PGN - FUERZAS MILITARES - Casos en que sus miembros pueden retener a una persona según la const

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DELEGADA DISCIPLINARIA PARA

DERECHOS HUMANOS

Carrera 5ta. N° 15-80 Piso N° 11

PROCESO DISCIPLINARIO N° 008-9821-97

CONDUCTA: TORTURAS-OTRAS CONDUCTAS

FALLO DE PRIMERA (1era.) INSTANCIA

Bogotá, D.C., 4 de julio de 2001 Con arreglo a la facultad atribuida a esta Procuraduría Delegada Disciplinaria por la Ley 201/95 en su Art. 60 y parágrafo correspondiente, recogida a su vez por el Art. 25 N° 2 del Dto. 262 del 22-FEBRERO-2.000, se procede a proferir decisión de primera (1era.) instancia dentro de las presentes diligencias.- SINOPSIS DE LOS HECHOS Génesis de este protocolo disciplinario lo constituye el suceso que tuvo ocurrencia a eso de las 04:30 P.M. del día martes 24-SEPTIEMBRE-96 en el casco urbano del municipio de Puerto Valdivia (Ant.), cuando unidades militares del Batallón de Contraguerrillas N° 4 “GRANADEROS” al mando y/o con la participación del TE. DAVID FAMIGLIETTI MURCIA retuvieron por “sospechas de guerrilleros” a los señores CARLOS ARTURO ALZATE DAVID, HERNÁN ELADIO ALZATE GIL y a los hermanos ALDEMAR ANTONIO, CARLOS EGIDIO y HERNANDO ANTONIO JARAMILLO TAPIAS, oriundos, conocidos y laboriosos campesinos de la localidad

que venían de la montaña, sucios, empantanados, con botas y con bolsito.- Da cuenta el encuadernamiento que por esas “sospechas” fueron sometidos a malos tratos constitutivos de “torturas” para que confesaran sus andanzas fuera de la ley, el lugar donde escondían el armamento y la ubicación del supuesto campamento subversivo, malos tratos que les generaron incapacidades médico legales desde los diez (10) hasta los sesenta (60) días y la muerte de CARLOS EGIDIO JARAMILLO ALZATE, quien desesperado por tales procederes, al intentar huir, fue asesinado.- Igualmente que ante el evidente maltrato, a ALDEMAR ANTONIO JARAMILLO TAPIAS le prolongaron ilícitamente la retención en espera de que se desvanecieran las huellas del mismo, y que a todos los amenazaron de muerte para que no formularan las correspondientes denuncias.-

CARGOS DISCIPLINARIOS

(Fls. 159 a 172 del cuaderno principal) Conforme lo consagrado en el Art. 150 de la Ley 200/95, el cúmulo de prueba recaudado reportó mérito suficiente para la “FORMULACIÓN DE CARGOS” en contra del Oficial del Ejército Nacional TE. DAVID FAMIGLIETTI MURCIA, C.C. N° 2 16.771.913 de Cali (Valle), para la época de hechos, esto es el día martes 24SEPTIEMBRE-96, orgánico del Batallón de Contraguerrillas N° 4 “GRANADEROS” acantonado en Medellín, pero en operaciones militares en Puerto Valdivia, Oficial que se encontraba al mando de una patrulla y/o unidad de contraguerrillas

