PGN - INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO DISCIPLINARIO - Definición y finalidad

Dependencia DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN Radicación No. 002-122625 -05 Disciplinada EVAMARÍA URIBE TOBÓN

Cargo y Entidad SUPERINTENDENTE DE SERIVICOS

PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Quejosa MARINA PLAZAS LLANOS

Fecha Hechos 2001 Asunto Apelación auto de archivo Bogotá, D.C., 30 de Mayo de 2006 Procede el Despacho en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 7, numeral 25 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con el artículo 115 de la Ley 734 de 2002, a desatar el recurso de apelación interpuesto por la señora MARINA PLAZAS LLANOS, contra el auto proferido por el señor Viceprocurador General de la Nación, el 9 de marzo de 2006 (folios 94 a 102 C.1), mediante el cual se ordenó el archivo definitivo de la actuación disciplinaria adelantada en contra de la doctora EVAMARÍA URIBE TOBÓN, en su condición de Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, para la época de los hechos. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL Mediante escrito recibido en este organismo de control, el 25 de mayo de 2004, la señora MARINA PLAZAS LLANOS, expuso acerca de una presunta violación de sus derechos fundamentales por parte de la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, doctora EVAMARÍA URIBE TOBÓN, y del Delegado de Energía y Gas y demás funcionarios, en razón a que no fue oída por dichas

autoridades, a raíz de los problemas presentados con la empresa, debido al cobro y pago de daños en el servicio de energía en un inmueble de su propiedad, en el que residía el señor Jairo Alberto Cardona Liévano, empleado de CODENSA, de quien dice es el autor de los daños. Señaló, además que fue presionada a firmar un pagaré, por uno de los abogados, al parecer como garantía de la deuda existente con la empresa, y que no le fue notificada la Resolución No. 027261 de 31 de diciembre de 2001, que profirió el Superintendente de Servicios Públicos Delegado para la Energía y Gas, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la señora PLAZAS LLANOS, contra una decisión de CODENSA S.A., sin que se hubieren practicado las pruebas solicitadas (folios 2,3 y 4 C.1). Finalmente, cuestiona el comportamiento de la Jefe de la Oficina de Control Interno, porque a su juicio parcializa la justicia, a favor de sus empleados a quien pretende favorecer, y el que este organismo de control no le hubiera dado respuesta al parecer de algunas solicitudes. Con fundamento en los hechos expuestos en la queja, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, ordenó mediante auto de 16 de diciembre de 2004, apertura de indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Superintendencia de Servicios Públicos, para los fines establecidos en el artículo 150 la ley disciplinaria (folios 17 a 18 C.1).

Posteriormente, por auto de 12 de noviembre de 2005, este Despacho, en aras de asegurar los principios de eficacia y eficiencia, de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 7, numeral 19 del Decreto 262 de 2000, designó como “funcionario especial” para conocer en primera instancia, el proceso radicado con el número 162-110254-04, que venía adelantándose en la Procuraduría para la Moralidad Pública, al Viceprocurador General de la Nación (folio 23 C.1), quien comisionó al doctor Javier Huertas Hurtado, Asesor Adscrito, para instruir, sustanciar y proyectar lo que correspondiera en derecho, dentro del radicado posteriormente asignado con el número 002-122625, asignado por la Oficina de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación (folio 25 C.1). Dicha dependencia, el 6 de julio de 2005, dispuso abrir investigación disciplinaria en contra de la doctora EVAMARÍA URIBE TOBÓN, en su condición de Superintendente de Servicios Públicos, para la época de los hechos, en razón a que su conducta podía constituir falta disciplinaria, al no cumplir con los deberes que el cargo le imponía como servidora pública, tales como atender o tramitar las peticiones de los usuarios de servicios públicos, y además, por no proceder conforme al debido proceso para expedir y notificar los actos administrativos (folios 26 a 29 C. 1). Practicadas las pruebas ordenadas durante dicha etapa, y previa valoración, el Viceprocurador General de la Nación, al encontrar que la doctora EVAMARÍA

