PGN - FUNCION ADMINISTRATIVA - Lo que se busca entre otras es que los procedimientos se realíce

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. Edgar Lombana Trujillo

E. S. D.

Ref: Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Rodolfo Martínez Quintero contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia que lo condenó por el concurso de peculado en las modalidades de uso, apropiación y aplicación oficial diferente y prevaricato por acción y omisión.

Rad: 19.389

Honorables Magistrados: De conformidad con el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal procedo a rendir concepto sobre la legalidad de la sentencia proferida por el Tribunal

Superior de Antioquia. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos en fallo del 12 de enero de 2.001, condenó a Rodolfo Martínez Quintero a las penas principales de treinta y ocho meses de prisión y al pago de una multa equivalente a cincuenta y dos (52) salarios mínimos mensuales legales vigentes y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena privativa de la libertad, como autor de los delitos de prevaricato por omisión, peculado por aplicación oficial diferente y peculado por uso. Absolvió de los cargos formulados por los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO Contra esta decisión interpusieron recurso de apelación el defensor del procesado

y la Fiscal Cuarenta y Seis de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, motivo por el cual el Tribunal Superior de Antioquia, mediante la sentencia que es objeto de impugnación extraordinaria, modificó el 16 de noviembre de 2.001 el pronunciamiento de instancia, para revocar la sentencia absolutoria y en su lugar condenar al procesado por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación, incrementando tanto la pena privativa de la libertad, la cual fijó en cincuenta y tres meses de prisión, y la de la multa en cincuenta y ocho (58) salarios mínimos mensuales legales vigentes. En los aspectos restantes el fallo recibió integral confirmación. El defensor de Martínez Quintero interpuso recurso de casación contra la decisión del Tribunal y lo sustentó con demanda que fue declarada ajustada a las previsiones legales por la Corte Suprema de Justicia, el pasado 16 de julio de 2.004. Corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad de la impugnación.

1. HECHOS Rodolfo Martínez Quintero, alcalde electo del municipio de Gómez Plata

(Antioquia), para el período comprendido entre los años 1.998 a 2.000, adicionó al presupuesto de rentas y gastos unos recursos provenientes de aportes departamentales del sector salud y los incorporó a un sector diferente al que estaban destinados; entre el 4 de enero al 22 de agosto de 1.998 realizó una serie de traslados presupuestales a pesar de habérsele limitado las facultades para ese

tipo de actos administrativos mediante un acuerdo del Concejo municipal, acuerdo al que injustificadamente retardó el trámite de su sanción; además de lo anterior 2

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO dispuso la entrega de repuestos pertenecientes a unos automotores que la Gobernación de Antioquia había entregado en comodato al municipio, para que dichos repuestos fueran instalados en vehículos particulares y celebró contrato de arrendamiento de un predio perteneciente al municipio sin tener autorización legal para ello y, por último, mediante resolución suscrita por el mandatario local se abstuvo de cobrarle el impuesto a un consorcio que realizaba obras por encargo de la gobernación, tributo al que estaba obligado la firma contratista.

2. ACTUACIÓN PROCESAL Los hechos anteriormente narrados fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación por el Concejo municipal de Gómez Plata y, con base en tal denuncia, el dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve se inició una investigación preliminar en cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección Seccional de Fiscalía de Antioquia.

Una vez practicadas las primeras diligencias, la Fiscalía Seccional Cuarenta y Seis de Medellín ordenó la apertura de la investigación el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve y dispuso vincular mediante indagatoria a Rodolfo Martínez Quintero quien la rindió el siete de julio de mil novecientos noventa y nueve. El veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve se resolvió la situación jurídica del indagado con medida de aseguramiento de detención preventiva en su

contra como posible autor de los delitos de prevaricato por acción y por omisión, peculado por aplicación oficial diferente, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y abuso de función pública; mediante resolución del diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve se adicionó el delito de peculado por apropiación. 3