efectuando acciones de rastreo y control de área.- En efecto, consideró la Delegada para los Derechos Humanos que existían suficientes elementos de juicio para proceder por causales de indisciplina en contra del citado funcionario, toda vez que se estableció que la patrulla y/o unidad táctica de contraguerrillas bajo su mando, en horas de la tarde del 24-SEPTIEMBRE-96 en el municipio de Puerto Valdivia, retuvo sin formula de juicio ni requerimiento legal, es decir, sin existir flagrancia ni mandamiento escrito de autoridad judicial competente, a los sujetos CARLOS ARTURO ALZATE DAVID, HERNÁN ELADIO ALZATE GIL y a los hermanos ALDEMAR ANTONIO, CARLOS EGIDIO y HERNANDO ANTONIO JARAMILLO TAPIAS, a quienes acusaba de guerrilleros.- Igualmente se estableció por prueba testimonial y pericial que estos sujetos fueron sometidos a malos tratos constitutivos de torturas para que confesaran sus andanzas fuera de la ley, el lugar donde escondían el armamento y la ubicación de los supuestos campamentos subversivos, malos tratos que les generaron incapacidades médico legales desde los diez (10) hasta los sesenta (60) días.- Las declaraciones de testigos fueron coincidentes en manifestar que la retención obedeció a “sospecha de guerrilleros”, dado que venían del campo, de la montaña, sucios, empantanados, con botas y con bolsito.- Como dice el señor HENÁN DE JESÚS GONZÁLEZ RÚA “...digamos que uno viene bien vestido propiamente como un ciudadano no hubieran hecho eso...”.-

Respecto del homicidio de CARLOS EGIDIO JARAMILLO TAPIAS la prueba allegada también es coincidente y contundente en indicar que lo mataron cobardemente.- Así lo expresa AMALIA LUCÍA MÚNERA JARAMILLO y lo confirman HENÁN DE JESÚS GONZÁLEZ RÚA y WILVER DARIO MÚNERA JARAMILLO.- Teniendo en cuenta lo expuesto, los cargos que surgieron en contra del TE. DAVID FAMIGLIETTI MURCIA, son los siguientes: Se le señala en su condición de Oficial del Ejército Nacional, orgánico del Batallón de Contraguerrillas N° 4 “GRANADEROS” acantonado en Medellín, pero para el día martes 24-SEPTIEMBRE-96 en operaciones militares en el municipio de Puerto Valdivia (Ant.), al momento de comandar y/o integrar una patrulla de contraguerrillas que efectuaba acciones de rastreo y control de área , de: 1) Haber ordenado y/o permitido que unidades militares bajo su mando, sin formula de juicio ni requerimiento legal, es decir, sin existir flagrancia ni mandamiento escrito de autoridad judicial competente, retuvieran irregularmente a las siguientes personas:

A) CARLOS ARTURO ALZATE DAVID.-

B) HERNÁN ELADIO ALZATE GIL.-

T.I. N° 5.788 de Puerto Valdivia 3

C) ALDEMAR ANTONIO JARAMILLO TAPIAS

C.C. N° 15.295.949 de Valdivia D) CARLOS EGIDIO JARAMILLO TAPIAS C.C. N° 15.295.753 de Valdivia (Ant.)

E) HERNANDO ANTONIO JARAMILLO TAPIAS

C.C. N° 15.295.562 de Valdivia 2) Haber infligido y permitido que subalternos les infligieran malos tratos constitutivos de torturas físicas y síquicas a los sujetos que a continuación se relacionan, consistentes en requisas violentas, pues a las malas fueron tirados boca abajo a la calle, requisados sus bolsos, regadas sus escasas pertenencias al suelo obligándolos luego a recogerlas, aporreados, coscorroniados (sic), pateados, golpeados con “plan de peinilla” (sic), con la culata de los fusiles y con elementos contundentes, sometidos a ahogamientos con el sistema de la bolsa plástica sobre la cabeza, jalados del cabello, amarrados y maniatados con cable, mojados y metidos en un charco parándoseles encima, encerrados en lugares inapropiados, amenazados de muerte si no colaboraban, a ALDEMAR ANTONIO JARAMILLO TAPIAS le echaron alcohol en los ojos, le amarraron una toalla mojada en el cuello apretándosela casi hasta perder el sentido, le taparon la boca y la nariz para que no respirara, y en esas condiciones, salvo éste último, trasladados hasta el municipio de Yarumal (Ant.), todos estos maltratos para que confesaran sus andanzas fuera de la ley, el lugar donde escondían el armamento y la ubicación de los supuestos campamentos guerrilleros.- 3) Haber participado en el homicidio de CARLOS EGIDIO JARAMILLO TAPIAS, pues teniendo mando directo de sus subalternos militares con posibilidad real y

material de ordenar, permitir o prohibir, no los controló para que no usaran las armas del Estado en contra del mencionado sujeto, quien encontrándose retenido se escapó de la custodia militar, e indefenso, intentaba huir nadando por las aguas del río Cauca a donde se lanzó desesperado por los malos tratos constitutivos de “torturas” a los que estaba siendo sometido.-

