PGN - HOMICIDIO - Culposo

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. MAURO SOLARTE PORTILLA

Bogotá, D. C.

REF.: Demanda de casación

(Rad. No. 21.774) E n ejercicio del derecho de impugnación, el defensor de María Elena Restrepo Cifuentes interpuso el recurso extraordinario de casación contra el fallo del Tribunal Superior de Medellín, que revocó el de carácter absolutorio del Juzgado Décimo Quinto Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial, y la condenó por doble homicidio culposo agravado. Dentro del traslado correspondiente, procede el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal, a rendir concepto en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal. A.- CONTEXTO SITUACIONAL E n la ciudad de Medellín, a la 1:30 de la madrugada del 25 de noviembre de 1998, luego de ingerir licor, se desplazó María Elena Restrepo Cifuentes en su vehículo corsa, modelo 1997, de placas BIR-282 por la carrera 57, sentido norte-sur, y en la intersección con la calle 48 colisionó con la motocicleta Yamaha RX, de placas FIT 20, en la que se movilizaban en dirección oriente-occidente los Agentes de la Policía, Wilson Cardona López y Oscar Otálvaro Figueroa. Como consecuencia de las graves heridas fallecieron los dos últimos, en tanto que la primera, que huyó del lugar, resultó levemente herida.

B.- SINOPSIS PROCESAL

Una vez se la vinculó a través de indagatoria, al resolver su situación jurídica la Fiscalía Sexta Seccional de Medellín le impuso medida de aseguramiento 2 de detención preventiva, sustituida luego por domiciliaria, como posible responsable a título de culpa de los delitos contra la vida, y subsecuentemente, tras la clausura de la instrucción, calificó el mérito sumarial, mediante providencia del 2 julio de 1999, con Resolución de Acusación por el concurso homogéneo de Homicidio Culposo Agravado, sancionado en los artículos 329 y 330 del Título XIII, Capítulo Primero del anterior Código Penal. Ejecutoriada la acusación, tres días después de la última notificación que se surtió el 28 de julio de 1999, la etapa procesal del juicio correspondió al Juzgado Decimoquinto Penal del Circuito de Medellín, y una vez se le concedió la libertad provisional a la sindicada ante el vencimiento de términos sin llevarse a cabo la vista pública, verificada ésta, mediante sentencia del 9 de mayo de 2003, se la absolvió de los cargos formulados. Reconocidos los padres y hermanos de los occisos como actores civiles, mediante sus apoderados apelaron del fallo, y el Tribunal mediante el suyo del 23 de julio de 2003 lo revocó, en consecuencia, condenó a la acusada por los delitos imputados, a la pena de prisión de treinta y cuatro (34) meses, a las accesorias de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, y la prohibición de conducir vehículos por dos (2) años,

así como a la de carácter civil de indemnizar los daños morales subjetivos, no así los materiales en tanto se acreditaran cabalmente por la vía civil. En contra de esa decisión el defensor hizo uso del recurso extraordinario de casación, cuya demanda la Corte Suprema de Justicia la declaró ajustada a los requisitos de forma. C.- LA DEMANDA Contra la sentencia de segundo grado se anuncian dos cargos con apoyo en la causal primera, uno con el carácter de principal, por violación directa de la ley, y el otro, como subsidiario, por la vía indirecta. 1.- Primer cargo. F unda el reparo en la interpretación errónea por parte del Tribunal del sentido y alcance de la norma sustancial sobre la culpa por la que llegó a 3 la violación de los artículos 2º(hecho punible), 5º(Culpabilidad y exclusión de responsabilidad objetiva), 21 (Causalidad), 35 (Formas de culpabilidad), 37 (Culpa), 329 y 330 (Homicidio culposo agravado) del anterior Código sustantivo penal. Tras la cita de doctrina y jurisprudencia acerca del concepto de culpa, bien como forma culpabilidad bajo la anterior normatividad, o componente de la conducta en la actual, señala el actor tres falencias en las que sobre el tema incurrió el fallador: a.- Confundió la parte con el todo al tomar la infracción al deber de cuidado con la culpa misma. b. – Tomó como sinónimos la imprudencia y la culpa sin analizar la infracción al deber de cuidado, a la par que le sumó la embriaguez, cuando una y otra son una sola infracción a aquel deber a través de la violación de normas de