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO La anterior determinación fue objeto de los recursos de reposición y en subsidio el de apelación concluyendo el trámite de las impugnaciones con la decisión de la Fiscal Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Antioquia del diecisiete de marzo de dos mil, en la que se confirmó la medida de aseguramiento de detención preventiva proferida en contra del procesado por los delitos de prevaricato por omisión, peculado por aplicación oficial diferente y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y se revocó la medida de aseguramiento proferida respecto de los otros delitos. Luego de algunas otras diligencias de instrucción la investigación se cerró el doce de mayo de dos mil. El diecinueve de julio de dos mil se profirió resolución de acusación en contra del procesado por su posible responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, peculado por uso, peculado por destinación oficial diferente, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales prevaricato por acción y prevaricato por omisión y se precluyó la instrucción en favor del mismo por los punibles de prevaricato por omisión en relación con el trámite de un proyecto de acuerdo, el de peculado por destinación oficial diferente relacionado con unos traslados presupuestales efectuados mediante decretos 116,

119 y 127 de 24 y 29 de septiembre y 15 de octubre de 1.998 respectivamente y el de prevaricato por acción en lo que tiene que ver con la expedición de unos decretos por medio de los cuales se llevaron a cabo actos de administración relacionados con el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Gómez Plata. En firme la resolución de acusación, el expediente fue remitido al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos, quien asumió el conocimiento el veintidós de agosto de dos mil. La audiencia pública se llevó a cabo el once de diciembre de dos mil, luego de la cual el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos profirió sentencia condenatoria el doce de enero de dos mil uno, decisión que fue 4

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO modificada por el Tribunal Superior de Antioquia el dieciséis de noviembre de dos mil uno, providencia que es objeto del recurso de casación.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN Cinco son los cargos que formula el censor a la sentencia de segunda instancia, referidos cada uno de ellos a los diferentes delitos imputados al procesado y por los cuales se profirió sentencia condenatoria.

De esta manera, frente al prevaricato por omisión plantea una violación directa por aplicación indebida; la condena por peculado por aplicación oficial diferente es objeto de un ataque por violación indirecta por falso juicio de existencia, mientras que a la del peculado por apropiación se le censura por ser violatoria de la ley sustancial de manera indirecta por errores de hecho por falso juicio de identidad y

falso juicio de existencia. De otro lado la condena por el peculado por uso y el peculado por aplicación oficial diferente es objeto de un cargo por nulidad en la que se propone una violación al derecho de defensa, y por último cuestiona el fallo en lo que tiene que ver con el punible de prevaricato por acción planteando una violación indirecta por un error de hecho. Para sintetizar el libelo se indicaran en su orden cada uno de los cargos propuestos, frente a los cuales se hará el resumen de los aspectos sustanciales de cada una de las acusaciones. 3.1. Primer cargo Al amparo de la causal primera de casación, consagrada en el numeral 1° del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2.000), el censor acusa la sentencia de segunda instancia de violar en forma directa, por aplicación 5

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO indebida de los artículos 150 del Decreto 100 de 1.980, modificado por el artículo 29 de la Ley 190 de 1.995, y del artículo 76 de la Ley 136 de 1.994. Opina el censor que el sentenciador de segunda instancia condenó al procesado por el delito de prevaricato por omisión al considerar que el retardo en el que incurrió el ex alcalde en impartirle sanción al acuerdo que fijaba el presupuesto de rentas y gastos del municipio tipificaba esa conducta punible. Considera el recurrente que el sustento legal en el que se apoya el fallador es errado debido a que no existe norma que señale el término dentro del cual los alcaldes municipales deban sancionar los acuerdos aprobados por el Concejo, y

ante la ausencia del precepto legal en el que se fundamenten los razonamientos del sentenciador no ha debido aplicarse el tipo en el que se consagra la conducta punible por el cual resultó condenado Martínez Quintero. Sostiene el libelista que el procesado no pudo incurrir en prevaricato por omisión ya que el hecho de retardar la sanción del acuerdo no genera una consecuencia de orden punitivo puesto que la norma aplicable a este tipo de actuaciones – Artículo 76 de la Ley 136 de 1.994no consagra términos perentorios a los alcaldes municipales para la sanción de los acuerdos aprobados por el Concejo municipal. Por todo lo anterior, señala el censor, se termina configurando el tipo penal que fue aplicado indebidamente, ocasionando la violación directa de la norma sustancial, la cual recae en los artículos 76 de la Ley 136 de 1.994 y el artículo 150 del Decreto 100 de 1.980. 3.2. Segundo cargo Lo presenta el censor al amparo de la causal primera de casación consagrada en el numeral primero del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 6

