PGN - IMPUESTOS DE DELINEACION - Aplicabilidad jurisprudencial del consejo de estado

IMPUESTO DE DELINEACIÓN-Mediante acto administrativo niegan la devolución de los dineros consignados por la licencia IMPUESTO DE DELINEACIÓN-Facultad del Concejo para establecer el tributo/IMPUESTO DE DELINEACIÓN-Regulación legal La facultad en cabeza de los concejos municipales para establecer impuestos tiene su fundamento en el artículo 1° de la Ley 97 de 1913 y, particularmente, en el literal g) para el impuesto de ‘delineación’ (inicialmente a favor, en esa ley, del Distrito de Bogotá, extendido luego a los demás municipios del país por la ley 84 de 1915. A su vez, el artículo 233 del Decreto 1333 de 1986 ratificó la aludida facultad a los entes territoriales municipales, estableciendo que el hecho generador del Impuesto de Delineación es la construcción o refacción de edificios. IMPUESTO DE DELINEACIÓN-Concejo fija los elementos del tributo/IMPUESTO DE DELINEACIÓN-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado/IMPUESTO DE DELINEACIÓN-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional Acerca de la facultad impositiva de los concejos municipales a que refieren las citadas normas, se concluyó en reciente sentencia, que tales corporaciones sí pueden establecer los elementos de los tributos a que se refiere la Ley 97 de 1913, indicando que a partir de la jurisprudencia constitucional no es posible argumentar que la indefinición de los tributos en la ley impida que los mismos puedan ser determinados por los Acuerdos municipales; ello en razón a que las corporaciones de elección popular de las entidades territoriales,

gozan de las facultades otorgadas en el artículo 338 de la Constitución Política, que asignó a la ley, la Ordenanza o el Acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva y confirió la función de señalar directamente en sus actos los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Asimismo, en referencia al marco límite de las facultades conferidas a los concejos municipales para regular asuntos impositivos, la Corte Constitucional -en sentencia C-504 de 2002declaró la exequibilidad del literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, explicando que la autorización allí conferida por el legislador no viola ni contraría la Carta Política porque se haya en armonía con los artículos 313-4 y 338 de la misma Constitución y es compatible con la autonomía fiscal territorial. IMPUESTO DE DELINEACIÓN-Definición legal De lo hasta aquí expuesto es preciso concluir que el Impuesto de Delineación Urbana tiene definido por ley el hecho generador o hecho gravado y el sujeto activo del mismo; le corresponde, entonces, a los concejos municipales fijar mediante Acuerdo la base gravable y la tarifa del impuesto, de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 97 de 1913. En relación con la definición de los términos fundamentales de la discusión; según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; Urbano se define como “lo perteneciente o relativo a la ciudad”. El concepto delinear, se define como “trazar las

líneas de una figura”, así las cosas, relacionando la anterior definición con el concepto de lo urbano, es decir lo relacionado con la ciudad, la expresión de “delinear lo urbano”, se relaciona con el establecimiento de proyectos y cálculos sobre un documento gráfico, y se Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 Piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11932/33 www.procuraduria.gov Expediente 18795 2 refieren al suelo o espacio de la ciudad. Para la realización del proyecto en la ciudad, el plano delineado es el soporte entre quienes desarrollan y plasman una idea y los encargados de realizarla o materializarla. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN-Requisitos Entre los requisitos de forma que hacen parte de la licencia o permiso, están la memoria de los cálculos estructurales, de los diseños estructurales, de los elementos no estructurales y de los estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar la estabilidad de la obra, elaborados de conformidad con las normas de construcción sismorresistentes vigentes al momento de la solicitud, rotulados y firmados por los profesionales facultados para este fin, quienes se harán responsables legalmente de los diseños y de la información contenida en ellos. Igualmente, se requiere el proyecto arquitectónico, elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y arquitectónicas vigentes al momento de la solicitud, debidamente rotulado y firmado por un arquitecto con matrícula profesional, quien se hará responsable legalmente de los diseños y de la información contenida en ellos. Adicionalmente los

planos arquitectónicos y constructivos deben contener como mínimo la siguiente información: a) Plantas; b) Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada c) Fachadas; d) Planta de cubiertas; y e) Cuadro de áreas. IMPUESTO DE DELINEACIÓN-Hecho gravable según jurisprudencia del Consejo de Estado Concepto 187 - 2011 – 387973 Bogotá, D.C., 31 de octubre de 2011 Honorables

CONSEJEROS DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta

E. S. D.

Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Barcenas Referencia : 250002327000201000023 01

Radicado : 18795

Asunto : Impuesto de Delineación Urbana

Actor : Constructora Colpatria S.A.

