PGN - IMPEDIMENTO - Constituye elemento esencial de la garantía del debido proceso

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C.,mayo 31 de dos mil seis (2006) Aprobado en Acta de Sala Extraordinaria No. 28

Radicación No.: 161-2834 (020-76099/02)

Disciplinado: Coronel ® Álvaro Sandoval Gómez y

Teniente Coronel ® Marco Fidel Pava Jiménez.

Cargo y Entidad: Comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca y Jefe Administrativo del mismo departamento.

Origen: Anónimo.

Fecha Hechos: Desde el 7 de noviembre de 2000 al 6 de julio de 2001.

Asunto: Apelación de fallo.

P.D. Ponente: Dr. ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA.

La Sala Disciplinaria en ejercicio de la competencia otorgada en el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 del 2000, conoce en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de los disciplinados Coronel ® Álvaro Sandoval Gómez y Teniente Coronel ® Marco Fidel Pava Jiménez, la decisión adoptada mediante providencia del 15 de marzo de 2006 por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, mediante la cual sancionó a los implicados con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de cinco (5) años.

ANTECEDENTES PROCESALES

1. El presente proceso disciplinario se originó con fundamento en el escrito anónimo radicado el 28 de agosto de 2002, mediante el cual se solicitó a la Procuraduría ejercer el poder preferente en el proceso disciplinario radicado bajo el

número 100 PC-01 adelantado por el Comando del Departamento de Policía de Cundinamarca, por presuntas irregularidades en los procesos de contratación y otras (fls. 2 a 4 C.O.1). Radicación No.161-2834. La Procuraduría Delegada para la Policía Nacional por auto del 19 de noviembre de 2002 dispuso el adelantamiento de visita al proceso disciplinario cursado en el Comando de la Policía de Cundinamarca, y una vez efectuada, por auto del 28 de noviembre de 2002 se rindió el informe correspondiente al Viceprocurador General de la Nación, recomendando se asumiera la investigación disciplinaria por poder preferente, sugerencia que fue acogida en auto del 13 de diciembre de 2002 por el Viceprocurador (fls. 6 a 11 y 14 C.O.1). La primera actuación surtida con fundamento en la competencia disciplinaria asumida fue el auto del 23 de mayo de 2003, mediante el cual se decretó la nulidad del auto proferido el 6 de julio de 2001 por el Coronel Álvaro Sandoval Gómez, en su calidad de Comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, mediante el cual había dispuesto el archivo definitivo de la indagación preliminar, determinación fundada en su falta de competencia para intervenir en el proceso disciplinario al estar impedido por haber participado en los procesos contractuales objeto de revisión, y que no existía constancia de ejecutoria del acto nulitado, decisión notificada por estado ante la no comparencia a las citaciones surtidas (fls. 15 a 19, 22, 25 y 26 C.O.1).

2. Por auto del 27 de junio de 2003 se dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el Coronel Álvaro Sandoval Gómez, en su calidad de Comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, y el Teniente Coronel Marco Fidel Pava Jiménez, en su calidad de Subcomandante Administrativo del mismo Departamento de Policía, siendo citados los implicados y al no comparecer notificados por edicto (fls. 27 a 34 C.O.1).

3. El 29 de octubre de 2004 a los implicados les fue formulado pliego de cargos, decisión que fue notificada a las apoderadas de los disciplinados (fls. 35 a 64, 70 y

187 C.O.1). El disciplinado Teniente Coronel Marco Fidel Pava Jiménez presentó memorial de descargos, invocando la nulidad de la actuación, aportando y solicitando la práctica de pruebas (fls. 71 a 178 C.O.1), y la apoderada del Coronel Álvaro Sandoval Gómez, presentó el memorial de descargos, solicitando la práctica de pruebas (fls. 188 a 201). Por auto del 7 de julio de 2005 el a quo negó la nulidad impetrada y se pronunció sobre las pruebas allegadas y solicitadas por los implicados (fls. 219 a 231 C.O.1), decisión notificada personalmente al apoderado del T.C. Pava Jiménez y al disciplinado Coronel Sandoval Gómez (fls. 237 y 247 C.O.1), quienes interpusieron recursos de reposición por la negación de nulidad, y de apelación por la negación