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO de 2.000), cuerpo segundo, por considerar que la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia es violatoria en forma indirecta del artículo 136 del Decreto 100 de 1.980, modificado por el artículo 32 de la Ley 190 de 1.995. En criterio del recurrente, ignoró el tribunal la existencia de la copia del recibo de consignación realizada por el Ministerio de Educación Nacional a una cuenta

corriente del municipio de Gómez Plata en donde se efectuó el depósito destinado al pago de docentes, la cual se reflejó en el respectivo extracto bancario que obra también en el expediente, con lo cual se demuestra que ese dinero no provenía de aportes departamentales del sector salud. Siendo ello así, sostiene el libelista que el traslado presupuestal realizado mediante Decreto 112 del 17 de septiembre de 1.998 es perfectamente lícito, no obstante el error de trascripción cometido en uno de sus considerándoos en donde se señala que los dineros trasladados provenían de aportes departamentales del sector salud. Con las anteriores afirmaciones concluye el censor que la omisión probatoria en la que incurrió el tribunal al haber ignorado la prueba que demuestra que el dinero aplicado ingresó al presupuesto municipal con el mismo fin al que se destinó y que siendo ello así no hay una aplicación oficial diferente. Para terminar resalta el censor la evidencia del nexo de causalidad que existe entre el error cometido por el sentenciador al dejar de apreciar la prueba y la decisión de condenar al procesado por la conducta descrita en el artículo 136 del Decreto 100 de 1.980, asunto por el cual no se le inquirió en diligencia de indagatoria. 3.3. Tercer cargo 7

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO Es invocado con fundamento en la causal primera de casación, alegando una violación indirecta de la ley sustancial, por errores que se originaron en falsos juicios de identidad y de existencia, con quebrantamiento del artículo 133 del Decreto 100 de 1.980, modificado por el artículo 19 de la Ley 190 de 1.995.

Para sustentar la acusación dice el libelista que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia tergiversó el sentido de la declaración de Víctor Hugo Correa Rodríguez a la que le otorga un sentido a las expresiones del deponente que no se corresponden con el verdadero significado de la locución empleada por el declarante. Dice el recurrente que el yerro del tribunal consiste en otorgarle a la declaración de Correa Rodríguez un carácter o sentido jurídico que no posee, ya que a la expresión “nos dieron el repuesto” se le otorgó una connotación equivalente a la de donación y con base en ello el sentenciador afirma que el testigo manifestó que “el repuesto le fue donado”, con lo que arribó a la conclusión de que el procesado dispuso de bienes del estado cuya tenencia se le confió con ocasión del cargo que ejercía endilgándole a Martínez Quintero el delito de peculado por apropiación. De esta forma, sostiene el libelista, el fallador tergiversa, distorsiona, desdibuja o desfigura el hecho que revela la prueba, con lo cual se da a esta un alcance objetivo que no tiene, configurándose el error de hecho por falso juicio de identidad. Dentro del mismo cargo, acusa la sentencia del tribunal de omitir el análisis de una diligencia de inspección judicial practicada por la fiscalía en la que se constató que los auto partes del vehículo del municipio no habían sido retirados, situación que corrobora la certificación expedida por el Almacenista municipal, prueba que también fue echada de menos por el sentenciador de segunda instancia, con lo que una vez echado de menos estos elementos de convicción se configura el

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO yerro con el cual se predica la ocurrencia del tipo penal de peculado por apropiación. 3.4. Cuarto cargo Lo invoca al amparo de la Causal Tercera de casación consagrada en el numeral 3° del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2.000), alegando la nulidad de la actuación por violación al derecho de defensa. Para fundamentar el cargo el libelista señala la infracción configurante de la nulidad y la concreta en dos eventos en los cuales expone de manera general la forma en que se violó el derecho a la defensa: Primer evento: Afirma el casacionista que en primer lugar, acusa la sentencia respecto al la condena por el peculado por aplicación oficial diferente, e interpone este cargo como subsidiario, puesto que ya le formuló un reproche a este aspecto de la sentencia condenatoria por un error de hecho por falso juicio de existencia, y en este evento cuestiona el fallo por la falta de oportunidad que tuvo el procesado para ejercer el derecho a su defensa, ya que no fue interrogado en diligencia de indagatoria respecto a los hechos relacionados con el traslado presupuestal con el que se canceló la nómina de los docentes del municipio de Gómez Plata.