tránsito. c. - Identificó la infracción al deber objetivo de cuidado con el nexo causal que debe tener respecto del resultado dañoso, pues, propuso que la falta de atención y la embriaguez eran la prueba de esa relación de determinación. Para el censor, se constituyó un caso de responsabilidad objetiva al identificar las vías a través de las cuales se llega a la infracción al deber de cuidado, con la culpa, y aún con la circunstancia agravante, dado que la forma de culpabilidad se estructuró desde el momento en que se estableció el grado de embriaguez de la procesada, cuando contrariamente, de éste último no se sigue la configuración del accionar culposo, ni siquiera de la relación de determinación entre la supuesta infracción del deber objetivo de cuidado y la actualización del resultado dañoso. En suma, considera que por no tener en cuenta los demás elementos estructurantes de la culpa se configuró un delito donde no existía y se arribó a una improcedente sentencia condenatoria, por lo que solicita, en consecuencia, que la Corte Suprema de Justicia case la decisión y dicte la de reemplazo de carácter absolutorio a favor de su defendida. 2.- Segundo Cargo E n esta oportunidad denuncia la violación indirecta de la ley con ocasión de un error de hecho por falso juicio de identidad. 4 Finca el yerro en la tergiversación de la prueba por hacerle decir lo que no refería y cercenarle apartes importantes, y cita como normas procesales directamente infringidas los artículos 232 (Necesidad de la prueba), 233 (Medios probatorios), 238 (Apreciación de la prueba) 257 (Criterios para

apreciación del dictamen), 277 (Apreciación del testimonio), a través de las cuales, en su sentir, se llegó finalmente a la pretermisión del Artículo 5º (Culpabilidad), 21 (Causalidad), 35 (Formas de culpabilidad), 37 (Culpa) 329 y 339 (Homicidio culposo Agravado), del anterior Código sustantivo penal. De manera preliminar señala la dificultad de atacar separadamente los elementos probatorios por cuanto el Tribunal no precisó la forma cómo se dio la “clara e imparcial interpretación de los distintos elementos de prueba”, además, porque con una reflexión general en la que incurrió en la petición de principio, concluyó que la procesada infringió los artículos 329 y 330 del Código Penal debido a que su comportamiento fue imprudente por estar probado que con una marcada falta de previsión, después de ingerir licor que le produjo 3º grado de embriaguez, manejó el vehículo hasta el momento en que se presentó la colisión y después de ella, no obstante, en criterio de censor, desde ese análisis global de la prueba se hace evidente su distorsión al hacerle decir algo que no dice. Fundamentalmente, radica la tergiversación probatoria en tres conclusiones del Tribunal: (i) la luz roja del semáforo en la vía por la que transitaba su cliente, (ii) la colisión propiciada por el carro contra la motocicleta, (iii) el nexo causal de la beodez de la procesada y la falta de cuidado con el resultado producido. 2.1. La luz de los semáforos Tras reseñar que no hay un testigo presencial del choque, porque los cinco declarantes que refieren haber estado en el lugar de los hechos aluden a