URIBE TOBÓN, había actuado conforme a lo ordenado con la Constitución y la ley, y que no se configuró ningún tipo disciplinario irregular en su contra atribuible, que no atentó contra el debido proceso, ni el derecho de defensa de la quejosa MARINA PLAZAS LLANOS, ordenó el archivo definitivo de la actuación conforme a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002. Se aclaró en primer lugar, lo manifestado por la quejosa, acerca de que la Procuraduría no había contestado sus peticiones, en el sentido de que la Procuraduría a través de la Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, dio respuesta a las que formuló la quejosa, el 21 de febrero y 26 de mayo de 2003. Sobre la supuesta violación de sus derechos por parte de CODENSA S.A. ESP., al intimidarla mediante un escrito o concepto relacionado con sus reclamaciones sobre cobro de energía a un predio de su propiedad, ubicado en el Barrio Galicia de esta capital, en el que residía un empleado que prestaba los servicios a dicha empresa, del que afirma, fue quien manipuló el medidor de la luz en ese inmueble, situación que a su juicio no habría tenido en cuenta, cuando expidió el concepto, violando la Constitución Nacional y la ley, se anotó que, dicho concepto fue proferido el 18 de febrero de 2003, en el que CODENSA S.A. ESP., le informó a la señora PLAZAS LLANOS, que por la Resolución No. 027261 de 31 de diciembre de 2001, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se

resolvió el recurso de apelación interpuesto por la quejosa, frente a la decisión 2 adoptada por la empresa CODENSA S.A. ESP., y que en ese caso, ya se había agotado la vía gubernativa. Adicionalmente, en dicha comunicación, se le recordó que todas sus peticiones formuladas habían sido resueltas oportunamente por la empresa, y que por ello no era viable otorgarle los efectos del silencio administrativo que había invocado. CODENSA S.A. le expresó en dicho escrito, que no había violado ningún derecho a la usuaria, y que le asistía el derecho a cobrarle el valor de los consumos de luz no autorizados que ha tenido el inmueble, recordándole que el escrito que el cliente radique, con el ánimo de entorpecer el cobro de los derechos adquiridos, se tomaba como abuso del derecho, fundamentado en el artículo 95 de la Constitución Nacional, referido al ejercicio adecuado y racional de los usuarios. Se aludió en dicha providencia, a lo comunicado por la implicada EVAMARÍA URIBE TOBÓN, quien manifestó que no tuvo conocimiento de las peticiones formuladas por la señora PLAZAS LLANOS, por cuanto no todos los asuntos dirigidos a su nombre, llegan a su conocimiento, pues, internamente existe una distribución de funciones, de conformidad con el Decreto número 990 de 2002 y la Resolución SSSPD 11987 de 2002, normatividad que reglamentó el derecho de petición en ese organismo, y que el conocimiento de ese asunto, le correspondió conocerlo al Superintendente Delegado para la Energía y Gas y a la Oficina de

Control Interno Disciplinario, doctor Jaime Gustavo Osorio Gómez. Se hizo precisión en tal proveído, en torno a que cuando se expidió la Resolución número 027261 de 2001, no ejercía el cargo de Superintendente de Servicios Públicos, y que la notificación de ésta, le correspondía hacerla a la Secretaría de dicho organismo. Advirtió la Viceprocuraduría, que en ese orden de ideas, la doctora EVAMARÍA URIBE TOBÓN, no tuvo ninguna participación en los hechos investigados, y que por lo tanto, no había incurrido en falta disciplinaria, pues el ejercicio de su cargo como Superintendente de Servicios Públicos, comenzó a desempeñarlo desde el 9 de septiembre de 2002, según quedó acreditado con la certificación del tiempo de servicio allegada. Destacó, en cuanto al tema de la notificación de la mencionada Resolución número 027261, que en virtud de lo establecido en el artículo 25, literal g) del Decreto 548 de 1996, por medio del cual se establecieron las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esta función estaba atribuída a la Secretaría General de la entidad, dependencia que procedió inmediatamente a citar a la interesada, notificándola por edicto. Precisó el a quo, que con el propósito de notificar la resolución anteriormente anotada a la interesada, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de la Secretaría General, le hizo citación mediante oficio No. 2002-510 de 26 de agosto de 2002, sin embargo, ADPOSTAL, la devolvió por dirección deficiente e inexistencia del número de residencia a donde fue dirigida, esto es, a

la Carrera 82 C No. 62G-40 Sur, dirección registrada por la quejosa en su recurso. Efectivamente, destacó la Viceprocuraduría que la Superintendencia de Servicios Públicos, fijó el Edicto 01391 el 1° de octubre de 2002, para notificarla del 3 contenido de la Resolución número 027261, en aplicación al artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, que establece que “si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia”, de manera que, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió el recurso de apelación interpuesto por la señora PLAZAS LLANOS y que fue notificada en debida forma por edicto, al no haber sido posible la personal, entendiéndose que, se trataba de un acto administrativo en firme, que había agotado la vía gubernativa, que por lo tanto gozaba de presunción de legalidad. Luego, tratándose de una indebida notificación, procedía demandar la nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Además, la providencia de la primera instancia, en relación con el desacuerdo expresado por la quejosa frente a la sanción que CODENSA S.A., le impusiera, especialmente, por no tener en cuenta las pruebas por ella solicitadas dentro del proceso adelantado, expuso que en el desarrollo del trámite administrativo se surtieron las etapas de la vía gubernativa y que la quejosa tuvo la oportunidad de

