PGN - FALTA GRAVISIMA - Comportamiento a título de dolo

CONFLICTO DE INTERESES-Incumplir el deber de declararse impedido en la coordinación de contratos que el IDU había celebrado con un pariente CONFLICTO DE INTERESES-Deber de declararse impedido por existencia de un interés particular/CONFLICTO DE INTERESES-Finalidad Sea lo primero precisar que el conflicto de intereses está referido a situaciones de orden moral, económico, entre otros, que impone a todo servidor público a “declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declarase impedido”. Conducta sobre la que se ha pronunciado de manera reiterativa la jurisprudencia, señalando que la finalidad de esta figura es impedir que prevalezca el interés privado, sobre los intereses públicos, el cual, prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del funcionario, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la recusación.

IMPEDIMENTO POR CONFLICTO DE INTERESES-Fundamento

De allí que el fundamento del impedimento radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la decisión (…). En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento del interés público. OMISIÓN DEL DISCIPLINADO EN MANIFESTAR EL IMPEDIMENTOConducta Dolosa/FALTA GRAVÍSIMA-Comportamiento a título de dolo Habiendo calificado el a-quo la falta demostrada de autoría del disciplinado a título de Dolo, por considerar que el funcionario tenía conocimiento previo de la ilicitud de su conducta y la exigencia de los deberes infringidos, del análisis jurídico de todas las circunstancias que rodearon la comisión de la falta, previa consideración que en materia disciplinaria las faltas solo son sancionables a titulo de dolo o culpa, las pruebas aportadas demuestran la intención defraudatoria que configura el dolo disciplinario, porque el querer sicológico del resultado de las conductas constitutivas de falta disciplinaria aparece demostrado frente al disciplinado. Así las cosas, el disciplinado, al gestionar asuntos en que tenía un interés particular y directo porque le beneficiaba a su cuñado, sin declararse impedido, direccionó su conducta, revistiendo su actuar del conocimiento necesario para quedar incurso en la comisión de una conducta Dolosa. Esta Delegada procederá a confirmar la

P.D Moralidad Pública 1 Expediente ID -023-07 IUS 248733 FYCH/mscc calificación de gravedad de la falta imputada al disciplinado, como Gravísima conforme el anterior análisis.

PROCURADURÍA DELEGADA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación IUS 248733 Disciplinado Jorge Uriel Silva Arias Cargo Subdirector Técnico de Sistemas Entidad Instituto de Desarrollo Urbano Alcaldía Mayor de Bogotá Quejoso Oscar Barrera García Pérez Fecha hechos Años 2006 y 2007 Asunto Fallo de segunda instancia Bogotá, D.C., 25 de mayo de 2010 I.- ASUNTO POR DECIDIR Procede el despacho en los términos del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Uriel Silva Arias, Subdirector Técnico de Sistemas del Instituto de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en contra del fallo de primera instancia proferido en su contra por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad, el 29 de agosto de 2008 dentro del radicado nro. ID-023-07, mediante el cual se le sancionó con destitución e inhabilidad general por diez (10) años, (Folios 71 a 104 del C.O).

II. ACTUACIÓN PROCESAL PARA DECIDIR EJERCICIO DE

PODER PREFERENTE.

La doctora Liliana Pardo Gaona, Directora General del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante petición del 30 de septiembre de 2008, solicitó a este organismo de control ejercer el poder

preferente en el expediente radicado con el nro. ID-023-07 adelantado por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad, en el que investiga al señor Jorge Uriel Silva Arias, en su condición de Subdirector Técnico de Sistemas de la entidad, (Folios 2 a 7 C.O), correspondiendo el asunto por reparto a esta Delegada, (Folio 1 C.O). P.D Moralidad Pública 2 Expediente ID -023-07 IUS 248733 FYCH/mscc Mediante auto del 8 de octubre de 2008, se ordenó la práctica de una visita especial al expediente disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º, 69 y 89 de la Ley 734 de 2002 y 3º de la Resolución 346 del 3 de octubre de 2002 del Procurador General de la Nación, (Folio 32 C.O), diligencia que se practicó el 9 de octubre de 2008. Con auto del 10 de octubre de 2008, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, resuelve remitir las diligencias al Despacho del Procurador General de la Nación, planteando el impedimento para conocer del proceso, por considerar que se configuraba la causal segunda prevista en el numeral 4º del artículo 84 de la Ley 734 de 2002, esto es, “(…) o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia de actuación”. Lo anterior, en razón a que la Oficina de Control Interno Disciplinario mediante auto del 31 de agosto de 2007, dentro de la pruebas ordenadas en la apertura de la investigación disciplinaria, solicitó apoyo judicial para el aseguramiento de la prueba técnica a la Dirección