DESCARGOS

(Fls. 187 a 185 del cuaderno principal) Revisada la documentación que acreditaba la dirección del TE. FAMIGLIETTI MURCIA DAVID, se encontró que a éste le aparecían dos (2) direcciones, ambas en la ciudad de Cali (Valle):

1. Carrera 80 N° 4 N – 73 Barrio Floralia de Cali (Valle).- (Fl. 129 del cuaderno principal).-
2. Carrera 67 N° 2-04 de Cali.- (Fl. 130, 131, 143, 153 del cuaderno principal).- A esta direcciones se remitieron sendas comunicaciones, siendo devuelta la correspondencia por desconocimiento del destinatario en una de ellas y no contestada la remitida a la otra .- (Ver Fls. 140, 155, 156 y 157).-

4 Para completar, según el Departamento de Personal del Ejército Nacional, el TE. FAMIGLIETTI MURCIA DAVID se retiró por voluntad propia de la institución, según unas constancias a partir del día 23-ABRIL-99 y según otras a partir del día 01MAYO-99.- (Fls. 86 y 142 del cuaderno principal).- Ante la dificultad, por no decir imposibilidad, de efectuar la notificación personal del

AUTO DE CARGOS, éste se notificó por EDICTO.- (Fl. 173 del cuaderno principal).- Así las cosas, surtidos los descargos a través de Apoderado de oficio, éste, el Dr. JOSÉ LUIS CUENTAS CÁSSERES, C.C. N° 9.052.963 de Cartagena (Bol.), T.P. N° 11.559 del C.S.J., en los términos de ley presenta el alegato exculpativo, cuyos razonamientos a continuación se abrevian: Previo recuento de los hechos, los cargos y de las normas presuntamente infringidas, no acepta el requerimiento disciplinario efectuado en contra de su defendido de oficio por el desequilibrio probatorio, en especial del testimonial, que en su opinión recoge más el sentir de la parte denunciante que el de la parte militar comprometida.- Bajo el título de “PRUEBA PARA SANCIONAR” explica que la certeza exigida por el legislador para sancionar habrá de entenderse como el máximo de aproximación a la verdad, sancionando solo cuando la prueba recopilada conduzca al conocimiento en su grado máximo de la comisión de la falta y de la responsabilidad del disciplinado, pues cuando ello no es posible, habrá duda y probabilidad, más no certeza.- Afinca esta explicación en las siguientes normas del la Ley 200/95 o Código Disciplinario Único (C.D.U.): 1) Art. 6.- En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a favor del disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla.- 2) Art. 14.- En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad

objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.- 3) Art. 77 N° 6.- PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.- El funcionario debe investigar tanto los hechos y circunstancias favorables como los desfavorables a los intereses del disciplinado.- 4) Art. 118.- El fallo sancionatorio solo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado.- 5) Art. 122.- Las pruebas deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con la regla de la sana crítica.- En síntesis precisa que el “...cúmulo de pruebas, sobre todo las de carácter testimonial (...) corresponden (...) a la parte denunciante y en cuanto a lo que corresponde al Teniente DAVID FLAMIGUETTI MURCIA, solamente se ha llegado (sic) al plenario su versión libre y la declaración del soldado GILDARDO 5 CHAGUALÁ MURCIA, denotándose un abismal desequilibrio jurídico, entre el torrente, por decirlo así de declaraciones en contra de mi defendido y las atestaciones hasta el momento recepcionadas en cuanto a su comportamiento...”, cuando (...) en este caso hay que recepcionar la declaración del Capitán GOODIN, así mismo todas las declaraciones de los integrantes, de la mencionada Contraguerrilla GRANADEROS, y que presuntamente tuvieron que ver con la retención, las torturas y la muerte del particular CARLOS EGIDIO JARAMILLO TAPIAS.- Así las cosas estima que “...atemperando (...) las disposiciones citadas se vislumbra (...) la violación del principio de imparcialidad, que es generador de nulidad...”.-