Segundo evento: Señala el censor que se incurrió en una violación al derecho de defensa puesto que, respecto a los hechos en los que el ex alcalde dispuso la entrega de unos repuestos de los vehículos donados por la Gobernación de Antioquia al municipio de Gómez Plata, y que fueron instalados en automotores particulares, no se

interrogó al procesado en la diligencia de indagatoria ya que en dicha diligencia 9

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO solo se le formularon preguntas relacionadas con unos repuestos de la volqueta facilitados al señor Correa Rodríguez mas no a los auto partes que se le prestaron a un señor de nombre Nicolás Guillermo consistentes en unos “tarros de freno”, hechos que finalmente constituyen el fundamento de la imputación del peculado por uso y que no fueron incluidos en el interrogatorio formulado al procesado, con lo que se mantuvo también en este caso la situación de indefensión ya que no fueron comunicados al procesado los cargos que se le formularon en su contra. Concluye el censor señalando que en cada uno de los eventos indicados se violó la garantía judicial de la defensa, puesto que al no ser indagado el procesado respecto a los dos hechos relacionados se le sorprendió posteriormente con un pliego de cargos en el que se le acusó por unos hechos que no conocía, ya que no le fueron comunicados al momento de rendir sus descargos, y resalta la relación de causalidad entre la ausencia de defensa y la decisión condenatoria, decisión a la que se llega a juicio del libelista por la ausencia de la garantía. 3.5. Quinto cargo Con fundamento en la causal primera cuerpo segundo del artículo 207 del C.P.P., el demandante plantea este cargo en contra de la sentencia recurrida y postula un reproche constitutivo de violación indirecta de una norma de derecho sustancial por error de apreciación. Estima el libelista que el tribunal en vez de apreciar el concepto de la

Subsecretaría de Apoyo Jurídico del Departamento de Antioquia en el que se precisan los hechos generadores del impuesto complementario de avisos y tableros, se apoyó en la opinión del Asesor Jurídico del Concejo municipal de Gómez Plata y de algunos miembros de esta Corporación que rindieron testimonio según el cual el Consorcio Conytrac-Cobaco-Concorpe había fijado los avisos y vallas en las vías. 10

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO Dicho esto el recurrente afirma que “el error de apreciación en que incurre el tribunal consiste en colegir de la afirmación de los deponentes en el sentido de que los avisos si existían, que estos tenían la connotación requerida para estructurar el hecho generador del impuesto”. Señala el libelista que el mandatario local al advertir que no existía el fundamento legal para el cobro del impuesto dictó la resolución en la que se declaraba que el consorcio no era sujeto del gravamen y, en consecuencia, se abstuvo del cobro del impuesto complementario de avisos y tableros. Conforme con lo expuesto, opina el censor que el ex alcalde no exoneró al consorcio del impuesto y que el sentenciador a causa del yerro denunciado estableció que había lugar al cobro del gravamen y que el procesado había exonerado del pago del tributo a la firma constructora. Pide a la Corte casar la sentencia condenatoria y en su lugar dictar sentencia absolutoria a favor de su defendido por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por omisión, prevaricato por acción y peculado por aplicación oficial diferente. En relación con el delito de peculado por uso solicita se decrete la

nulidad de la actuación a partir de la indagatoria.

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA 4.1. Primer cargo Pretende el libelista que se reconozca en el fallo objeto de impugnación extraordinaria una violación a la norma sustancial, porque en su entender el juzgador de instancia aplicó indebidamente una disposición legal que no estaba destinada a regular el caso concreto, propuesta que desconoce el contexto de la

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO sentencia condenatoria en el aspecto relacionado con uno de los actos contrarios a los principios constitucionales y legales que gobiernan la función pública, concretamente el acto ilegal de abstenerse de cumplir en forma dolosa las funciones propias del cargo que desempeñaba el procesado en su condición de Alcalde municipal de Gómez Plata (Antioquia). El acto de retardar la sanción del acuerdo 013, cuyo proyecto fue enviado el 12 de septiembre de 1.998 y sancionado tardíamente, a los 46 días de su recepción, indiscutiblemente alteró el desarrollo normal de las actividades del ente territorial al mando del procesado quien, con esta forma de actuar no se ajustó a los preceptos o normas jurídicas que regulan la expedición de cada una de las formas en que se manifiesta la función de los órganos encargados de la administración pública. El fundamento de la sentencia condenatoria es precisamente el hecho de encontrarse debidamente demostrado el comportamiento doloso del procesado, y las razones de tal manera de actuar la señaló el fallador, que no son otras que los