Nacional de Investigaciones Especiales de esta entidad y de la cual para la fecha ostentaba el cargo de Director, (Folio 107 a 110 C.O). El Despacho del Procurador General de la Nación, mediante auto del 24 de noviembre de 2008, decide remitir la actuación a la Sala Disciplinaria, por considerar que es la competente para decidir el impedimento planteado, (Folios 112 a 114 del C.O); dependencia que de conformidad con la decisión del 5 de febrero de 2009, rechaza el impedimento manifestado y devuelve el expediente para que se siga el trámite respectivo, (Folios 118 a 121 C.O). Con auto del 27 de marzo de 2009, este despacho rinde concepto favorable para ejercer el ejercicio del poder preferente, (Folios 123 a 126 C.O), el cual fue remitido a la Viceprocuraduría General de la Nación, despacho que mediante auto del 31 de agosto de 2009, autoriza su ejercicio, dando así cumplimiento a lo normado en la Resolución 346 de 2002 y la Directiva 010 de noviembre 02 de 2006, (Folio 129 C.O), procediendo con auto del 13 de octubre a solicitar a la Oficina de Control Interno Disciplinario del IDU, el envío íntegro del expediente, (Folio 144 C.O).

III. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA

P.D Moralidad Pública 3 Expediente ID -023-07 IUS 248733 FYCH/mscc

INSTANCIA.

Dio lugar a las diligencias la queja interpuesta por el señor Oscar Barrera García Pérez, en el que da cuenta de presuntas

irregularidades atribuibles al señor Jorge Uriel Silva Arias, Subdirector Técnico de Sistemas, por hechos relacionados con el cobro de $100.000.000,oo para adelantar gestiones a favor de la adjudicación del concurso público IDU-CM-DTD-002-2006, así como las posibles extorsiones para la adjudicación de los procesos que se encontraban en curso y por asignar contratos a su cuñado Juan Manuel Arenas Pérez,(Folio 7). Mediante auto del 31 de agosto de 2007, se ordenó la apertura de investigación disciplinaria, contra Jorge Uriel Silva Arias, Subdirector Técnico de Sistemas, por los hechos relacionados con el presunto cobro de la suma de $100.000.000,oo para adelantar gestiones a favor de la adjudicación del concurso público IDU-CM-DTD-002-2006, conducta que al parecer se presentó también en la adjudicación de los procesos que se encontraban en curso y por asignar contratos a su cuñado Juan Manuel Arenas Pérez, (Folios 38 y 39). Por auto del 25 de octubre de 2007, la doctora Martha Lucía Amaya Rocha, Procuradora Primera Distrital, teniendo en cuenta los criterios señalados por el Procurador General de la Nación en Resolución 346 del 3 de octubre de 2002, remite el diligenciamiento del proceso radicado con el nro. 079654-07179222 contra Jorge Uriel Silva Arias a la Oficina de Control Interno Disciplinario del IDU, las cuales fueron acumuladas al proceso adelantado por el IDU, (Folios 42 a 44). Dentro de las pruebas practicadas en la investigación disciplinaria,

se solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación apoyo judicial para el aseguramiento de la prueba técnica a recaudar en cuanto se verifique los movimientos en cuentas bancarias del investigado y su esposa, una vez cumplida la colaboración solicitada, por auto del 11 de diciembre de 2007 dispuso remitir la actuación surtida al IDU. (Folio 48). La Oficina de Control Interno ordenó remitir los documentos a la Personería de Bogotá, entidad que a través del Personero P.D Moralidad Pública 4 Expediente ID -023-07 IUS 248733 FYCH/mscc Delegado para la Vigilancia Administrativa IV, se abstuvo de ejercer el poder preferente al no cumplirse los criterios para su ejercicio establecidos en la Resolución nro. 441 del 17 de agosto de 2004 de esa entidad, (Folios 63 a 64). Mediante auto del 10 de marzo de 2008, la Oficina de Control Interno Disciplinario avocó el conocimiento de las diligencias e incorporó el expediente adelantado en la Personería de Bogotá, (Folios 67 y 68 C.O), posteriormente, el 26 de marzo de 2008, prorrogó el término de la investigación por tres (3) meses más, (Folios 69 y 70 C.O), y por auto del 18 de julio de 2008 citó a audiencia pública al investigado al considerar que debía adelantarse proceso verbal por la presunta comisión de la falta gravísima prevista en el artículo 48, numeral 17 y 46 de la Ley 734 de 2002. Una vez realizadas las audiencias del proceso verbal, la Oficina

de Control Interno Disciplinario dictó fallo de primera instancia el 29 de agosto de 2008 sancionando al investigado con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, por considerarlo disciplinariamente responsable por violación del artículo 48, numerales 17 y 46 de la Ley 734 de 2002, por cuanto no se declaró impedido para actuar existiendo un conflicto de intereses. Contra este fallo se interpuso recurso de apelación, que fue concedido ante la Dirección General del Instituto, que a su vez solicitó a este organismo de control el ejercicio del poder preferente, para fallar en segunda instancia.

IV. DECISION DE PRIMERA INSTANCIA En el proceso verbal consideró la instancia que el disciplinado con su conducta pudo incumplir su deber como funcionario del Instituto de declararse impedido para fungir como coordinador de los contratos que su cuñado Manuel Arenas Pérez celebró con la entidad, deber que le asistía conforme lo normado en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, contraviniendo los numerales 17 y 46 del artículo 48 de la misma norma, circunstancia que se demostró en el plenario con los registros civiles del precitado y la señora Francy Norelly Arenas Pérez, esposa del disciplinado, documentos visibles en folios 944 y 948, quedando establecido un parentesco en segundo grado de consanguinidad.

P.D Moralidad Pública 5 Expediente ID -023-07 IUS 248733 FYCH/mscc Se indicó que el 12 de octubre de 2006, el Instituto celebró el contrato de prestación de servicios DTA-PSP-864-2006, con el

señor Juan Manuel Arenas Pérez, por un plazo de 3 meses y 22 días, vencido este, celebró un nuevo contrato DTA-PSP-185-2007 el 19 de febrero de 2007, con un plazo de 12 meses, destacando dentro de las funciones de coordinación que ostentaba el disciplinado con respecto a los contratos las de : “ Colaborar con el contratista para la correcta ejecución del contrato” o bien “Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones previstas en el contrato” o “Expedir mensualmente certificado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista”; del cual dependía la cancelación de los honorarios del contratista. Demostrándose que el doctor Silva Arias, tenía interés en la gestión y control de los contratos DTA-PSP-864-2006 y DTA-PSP185-2007, desde dos condiciones, por un lado como coordinador asignado a los contratos citados y por otro, como pariente en segundo grado de afinidad del señor Juan Manuel Arenas Pérez. Actuar con el que el disciplinado infringió el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 y los numerales 17 y 46 del artículo 48 de la misma norma, al no declararse impedido para intervenir como Coordinador de los contratos cuando tenía un interés particular y directo en el control y gestión de los mismos, por haber sido celebrados por su cuñado, quien tenía también interés particular y directo en la gestión de dichos contratos, por ser quien debía dar cumplimiento al objeto contratado. También se calificó la falta como gravísima a título de dolo, como lo dispone el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, teniendo en

cuenta que incumplió de manera consciente el deber de declararse impedido en la coordinación de los contratos, restándole importancia a los deberes que como coordinador tenía para con el Instituto. La sanción se graduó según lo previsto en el artículo 44 del estatuto Disciplinario, que prevé la destitución e inhabilidad general para las faltas gravísimas dolosas. De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 734 de 202, la destitución e inhabilidad general implica la terminación de la relación laboral y la imposibilidad de ejercer la función pública. Igualmente el artículo P.D Moralidad Pública 6 Expediente ID -023-07 IUS 248733 FYCH/mscc 46 que regula el límite de las sanciones, estableciendo la inhabilidad general será de diez a veinte años. Por lo que teniendo en cuenta que la falta endilgada es de naturaleza gravísima a título de dolo, se sancionó al implicado Jorge Uriel Silva Arias con destitución e inhabilidad general de 10 años.