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA I.- CONSIDERACIONES GENERALES.- Sabido es que los servidores del Estado son responsables del servicio que prestan, por lo que deben tener en cuenta que la actuación administrativa que desempeñan tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales tal como lo señalan la constitución, las leyes y los reglamentos, actuación que debe reflejarse en una adecuada prestación de los servicios públicos y en la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.- Para asegurar ese correcto funcionamiento la administración pública puede exigir a sus funcionarios el cumplimiento estricto de sus deberes y eventualmente sancionar a quienes cometan faltas, porque éstas entrañan un inacomodamiento del servidor a la función que presta.- Por eso los procesos administrativos disciplinarios que se tramitan para juzgar conductas de funcionarios públicos que originan responsabilidad por causales de indisciplina se fundan en la necesidad de mantener, valga la redundancia, la disciplina, que es consustancial a toda organización para mantener el orden, así como también la moralidad, el respeto a la dignidad humana, la eficiencia y el buen crédito de las distintas ramas del poder público..- En ese orden de ideas, la acción disciplinaria tiene por objeto establecer la responsabilidad e imponer la condigna sanción a los servidores del Estado que han violado con su mal proceder el estatuto disciplinario que los rige.- Obviamente la decisión que se adopte debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (Art. 117 del C.D.U.), para reconstruir los hechos tal como se supone ocurrieron, y así saber si la conducta activa u omisiva

del servidor estatal generó responsabilidad por causales de indisciplina.- Consecuentemente no se podrá resolver en materia disciplinaria si no obran en el proceso legalmente producidas las pruebas que conduzcan a la certeza de la falta (ASPECTO MATERIAL U OBJETIVO) y la responsabilidad del disciplinado (ASPECTO SUBJETIVO).- (Art. 118 del C.D.U.).- En otras palabras, si el hecho o la falta no se pueden demostrar ni imputar, no habrá lugar a sanción disciplinaria, resultando invalidable frente al orden jurídico el condenar por una conducta inexistente, insuficiente, equívoca o ambigua.- 6 Las pruebas por su parte deben ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica (Art. 112 del C.D.U.), porque son las que le dan al funcionario de conocimiento la convicción para formular un juicio libre, motivado, articulado y dialéctico sobre lo verdaderamente ocurrido.- Por ello es fundamental que el funcionario de conocimiento llegue al convencimiento libre y espontáneo que le permita un juicio de valor sobre la existencia de la conducta disciplinable y la responsabilidad del servidor público encartado, pues duda y certeza son estados incompatibles.- Pero esa libre convicción no debe entenderse como la voz pura del espíritu que tranquiliza la conciencia del juzgador, sino como la libre y lógica apreciación de efectivos elementos de prueba.- (Resalta y subraya la Delegada).- II.- DE LA RETENCIÓN IRREGULAR.- En efecto, reconstruyendo los hechos se tiene que a eso de las 04:30 P.M. del día martes 24-SEPTIEMBRE-96 en las goteras de Puerto Valdivia (Ant.), unidades