situaciones posteriores al mismo, en términos concretos radica la tergiversación probatoria en el estado de los semáforos para el momento del accidente, por cuanto el Tribunal de tres testigos que no identificó, así como de la información suministrada por la Secretaría de Transporte de Medellín dio por probado, sin ningún género de duda, que estaban en luz fija; roja para la carrera 57 y verde para la calle 48, cuando contrariamente, según su criterio, la prueba no lo dice al no existir uniformidad entre los testimonios, los medios periciales y documentales: 5 Empieza por atacar las declaraciones que refieren las luces verde y roja fijas, por la ubicación que dijeron tener los testigos, para resaltar la relacionada con las señales en intermitencia. Sobre la acompañante de los otros dos motociclistas que se desplazaban con las víctimas, Luz Stella García Quintero, señala que independientemente que le fuera tortuoso y dificultara su equilibrio el mirar hacia atrás por su ubicación en el segundo puesto de la otra moto y porque reconoció su embriaguez, destaca el censor que la testigo no indicó que el semáforo correspondiente a la calle 48 estuviera en luz verde fija, y cuando trató de explicar lo relacionado con el motivo por el cual se detuvo la segunda moto, afirmó que posiblemente lo hizo porque la luz estaba en rojo, surgiendo de la misma atestación controversia. En relación con la declaración que rindió dentro de la inspección judicial el vigilante, Pascual Eliécer González Villegas, acerca de que la luz estaba en verde para la motocicleta, ya que así se quedaba desde las doce de la noche

hasta las cinco de la mañana, en tanto que para el carro se encontraba en rojo en las mismas horas, el falso juicio de identidad lo encuentra el demandante en que el testigo no pudo haber visto lo que refirió toda vez que en la misma diligencia los peritos dejaron la constancia que si bien desde el punto en que él se encontraba para el momento de los hechos podía ver lo referente al accidente, no sucedía lo mismo respecto de los semáforos. Acota que en igual sentido al anterior están las atestaciones de los Patrulleros Mariano de Jesús Padilla y Álvaro Ernesto León Gutiérrez que podrían ser los testigos que según el fallo aluden a que esa hora los semáforos permanecieron en luz roja para la carrera y verde para la calle, sin embargo, agrega el actor que el último testigo no precisó si las luces estaban fijas o intermitentes, pues, por esto último entiende algo diferente como es la aparición de las luces amarillas a las que nadie hizo mención. El impugnante resalta la versión del Guarda de tránsito, Francisco Javier Marín González, hecha tanto en el respectivo croquis del accidente, como en su declaración, respecto de la intermitencia roja de los semáforos para el momento de los hechos, ya que como lo aseveró por su trabajo lo primero que hace en cualquier accidente es fijarse el estado de las señales, además, depuso que a ambos vehículos les era permitido cruzar con el mismo cuidado, aunque por insinuación de la defensa agregó que la vía principal correspondía al carro. 6 En cuanto a la certificación de la Secretaría de Tránsito de Medellín, que

según el Tribunal ratificaba el estado de los semáforos, sostiene el libelista que en sí misma y respecto de las demás pruebas es contradictoria e infirma a los tres atestantes que refiere el fallo, porque en la primera del 10 de diciembre de 1998 se anotó que el día de los hechos, sin registrar alguna novedad las señales se encontraban en intermitencia, lo que según su criterio, corroboraría la tesis del Guarda de tránsito Francisco Javier Marín González, sin embargo, en la segunda certificación, del 22 de enero de 1999, se aludió a que los semáforos estaban en luz fija. 2.2.- La forma de la colisión Asevera que del croquis y las fotos de los rodantes, no se podía concluir, como lo hizo el Tribunal, que no fueron los motociclistas quienes se abalanzaron contra el automóvil, sino que fue el vehículo conducido por la procesada el que los golpeó con su parte izquierda, por cuanto los planos no son pruebas autónomas, ni se realizan por informaciones objetivas, al ser simplemente la graficación del dicho de testigos. Para el defensor, el que corresponde a la versión de Luz Stella García Quintero no sirve para determinar la forma de la colisión, porque ella no vio el accidente, entre otras cosas, porque iba muy embriagada, y no existe explicación para que luego en el plano se diga, como prueba nueva, que el carro colisionó con la moto. La distorsión en la graficación del dicho de Pascual Eliécer González Villegas, la encuentra en que en su declaración repetidamente afirmó todo lo contrario,