V. RECURSO IMPRECADO.

El doctor Gustavo Quintero Navas, en su condición de apoderado del señor Jorge Uriel Silva Arias, presentó sustentación del recurso de apelación en los siguientes términos:(Folios 71 a 103). Considera que en el caso cuestionado no se configuró conflicto de intereses, puesto que lo que se demostró en el proceso es que el Coordinador de las ordenes de prestación de servicios suscritos entre el instituto y el cuñado del disciplinado, en realidad era el señor Héctor Moreno Pulido, puesto que ejercía la actividad de coordinación, control y gestión del contrato y la tarea del señor

Silva Arias, se limitaba a suscribir el certificado que daba lugar al pago del contrato, considerando que la premisa utilizada por la instancia es falsa, habida cuenta que el hecho de que su pariente trabajara bajo la misma dependencia era indiferente para él. Desestima la defensa el hecho de que la imputación se sustente en una cláusula del contrato que enuncia la colaboración que debía prestar el Subdirector con el contratista; la verificación que debía realizar de la ejecución del contrato; la determinación del tiempo en que debía realizar las funciones el contratista; el adelantamiento de trámites para la aplicación de sanciones por incumplimiento; la solicitud de prórroga, modificación y/o cesión del gasto, las actas de inicio, suspensión, terminación y liquidación del contrato, porque insisten, todas estuvieron en cabeza del señor Moreno, resultando errado el criterio del juzgador, puesto que en abstracto dichas obligaciones recaían en el disciplinado. Se argumenta que teniendo en cuenta los elementos probatorios, la conducta desarrollada por su defendido es atípica, por no darse los presupuestos señalados en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, puesto que para ello se requiere tener un interés particular y P.D Moralidad Pública 7 Expediente ID -023-07 IUS 248733 FYCH/mscc directo en su regulación, gestión, control o decisión, situaciones que no se establecen en el proceso, para lo cual se trae al plenario la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre las características de esta conducta para que sea reprochable. Se afirma que la confluencia de ambos funcionarios en la misma entidad no es motivo para que se considere configurado el

conflicto de intereses, puesto que la vinculación del señor Arenas Pérez se hizo por un concurso de méritos que lo identificó como el mejor, garantizándose así la objetividad de la selección, circunstancia que desvirtúa cualquier interés particular, especial y directo, destacando que no existe antagonismo entre el interés público y privado, por tratarse de un interés institucional donde los únicos beneficiarios fueron la administración y el contratista; sumado a ello el disciplinado no participa en la adopción de su vinculación. Expone que en el conflicto de intereses no existe sistematicidad estricta, como si sucede en las inhabilidades e incompatibilidades, las cuales, sí persiguen en abstracto evitar un incumplimiento funcional o afectación a la buena marcha de la entidad, para lo cual se expone sobre la diferencia entre estas dos figuras jurídicas. Se argumenta que el derecho disciplinario condiciona la sanción disciplinaria a la que se den los presupuestos contemplados en el artículo 5º de la Ley 734 de 2002, toda vez, que la ejecución adecuada de un contrato no puede provocar un reproche sancionador en quien ha desarrollado sus tareas a satisfacción y habiéndose constatado que no existió una injerencia indebida o una inapropiada coordinación, gestión o administración del contrato, descartando con ello afectación al deber funcional. Sumado a lo expuesto, la sanción disciplinaria es abiertamente desproporcionada, puesto que se edificó en una falta gravísima, adecuando su sanción en destitución e inhabilidad general de 10 años, desatendiendo lo señalado en el artículo 18 de la Ley 734

de 2002, exponiendo para ello los distintos pronunciamientos efectuados por la Corte Constitucional , sobre el respeto que se debe observar al dosificar la sanción atendiendo los principios de proporcionalidad, razonabilidad, adecuación sancionadora, interdicción de excesos punitivos, que para el caso, una conducta P.D Moralidad Pública 8 Expediente ID -023-07 IUS 248733 FYCH/mscc escasamente relevante no amerita tan rigurosa sanción, señalando que el artículo 51 ibídem, dispone para las conductas debido a equivocaciones del funcionario, debió merecer un llamado de atención sin acudir a un formalismo procesal.