3 Expediente 18795 El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto dentro del trámite del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 19 de enero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ANTECEDENTES 1.- De los hechos expuestos en la demanda se resumen los siguientes: 1.1.- El 7 de marzo de 2007 con el fin de obtener licencia de construcción de obra nueva para el predio ubicada en la transversal 16 No. 127-17, antes transversal 18 No. 126 A-15, de Bogotá, identificado con el Folio de matricula inmobiliaria No. 50N 20445710 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, la Constructora Colpatria S.A. por medio de formulario No. 106010000065340,

presentó y canceló el impuesto de delineación urbana en el Banco Colpatria S.A., por la suma de $367.012.000. 1.2.- El 4 de abril de 2007, se expidió la licencia de construcción No. LC-07-40300. La constructora manifestó que renunció a los derechos adquiridos por la licencia citada y como consecuencia de la renuncia, la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá a través de la Resolución No. 07-4-0834 de 25 de junio de 2007, dejó sin efectos la licencia de construcción, acto que quedó en firme el 26 de junio de 2007. 1.3.- El 26 de noviembre de 2007 la Constructora Colpatria S.A., presentó ante la Dirección Distrital de Impuestos solicitud de devolución de la suma cancelada por concepto del Impuesto de Delineación Urbana; la cual fue resuelta negativamente por medio de la Resolución No. DDI-CI-5451 de 5 de agosto de 2008. Contra la anterior decisión la sociedad presentó recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la Resolución No. DDI-CI-226336 de 13 de agosto de 2009, confirmando la primera decisión. Expediente 18795 4 2.- La Constructora Colpatria S.A., por medio de apoderado judicial en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló demanda solicitando que se declare la nulidad de la Resolución No. DDI-CI-5451 de 5 de agosto de 2008 y de la Resolución No. DDI-CI-226336 de 13 de agosto de 2009, que resolvió

el recurso de reconsideración y confirmó la primera decisión. Citó como normas violadas el Acuerdo No. 28 de 1995 y el Decreto 352 de 2002. En cuanto al concepto de violación sostuvo que el Acuerdo 29 de 1995 y el Decreto 352 de 2002, señalan que el hecho generador del Impuesto de Delineación Urbana los constituye “la expedición de la licencia para la construcción, ampliación, modificaciones, adecuación y reparación de obras y urbanización de terrenos en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogota”, impuesto que deberá ser acreditado en el momento de la expedición de la licencia; razón por la cual afirma que el impuesto está atado efectivamente a que se realicen las obras objeto de licencia. En consecuencia, si la licencia de construcción es dejada sin efectos o anulada, no existe el hecho generador, por ende, no existe causa para que la administración cobre dicho impuesto. Adujo que esta interpretación ha sido manifestada por la propia Secretaria de Hacienda en el Concepto No 0973 de 4 de febrero de 2003, y reiterada en el Concepto No. 1128 de 31 de marzo de 2006; por ello, para el caso concreto se debe aplicar, considerando que la Constructora Colpatria renunció a los derechos adquiridos con la licencia de construcción, tanto así que la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá por medio de la Resolución No. 07-4-0834 de 25 de junio de 2007, dejó sin efecto la licencia de construcción en mención, con lo cual desaparece de manera efectiva el hecho generador del Impuesto y en consecuencia, hay lugar a