que fue la moto la que le pegó al carro, lo cual fue corroborado por los peritos en la diligencia de inspección judicial en el sentido de que él si pudo haber visto el accidente. Tampoco los planos de la intersección vial sobre el lugar donde quedaron los motociclistas y el velocípedo, señalan la conclusión del Tribunal, porque si antes del impacto el recorrido del carro era por el carril izquierdo de la carrera 57 con dirección al sur, y la moto iba por el carril izquierdo de la calle 48 con dirección al occidente, según la zona de impacto, el automotor ya había cubierto aproximadamente tres cuartas partes de su crucero en tanto que la moto estaba a la mitad de alcanzarlo. Además, el ángulo de 90º del velocípedo respecto de la trayectoria del coche, así como las posiciones de las víctimas en ángulos de 30º y 47º, indican que fue la motocicleta la que lo golpeó. Sustenta su afirmación en el concepto “Movimiento del centro de 7 masa” (MC), que permite establecer la trayectoria que debe seguir el cuerpo antes de dividirse o en caso de no haber interactuado con otro sistema, y apunta que “…las medidas de la separación y los ángulos de dispersión medidos desde la zona del impacto de las partes del sistema (dos hombres y la moto) indican que debían seguir un ángulo entre 25º y 35º con relación a la trayectoria que traían por la calle 48”. Finalmente, afirma que ni aún las fotos de los rodantes revelan o permiten inferir la forma de la colisión que asumió el Tribunal ya que no existe correspondencia entre las imágenes de la parte frontal del carro visibles a

folios 47, 48 y 183, las primeras fueron tomadas el día de los hechos, en tanto la que la última fue en los patios del Transito de Medellín a los dos meses del insuceso cuando el fiscal, sobre el estado dramático del carro, no registrado en las anteriores fotos anotó: “Fue así como se pudo ver que su parte frontal, y en especial el lado izquierdo, se encuentra totalmente perdido hasta inclusive la farola juntamente con el capo o tapa del motor. Así mismo la puerta delantera del mismo lado y su vidrio destrozado.”, pero se cercenó el contenido demostrativo de tal anotación, ya que no se le tomó en cuenta en el fallo. Expresa que si el estado del automotor fuera el de la última foto en el que está notoriamente afectada la parte frontal, difícilmente se habría podido movilizar luego del impacto, cuando fue precisamente ese hecho el que sirvió para estructurar la agravante para el delito por razón de la huida del lugar, además, sí se siguió el rastro de automotor por perder y dejar en el sitio su espejo retrovisor izquierdo, se concluye que fue la moto la que lo golpeó, tal y como el fallador lo anotó en la relación de los hechos: “Al llegar al cruce de las vías mencionadas, cuando los últimos pretendían hacer el cruce impactaron contra el automotor piloteado por la dama”. 2.3.- El nexo causal Indica que el sólo hecho objetivo de la embriaguez no comportaba por sí mismo la acreditación de la relación de determinación entre la infracción al deber de cuidado y el resultado dañosos producido. Dice no discutir la beodez de su defendida, sino el error de equipararla a la

culpa, e identificarla con la infracción objetiva al deber de cuidado como simple responsabilidad objetiva, olvidando que los delitos culposos son de resultado. 8 En concepto del letrado, no se estableció que la colisión se hubiera presentado fatal y necesariamente por el estado de embriaguez de su cliente, por el contrario, las pruebas señalan que nada tuvo que ver la beodez y con ella la referida falta de cuidado, con la producción del resultado. De igual forma considera que el Tribunal cercenó parte de la inspección judicial cuando los peritos, luego de haber hecho el mismo recorrido realizado por la sindicada, sobre las condiciones de visibilidad tanto en sentido panorámico, como respecto de la moto ubicada según el dicho del declarante Pascual Eliécer González, precisaron que la visibilidad era buena por la suficiente luz, y que al estar detenida la moto se veía porque la estaban detallando, de lo cual establece el defensor que no solamente la embriaguez o la falta de cuidado comportaban la prueba del nexo causal sino que, así la conductora hubiese estado sobria y pendiente de lo que pasaba a su alrededor el accidente se habría presentado. Insiste en que la ebriedad no es la prueba de la falta de cuidado, de la relación de determinación, ni de la culpa, y que además de la indebida concepción del Tribunal sobre el nexo causal, no aparece probado. La trascendencia de lo que denuncia la encuentra en que al no estructurarse un obrar culposo, se debió confirmar el fallo absolutorio de primer grado, al paso que se descartaron otras hipótesis explicativas como la culpa exclusiva de la víctima o el caso fortuito, por lo que solicita a la Corte Suprema de