VI. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Competencia: Esta delegada es competente para proferir la decisión de segunda instancia con fundamento en lo normado en el numeral 4° del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con lo establecido en el artículo 19 de la Resolución 0017 de 2000.

En estos términos procede el despacho a desatar el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Uriel Silva Arias; para ello se estudiarán y analizarán los hechos imputados de acuerdo con el material probatorio recaudado, con el propósito de adoptar la decisión que en derecho corresponda; no sin antes aclarar que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que

resulten, inescindiblemente, vinculados al objeto de impugnación. Antes de avocar el estudio del fallo de primera instancia y del recurso de apelación impetrado por el apoderado del disciplinado, es preciso recordar que el Derecho Disciplinario tiene como finalidad específica la prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado, en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro. Constituye un juicio sobre la infracción de deberes, dado que la función que cumplen los servidores públicos, está sujeta a las prohibiciones, deberes, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses, consagrados en el Código Disciplinario Único. Así mismo las decisiones tomadas en el marco de los procesos disciplinarios, se fundan en los comportamientos descritos en la ley como faltas, en las pruebas debidamente recaudadas, y sin discriminación alguna en razón a condiciones especiales del disciplinado, con prevalencia de la justicia, la efectividad del P.D Moralidad Pública 9 Expediente ID -023-07 IUS 248733 FYCH/mscc derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y la garantía de los derechos de los sujetos procesales. En el fallo apelado se formuló cargo al disciplinado, por el presunto desconocimiento y vulneración de los artículos 40 de la Ley 734 de 2002 y los numerales 17 y 46 del artículo 48 de la misma norma, por incumplir de manera consciente el deber de declararse impedido en la coordinación de los contratos que el

Instituto había celebrado con su cuñado Juan Manuel Arenas Pérez, esto es un parentesco en segundo grado de afinidad, restándole importancia a los deberes que como coordinador tenía con la entidad, conducta que tiene la connotación de gravísima, la cual se le imputó a título de dolo. Argumenta la defensa que en el caso en examen no se configuró una violación al régimen de conflicto de intereses, pues por el contrario, se demostró que el Coordinador del contrato en realidad fue el señor Héctor Moreno Pulido y la tarea del disciplinado era la de suscribir el certificado que daba lugar al pago del contrato, circunstancia con la que se quiere indicar que la función de coordinación no estaba en cabeza de su prohijado, afirmación de la que este despacho se aparta por las siguientes razones: Sea lo primero precisar que el conflicto de intereses está referido a situaciones de orden moral, económico, entre otros, que impone a todo servidor público a “declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declarase impedido”. Conducta sobre la que se ha pronunciado de manera reiterativa la jurisprudencia, señalando que la finalidad de esta figura es impedir que prevalezca el interés privado, sobre los intereses públicos, el cual, prevalido de su influencia, podría obtener

provechos indebidos para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus decisiones se comprometa y distorsione P.D Moralidad Pública 10 Expediente ID -023-07 IUS 248733 FYCH/mscc por motivos personales o particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del funcionario, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la recusación. De allí que el fundamento del impedimento radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la decisión (…). En efecto, en toda decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento del interés público.(Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. Radicación. 1572). Para el caso que nos ocupa, es evidente que el disciplinado debió haberse declarado impedido para ejercer la coordinación de los contratos que suscribió para desarrollar en la misma área en que desempeñaba, esto es, dar a conocer esta circunstancia para que la administración asignara un funcionario que realizara la función establecida en la cláusula décima primera de los contratos de Prestación de Servicios nros. DTA-PSP-864-2006 y DTA-PSP185-2007, suscritos con el señor Juan Manuel Arenas Pérez, máxime si se tiene en cuenta que del resultado de esta coordinación dependía la ejecución, pago y prórroga del contrato. (Folios 140 a 146 y 249 a 255 C.O). Actuación que se colige de lo señalado por el Consejo de Estado: “(…) se desprende que el interés que puede generar conflicto con el asunto de que se trate debe ser directo, es decir que el efecto que la decisión pueda tener en las personas que como servidores públicos intervienen en ella sea inmediato, sin consideración a circunstancias o elementos externos a la decisión; que se produzca de forma especial respecto de ellas, de su cónyuge o de un pariente suyo en los grados señalados en la última norma transcrita o a socio o socios suyos de derecho o de hecho; y que además no se manifieste el impedimento por esa situación personal o familiar en el trámite del asunto , y así lo ha consignado reiterada y ampliamente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativa de esta Corporación cuando se ha ocupado del asunto con ocasión de procesos de pérdida de la investidura de los congresistas. Asimismo, se ha señalado que el aspecto deontológico de esa figura radica en que es deber de los referidos servidores públicos poner de manifiesto ante la corporación respectiva, las circunstancias que por razones económicas o morales y a sabiendas de las mismas P.D Moralidad Pública 11 Expediente ID -023-07 IUS 248733 FYCH/mscc pueden afectar su objetividad, imparcialidad o independencia frente al

