteriormente expuesto, La Procuradora Provincial de Chiquinquirá en uso de sus atribuciones legales,

IV. R E S U E L V E:

7 PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE CHIQUINQUIRÁ PRIMERO. Ordenar la terminación de la presente actuación y su consiguiente ARCHIVO seguida en contra de OMAR CASALLAS SANCHEZ; EULICES

AUGUSTO CARO CARO; RAÚL ALFONSO CARRILLO CALIXTO; WILSON

ORLANDO LÓPEZ CORTÉS; RICHARD GIOVANNY VILLAMIL MALAVER, en su

ALCALDE MUNICIPAL DE PAUNA 2012-2015 y 2016-2019; SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPIO DE PAUNA, INTERVENTOR Y SUPERVISOR del contrato de obra No. MP-OP-011 respectivamente para la época de los hechos investigados, de conformidad con las consideraciones planteadas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. La presente decisión no se comunica por cuando se inició bajo informe de servidor público. TERCERO. Por Secretaria NOTIFICAR la presente decisión a los sujetos

procesales conforme a las directrices de la Ley 1952 de 2019.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ANDREA LILIANA YUNIS CUBIDES,

Procuradora Provincial de Instrucción de Chiquinquirá.

FJTR/ALYC

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