Justicia que case la sentencia y dicte fallo de reemplazo absolutorio. D.- CONCEPTO 1.- Primer cargo (principal) A todas luces resulta claro que en el análisis de delitos culposos se debe deslindar el hecho principal imprudente, negligente, imperito o violatorio de reglamentos, del resultado dañoso producido, por cuanto aquellos son los comportamientos que generan la infracción al deber objetivo de cuidado. Si bien en el anterior Código Penal, de predominante corriente causalista, la culpa era tenida como una de las especies de culpabilidad, y su determinación obedecía al criterio de la previsibilidad, en el que lo relevante era la producción de un resultado típicamente antijurídico que pudo y debió ser previsto por el agente y que por negligencia, imprudencia o impericia causó un efecto dañoso, la jurisprudencia dio cabida al finalismo que, al dar prelación a 9 la conducta, define la culpa a partir de la acción, no del resultado, lo fundamental ahora, —y así lo acogió la nueva normatividad sustantiva—, es el desarrollo de la conducta, el resultado típico vendrá a ser el producto de la infracción al deber objetivo de cuidado que el agente debió prever por ser previsible o que habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. El criterio fundamental de imputación del resultado al agente radica en el fin de protección de la norma de cuidado, e implica que en el daño se refleje la realización del riesgo creado a través de la infracción de aquella norma, al tiempo que se deben determinar los riesgos y peligros que debió prever según sus circunstancias, si los mismos eran adecuados o no, y qué medidas de

precaución debía adoptar para no llegar al resultado. Bajo el ropaje de una violación directa de la ley sustantiva por interpretación errónea de la culpa, cae el censor, a no dudarlo, en una infracción indirecta, por cuanto se opone a los hechos tal y como fueron plasmados por el fallador al reparar en la fusión de los factores generadores de la infracción al deber objetivo de cuidado, y añorar el análisis sobre la relación de determinación con el resultado dañoso, así como por la equiparación que en su sentir hizo el Tribunal de la imprudencia con la modalidad culposa tomada simplemente de la embriaguez que presentaba la procesada para el momento de los hechos, aspectos todos estos que no tienen que ver con un yerro inmediato sobre las categorías jurídicas de la figura, sino de la forma cómo el juzgador analizó el desvalor de la acción y el desvalor del resultado respecto de la parte objetiva del tipo en relación con la infracción de la norma de cuidado y la lesión al bien jurídico protegido, respectivamente, así como de su parte subjetiva de cómo se produjo la conducta imprudente y el conocimiento y representación que del daño pudo tener la procesada. Ni aún si se tratara de la violación directa de la ley, atina el censor en el sentido denunciado si se tiene en cuenta que la pretensión de absolución para su cliente de manera obvia conlleva el absoluto rechazo a los preceptos sobre el homicidio y su modalidad culposa finalmente imputados por el Ad quem, a todas luces lejano a un yerro hermenéutico, pues, se enmarca en uno de selección normativa, que le imponía postular su indebida aplicación, con la

consecuente exclusión evidente de las que la exoneraban de toda responsabilidad. De ningún modo responde a la técnica casacional la presentación del error interpretativo como el medio a través del cual se llegó a la pretermisión de las varias normas sustantivas que cita, de las que ni siquiera indicó si se las dejó de lado, o por el contrario fueron aplicadas indebidamente. 10 Nada más alejado de la realidad jurídica la afirmación del impugnante relacionada con que el Tribunal confundió tanto la imprudencia, como la infracción al deber de cuidado, con la culpa misma, porque una lectura del fallo permite evidenciar, a no dudarlo, que bajo los parámetros de la anterior legislación sustantiva que rigió el asunto, se concluyó el actuar tanto imprudente de la sindicada con ocasión de su ingesta de alcohol, como violatorio de los reglamentos de tránsito que evidenciaron su falta de cuidado que condujo al resultado lesivo. Es cierto que la embriaguez por sí misma no constituye la culpa, su importancia se traduce en los efectos, porque de acuerdo con sus grados genera la alteración de las condiciones de previsión y percepción del individuo que se traducen en la desatención cuando de manejar vehículos se trata, en una clara elevación del riesgo permitido en el ya peligroso medio de la conducción vehicular, de ahí que el juzgador, por el examen de alcoholemia de la procesada estableció su desatención al manejar, situación que unida a la obligación de cuidado derivada de la luz roja para vía en la que transitaba que le imponía la detención del vehículo y la observación alrededor, se

