PGN - HECHO NOTORIO - No necesita prueba para demostrar su ocurrencia

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad del Estado por perjuicios causados por desplazamiento forzado HECHO NOTORIO-No necesitan prueba para demostrar su ocurrencia Un hecho se considera notorio por la forma como ocurrió o por la divulgación que recibe -el carácter de notorio de un hecho no lo exime del cumplimiento de la carga de la afirmación-. En el presente caso se tiene que las masacres de Mapiripán en 1997 y de Puerto Alvira en mayo de 1998, los hostigamientos y acoso por las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, así como el desplazamiento forzoso de algunos pobladores de esa zona del país es un hecho notorio, por el despliegue noticioso que tuvieron tales acontecimientos, y de ello dan cuenta pronunciamientos judiciales de organismos nacionales e internacionales. La imputación de responsabilidad de las demandadas como consecuencia del desplazamiento forzado ocurrido en el corregimiento de Puerto Alvira, del municipio de Mapiripán (Meta) debe hacerse desde la tesis de la posición de garante, partiendo del deber jurídico del Estado y de sus órganos de proveer, precaver y prevenir la amenaza y vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos con ocasión de la acción de terceros, en este evento, de la acción de grupos armados al margen de la ley, concretamente de paramilitares. Está demostrada en el caso concreto la existencia de los hechos, de los “riesgos inminentes” y de la omisión del Estado de adoptar todas las medidas razonables para haber prevenido la ocurrencia de las amenazas y/o vulneraciones de los derechos fundamentales, o de los

derechos humanos de los demandantes. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD-Deber jurídico del Estado La imputación de responsabilidad de las demandadas como consecuencia del desplazamiento forzado ocurrido en el corregimiento de Puerto Alvira, del municipio de Mapiripán (Meta) debe hacerse desde la tesis de la posición de garante, partiendo del deber jurídico del Estado y de sus órganos de proveer, precaver y prevenir la amenaza y vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos con ocasión de la acción de terceros, en este evento, de la acción de grupos armados al margen de la ley, concretamente de paramilitares. Está demostrada en el caso concreto la existencia de los hechos, de los “riesgos inminentes” y de la omisión del Estado de adoptar todas las medidas razonables para haber prevenido la ocurrencia de las amenazas y/o vulneraciones de los derechos fundamentales, o de los derechos humanos de los demandantes. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA-Se aportan los registros civiles de nacimiento para acreditar la condición de hijos Se aportaron los registros civiles de nacimiento los cuales acreditan la condición de hijos.

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PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 234/2013

Bogotá D. C., 22 de agosto de 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA –SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctora OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

Ref.: Proceso 32485 (50001233100020000014801) Acción de reparación directa

Actor: Gladys Victoria Vásquez Acero y otros Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - Policía Nacional – Ministerio del Interior – Red de Solidaridad Para efectos de la audiencia de conciliación citada de oficio por la Consejera Ponente, el Ministerio Publico presenta a consideración de la Sala su concepto.

1. ANTECEDENTES 1.1. El 2 de mayo de 2000 (fl. 38 C. 1) Gladys Victoria Vásquez Acero obrando en nombre propio y en representación de sus menores hijos Raúl Alfredo, Anayiver y José Diego Osorio Vásquez, Yesica Jovel Vázquez y Rubén Darío Murillo Vásquez; Sandra Milena Osorio Vásquez obrando en nombre propio y en representación de su menor hijo Jorge Luis Idarraga Osorio demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - Policía Nacional – Ministerio del Interior – Red de Solidaridad, para que se les declarara responsables de los perjuicios causados por el desplazamiento forzado en hechos ocurridos el 4 de mayo de 1998 en el Municipio de Mapiripán, Corregimiento de Puerto Alvira (Meta) y por los hechos, omisiones y actuaciones de los demandados posteriores a esa fecha,