la devolución del pago por dicho concepto. Explicó que mal puede el Estado indicar que se afectan sus “derechos adquiridos”, cuando lo cierto es que no ha adquirido esos derechos, dado que, el hecho generador de esos derechos fue dejado sin efecto alguno. 5 Expediente 18795 Acotó que permitir que el Estado se beneficie de un tributo originado en un hecho que fue dejado sin efectos, es aceptar que los impuestos puedan existir sin causa, y que el contribuyente pueda ser gravado sin causa ni beneficio alguno, lo cual es inconstitucional e ilegal. Enfatizó que se configura un enriquecimiento sin causa, y es evidente la vulneración de derechos fundamentales de quien ha sufrido la pérdida patrimonial. Finalmente, afirmó que resulta procedente el reconocimiento de intereses causado, cuando ha habido el pago de lo no debido por parte del contribuyente. 3.- Mediante sentencia del 19 de enero de 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, señalando que de acuerdo con decisiones precedentes de la misma Corporación no cabe duda que cada vez que se expide una licencia de construcción, independientemente de que ésta recaiga sobre un mismo predio, se causa el impuesto de delineación urbana, con lo que no resulta de recibo el argumento de la parte actora, según el cual, el hecho generador del impuesto de delineación urbana está “atado a que efectivamente se realicen las obras objeto de la expedición de la licencia”. Concluyó que con la expedición de la licencia de 4 de abril de 2007, se causó el

impuesto de delineación urbana, independientemente de que posteriormente y en relación con el mismo predio, se haya expedido otra licencia de construcción en modalidad de obra nueva. Explicó que si bien es cierto, que con la Resolución No. 07-4-0834 de 25 de junio de 2007 la Curaduría Urbana 4 de Bogotá, aceptó la renuncia a los derechos adquiridos por la Constructora Colpatria S.A., con ocasión de la expedición de la citada licencia de construcción, y dejó sin efecto el acto administrativo, ésta aceptación no tiene la virtud de invalidar los efectos que en materia tributaria Expediente 18795 6 produjo en su oportunidad, porque de la misma no se predica ilegalidad alguna, y por tanto, no le asiste derecho a la devolución solicitada. Recalcó que para la fecha en que se causó el impuesto de delineación urbana, la licencia de construcción No. LC-07-4-0300 de 4 de abril de 2007 surtió plenos efectos jurídicos, y en consecuencia, el pago ingreso a las arcas del Distrito con fundamento en un impuesto causado en forma legitima a su favor, por ello, no es valido que la voluntad del contribuyente de renunciar a los derechos conferidos a través de la licencia, produzca los efectos solicitados en materia tributaria. Así las cosas, la carga que soportó el contribuyente al pagar el impuesto de delineación urbana resulta legítima porque el hecho generador si se causó, y no existe ningún enriquecimiento sin causa por parte de la Administración, por ende, no hay lugar a la devolución del pago ni al reconocimiento de intereses.

4.- El accionante por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, manifestando que se difiere de la interpretación dada por el a quo en cuanto al contenido de las normas aplicables. Indicó que el artículo 233 del Decreto 1333 de 1986 definió el hecho generador identificando la naturaleza del impuesto de delineación urbana, y se puede apreciar que el impuesto se causa en los casos de construcción de nuevos edificios o refacción de los existentes, lo que permite establecer que este elemento debe interpretarse en sentido natural, el cual da lugar al nacimiento posterior de la exigibilidad de la obligación tributaria, sin que sea posible agregar componentes adicionales respecto al momento en que se produzca el hecho. Manifestó que las normas de orden distrital agregaron un elemento adicional frente al hecho generador, el cual se refiere a la expedición de la licencia de construcción para que se cause el impuesto pero que sin duda no fue previsto por el legislador, y constitución un precepto con relación de causalidad frente al construcción y refacción de obras, no puede ser aplicado en su contenido literal, mas aún cuando constituye un acto previo que conlleva la ejecución de obras cuya aplicación no 7 Expediente 18795 deriva de una exigencia de carácter tributario sino de la regulación de carácter urbanístico propio de los inmuebles. Comparó las dos licencias expedidas y concluyó que se refieren a una obra nueva sobre el mismo inmueble, pero es claro que los dos actos no podían ser constitutivos del hecho generador del impuesto porque era necesario que diera la construcción de la obra, situación que no sucedió porque la se modificó el