asunto oficial o institucional que le compete decidir. De suerte que la causal no se configura por el sólo hecho de encontrarse en una situación personal o familiar que puede ser directa y específicamente afectada por la respectiva decisión, sino por no manifestarla, a sabiendas de encontrarse en la situación de que se trate, como impedimento para tomar parte en aquélla. Subrayado nuestro. En las ordenes de prestación de servicios cuestionada, se exigió para el pago, un certificado mensual del cumplimiento de la ejecución del contrato, expedido por el coordinador del contrato, para el caso, la Subdirección Técnica de Sistemas, acompañado de la documentación pertinente, situación que es independiente, que por razones de división de la carga laboral, se efectúan en la dependencia, como lo expone el señor Héctor Pulido Moreno, en la declaración rendida, “ (..,) en la subdirección de Sistemas por ser tan grande tiene unos grupos funcionales para poder atender el adecuado funcionamiento de toda la parte tecnológica, y dentro de mis funciones tengo la coordinación del grupo funcional de infraestructura tecnológica”. (..) A mí lo que me correspondía era dar el visto bueno por el cumplimiento de las actividades contractualmente asignadas, o sea que se estuvieran ejecutando, un visto bueno al informe de actividades, es decir cada contratista me presenta un informe y yo lo verifico y le doy el visto bueno”, nótese que es la coordinación del grupo y un visto bueno que da al informe que presenta el contratista, circunstancias que nada tienen que ver con la coordinación del contrato y las obligaciones que su ejecución disponía, función que no aparece delegada en el plenario, puesto que no obra acto administrativo que así lo

indique. Ahora bien, desestima la defensa el hecho de que en fallo de primera instancia se tomara como sustento probatorio las cláusulas del contrato, olvidando que el contrato es la ley para las partes, para el caso, establece que el coordinador, Subdirector Técnico de Sistema, debía verificar la ejecución idónea del contrato; determinar el tiempo en que se debían realizar las funciones del contratista; adelantar los trámites para la aplicación de sanciones por incumplimiento; la solicitud de prórroga, modificación y/o cesión; de las actas de inicio, suspensión, terminación y liquidación del contrato, las cuales siempre estuvieron a cargo del disciplinado, porque se insiste, no existe delegación de esta función, ni la manifestación por parte del funcionario respecto al impedimento para ejercerla, por el contrario suscribió las actas de cumplimiento del contrato y no fue P.D Moralidad Pública 12 Expediente ID -023-07 IUS 248733 FYCH/mscc una función en abstracto como lo pretende hacer ver la defensa, restándole de contera tipicidad a la conducta endilgada. También se debe señalar que el conflicto de intereses aquí planteado, no tiene su génesis en el hecho de que los funcionarios trabajaran en la misma entidad, ni la forma de vinculación, lo que aquí se cuestionó es el hecho de que el disciplinado conociendo de este conflicto no lo manifestara y como consecuencia se declara impedido para ejercer la coordinación del contrato suscrito por su pariente. Por último y atinente al argumento de que con su actuar el disciplinado no afectó ningún deber funcional, por lo que debió

haberse dosificado la sanción con un llamada de atención, es necesario destacar que la actuación del inculpado no se enmarca en excepción legal alguna, estando acreditada la antijuridicidad de las conducta descrita en los cargos, debido la puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados en el artículo 209 Constitucional, materializan la afectación al deber funcional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes junto con las demás normas endilgadas, analizadas en fallo de primera instanci