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una vez asentados provisionalmente en Villavicencio. Señaló que entre el 14 y 20 de julio de 1997 se presentó una incursión paramilitar donde fueron asesinadas más de 30 personas y desaparecidas otras 40, y el 6 de octubre de ese año las AUCC se tomaron la pista de aterrizaje de Puerto Alvira advirtiendo a la población que la zona era declarada de operaciones militares. Después de referirse a las comunicaciones elevadas a las autoridades señaló que el 4 de mayo de 1998 a la 1:30 de la tarde hicieron presencia en el casco urbano de la Inspección de Policía de Puerto Alvira, 4 camiones de los cuales descendieron aproximadamente 200 hombres que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares y se identificaron como integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, algunos con capuchas y pasamontañas y portaban armas de fuego de largo alcance como fusiles AK 47 y Lanzagranadas; taparon las salidas terrestre y fluviales, obligaron a los campesinos a salir de sus casas y los reunieron en la plaza, el polideportivo y la pista del aeropuerto local; a los campesinos se les acusó de auxiliares de la guerrilla y se les dijo que tenían 8 días para abandonar el pueblo y que regresaran a sus casas; 5 minutos después fueron avisados que debían presentarse en el parque deportivo y la pista del aeropuerto, fueron sacados a la fuerza de sus casas, sometidos a malos tratos físicos y verbales; congregados los dividieron por grupos hombres, mujeres y

niños y con lista en mano preguntaron por los dirigentes comunales y cívicos y a varios habitantes de la población a quienes obligaron a dejar el grupo y fueron llevados a la estación de gasolina donde fueron asesinados. Los paramilitares saquearon y prendieron fuego a establecimientos de comercio y vivienda. Señaló que a las 4:30 el comando paramilitar abandonó el caso urbano de Puerto Alvira y en su retirada asesinaron a otros 3 campesinos. Después los moradores dieron aviso a las autoridades de Villavicencio y al Comité Internacional de la Cruz Roja quien a su vez se comunicó con un General de la VII Brigada.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 Expediente 32485 Afirma que los hechos generaron terror y zozobra en los actores obligándolos a desplazarse forzadamente los días 7 y 15 de mayo de 1998, permaneciendo en Villavicencio, viviendo en condiciones deplorables, sin vivienda digna, sin recibir ayuda humanitaria de emergencia, no han recibido planteamiento de soluciones definitivas en el marco de retorno ni reubicación rural. En Puerto Alvira la señora Vásquez Acero y su hija Sandra Milena Osorio Vásquez eran comerciantes de víveres y el desplazamiento les ocasionó pérdida de la tienda, de la casa de habitación, enseres, etc.; además del pago de arrendamiento y gastos extras de manutención y se han visto privadas de los ingresos que usualmente recibían.

1.2. LA OPOSICIÓN -La Red de Solidaridad Social (fls. 56 a 69 C. 1) contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Se pronunció sobre los hechos y propuso las siguientes excepciones: a) falta de acervo probatorio y b) cobro de lo no debido. Como razones de la defensa afirmó que esa entidad no tiene dentro de su competencia lo relacionado con el manejo del orden público y para la fecha de los hechos no coordinaba el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada. Para que sean atendidas las necesidades los demandantes deben solicitar la inclusión en el registro de Desplazados –ley 387 de 1997y en los archivos no obran documentos de los actores. -La Nación – Ministerio de Defensa (fls. 131 a 134 C 1). Señaló que no le constaba ninguno de los hechos y sostuvo que para que opere la falla del servicio se hace necesario probar los elementos, falla o falta del servicio, daño y relación de causalidad. -La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 139 a 144 c. 1). Dijo atenerse a lo que resultara probado y como razones de defensa adujo que por su naturaleza no militar le corresponde a otras instancias operar en estas regiones. Agregó que se presentaba la causal de exoneración de hecho determinante y exclusivo de un tercero. - El Ministerio del Interior (fls. 147 a 156 C. 1) contestó la demanda extemporáneamente.