militares del Batallón de Contraguerrillas N° 4 “GRANADEROS” al mando del CT. GOODIN HERNÁNDEZ CÉSAR ENRIQUE, efectuando operaciones militares de control de área en la lucha contra movimientos subversivos, concretamente contra el 34 Frente de las F.A.R.C., retuvieron por “sospechas de guerrilleros” a los señores CARLOS ARTURO ALZATE DAVID, HERNÁN ELADIO ALZATE GIL y a los hermanos ALDEMAR ANTONIO, CARLOS EGIDIO y HERNANDO ANTONIO JARAMILLO TAPIAS, oriundos, conocidos y laboriosos campesinos de la localidad que venían de la montaña, sucios, empantanados, con botas y con bolsito.- El mismo CT. GOODING HERNÁNDEZ explica que en persecución del 34 Frente de las F.A.R.C. “...la retención de los señores mencionados se hizo inicialmente porque provenían del sector de donde los bandidos de las F.A.R.C. nos aventajaban 2 o 3 horas, además que venían con los atuendos que dejaban entrever el vínculo directo si así se puede decir con esa organización al margen de la ley, como son botas de caucho con cordones en la bota, con algunas prendas que simulaban uniformes de la Policía mochilas hechizas de campaña...”.- (Fls. 223 a 230 del cuaderno principal).- Por su parte el TE. FLAMIGLIETTI MURCIA DAVID reconoce que como Comandante de la Contraguerrilla BALUARTE-5, en la fecha y lugar de hechos estuvo en Puerto Valdivia y que por tal razón conoció de la retención y de la

entrevista de unos lugareños; que éstos fueron “entrevistados” y dejados libres y sanos a las 20:00 horas cuando fueron remitidos a la Base Militar de Yarumal.- (Fls. 67 a 70 del cuaderno anexo N°1).- Del mismo modo el SLV. GILDARDO CHAGUALÁ confirma que como Soldado Voluntario orgánico del Batallón de Contraguerrillas N° 4 “GRANADEROS” (BCG4), en la fecha y lugar de hechos venía con el TE. FAMIGLIETTI cuando en esas “...mi Capitán GOODIN le dijo a mi Teniente que tenía unos retenidos (...) le dijo a mi teniente FAMIGLIETTI que los fuera a investigar y mi Teniente fue a investigarlos...”.- (Fls. 61 ).- 7 Sobre las circunstancias de lugar tiempo y modo en que fueron aprehendidos, al unísono dan cuenta días después los mismos detenidos en sendas declaraciones ante la Personería y el Juzgado Promiscuo Municipal de Valdivia (Ant.).- En efecto, CARLOS ARTURO ALZATE DAVID, HERNÁN ELADIO ALZATE GIL y los hermanos ALDEMAR ANTONIO y HERNANDO ANTONIO JARAMILLO TAPIAS cuentan que el día martes 24-SEPTIEMBRE-96 desde las 02:00 P.M. venían de la montaña, de la finca “PLAYA LINDA” ubicada entre cuatro (4) y seis (6) horas de camino del corregimiento de PUERTO RAUDAL, lugar en el que llevaban jornaliando veinte (20) días atrás, que se bajaron por el río Cauca, lo cruzaron en barca y que ya sobre la carretera a Puerto Valdivia se encontraron por

primera (1era.) vez con el Ejército Nacional que por allí andaba patrullando, que los requisaron y los dejaron seguir en un bus del que se bajaron en el sitio “EL ALTO” ya en Puerto Valdivia, que en dicha localidad a eso de las 04:30 P.M. estando en un billar se encontraron por segunda (2da.) vez con el Ejército Nacional siendo esta vez retenidos sin formula de juicio ni requerimiento legal alguno bajo la sindicación de “sospecha de guerrilleros”.- (Fls. 29 y 30 del cuaderno principal y Fls. 6 a 8, 20, 21 y 35 a 39 del cuaderno anexo N° 1).- Éste palpito militar, el de la “sospecha”, se originó pues, en la vestimenta y el actuar de los detenidos.- Esta misma sensación la percibieron RAMIRO DE JESÚS BERRIO MAZO,

ADELFA DEL SOCORRO LONDOÑO PÉREZ, HENÁN DE JESÚS GONZÁLEZ

RÚA, AMALIA LUCÍA MÚNERA JARAMILLO, WILVER DARIO MÚNERA JARAMILLO, DORIS YANETH RÍOS ROJAS y EFRÉN DE JESÚS TABORDA, vecinos y residentes de Puerto Valdivia, testigos de una u otra forma de los sucesos aquí investigados, quienes también dan fe no solo de la historia y del origen de los retenidos, sino también de que no les encontraran elementos que los incriminaran en delito alguno como para que los retuvieran.- RAMIRO DE JESÚS BERRIO MAZO afirma distinguir a los retenidos de quienes