constituyeron en la causa eficiente de la colisión, porque aún cuando el conductor de la moto también presentaba alicoramiento, lo amparaba la luz verde en su camino que no lo obligaba a detener el velocípedo. No necesitaba explicar in extenso el fallador las consecuencias propias del grado de embriaguez que registraba la sindicada como la lentitud de reacción ante los estímulos, dificultad visual, máxime que se trataba de conducción nocturna, que afectan la diligencia que se debe observar en el tránsito automotor, cuando contrariamente debía prestar la máxima atención a fin de que el peligro no se tradujera en un daño. En la valoración judicial tampoco pasaron inadvertidas las circunstancias personales de la conductora y su actividad profesional que la hacían tener la posibilidad de pensar y evitar el riesgo típico: “… el comportamiento de la señora Restrepo Cifuentes fue imprudente porque, sabiendo de antemano que conduciría su vehículo, realizando un largo recorrido, por vías céntricas de la ciudad, ingirió licor en exceso que le produjo una embriaguez de 3º grado. La encausada, con preparación universitaria (abogada de profesión) era suficientemente conocedora de las deficiencias y condiciones de su atrevido comportamiento y por ello debía abstenerse de conducir su automotor…” 11 En suma, tanto la infracción del reglamento, como el actuar imprudente, derivaron en un aumento del riesgo permitido que se realizó en el resultado. En nada incide la argumentación del Tribunal de la culpa como forma de culpabilidad, en el que con apoyo en el maestro Reyes Echandía analizó la

voluntad en el acto inicial, en desarrollo del cual, se produjo el resultado dañoso por infringir el deber de cuidado necesario que pudo y debió evitar atendiendo su situación personal y las circunstancias del hecho, porque claramente se establece que uno fue el análisis del deber de evitar el hecho, propio del deber de cuidado, y otro el relacionado con la capacidad de respetar la norma de cuidado, propio de la culpabilidad. No contrarió el Tribunal el principio rector de la culpabilidad, pues, no imputó el resultado por la simple relación de causalidad en contra de la prohibición de responsabilidad objetiva, sino que estableció el vínculo determinante entre el accionar de la sindicada y el resultado muerte de los motociclistas, que conduce a desestimar el cargo planteado. 2.- Segundo cargo (subsidiario) L a idea fundamental del censor es achacar a la víctima su obrar también culposo al no portar cascos protectores, y tener un alto grado embriaguez, al paso que restar entidad al accionar de su cliente, porque considera que aún si ella hubiera estado sobria y pendiente de lo que pasaba a su alrededor, el accidente se habría presentado. Se queda en extremo corto el censor para desarrollar cabalmente las posibilidades que simplemente anuncia de la culpa de la víctima o el caso fortuito, y conspira en su propósito la acreditación que hiciera el Tribunal sobre la lesividad de la conducta infractora de la norma de cuidado por parte de la conductora, con la violación de reglamentos ante la luz fija roja que la obligaba a detener el vehículo, a cambio de la señal verde que le daba la vía a los