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Expediente 32485 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Meta (fls. 348 a 377 C. Consejo de Estado) declaró patrimonialmente responsables a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional – Ministerio del Interior. En consecuencia, condenó a pagar por concepto de perjuicios morales a Gladys Victoria Vásquez Acero, Sandra Milena, Raúl Alfredo, Anayiver y José Diego Osorio Vásquez, Yesica Jovel Vázquez y Rubén Darío Murillo Vásquez 100 SMLMV para cada uno y negó las demás pretensiones de la demanda. 1.4. LA IMPUGNACION El Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 429 a 431 C. Consejo de Estado) alega que cuando el daño proviene del hecho exclusivo y determinante de un tercero debe exonerarse de responsabilidad al Estado, por romperse el nexo de causalidad. Argumenta también que se evidencia la ausencia de medios de convicción que indiquen que la señora Vásquez Acero y su familia resultaron desplazados, ya que la Red de Solidaridad Social – Presidencia de la República informó que los actores no se encontraban relacionados en el programa de desplazados; como tampoco los informes del Departamento del Guaviare - Sección de Archivo y Correspondencia y del Secretario Administrativo del municipio de San José del Guaviare los relacionan ni obra inventario alguno de los bienes abandonados en el mes de mayo de 1998. No hay condición de desplazados y de afectados, por tal razón no hay daño. 1.5. CONCILIACIÓN Por auto de 24 de julio de 2013, de conformidad con la facultad oficiosa otorgada en el

art. 43 de la ley 640 de 2001, la Consejera Ponente fijó el 22 de agosto de 2013 como fecha para llevar a cabo audiencia de conciliación.

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2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. PROBLEMA JURÍDICO El problema jurídico propuesto por el apelante se limita a plantear que el hecho de un tercero rompe la imputación y a que los actores no probaron el desplazamiento forzado ocasionado por la incursión de los paramilitares a Puerto Alvira el 4 de mayo de 1998. 2.2. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala el término de caducidad de las acciones ordinarias, entre ellas, la de reparación directa, que caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento de hecho, omisión, operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o cualquiera otra causa (num. 8).

Los demandantes dicen que el daño cuya indemnización se reclama consiste en el “desplazamiento de los demandantes”, que se concretó cuando abandonaron el corregimiento de Puerto Alvira, pasada la toma paramilitar, del 4 de mayo de 1998. No operó la caducidad de la acción, pues la demanda fue presentada el 2 de mayo de 2000 (fl. 38 C. 1).

2.3. DESPLAZAMIENTO FORZADO - PRECEDENTE Ley 387 de 1998 regula la situación de desplazamiento forzado y fue reglamentada por el Decreto 2569 de 2000. La SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C en sentencia de 21 de febrero de 2011.

Radicación número: 50001-23-31-000-2001-00171-01(31093) dijo que el concepto de desplazamiento forzado encuentra respaldo en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, ratificado por la ley 171 de 1994; que también es aplicable el artículo 12

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 Expediente 32485 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al igual que lo establecido en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. “(…), entendiendo que el concepto de desplazado, “… lejos de estructurarse con unos indicadores y parámetros rígidos, debe moldearse a las muy disímiles circunstancias en que una u otra persona es desplazada dentro del país. Son circunstancias claras, contundentes e inclusive subjetivas, como el temor que emerge de una zozobra generalizada, las que explican objetivamente el desplazamiento interno”1. A lo que se agrega, siguiendo el mismo precedente, que el concepto de desplazado, “… no es un derecho o facultad sino una noción que describe una situación fáctica cambiante,