motivos que justificaban la omisión en el deber funcional del alcalde del municipio de Gómez Plata, que debiendo sancionar el acuerdo dentro de los términos legales no lo hizo, precisamente porque con ello se le limitaban las facultades para realizar los traslados presupuestales, y esto estaba en contra de sus iniciativas e intereses personales. El libelista recurre por su parte a plantear una controversia interpretativa alrededor del precepto normativo que regula la organización y funcionamiento de los municipios, particularmente la disposición referida al trámite final de los acuerdos aprobados por los concejos municipales, discusión que erige en fundamento del cargo que formula. Así las cosas no logra el libelista destacar ni mucho menos demostrar error alguno en la sentencia, ya que la norma en la que sustenta la diferencia hermenéutica 12

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO consagra precisamente un acto legal omitido por el procesado, quien con su conducta incurrió en el incumplimiento de sus funciones, elemento constitutivo del hecho punible por el que resultó condenado. En efecto, discute el censor que la Ley 136 de 1.994 no consagra el tiempo para sancionar los acuerdos municipales y que en ella se encuentra una disposición que solo establece términos para objetarlos, y deja con ello de lado que tanto la sanción como la objeción son deberes funcionales de imperativo cumplimiento. Es deber de todo alcalde municipal impartirle sanción a los acuerdos y para ello el artículo 76 de la Ley 136 de 1.994 dispone que aprobado en segundo debate un proyecto de acuerdo pasará dentro de los cinco días hábiles siguientes al alcalde

para su sanción (Subrayas fuera del texto); por su parte la misma norma contiene una disposición que señala que el alcalde dispone de cinco días para devolver con objeciones un proyecto de no mas de veinte artículos (el acuerdo 013 de 1.998 contiene ocho artículos). La Corte Constitucional a través de la Sentencia C-112 de 1.996, resolvió la acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 79 de la Ley 136 de 1.994, "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios" y contra el artículo 118 del Decreto 2626 de 1.994.

En dicha decisión afirmó que: “Aplicando los principios que el Juez Constitucional acepta como necesarios para sustentar un determinado ordenamiento jurídico, entendido como sistema: el principio de coherencia interna del ordenamiento, el principio de eficacia del texto a interpretar y el principio de la coherencia institucional o programática, es viable concluir que la pretensión del legislador al redactar el artículo 79 de la ley 136 de 1.994, fue establecer un término para que el Alcalde, una vez informado por el Concejo Municipal de que sus objeciones por inconveniencia respecto de un determinado proyecto de Acuerdo no han sido

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO acogidas por dicha Corporación, proceda, en cumplimiento de las funciones que le son propias, específicamente de aquellas consignadas en los numerales 1 y 6 del artículo 315 de la Carta, a sancionar dicho Acuerdo; ese término, referido al lapso

del que dispone el Alcalde para el ejercicio válido de la facultad que le es propia, ha de entenderse como el "límite o extremo en términos de tiempo", que el legislador quiso atribuirle para el efecto. Dado que la expresión "no menor de ocho días", que contiene la norma impugnada, torna el plazo que quiso establecer el legislador en un "término indefinido", ésta, además de atentar contra la armonía y coherencia del ordenamiento jurídico del que hace parte, contradice los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, por lo que ella será declarada inexequible2. Lo anterior indica que a pesar de la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional de la expresión "no menor" del artículo 79 de la Ley 136 de 1.994, el deber funcional en cabeza del alcalde municipal no desaparece, pues esta obligación debe realizarse en un tiempo razonable, que debe entenderse como aquél máximo requerido para la toma de decisiones, y en el caso particular, el que tomó el señor Alcalde Martínez Quintero sobrepasó los límites de ponderación para proceder a la objeción. Pero aún más claro que lo expresado por la Corte Constitucional es el artículo cuarto de la Ley 177 de 1.994, que subrogó el artículo 79 de la Ley 136 de 1.994: “Si la plenaria del Concejo rechazare las objeciones por inconveniencia, el Alcalde deberá sancionar el proyecto en un término no mayor de ocho (8) días. Si no lo 2 Corte Constitucional. Sentencia C-112-96. Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. Acción

pública de inconstitucionalidad contra el artículo 79 de la Ley 136 de 1994, "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios" y contra el artículo 118 del Decreto 2626 de 1.994. La Corte Resolvió: “Declarar EXEQUIBLE el artículo 79 de la ley 136 de 1994, salvo la expresión "no menor" que se declara inexequible”. En esta sentencia la Corte Constitucional no hizo mención a la Ley 177 de 1.994 que en su artículo 4°, es decir, para el momento del pronunciamiento de constitucionalidad ya la norma demandada se encontraba subrogada. 14