interponer el recurso de apelación ante el funcionario competente. En cuanto a la falta de respuesta a las peticiones de la quejosa, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –presentadas el 10 de abril y 31 de agosto de 2001, verificó la Viceprocuraduría, que le fueron enviados los oficios 2001-240 de 4 de mayo y 2001-240 de 20 de diciembre de 2001, con el propósito de responderle las solicitudes presentadas en las referidas fechas, informándole sobre el trámite a surtirse respecto de los documentos allegados por ella en esas oportunidades, así como lo atinente a la notificación del recurso que de apelación había interpuesto contra la decisión adoptada por CODENSA S.A., que la sancionó por fraude al servicio público de energía. Destacó la Viceprocuraduría que consultado el sistema de correspondencia enviada de dicha Superintendencia, aparecieron cuatro registros de respuestas dirigidas a la peticionaria, con fechas 5 y 28 de marzo, 29 de septiembre y 28 de octubre del año 2003, sobre otras peticiones realizadas por la quejosa. Puntualizó, en cuanto a que la quejosa no fue atendida por la señora Superintendente, que sus funciones son netamente gerenciales y que la atención al público, le corresponde a otras dependencias de la entidad, por lo que la implicada tenía la discrecionalidad para atender a las personas o a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, sin que tal comportamiento constituya falta disciplinaria. De otro lado, en torno a la coacción ejercida para firmar el pagaré para

supuestamente respaldar el pago de la multa impuesta por la empresa CODENSA S.A. o de lo contrario, le rematarían su apartamento, recalcó la primera instancia, que la quejosa no ofreció mayores elementos de juicio para dilucidar el asunto, dado que no explicó el nombre del funcionario o de la persona vinculada a dicha empresa, ni la época en que ello tuvo ocurrencia. Pese a lo anterior, se observó por el Despacho del conocimiento, que a través de la comunicación de 18 de febrero de 2003, emitida por CODENSA S.A., y dirigida 4 a la señora PLAZAS LLANOS, se le indicó que las respuestas dadas a sus solicitudes habían sido oportunas. Que especialmente la comunicación No. 763838 de 29 de enero de 2003, se le explicó lo decidido en la Resolución número 027261 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y que, además, podía dirigirse al centro más cercano de la mencionada oficina, para facilitarle la cancelación de la multa, la cual podía financiarse de acuerdo con los planes que la empresa de energía ofrecía. Esta comunicación dirigida a la quejosa, ponía en conocimiento el artículo 95 de la Constitución Política, frente a los deberes y obligaciones de los ciudadanos, contenido que consideró el a quo, no constituía ninguna amenaza en contra de la señora PLAZAS LLANOS. La primera instancia, resaltó que las empresas públicas tienen el deber de adelantar los cobros coactivos, tan pronto se den las circunstancias legales, que ameriten proceder con la ejecutoria de los actos administrativos, en aplicación al

artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, que establece el carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos que queden en firme. En tal virtud, señaló que los hechos demuestran que la empresa CODENSA S.A., no abusó de su posición de manera dominante, ni tampoco la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al haber confirmado la sanción que impuso la primera de las nombradas. Finalmente, al encontrar que la implicada EVAMARÍA URIBE TOBÓN, no había cometido ninguna falta disciplinaria, ordenó el archivo definitivo de la actuación, conforme a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002. RECURSO DE APELACIÓN La señora MARINA PLAZAS LLANOS, mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2003, recibido en esta misma fecha, en este organismo de control, interpuso recurso de apelación contra la providencia de primera instancia, de 9 de marzo de 2006, mediante la cual se ordenó el archivo de la actuación adelantada contra la doctora EVAMARÍA URIBE TOBÓN, en su condición de Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, para la época de los hechos. Tal recurso que fue concedido por la Viceprocuraduría General de la Nación, en el efecto suspensivo, el 29 de marzo de 2006 (folio 109 C.O.), y repartido en la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, el 6 de abril de 2006. Sustenta su recurso, solicitando en primer término que se sancione, porque, es claro que fueron violados sus derechos por la compañía CODENSA S.A. ESP,