de la cual se desprende la exigibilidad de derechos y garantías para el afectado y su núcleo familiar, y de ahí que deba ser entendida y aplicada de manera amplia con arreglo al principio pro homine2, tal como lo recomiendan la jurisprudencia de esta corporación y los organismos internacionales, tomando en consideración, por lo menos tres elementos básicos identificados en los antecedentes reseñados: (i) la coacción, que hace necesario el traslado, (ii) la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación y (iii) la inminencia o efectiva ocurrencia de hechos que puedan propiciar desarraigo”. Como consecuencia del desplazamiento forzado, se pone en evidencia las condiciones de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad que tiene que afrontar la persona considerada como desplazado, “… entendida la primera como aquella situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social”3. Ahora bien, si definida esta la situación de desplazado, la Sala encuentra necesario complementarla con los derechos que son amenazados y vulnerados cuando ocurre esta situación, lo que se precisó en el precedente jurisprudencial constitucional que declaró el estado

de cosas inconstitucional mediante la sentencia T-025 de 2004 y se recoge en la sentencia T-967 de 2009 en los siguientes términos, “La citada decisión, señaló como derechos amenazados y vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzado, que claro está, no se trata de una lista exhaustiva, (i) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii) los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera edad y de otros grupos especialmente protegidos; (iii) el derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida en que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados se ven forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo; (iv) los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (v) derechos económicos, sociales y culturales; (vi) implica una dispersión de las familias afectadas, lesionando así el derecho de 1 (pie de página de la cita) Corte Constitucional, sentencia T-268 de 27 de marzo de 2003. 2 (pie de página de la cita) Para esta Corte, el principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo

fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre. (Cfr. C-1056 de octubre 28 de 2004 y T-284 de abril 5 de 2006 del mismo año, ambas con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández). 3 (pie de página de la cita) Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2006. “Asimismo, dentro de los efectos nocivos que provoca el desplazamiento forzado interno, se han destacado la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de las enfermedades y de la mortalidad, la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, la inseguridad alimentaria y la desarticulación social”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacre de Mapiripán contra Colombia, nota 8, párraf.175.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 Expediente 32485 sus miembros a la unidad familiar y a la protección integral de la familia; (vii) el derecho a la salud; (viii) el derecho a la integridad personal; (ix) el derecho a la seguridad personal; (x) la libertad de circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; (xi) el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar a las ciudades; (xii) el derecho a una

alimentación mínima; (xiii) el derecho a la educación, en particular el de los menores de edad que sufren un desplazamiento forzado y se han visto obligados, por ende, a interrumpir su proceso de formación; (xiv) el derecho a una vivienda digna; (xv) el derecho a la paz; (xvi) el derecho a la personalidad jurídica y (xvii) el derecho a la igualdad”4. (…) De acuerdo con la base conceptual anterior, la Sala debe examinar la responsabilidad del Estado siempre que se demuestre o acredite la i) la coacción que se traduzca en la imperiosa necesidad del afectado (s) de desplazarse de su lugar habitual de residencia (o donde está la afincó); la existencia de cualquier tipo de amenaza o la concreción de la violación de los derechos fundamentales (ya sea en la vida, integridad física, seguridad y libertad personal); y la existencia de hechos determinantes como: “conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores; violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos; infracciones al Derecho Internacional Humanitario, “u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público” 5. 8 La responsabilidad del Estado cuando se produce un desplazamiento forzado. Para el a quo, la responsabilidad de la entidad demandada debía analizarse bajo el régimen clásico de la falla en el servicio. Desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, el precedente de la Sala ha señalado, “Esta Sección del Consejo de Estado ha reiterado en varios pronunciamientos que en casoscomo el que ahora ocupa la atención de la Salaen los cuales se endilga a la Administración una omisión derivada del presunto incumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente a su cargo, el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio”6. Dicho encuadramiento lleva a plantear la falla del servicio a partir de la omisión determinante en la que se encuentran incursas las autoridades públicas “en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido”, de tal manera que se hace necesario evaluar el contenido de las obligaciones fijadas por el ordenamiento jurídico a cada entidad u órgano de la administración pública llamado a cumplirlas y, el grado o nivel de cumplimiento para el caso específico7. Sin duda, el presupuesto inicial está radicado en la omisión del Estado constituida por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones constitucionales y legales en virtud de las cuales debe preservarse los derechos de toda persona a no ser desplazado, desarraigado y despojado de sus bienes como consecuencia del conflicto armado interno, o de violaciones sistemáticas de los derechos humanos o, del derecho internacional humanitario. 4 (pie de página de la cita) Corte Constitucional, sentencias T-025 de 2004 y T-967 de 2009. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se sostiene: “En este sentido, la Corte observa que la situación de desplazamiento forzado interno que han enfrentado las víctimas en el presente caso no puede ser desvinculada de las otras violaciones declaradas en la presente sentencia. Las circunstancias del presente caso y la especial y compleja situación de vulnerabilidad que afecta a dichas