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO sanciona, el Presidente de la Corporación procederá a sancionarlo y publicarlo” (negrillas no originales). El acto de sancionar es una obligación que está asignada al primer mandatario municipal (5 días, artículo 76 Ley 136 de 1.994), o en su defecto, objetar los acuerdos (máximo 8 días, art. 4° Ley 177 de 1.994), y, en consecuencia, incurre en el tipo penal de prevaricato por omisión el servidor que omite el cumplimiento de ese deber funcional, dentro del término, ya que la norma sanciona el no hacer. La doctrina ha considerado que en el delito de prevaricato por omisión el funcionario tiene un deber de cumplir con las obligaciones correspondientes e inherentes al cargo que le ha sido diferido, de tal manera que cuando el funcionario falta a ese deber de cumplir dentro del tiempo o de la oportunidad

debida las obligaciones propias de la función que le ha sido encomendada, está faltando al ejercicio de esa función y, en consecuencia, está atentando no solamente contra la buena marcha y contra el buen nombre de la administración, sino que finalmente está atentando contra la rectitud de la misma, toda vez que ella tiene a su cargo la obligación de cumplir prontamente con el ejercicio de sus funciones3. Por otro lado, si se atiende el precepto constitucional (artículo 209 de la C. Pol.) que dispone que la función administrativa se desarrolla con fundamento en principios como el de la economía podría decirse que lo que se busca es que los procedimientos se realicen en el menor tiempo posible, con lo que se convierte en un deber del servidor público impulsar oficiosamente las actuaciones administrativas para que las decisiones se adopten rápidamente. En ese mismo sentido ha precisado la jurisprudencia constitucional la responsabilidad del servidor público en el Estado social de derecho, a quien ha señalado una “ampliación de responsabilidad en relación con sus funciones”, 3 Cfr. MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Delitos contra la Administración Pública. Editorial Diké. 1.995. pág. 173. 15

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO como manifestación del sistema jurídico que hace mayor énfasis en el principio que busca garantizar el cumplimiento eficiente de las tareas públicas4 No se advierte entonces ningún error en la sentencia condenatoria objeto de censura, puesto que el razonamiento del tribunal se presenta conforme a derecho, dentro de un contexto desconocido por el censor, quien formula un ataque sin consultar los términos en la que está concebida la decisión en la que pretende se

reconozca una violación a la norma sustancial. En estas condiciones el cargo debe ser desestimado. 4.2. Segundo cargo En este aparte de la demanda se acusa a la sentencia de segunda instancia de ser violatoria de la norma sustancial por aplicación indebida a consecuencia de una omisión probatoria que a juicio del censor determinó la condena por peculado por aplicación oficial diferente. En opinión del recurrente la adición presupuestal efectuada mediante el Decreto 112 de septiembre 17 de 1.998 no constituye un acto irregular, puesto que el dinero objeto de la adición no provenía de aportes departamentales del sector salud sino de un giro efectuado por el Ministerio de Educación con destino específico a ese sector de la administración. Para fundamentar su aserto el censor se apoya en los documentos que en su criterio acreditan el origen y destinación de los recursos objeto de la adición, pruebas que a su juicio no fueron tenidas en cuenta por el sentenciador de segunda instancia, con lo que pretende se reconozca en la sentencia impugnada un falso juicio de existencia. 4 Corte Constitucional. Sentencia C-037, 28 de enero de 2.003, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis. 16

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RODOLFO MARTÍNEZ QUINTERO El aspecto que se cuestiona a la administración del ex alcalde Martínez Quintero tiene que ver con la legalidad de los actos destinados a la normal y ordenada prestación de la función pública. En este sentido son objeto de reproche todos los comportamientos que afectan la actividad estatal en sus distintas