parcial de práctica de pruebas, respectivamente (fls. 238 a 241 y 248 a 250 C.O.1). 2 Radicación No.161-2834. El a quo por auto del 30 de agosto de 2005 confirmó el auto del 7 de julio de dicho año en lo que respecta a la negativa de la declaración de nulidad solicitada por el TC. Pava Jiménez, y concedió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del Coronel Sandoval Gómez contra la decisión de negación parcial de pruebas (fls. 251 a 259 C.O.2), recurso que fue desatado por la Sala Disciplinaria mediante proveído del 27 de octubre de 2005 (fls. 262 a 269 C.O.2).

4. Mediante auto del 14 de diciembre de 2005 se corrió traslado para alegar, el cual fue comunicado y notificado por estado (fls. 582 a 588 C.O.2), el apoderado del disciplinado Pava Jiménez solicitó efectuar nuevamente una prueba de visita administrativa con el propósito de participar en su práctica, petición a la cual accedió el a quo por auto del 11 de enero de 2006 y se efectuó el 16 de enero de 2006 (fls. 589, 590, 600 a 503 C.O.2); procediendo a correr nuevamente traslado para alegar por auto del 17 de enero de 2006, comunicado y notificado por estado (fls. 609 a 615

C.O.2), haciendo uso de este derecho los apoderados de los disciplinados (fls. 616 a 623 C.O.2 y 624 a 643 C.O.3).

5. La Procuraduría Delegada para la Policía Nacional profirió fallo sancionatorio

de primera instancia mediante proveído del 15 de marzo de 2006 (fls. 644 a 678 C.O.3), decisión que fue notificada personalmente al apoderado del implicado TC ® Marco Fidel Pava Jiménez, y por edicto al implicado Coronel ® Álvaro Sandoval Gómez y su apoderada, ante la no comparecencia a las citaciones efectuadas (fls. 680, 681,683 a 686 C.O.3).

6. Interpusieron recursos de apelación el apoderado del TC ® Marco Fidel Pava Jiménez (fls. 687 a 710 C.O.3), y la apoderada del Coronel ® Álvaro Sandoval Gómez (fls. 735 a 740 C.O.3), última que en escrito separado presentó memorial de nulidad (fls. 742 a 747 C.O.3).

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El Procurador Delegado para la Policía Nacional mediante proveído del 15 de marzo de 2006 declaró responsable al disciplinado Coronel ® Álvaro Sandoval Gómez, en su condición de Comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca por las irregularidades en que incurrió en la celebración del contrato No. 10014 del 22 de febrero de 2001 y en el trámite del proceso disciplinario No. 100 PC-01 al no haberse declarado impedido teniendo la obligación de hacerlo, sancionándolo con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de cinco (5) años; y al disciplinado Teniente Coronel ® Marco Fidel Pava Jiménez, en su condición de Subcomandante Administrativo del Departamento de Policía de Cundinamarca, por

3 Radicación No.161-2834. las irregularidades en que incurrió en el proceso contractual con ocasión del contrato No. 10014 del 22 de febrero de 2001, sancionándolo con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de cinco (5) años; absolvió a los disciplinados de las imputaciones efectuadas en torno a la contratación efectuada en el año 2000; decretó la prescripción de la acción disciplinaria respecto de las conductas imputadas en relación con los contratos Nos. 10001 del 13 de febrero, 10007 del 13 de febrero, 10009 del 13 de febrero, 10016 del 22 de febrero, 10029, 10040 y 10043 del 12 de marzo, todos del año 2001; y negó por extemporánea la solicitud de pruebas efectuada por los apoderados de los disciplinados (fls. 644 a 678 C.O.3). Se proceden a enunciar las razones expuestas por el a quo respecto a las conductas por las cuales derivó responsabilidad disciplinaria.

1. Respecto al implicado Coronel ® Álvaro Sandoval Gómez, en su condición de Comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca. 1.1. Del primer cargo. En Relación con el contrato No. 10014 del 22 de febrero de 2001, de suministro de combustible para la Policía de Carreteras, por valor de $82.500.000, consideró que por ser un contrato de tracto sucesivo, que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2001 y liquidado el 1º de enero de 2002, su fecha de prescripción es el 31 de diciembre de 2006.