motociclistas, y la imprudencia por la desatención generada por la embriaguez. Pese a que decanta el yerro fáctico en varias pruebas, afirma contradictoriamente la dificultad para atacar el fallo por su generalidad probatoria, y olvida que dentro del discurso judicial es plenamente posible un introito o prólogo en la decisión para explicar su fundamento. En este concreto particular, dado que la sentencia forma una unidad y no se la puede 12 fragmentar, fácilmente se advierte que si en la conclusión no se identificó a los tres atestantes, resulta diáfano en su contexto que se trata de los mencionados en la relación de pruebas, específicamente en el acápite de “El caso y su prueba” en el que se identifica a Eliécer González Villegas, y a los patrulleros, Mariano de Jesús Padilla y Álvaro Ernesto León que referenciaron lo relacionado con la luz roja para la vía en la que transitaba el coche. Sólo se duele el libelista del grado de credibilidad dado a algunos medios probatorios para determinar la continuidad de las luces, para intentar de esa forma desvirtuar la consideración de falaz hecha por el Tribunal acerca de su intermitencia que referían otros, no obstante, si el fallador prefirió aquellos y en el mismo sentido dio crédito a la segunda información de Secretaría de Transportes de Medellín, en manera alguna constituye un falso juicio de identidad, pues, corresponde a la valoración racional de las pruebas, máxime que la eficacia probatoria del documento de esa entidad de tránsito rectificaba la primera y general comunicación, al establecer, luego del estudio técnico de

la cámara de video respectiva y el equipo que manejaba las luces de los semáforos para la intersección vial en cuestión que no obedecía correctamente al cambio de modo de operación: “…en el periodo de tiempo donde debía funcionar intermitente, los semáforos permanecían en rojo fijo por la carrera 57…, y en verde fijo para la calle 48.” En manera alguna puede tomarse el actuar de la procesada dentro del riesgo permitido, decir que cumplió con los reglamentos, y que el resultado muerte de dos motociclistas no le sea atribuido, porque acreditada la inobservancia de la luz roja, —en su indagatoria admitió no estar pendiente del semáforo—, unido a la desatención dada la ingesta de alcohol que elevó el riesgo por al no desplegar el cuidado necesario, hacen impensable la aplicación del principio de confianza, que en el ámbito del tráfico automotor sería dable si hubiera observado las reglamentaciones a fin de confiar en que de la misma manera lo haría el otro conductor de la moto, y que si éste último faltó del cuidado debido, no se le imputaría el hecho a ella a pesar de la causalidad. Mucho menos se trataron de circunstancias extraordinarias impensables para la conductora, porque ante la intersección vial y dada sus condiciones personales debían prever el cruce de otro vehículo1. Ni es posible edificar una compensación de culpas en virtud del alicoramiento de las víctimas como factor concurrente en el accidente para aminorar el obrar de su cliente, 1 “Si alguien infringe una regla general de cuidado, pero el resultado se produce como consecuencia de factores extraordinarios de riesgo que el autor no conocía o no debía

conocer o planificar, el resultado no podrá ser imputado a la conducta imprudente”. FEIJÓO, Bernardo. “Resultado Lesivo e imprudencia” Ed. J.M.BOSCH – Universidad Externado de Colombia. 2003. Pag. 355. 13 porque: ”El concurso de factores de culpa, no neutraliza el reproche punitivo en relación con quien se encuentra en condiciones de producir el daño, pues a éste se exige prevalentemente una mayor responsabilidad en desarrollo de su conducta respecto de quien llega a ser su víctima, con la única incidencia que sobre el hecho bajo estas características realizado puede tener, pero en relación con el atemperamiento de la condena resarcitoria o de perjuicios, mas no, en caso alguno, respecto de la exoneración absoluta de la incriminación punitiva que el hecho amerita”2. El resultado se le imputó a la procesada por estar ausente de su parte el cuidado exigible en el tráfico vehicular, de ninguna forma se edificó de la mera embriaguez, esta sólo se tomó para evidenciar la desatención en la conducción, unido a la violación de las normas jurídicas que regulan la actividad vial. Ajeno a la modalidad de error que denuncia, edifica posibles yerros en la valoración del Tribunal por realizar juicios en contra del sentido común, propio del falso raciocinio, como cuando critica el dicho de la acompañante de las víctimas por su ubicación intermedia en la otro moto y su estado de alicoramiento que le hacían imposible mirar atrás la detención de la segunda moto en la que venían