personas, incluyen pero trascienden el contenido de la protección debida por los Estados en el marco del artículo 22 de la Convención. En efecto, el desplazamiento tiene origen en la desprotección sufrida durante las masacres, no sólo a raíz de las violaciones al derecho a la vida (artículo 4 de la Convención) (supra párrs. 126 a 138), a la integridad personal (artículo 5 de la Convención) (infra párrs. 252 a 279) y a la libertad personal (artículo 7 de la Convención) (supra párrs. 149 a 153 y 168), sino también por la destrucción del ganado y las viviendas, en violación de los derechos a la propiedad privada (artículo 21 de la Convención) (supra párrs. 173 a 188) y respeto a la vida privada y al domicilio (artículo 11.2 de la Convención) (supra párrs. 189 a 200). El conjunto de estos derechos vulnerados llevan al Tribunal a considerar que, más allá del contenido normativo del artículo 22 de la Convención, la situación de desplazamiento analizada también ha afectado el derecho de las víctimas y sus familiares a una vida digna, en los términos anteriormente señalados, en relación con el incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos consagrados en esas normas”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 1° de julio de

2006. Caso de las Masacres de Ituango contra Colombia. Serie C. 148. 5 (pie de página de la cita) Corte Constitucional, sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009. 6 (pie de página de la cita) Sentencias de 8 de marzo de 2007, Exp. 27434; de 15 de agosto de 2007, Exps. 00004 AG y 00385 AG;

de 18 de febrero de 2010, Exp 18436. 7 (pie de página de la cita) Sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp 18436.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 Expediente 32485 El reciente precedente de la Sala se plantea que la omisión del Estado como fundamento de la responsabilidad puede fundarse en la tesis de la posición de garante, con lo que se intenta superar la tesis de la falla del servicio, en la medida en “que cuando a la Administración Pública se le ha impuesto el deber jurídico de evitar un resultado dañoso, aquella asume la posición de garante en relación con la víctima, razón por la cual de llegarse a concretar el daño, éste resultará imputable a la Administración por el incumplimiento de dicho debe”8. En el mismo precedente se señaló que la posición de garante ya ha sido acogida en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, afirmándose, “La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos (sic) 1.1 y 2 de la Convención. “La responsabilidad internacional de los Estados Partes es, en este sentido, objetiva o ‘absoluta’, teniendo presentes conjuntamente los dos deberes generales, estipulados en los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana.”9