dice eran formales y sanos jornaleros de veredas vecinas que no tenían ninguna clase de problemas ni de enemigos.- (Fl. 46).- ADELFA DEL SOCORRO LONDOÑO PÉREZ, testifica que distinguía a los retenidos desde hacía tres (3) años porque eran jóvenes trabajadores agropecuarios del Puerto.- (Fl. 47).- HENÁN DE JESÚS GONZÁLEZ RÚA agrega que de años atrás distinguía a los retenidos de quienes le consta eran jornaleros honrados y trabajadores que vivían “...llevando la obligación de la casa...”.- Cree que los retuvieron y los acusaron de guerrilleros porque “...venían de la montaña y venían sucios con botas, bolsito con la ropa por eso los cogieron, digamos que uno viene bien vestido propiamente como un ciudadano no hubieran hecho eso...”.- (Fl. 54).- AMALIA LUCÍA MÚNERA JARAMILLO anota que “...ellos son muy trabajadores, que para donde sale uno, salen todos a trabajar junticos, gente muy honrada, y sé que desde que el papá de ellos faltó ellos son los que llevan la obligación, hace más o menos 10 años...”.- (...) como los vieron empantanados y de botas, pensaron que eran guerrilleros y por eso fue que los trataron así...”.- Fl. 38).- WILVER DARIO MÚNERA JARAMILLO apunta que “...a ellos los cogieron en el alto, el alto es en todo el centro de Pto. Valdivia (...) por sospechas que eran 8 guerrilleros y porque venían del campo, porque el día antes había estado la guerrilla

quemando carros, llevando ganado, pero estos muchachos que hiban (sic) a ser guerrilleros, ellos salieron ese día de la montaña donde trabajaban jornaliando (sic) ya que su mamá vive en el Pto. y ellos son nacidos y criados de ahí son conocidos de todos los habitantes de Pto. Valdivia...”.- (Fl. 28).- DORIS YANETH RÍOS ROJAS asegura que el día de hechos los muchachos venían de “PLAYA LINDA”; venían ALDEMAR ANTONIO, HERNANDO ANTONIO, CARLOS ARTURO y HERNÁN ELADIO; que se bajaron del bus en el “ALTO”, es decir a la “PLAZA DE MERCADO”; que en esas llegaron los soldados y que el Comandante les ordenó “...agarren esos hifueputas (sic) que son guerrilleros...”; que los cogieron junto a las carnicerías y “...al suelo todos...”.- Añade que a los muchachos los conocía desde niños, que eran huérfanos, que se dedicaron a ayudar a la mamá.- (Fl. 31).- EFRÉN DE JESÚS TABORDA atesta que estos muchachos vivían cerca a su casa, que eran gente buena, formal, trabajadora, sin vicios y pacíficos; “...además todo el mundo los conoce y saben que son gente de bien (...) yo lo que creo es que el Ejército creyó que ellos eran guerrilleros porque venían todos sucios y con morrales...”.- (Fl. 27).- En este orden de ideas, hecho el señalamiento de la detención por las víctimas y los testigos, y aceptada ésta por sus autores, forzoso es concluir que los militares

retuvieron a los cinco (5) campesinos.- A pesar del uso errado de términos, que es perdonable toda vez que los militares no son eruditos judiciales, en principio se observa es que el querer de la requisa y las “entrevistas investigativas” ordenadas por el CT. GOODING HERNÁNDEZ, no era otro que el obtener en la inmediatez del suceso, del momento, de la requisa, valga la redundancia, información sobre el mapa de operaciones para evitar sorpresas, dado que como lo explica éste mismo Oficial, los requisados “...provenían del sector de donde los bandidos de las F.A.R.C....” les “...aventajaban 2 o 3 horas...”.- Como él mismo aclara, en principio el procedimiento iba dirigido a “...recolectar el mayor número de datos que (...) sirvieran para (...) continuar (...) eje de avance orientado a retener a los bandidos de las F.A.R.C. que habían robado camiones de comida y cabezas de ganado (...) la situación era de tiempo (...) para (...) continuar (...) en búsqueda de los subversivos (...) que más se podía hacer que ordenar que los entrevistaran para obtener datos que (...) facilitaran el seguimiento al grupo subversivo”.- (Fls 223 a 230).- Sin embargo, una juiciosa y desprevenida lectura de los acontecimientos permite inferir un equivocado y distorsionado acatamiento de la orden, toda vez que su ejecución degeneró en una verdadera detención de los sujetos de marras cuando no existía contra de ellos mandamiento escrito de autoridad judicial competente por delito alguno, ni estaban en flagrancia, ni tenían antecedentes judiciales, reseñas, ni anotaciones o informaciones de inteligencia que permitieran sospechar