Rechazó el argumento de la defensa que la responsabilidad en la contratación recaía en el área administrativa del Comando, aduciendo que la dirección y el manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección de contratistas, le corresponde al jefe de la entidad de conformidad con lo previsto en el numeral 5º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, actuando el disciplinado, para el caso en estudio, como ordenador del gasto, según lo dispuesto en las Resoluciones 00108 de 16 de enero de 1998 y 002 del 2 de enero de 2001 expedidas por el Director General de la Policía, mediante las cuales entregó la competencia para contratar al Comandante del Departamento de Policía, labor que debía cumplir acorde a la ley de contratación, la Circular 006 de 1997 y el Instructivo 001 de 2001. En el contrato No. 100014 del 22 de febrero de 2001, las cotizaciones fueron solicitadas y presentadas antes de la expedición del Certificado de disponibilidad presupuestal, es decir éste no precedió el inicio del proceso de contratación directa, vulnerándose el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, en concordancia con el artículo 25 numeral 6º de la Ley 80 de 1993, las previsiones establecidas en el artículo 39 numeral 39, y 40 del Decreto 2584 de 1993, normas que continúan vigentes a la luz de los artículos 37 numeral 10, y 40 del Decreto 1798 de 2000; el Instructivo 001 4 Radicación No.161-2834. DIPON SEGEN del 5 de enero de 200, Capítulo V, literal A y la Resolución 5062 de

1986, Manual de Funciones, Literal B “Cargos Ejecutivos”, numeral 18. 1.2. Del segundo cargo. Por no haberse declarado impedido para adelantar las actuaciones disciplinarias No. 100PC-01 originadas en el informe de inteligencia de la Policía Nacional, porque como ordenador del gasto había participado activamente en el proceso contractual. De acuerdo a las normas de competencia de la época, Decreto 2584 de 1993, Decreto 575 de 1995 y Decreto 1798 de 2000, el competente para investigar y sancionar a sus subalternos era el respectivo Comandante del Departamento como superior jerárquico y funcional del investigado, pero también es cierto que la investigación que ordenó la Inspección General de la Policía, implicaba el estudio de posibles irregularidades cometidas en materia de contratación, de la cual él era responsable directo, siendo por tanto manifiestamente ostensible el impedimento que tenía para investigar esos casos, por lo que no aceptó el error invencible invocado, dado que el disciplinado debía resolver sobre procedimientos de contratación y contratos suscritos por el mismo, lo que de bulto le indicaba que cualquier decisión sobre los mismos lo involucraba, además el error era totalmente salvable, porque disponía de los medios para resolverlo, como la consulta de las normas legales e incluso a la Oficina Jurídica. Concluye que el disciplinado al no haberse declarado impedido para conocer del proceso disciplinario No. 100PC-01 adelantado contra el TC. Marco Fidel Pava Jiménez en calidad de Subcomandante Administrativo y posteriormente, el 6 de julio de 2001 proferir decisión de archivo, vulneró el artículo 25 numeral 10 de la Ley 200

de 1995, norma que continúa vigente en el artículo 48 numeral 46 de la Ley 734 de 2002, disposiciones a las cuales se puede acudir en virtud de lo previsto en los artículos 40 del Decreto 2584 de 1993 y del decreto 1798 de 2000. Respecto a los dos cargos analizados, el a quo confirmó la calificación de las conductas como gravísimas, dolosas, sancionándolo con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de cinco (5) años, conforme lo establecido en el artículo 42 del Decreto 1798 de 2000, por encontrarlo responsable de las faltas disciplinarias previamente referidas.

2. En lo concerniente al implicado Teniente Coronel ® Marco Fidel Pava Jiménez, en su condición de Subcomandante Administrativo del Departamento de Policía de Cundinamarca.