Se trata de afirmar la responsabilidad del Estado pese a que los hechos son causados por terceros, en la medida en que a la administración pública le es imputable al tener una “posición de garante institucional”, del que derivan los deberes jurídicos de protección consistentes en la precaución y prevención de los riesgos en los que se vean comprometidos los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran bajo su cuidado, tal como se consagra en el artículo 2 de la Carta Política. Luego, sustancial para endilgar la responsabilidad es que se deduzca a quién competía el deber de evitar las amenazas y riesgos para los derechos humanos de las personas afectadas. (…) (…) De acuerdo con la doctrina y el precedente jurisprudencial interamericano de Derechos Humanos, no puede construirse una cláusula general de responsabilidad en cabeza del Estado cuando se produce todo tipo de violaciones a los derechos humanos en su territorio, por lo tanto, “… tratándose de hechos de terceros que no han actuado en connivencia con la fuerza pública, y, en los cuáles no hay un hecho imputable a un agente estatal, la jurisprudencia internacional estructura la responsabilidad sobre la base de que se reúnan dos elementos: i) que el Estado incumpla con los deberes de diligencia que le son exigibles en la evitación de graves violaciones a los derechos humanos, y ii) que se trate de riesgos inminentes y cognoscibles. Es decir, que en esta estructura el fundamento de la responsabilidad no es objetivo y está basado en la ausencia de una prevención razonable a las graves violaciones a los derechos humanos. Por ende, si se presenta la violación a pesar de que el Estado ha adoptado medidas adecuadas, orientadas a impedir la vulneración, el hecho no le es imputable al Estado”10.

En su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Velásquez Rodríguez”, estableció que la aplicación del estándar de diligencia llevó a constatar que el “Estado permitió que el acto se realizara sin tomar las medidas para prevenirlo”. Esto permite reconducir el régimen de responsabilidad del Estado hacia la inactividad como presupuesto sustancial, sustentado en la existencia de obligaciones positivas de prevención y protección, con las que se busca afirmar el concepto de “capacidad de actuar” del Estado ante la violación, 8 (pie de página de la cita) Sentencia de de 18 de febrero de 2010, Exp.18436. 9 (pie de página de la cita) “(...) Es irrelevante la intención o motivación del agente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convención, hasta el punto que la infracción a la misma puede establecerse incluso si dicho agente no está individualmente identificado. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención. (...) En conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno”. Corte Interamericana de

Derechos Humanos. Caso de la Masacre de Mapiripan, párr 110, Caso de los 19 comerciantes párr 141. 10 (pie de página de la cita) MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. “La responsabilidad del Estado por el hecho de terceros”, trabajo de investigación suministrado por el autor.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 Expediente 32485 amenaza o lesión de los derechos humanos, incumpliéndose de modo “omisivo puro” el deber de poner fin o impedir hechos o actos ajenos a su actuación que pueden provocar situaciones que como el desplazamiento forzado afecta los derechos de las personas. Luego, no puede ofrecerse como única vía la aplicación de la posición de garante ya que cuando dicha violación se produce como consecuencia de la acción de “actores-no estatales”, se exige determinar que la situación fáctica existió y que respecto a ella se concretaron tres elementos: “i) los instrumentos de prevención utilizados; ii) la calidad de la respuesta y iii) la reacción del Estado ante tal conducta”11, que en términos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se entiende como el estándar de diligencia exigible al Estado12. (Subrayas y negrillas fuera del texto) 2.4 LO PROBADO  La Séptima Brigada del Ejército en oficio de 12 de febrero de 2002, al dar respuesta al Oficio del Tribunal donde se pedía información sobre la seguridad que el Ejército prestó a los habitantes de Mapiripán en mayo de 1998, respondió

que tropas del Batallón de Infantería “Joaquín Paris” realizaron algunas operaciones esporádicas en la zona (fls. 238 a 242 C. 1).  El Departamento de Policía Guaviare – Policía Nacional en oficio de 8 de marzo de 2002 informó que desde el 16 de enero de 1996, una vez ocurrida la toma subversiva por parte de los frentes VII y XLIV del Bloque Oriente de las FARC, no había presencia de la policía en la zona (fl. 264 C. 1).  Oficio 6083 de 17 de octubre de 2000 suscrito por el Directora General de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior ( E ), en el que le informa a la Dirección Jurídica del mismo que revisados los archivos no se encontró ninguna información relacionada con la señora Gladys Victoria Vásquez Acero, Raúl Alfredo, Anayiver y José Diego Osorio Vásquez, Yesica Jovel Vázquez y Rubén Darío Murillo Vásquez y Sandra Milena Osorio (fl. 163 C. 1).  Por oficio de 1° de noviembr