fundadamente de sus andanzas fuera de la ley, para judicializarlos.- Así lo confirman la Dirección de Policía Judicial de la Policía Nacional (DIJIN), el Comandante de la Cuarta Brigada (BRIG-4) del Ejército Nacional y lo que es más llamativo, el mismo Batallón de Contraguerrillas N° 04 “GRANADEROS”.- En Oficio N° 98006343 CRITE-712 del 13-JULIO-98 la DIJIN certifica que consultada la información sistematizada de antecedentes penales y 9 contravencionales, así como órdenes de captura que lleva la Dirección de Policía Judicial, se constató que a la fecha no aparece registro alguno en contra de

ALZATE DAVID CARLOS ARTURO, ALZATE GIL HERNÁN ELADIO,

JARAMILLO TAPIAS ALDEMAR ANTONIO, JARAMILLO TAPIAS CARLOS EGIDIO y JARAMILLO TAPIAS HERNANDO ANTONIO.- (Fl. 75).- A su vez en Oficio N° 003474BR4-CDO-APG-746 del 21-NOVIEMBRE-98 el BG. CARLOS ALBERTO OSPINA OVALLE, Comandante de la Cuarta Brigada (BRIG4) del Ejército Nacional con sede en Medellín (Ant.), certifica que “...adelantada la averiguación correspondiente con la Central de Inteligencia para Antioquia (CIAN BR4) (...) no registran anotaciones...” ALZATE DAVID CARLOS ARTURO, ALZATE

GIL HERNÁN ELADIO, JARAMILLO TAPIAS ALDEMAR ANTONIO, JARAMILLO

TAPIAS CARLOS EGIDIO ni de JARAMILLO TAPIAS HERNANDO ANTONIO.- (Fl.

78).- Esta misma precisión la hace el Jefe de Personal del BCG. # 4 “GRANADEROS”, al certificar en el Oficio N° 000283/BR4-BCG04-SI-746 del 21-JULIO-98, que en dicha Unidad Táctica Militar “...N° 4.- (...) no se encuentran antecedentes judiciales, contravencionales, de inteligencia e informaciones de los pluricitados sujetos...”.- (Fl. 76).- En otras palabras, los militares que cumplieron la orden de requisa y entrevista investigativa, virtualmente consideraron y/o creyeron de subversivos a los civiles, razón por la cual cambiaron el acatamiento de la orden procediendo a detenerlos, cambio que dio lugar al disciplinario que nos ocupa.- Para acabar de completar, la prueba recaudada indica que la detención acontecida a eso de las 04:30 P.M. del día martes 24-SEPTIEMBRE-96 se prolongó irregularmente para CARLOS ARTURO ALZATE DAVID, HERNÁN ELADIO ALZATE GIL y HERNANDO ANTONIO JARAMILLO TAPIAS hasta pasado el medio día del miércoles 25-SEPTIEMBRE-96; y en el caso de ALDEMAR ANTONIO JARAMILLO TAPIAS hasta el día jueves 26-SEPTIEMBRE-96, en espera de que se le desvanecieran las visibles huellas de los malos tratos constitutivos de “torturas” que se entran a cuestionar y debatir en el cargo disciplinario que sigue.- (Fls. 29v., 30, 31v. y Fls. 20v. y 35v del cuaderno anexo N° 1).-