5 Radicación No.161-2834. El disciplinado era el coordinador y responsable del manejo administrativo y contractual del Departamento de Policía, por lo que debía verificar el cumplimiento de los requisitos que demandaban las diferentes etapas del proceso contractual, determinando que el certificado de disponibilidad presupuestal allegado al contrato No. 10014 del 22 de febrero de 2001, fue expedido con anterioridad a su suscripción pero no previo al proceso de selección objetiva del contratista, lo cual era su responsabilidad constatar. No aceptó la exculpación relacionada con la falta de capacitación del personal administrativo y los medios manuales mediante los cuales se expedían los certificados de disponibilidad presupuestal, ya que estos eran expedidos por el Jefe de Presupuesto, persona considerada idónea para efectuar la actividad, además suscritos por el disciplinado, quien contaba con conocimiento y capacidades para

conocer las normas reguladoras de la materia. Concluyendo que al expedirse el CDP con posterioridad al inicio de la actividad contractual, el disciplinado vulneró el artículo 25 numeral 6º de la Ley 80 de 1993, 71 del Decreto 111 de 1996, el Instructivo 201 del 15 de noviembre de 2000 y el Instructivo 001 DIPON SEGEN del 5 de enero de 2001 en el Capítulo V literal A. Confirmó la calificación de la conducta como gravísima, conforme lo previsto en los artículos 39 numeral 39, y 40 del Decreto 2584 de 1993, norma que continúa vigente a la luz de los artículos 37 numeral 10 y 40 del Decreto 1798 de 2000, en concordancia con las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 111 de 1996 previamente citadas; y a título de dolo, sancionándolo con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de cinco (5) años.

SUSTENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

1. Del disciplinado CORONEL ® ÁLVARO SANDOVAL GÓMEZ.

La apoderada del Coronel ® Álvaro Sandoval Gómez mediante memorial visible a folios 735 a 740 del C.O.3, interpone y sustenta el recurso de apelación; y en memorial separado invoca la configuración de causales de nulidad (fls. 742 a 747 C.O.3). 1.1. Memorial de nulidad. Solicita la declaración de nulidad del proceso a partir del auto de cargos con fundamento en las siguientes consideraciones:

6 Radicación No.161-2834. - Violación al debido proceso. Las conductas imputadas al disciplinado tuvieron ocurrencia durante los años 2000 y 2001, por lo tanto debió ser juzgada conforme a las normas sustantivas disciplinarias preexistentes, contenidas en el Decreto 1798 de 2000, como expresamente se reconocía en el artículo 175 de la Ley 200 de 1995, disposición declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-310 del 25 de junio de 1997, disposiciones que se debían aplicar en el auto de cargos y el fallo para determinar la gravedad de la falta, la forma de culpabilidad y la dosificación de la sanción. El Decreto 1798 de 2000 en el artículo 37 establece taxativamente las faltas que pueden ser calificadas como gravísimas, dentro de las cuales no se enuncia ninguna relacionada con el hecho de no declararse impedido cuando hubiere lugar a ello, hecho imputado al disciplinado en el segundo cargo, no obstante en el auto de cargos y en el fallo de primera instancia esta falta fue calificada como gravísima y fue sancionada con destitución e inhabilidad por cinco años, vulnerando el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, 5º de la Ley 200 de 1995 y 5º del Decreto 1798 de 2000. - Irregularidad Sustancial: Desviación de poder. Por elevar a la categoría de falta gravísima el hecho investigado en el segundo cargo pese a que no está contemplado como tal en la norma sustantiva preexistente (art. 37 D. 1798/00) y por violar uno de los fines legales que se persigue con la sanción