presupuesto de obra y se renunció a los derechos adquiridos en la primera licencia, subrayó que mal puede la administración el pago de dos tributos cuando surgen del mismo hecho. Afirmó que la interpretación que realizó el Tribunal sólo conlleva restringir los derechos del contribuyente en materia impositiva, pues, sólo con la licencia se estaría exigiendo el cumplimiento de la obligación tributaria, sin detenerse a examinar cuáles son las causas que impiden realizar la obra o cuándo es el momento en que se da inicio a la misma, para finalmente establecer si se causa o no el impuesto. Explicó que la remisión a las normas urbanísticas sólo permite identificar cuál es el escenario en el que se encuentra el contribuyente, toda vez que cuando se pretende realizar una actividad de construcción, más allá de esperar a que la autoridad expida la licencia, la finalidad de ésta radica en ejecutar las obras previamente autorizadas, luego de si estas no se realizan, desde el punto de vista tributario no hay lugar al pago. Reiteró que la licencia de construcción fue objeto de renunciabilidad de derechos y no de revocación del acto, pues la renuncia se entiende como el “desprendimiento y la dejación de carácter voluntario, libre, unilateral, formal y definitivo de una facultad jurídica subjetiva que no constituya a la vez un deber…” y por tanto, puede invalidar los efectos en materia tributaria. Insistió en que la devolución del pago es procedente, además del reconocimiento de intereses por la suma que se discute. Expediente 18795 8 CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Considerando los motivos de inconformidad expresados por la parte recurrente, el

debate se centra en establecer: (i) si es procedente la devolución del pago del Impuesto de Delineación urbana realizado con ocasión de solicitud y otorgamiento licencia de construcción. Considerando que el recurrente afirmó que al haber renunciado a los derechos de la licencia y no realizar ninguna construcción, no se configuró la ocurrencia del hecho generador y por ello, no debió pagar el impuesto y tiene derecho a la devolución de lo pagado. En primer lugar, corresponde analizar la ocurrencia del hecho gravado y confrontar las normas sobre la materia, para proceder a estudiar su aplicación en el presente caso. 1.- El impuesto de delineación urbana. La facultad en cabeza de los concejos municipales para establecer impuestos tiene su fundamento en el artículo 1° de la Ley 97 de 1913 y, particularmente, en el literal g) para el impuesto de ‘delineación’ (inicialmente a favor, en esa ley, del Distrito de Bogotá, extendido luego a los demás municipios del país por la ley 84 de 1915). A su vez, el artículo 233 del Decreto 1333 de 1986 ratificó la aludida facultad a los entes territoriales municipales, estableciendo que el hecho generador del Impuesto de Delineación es la construcción o refacción de edificios; dispone la norma: “ARTÍCULO 233. Los Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogotá, pueden crear los siguientes impuestos, organizar su cobro y darles el destino que juzguen más conveniente para atender a los servicios municipales: a. (…) b. Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos edificios o de

refacción de los existentes”. (Subrayados por la Delegada) Acerca de la facultad impositiva de los concejos municipales a que refieren las 9 Expediente 18795 citadas normas, se concluyó en reciente sentencia1, que tales corporaciones sí pueden establecer los elementos de los tributos a que se refiere la Ley 97 de 1913, indicando que a partir de la jurisprudencia constitucional2 no es posible argumentar que la indefinición de los tributos en la ley impida que los mismos puedan ser determinados por los Acuerdos municipales; ello en razón a que las corporaciones de elección popular de las entidades territoriales, gozan de las facultades otorgadas en el artículo 338 de la Constitución Política, que asignó a la ley, la Ordenanza o el Acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva y confirió la función de señalar directamente en sus actos los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Asimismo, en referencia al marco límite de las facultades conferidas a los concejos municipales para regular asuntos impositivos, la Corte Constitucional -en sentencia C-504 de 2002declaró la exequibilidad del literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, explicando que la autorización allí conferida por el legislador no viola ni contraría la Carta Política porque se haya en armonía con los artículos 313-4 y 338 de la misma Constitución y es compatible con la autonomía fiscal territorial. Veamos: “Destacando en todo caso que mientras el Congreso tiene la potestad exclusiva para