Pues bien, sin demeritar la “sospechas” militares, porque de buena fe las pudieron colegir dado que la experiencia les ha venido indicando que para evadir los cercos militares los guerrilleros se camuflan de campesinos, la limitación de la libertad de las personas no se puede hacer nunca con esta ciega y casi siempre mal consejera pasión.- Si la vestimenta de los quejosos fuera indicio grave de subversión, de rebelión, ningún campesino podría salir al campo porque inmediatamente la Fuerza Pública procedería, sin más trámite, a su retención, desconociéndose así las numerosas garantías constitucionales e internacionales que protegen los derechos fundamentales de la persona, tales como la libertad, la libre locomoción, la honra, el buen nombre, el debido proceso, la integridad física y mental, etc..- La mala presencia individual, salvo para una requisa personal, dado que según el Art. 2 de la Constitución Política las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas en su vida honra y bienes, no pueden dar lugar nunca 10 a una retención por “sospechas”, porque se daría campo a excesos y arbitrariedades.- Sumado a lo anterior, como se viene explicando, a los cinco (5) campesinos no se les detuvo en flagrancia, o como coloquialmente se dice “con las manos en la masa”, es decir con elementos y pertrechos del quehacer subversivo que demostraran su finalidad de derrocar al gobierno o modificar la estructura constitucional y legal vigente.- Pretender que la flagrancia en la detención se estructuraba con la sola “sospecha”, sería ampliar el concepto a límites no previstos en la Constitución y la ley que, como

se torna repetir, podrían dar lugar a excesos y arbitrariedades, tal como efectivamente sucedió.- Lo irregular del asunto es que a sabiendas, el TE. FLAMIGLIETTI MURCIA, un militar preparado por el Estado para estas lides, haya modificado la orden inicial optando sin más fórmula de juicio que las infundadas sospechas y suposiciones, por la detención.- Un Oficial de academia no puede incurrir en estas irregularidades porque fue educado precisamente para evitarlas, para respetar los derechos humanos, para obrar con transparencia en sus gestiones y operativos.- Si lo que se quería era información sobre el mapa de operaciones, luego de requisados y entrevistados, debió dejarlos continuar la ruta.- Esta labor, la de la requisa y el interrogatorio, es de momentos, instantánea si se quiere, no de tracto ni de prolongación en el tiempo porque el Ejército Nacional no tiene funciones de policía judicial.- Aunque la función de las Fuerzas Militares no es perseguir el delito en general, ellas ciertamente contribuyen a la persecución de una forma especial de delincuencia: la relacionada con los delitos que causan amenaza a la seguridad y/o existencia del Estado y del régimen constitucional, como en el caso de las acciones guerrilleras; sin embargo hay que tener en cuenta que al perseguir a la guerrilla, las Fuerzas Militares no pueden asumir funciones de Policía Judicial, es decir, de auxiliadoras y colaboradoras de la administración de justicia mientras ella asume el conocimiento de la investigación.- Esta función esta reservada por Constitución Nacional y la ley a organismos como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, y en general, a los que cumplen

labores de Policía Judicial.- (Art. 250 N° 3 de la Constitución Política 1 y Art. 310 del C.P.P. 2).- 1 Art. 250 de la Constitución Política: FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.- N° 3.- Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.- 2 ? Art. 310 del C.P.P..- SERVIDORES PÚBLICOS QUE EJERCEN FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.- Realizan funciones permanentes de policía judicial: 1) La policía judicial de la Policía Nacional.- 2) El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y todos los servidores públicos que integran las unidades fiscales.- 3) El Departamento Administrativo de Seguridad.- 4) Ejercen funciones especiales de policía judicial: A) La Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.- B) Las autoridades de tránsito en asuntos de su competencia C) Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control.- 11 Las Fuerzas Militares en este orden de ideas sólo pueden retener a una persona: 1) En virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente.- (Art. 28 de la Constitución Política).- 2) En flagrancia.- (Art. 32 de la Constitución Política).- 3) En virtud de captura públicamente requerida.- (Art. 372 del C.P.P.)