disciplinaria, cual es la dosificación acorde con las normas preestablecidas en el artículo 27 de la Ley 200 de 1995, en particular el numeral 2º, que establece como criterio para determinar la gravedad o levedad de la falta el grado de perturbación del servicio. a) Respecto al contrato 10014 del 22 de febrero de 2001, objeto de reproche y sanción por el primer cargo, señala que obra plena prueba en el proceso que la circunstancia de haber obtenido cotizaciones antes de la expedición del CDP no afectó el servicio, ni causó perjuicio, dado que el contrato se cumplió oportunamente así como la finalidad perseguida. b) Y respecto a la situación cuestionada en el segundo cargo consistente en no haberse declarado impedido el disciplinado en relación con el trámite disciplinario número 100 PC-01, que culminó con providencia de archivo emitida el 6 de julio de 2001, en nada afectó el servicio público que competía prestar al Departamento de Policía de Cundinamarca, ni causó perjuicio alguno, como se prueba del contenido 7 Radicación No.161-2834. del fallo disciplinario de primera instancia, que da cuenta que el cúmulo de supuestas irregularidades materia de investigación en el cargo primero, objeto del impedimento, el 99% se tornaron invalidas o inexistentes y el 1% ni afecto el servicio ni causó perjuicio, pese a lo cual la falta se calificó como gravísima, reflejando una notoria desviación de poder. - Violación al principio de legalidad por el pliego de cargos y el fallo.

a) Al formularse el primer cargo en el acápite de normas violadas y concepto de la violación se aplicaron normas derogadas al señalarse que la conducta se encontraba tipificada en los artículos 39 numeral 39, y 40 del Decreto 2584 de 1993, pese a que para la época de los hechos se encontraba derogado por virtud del artículo 154 del Decreto 1798 de 2000, que entró a regir el 1º de enero de 2001, aplicación que se repitió en el fallo. b) Al formular el segundo cargo, en el acápite de normas violadas y concepto de la violación se determinó que se habían vulnerado los artículos 25 numeral 10 de la Ley 200 de 1995 y el artículo 48 numeral 46 de la Ley 734 de 2002, pese a que no eran aplicables al caso concreto, la primera por ser una norma de carácter sustancial no aplicable a los miembros de la Policía Nacional, debido a que las únicas normas de la Ley 200 de 1995 que les eran aplicables eran las de carácter procedimental, aplicación que se repitió en el fallo. Adicionalmente al efectuarse la adecuación típica de la conducta investigada, se enmarcó en el artículo 40 del Decreto 1798 de 200, aduciendo que se trataba de un tipo en blanco, en la cual se califica como otras faltas la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pero no el régimen de impedimentos, que es el objeto del segundo cargo endilgado, y al no señalar la norma específica que consagraba la causal de impedimento en el que se hallaba incurso el disciplinado, se

vició de legalidad la imputación, la calificación y la sanción por ausencia de tipicidad, pues para que sea válida la aplicación de los tipos o normas en blanco se requiere que se nutra de otras normas específicas que la concreticen, en el presente caso se debía señalar la norma que consagraba la causal de impedimento reclamada, y al no haber sido citada se generó ausencia de tipicidad. Señala que en el fallo se acusa al disciplinado de infringir el artículo 28 numeral 6º de la Ley 734 de 2002, pese a que se trata de una norma inexistente al momento de los hechos. 1.2. Defensa de fondo. 8 Radicación No.161-2834.

• Prescripción.

La acción disciplinaria respecto a la conducta imputada en el primer cargo que fue objeto de sanción se encuentra prescrita, por cuanto el contrato 10014 del 22 de febrero de 2001 cuyo objeto era el suministro de valeras consumibles en gasolina, no era de ejecución sucesiva como fue catalogado en el fallo de primera instancia, sino de ejecución instantánea, como se prueba a través de: lo consignado en el contrato antes de las firmas “Los anteriores servicios deben ser presentados en el Comando de la Policía Cundinamarca (…) en un plazo inmediato a partir de la firma del presente contrato”; el documento de remisión de valeras suscrito el 22 de febrero de 2001 por el contratista dirigido a la Policía de Carreteras; el Acta de compromiso del 23 de febrero del mismo año donde los contratantes oficializan la entrega de las valeras a la entidad contratante; la Certificación del Almacenista de la Policía de