fijar todos los elementos de los tributos de carácter nacional, en lo atinente a tributos del orden territorial debe como mínimo crear o autorizar la creación de los mismos, pudiendo a lo sumo establecer algunos de sus elementos, tales como el sujeto activo y el sujeto pasivo, al propio tiempo que le respeta a las asambleas y concejos la competencia para fijar los demás elementos impositivos, y claro, en orden a preservar la autonomía fiscal que la Constitución le otorga a las entidades territoriales. Es decir, en la hipótesis de los tributos territoriales el Congreso de la República no puede 1 En sentencia del 9 de julio de 2009, con ponencia de la Doctora Martha Teresa Briceño de Valencia, Radicación 17001-23-31-000-2006-00404-02 (16544), se modificó la jurisprudencia acerca de la facultad de los Concejos Municipales en materia impositiva. En ésta sentencia se analizó de legalidad de un acuerdo que en desarrollo de la Ley 97 de 1913, estableció los elementos del impuesto "sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas y analógicas" y se concluyó que los concejos municipales tenían facultad para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público. 2 El Consejo de Estado cita la sentencia C-504 de 2002 mediante la cual, la Corte Constitucional determinó la vigencia dé los literales d) e i) del artículo 1 de la Ley 97 de 1913 y declaró la exequibilidad de las anteriores normas. Adicionalmente en la sentencia del 9 de julio de 2009, se expone que la doctrina jurisprudencial anterior de la Corporación concuerda con la sentencia C-035 de 2009 que explica que: "(...)la jurisprudencia

ha admitido que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, pero dentro de unos parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador: (i) la autorización del gravamen y (ii) la delimitación del hecho gravado". Expediente 18795 10 establecerlo todo”. (Subraya fuera de texto) Para nuestro caso en particular, en Sentencia C-035/093 de la misma Corporación Judicial, que declaró exequible el literal b) del artículo 233 del Decreto Extraordinario 1333 de 1986, “por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”, sobre el impuesto de delineación urbana se dijo: “De otro lado, la norma sí define el hecho gravable, con lo cual logra la identificación plena del tributo, distinguiéndolo de otros impuestos que recaen sobre la propiedad inmueble. Ciertamente, el legislador indica con toda claridad que el impuesto de delineación se causa en los casos de “construcción de nuevos edificios o de refacción de los existentes .” Tanto el verbo rector “construir”, como el “refaccionar”, referidos a las propiedades inmuebles, tienen un sentido o significado natural y obvio, comúnmente conocido, que no da lugar a ambigüedades o confusiones sobre la situación fáctica que da origen al nacimiento de la obligación tributaria.4 Por lo anterior, la Corte estima que el segundo parámetro mínimo que se exige al legislador fijar en relación con los impuestos territoriales, esto es, la fijación de hecho gravado, también está contenido en la norma.

(…) “Visto lo anterior, y teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales arriba expuestos, la Corte estima que el artículo bajo examen no desconoce el principio constitucional que define al Estado como república unitaria, ni tampoco la autonomía tributaria reconocida por las normas superiores a las entidades municipales y distritales. En efecto, dicho artículo se limita a autorizar el impuesto de delineación, a señalar de manera general cuál es el hecho gravado con el mismo y a definir el sujeto activo llamado a percibirlo. Al proceder de esta manera, el legislador fija los parámetros mínimos que han sido exigidos por la jurisprudencia constitucional, pero deja un amplio margen de libertad a los concejos municipales para adoptar o no el tributo dentro de sus territorios, así como para determinar la base gravable y la tarifa que regirá en la respectiva jurisdicción, pudiendo también reglamentar el recaudo, la fiscalización, el control y la ejecución del tributo. Así, como se dijo, la norma concilia de manera adecuada los principios de unidad y de autonomía en materia de facultades impositivas, por lo cual la Corte descarta que dichos principios hayan sido vulnerados por el legislador.” (Subraya y negrilla adicionados por la Delegada) De lo hasta aquí expuesto es preciso concluir que el Impuesto de Delineación Urbana tiene definido por ley el hecho generador o hecho gravado y el sujeto 3 Esta es la sentencia de la Corte Constitucional, bajo el radicado D-7422, que decidió la demanda de nulidad, en la cual sustenta el recurrente su solicitud de litispendentia o prejudicialidad y posible decaimiento del acto

administrativo. 4 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, construir significa: “Fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra pública” y refaccionar “Restaurar o reparar, especialmente edificios.” DRAE, consultado por el despacho del magistrado sustanciador el 26 de noviembre de 2008, en la siguiente dirección electrónica: http://buscon.rae.es 11 Expediente 18795 activo del mismo; le corresponde, entonces, a los concejos municipales fijar mediante Acuerdo la base gravable y la tarifa del impuesto, de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 97 de 1913. En el Distrito Capital el Impuesto de Delineación se remite a los siguientes preceptos: “Acuerdo 28 de 1995. Artículo 9. El hecho generador del impuesto de delineación urbana es la expedición de la licencia para la construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y urbanización de terrenos en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá... (Sic) Decreto 423 de 1996. Artículo 61. El hecho generador del impuesto de delineación urbana es la expedición de la licencia para la construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y urbanización de terrenos en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá... (Sic) Decreto 352 de 2002. Artículo 71. El hecho generador del impuesto de delineación urbana es la expedición de la licencia para la construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación

de obras y urbanización de terrenos en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá... (Sic)” En relación con la definición de los términos fundamentales de la discusión; según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; Urbano se define como “lo perteneciente o relativo a la ciudad”. El concepto delinear, se define como “trazar las líneas de una figura”, así las cosas, relacionando la anterior definición con el concepto de lo urbano, es decir lo relacionado con la ciudad, la expresión de “delinear lo urbano”, se relaciona con el establecimiento de proyectos y cálculos sobre un documento gráfico, y se refieren al suelo o espacio de la ciudad. Para la realización del proyecto en la ciudad, el plano delineado es el soporte entre quienes desarrollan y plasman una idea y los encargados de realizarla o materializarla. El término "urbanismo" procede de la palabra latina urbs (‘ciudad’), en el diccionario de la Real Academia Española se define como “conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados en orden a las necesidades de la vida urbana”. En el ámbito legal encontramos las siguientes definiciones, que nos sirven para aclarar el tema de lo urbano y sus vínculos con la delineación: Expediente 18795 12  Ley 388 de 1997 Artículo 36. Actuación Urbanística Pública. Son actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y edificación de inmuebles. Cada una de estas actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución que son orientadas por el componente urbano del plan de ordenamiento y deben quedar explícitamente

reguladas por normas urbanísticas expedidas de acuerdo con los contenidos y criterios de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16 y 17 de la presente ley. Artículo 15. Normas Urbanísticas. (Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 902 de 2004). Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia aquí especificados y en su contenido quedarán establecidos los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación, en congruencia con lo que a continuación se señala.  Decreto 564 de 24 de febrero de 2006 Artículo 1°. Licencia urbanística. Es la autorización previa, expedida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, para adelantar obras de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios; de construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición de edificaciones, y para la intervención y ocupación del espacio público, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o complementen y en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional. Parágrafo. Las licencias urbanísticas y sus modalidades podrán ser objeto de prórrogas y modificaciones. (Subrayados fuera de texto) De la lectura y análisis de las normas anteriores, se puede concluir que la licencia de construcción es una autorización previa para construir o desarrollar edificaciones; que la misma requiere de un procedimiento y del aporte de

diferentes documentos, así como del cumplimiento de determinados requisitos, que materializan lo que se entiende como delineación urbana. Entre los requisitos de forma que hacen parte de la licencia o permiso, están la memoria de los cálculos estructurales, de los diseños estructurales, de los elementos no estructurales y de los estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar la estabilidad de la obra, elaborados de conformidad con las normas de construcción sismorresistentes vigentes al momento de la solicitud, rotulados y firmados por los profesionales facultados para este fin, quienes se harán responsables legalmente de los diseños y de la información contenida en ellos. Igualmente, se requiere el proyecto arquitectónico, elaborado de conformidad con 13 Expediente 18795 las normas urbanísticas y arquitectónicas vigentes al momento de la solicitud, debidamente rotulado y firmado por un arquitecto con matrícula profesional, quien se hará responsable legalmente de los diseños y de la información contenida en ellos. Adicionalmente los planos arquitectónicos y constructivos deben contener como mínimo la siguiente información: a) Plantas; b) Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada c) Fachadas; d) Planta de cubiertas; y e) Cuadro de áreas. De lo anterior se puede colegir que al estar incluidos dentro de la licencia de construcción el proyecto y el cálculo para la construcción de edificios o su refacción, no se incurre en ninguna ilegalidad, cuando se define la Licencia de Construcción como el hecho generador, porque la misma se asimila en su contenido y exigencias a la delineación urbana, la c