Carreteras expedida el 23 de febrero de 2001, donde hace constar que las valeras relacionadas en la remisión del 22 de febrero se recibieron a entera satisfacción; el lugar de ejecución pactado, el Comando de la Policía de Cundinamarca; el pago efectuado al contratista el 13 de marzo de 2001 por el valor total del contrato, 18 días después de haberse oficializado la entrega de las valeras u objeto contractual – según consta en comprobante de pago 10050 del 13 de marzo de 2001 y comprobante de egreso 10085 del 15 de marzo del mismo año. Tratándose de un contrato de ejecución instantánea donde las obligaciones se ejecutan inmediatamente, por virtud legal no requiere acto de liquidación, máxime cuando tampoco se pactó en el contrato, por lo que el acta de liquidación que se suscribió se torna inexistente para la contabilización del término de prescripción, el que considera se debe contar a partir de la fecha en que se produjo el pago del contrato, el 13 de marzo de 2001, concluyendo que la acción disciplinaria se encuentra prescrita. - Inexistencia de falta disciplinaria. Se sancionó al disciplinado por haber cometido a título de dolo dos faltas gravísimas. a) La primera falta objeto de sanción, reprochada en el cargo primero hace referencia a la irregularidad acontecida en el contrato 10014 del 22 de febrero de 2001, consistente en solicitar y presentar las cotizaciones antes de la expedición del CDP, contrato que se celebró y ejecutó en el año 2001, siendo las normas preexistentes

para la época la Ley 200 de 1995 y el Decreto 1798 de 2000. Por tratarse de un contrato de mínima cuantía, sin formalidades plenas, el procedimiento para su celebración se encontraba determinado en el artículo 3º del 9 Radicación No.161-2834. Decreto 855 de 1994, que exigía tomar en cuenta los precios del mercado, sin que se requiriera obtener previamente varias ofertas. La manera expedita para conocer los precios del mercado es mediante la solicitud de diversas cotizaciones, sin que para ello se requiera previamente contar con el CDP, porque el análisis del mercado no constituye el inicio del proceso precontractual, sino es parte de los estudios previos que se realizan conforme lo dispone el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, por lo tanto con la obtención de las cotizaciones no se afectó la apropiación presupuestal, en consecuencia no se vulneró el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, tornándose la falta endilgada en inexistente. b) La segunda falta objeto de sanción fue la conducta reprochada en el cargo segundo, consistente en no haberse declarado impedido respecto al trámite disciplinario No. 100PC-01, que culminó con providencia de archivo del 6 de julio de

2001. La norma sustantiva especial preexistente al hecho imputado es el artículo 37 del Decreto 1798 de 2000, que consagraba los hechos constitutivos de falta gravísima, entre los cuales no se encuentra la conducta de no declararse impedido, por lo tanto la falta endilgada se torna inexistente. - Causal eximente de responsabilidad.

El disciplinado, respeto a la conducta imputada en el segundo cargo, se encuentra amparado en la causal eximente de responsabilidad prevista en el artículo 46 del Decreto 1798 de 2000, concordante con el artículo 32 del C.P., de haber actuado bajo la absoluta convicción que no se encontraba impedido. Las pruebas obrantes en el expediente lo ratifican, como son:  Oficio 517 del 16 de abril de 2001 mediante el cual su superior inmediato, el Inspector General de la Policía le remite el informe materia de los hallazgos contractuales y le ordena adelantar la investigación, a sabiendas que se trataba de contratos inherentes a la administración del disciplinado.  Oficio del 6 de julio de 2001 mediante el cual el disciplinado le informó a su superior que por auto interlocutorio del 6 de julio de 2001 dispuso el archivo definitivo, sin que le hubiere manifestado que se encontraba impedido o que carecía de competencia para el efecto, como tampoco ninguno de los servidores públicos que adelantaron las diligencias preliminares investigativas.  En el informe de inteligencia que dio origen al trámite disciplinario materia de impedimento, aparece como denunciado el TC Marco Fidel Pava Jiménez, generando al investigado la convicción de que se trataba de una conducta desarrollada por su subordinado, respecto de quien tenía jurisdicción y competencia para investigar. 10 Radicación No.161-2834. - Actuó con buena fe e imparcialidad. El implicado en el proceso disciplinario no intervino en la práctica de pruebas, ni en el

concepto emitido para decidir si se habría o no investigación, mediante auto del 30 de mayo de 2001 nombró a un tercero el Coronel Luis Alberto Moor Perea para adelantar la indagación preliminar, otorgándole amplias facultades para la práctica de pruebas, presentar el informe y sugerir la apertura de investigación o su archivo, por lo tanto no puede predicarse que obró con dolo.

2. Del disciplinado TC ® MARCO FIDEL PAVA JIMÉNEZ El apoderado del TC ® Marco Fidel Pava Jiménez memorial visible a folios 687 a 710 del C.O.3 interpone y sustenta el recurso de apelación.

• Prescripción.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal es un requisito de la etapa precontractual, su expedición es una conducta instantánea y no permanente, que para el caso se configuró el 12 de febrero de 2001 cuando se expidió, la conducta no fue continuada en el contrato, por lo tanto la prescripción no se determina por la terminación de éste, lo que significa que para la fecha en que se profirió el fallo de primera instancia el término de 5 años que dispone el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 estaba ampliamente superado. -Nulidad. El fallador de primera instancia no analizó todos los argumentos de defensa alusivos a la configuración de la ilicitud sustancial, no efectuó una valoración integral de las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana critica, realizó una trascripción sesgada y parcialidad de los argumentos esbozados en descargos y alegaciones de conclusión, lo cual genera nulidad por irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, aunado a lo anterior, tampoco se pronunció sobre las nulidades propuestas

en los alegatos de conclusión. Aduce igualmente que en el pliego de cargos, en la versión libre o en las visitas especiales que realizó el funcionario comisionado por la Delegada para la Policía Nacional, cuya práctica no fue comunicada al implicado o su apoderado, se hizo saber al disciplinado que en el contrato 10014 se expidió el CDP con posterioridad a 11 Radicación No.161-2834. dos de las tres cotizaciones recaudadas, vulnerándose el derecho de defensa y el debido proceso, y por ende configurándose causal de nulidad. - Ausencia de irregularidad. El acto administrativo que afecta la disponibilidad presupuestal es el contrato, y no las cotizaciones como erróneamente lo interpretó el a quo, por lo tanto al haber sido expedido el CDP con antelación al contrato no hay irregularidad, además la norma no prevé que las etapas precontractuales deban estar precedidas del CDP, aunado a lo anterior se debe considerar que las cotizaciones fueron acopiadas por el Comando de la Policía de Carreteras, porque el contrato correspondía a esta dependencia, que no contaba con tesorería propia, lo que implicaba que los recursos les eran ubicados en el Departamento de Policía de Cundinamarca, al cual solicitaron la expedición del CDP, limitándose el implicado en la etapa precontractual a expedirlo sin que conociera que existían dos cotizaciones solicitadas y recibidas por el Comando de Policía de Carreteras, habiéndose adjudicado el contrato a la firma que cumplió con todos los requisitos legales y que presentó cotización después de la expedición del CDP, e igualmente no se debe desconocer que el Comando de la Policía de

Carreteras contaba en su estructura orgánica con un Subcomandante Administrativo, responsable de la etapa precontractual. -El fallador de primera instancia consideró la conducta del disciplinado dolosa y lo sancionó con destitución e inhabilidad, desconociendo que el proceso contractual correspondía al Comando de la Policía de Carreteras, cuyo presupuesto era el que se estaba afectando, y no al Departamento de Policía de Cundinamarca, por lo tanto no podía concluir que la existencia de falta disciplinaria, ni catalogar la conducta siquiera como culposa, solicitando el archivo de las diligencias por prescripción o absolución.

CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

1. ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN. 1.1. Regulación legal.

El artículo 30 de la Ley 734 de 2002 establece: 12 Radicación No.161-2834. “La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.” Una vez se presenta el fenómeno de la prescripción de la acción el órgano de control disciplinario pierde competencia funcional para continuar el trámite del proceso, siendo la única posibilidad proceder a efectuar su declaración con la consecuente cesación del procedimiento y el archivo de las diligencias. Como se procederá a explicar la acción disciplinaria respecto a las conductas imputadas en el cargo primero al disciplinado Coronel ® Álvaro Sandoval Gómez, y en el cargo único al disciplinado TC ® Marco Fidel Pava Jiménez, que el a quo determinó como probadas y fueron el fundamento p