alude a que el cambio de ordenamiento, para favorecer a dicha empresa, sobre su multa, no están en el contrato de prestación de servicios públicos, “ni firme, ya que ésta fue realizada por un empleado de la Cía Codensa S.A, y para favorecerle meinplantaron (sic) el cobro y es así que la Super Servicios los Avalo (sic) para ello tomando como Posición Dominante art. 133, quedando por fuera mis derechos …”. 5 Aduce que como siempre se desprende que son negados los recursos por la ley al usuario, que la Superintendencia discrimina para proteger a las empresas, y plantea que el doctor Jaime Gustavo Osorio Gómez, mediante radicado 2001-529 039768 1 de 20 de diciembre de 2001, remitió un expediente a la doctora Luisa Fernanda Rengifo, Jefe de Peticiones y recursos de CODENSA S.A., para que le remitiera el expediente de multa, pero no se le remitieron, razón por la que afirma que los que mandan en la Superintendencia de Servicios son los de CODENSA S.A., y se demuestra que no hay autoridad, para de esta manera favorecer. Que ante la no remisión del expediente, se impuso y se ratificó la multa de $2’463.602.oo, con la leyenda de que no había recurso alguno, e insistiendo en que la resolución no le fue notificada, por lo que “se solicitó el de apelación ante la Dra. Uribe sin tener eco alguno, ni atenderme, ni dar el recurso que genera la ley”. Finalmente, afirma que “hay que remontarnos al radicado 2003 529 003558 1

Enero 21 de 2003 la Dra Eva María Uribe Tóbon (sic) Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios emana ‘no existe término alguno para el envío del expediente a la SSPD, por parte de la Empresas prestadoras de Servicios Públicos, para efectos de surtirse el recurso de Apelación en la Ley 142 /94”. Y solicita que se sancione y se ordene el reintegro de la multa y que de ser adversa su petición, “nos encontramos en un concurso de delitos como una supuesta Corrupción” (folio 108 C.1). CONSIDERACIONES Primero que todo, la indagación preliminar prevista en la ley como fase inicial, con unos fines específicamente demarcados, no puede extenderse a otras finalidades no previstas en el Código Disciplinario Único, de manera que, la iniciada en contra de la doctora EVAMARÍA URIBE TOBÓN, tuvo como objeto verificar si como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, omitió atender las peticiones presentadas por la señora MARINA PLAZAS LLANOS, si efectivamente la Resolución No. 027261, mediante la cual se le resolvió el recurso de apelación interpuesto por la quejosa se le notificó en debida forma, si también, la Procuraduría le había dirigido respuesta a sus inquietudes, hechos éstos que una vez investigados y verificados que fueron cumplidos, conllevan a que el funcionario del conocimiento, se abstenga de abrir investigación disciplinaria, tal como lo considera en el presente caso que ha sido objeto de estudio, por este Despacho, a raíz del recurso de apelación interpuesto.

Ahora bien, se comparte a plenitud las conclusiones a las que llegó la primera instancia, en el sentido de que la doctora URIBE TOBÓN, no incumplió ningún deber como servidora pública, y que en consecuencia, al no haber cometido ninguna falta disciplinaria, no quedaba otra alternativa que ordenar el archivo de las diligencias. Incluso, con las diligencias allegadas, no se desprende que otro funcionario de la Supersentencia, haya violado los derechos de la señora PLAZAS LLANOS Teniendo claro que, la Resolución número 027261, fue proferida el 31 de diciembre de 2001, por el señor Superintendente de Servicios Públicos 6 Delegado para la Energía y Gas, doctor Jaime Gustavo Osorio Gómez, por medio de la cual se resolvió un recurso de apelación (folios 60 a 66 C.O.) interpuesto por la señora PLAZAS LLANOS, contra la decisión de la empresa CODENSA S.A. EPS. que la sancionó como usuaria, por las anomalías encontradas en su inmueble (folios 61 y 62 C.1), mediante decisión No. 10000408019 de 21 de febrero de 2001, con multa por un valor de 2’463.602, con fundamento en el Reglamento de Servicios y el Contrato de Condiciones Uniformes, no es procedente, atribuirle ningún cuestionamiento a quien no profirió dicho acto administrativo, por cuanto reposa en el expediente que la doctora EVAMARÍA URIBE TOBÓN, fue nombrada en el cargo de Superintendente de Servicios Públicos, por el Director del Departamento Administrativo de Planeación,

doctor Santiago Montenegro Trujillo, el 30 de agosto de 2002 (folio 42 C.1), esto es, casi 8 meses después de haberse emitido la Resolución anotada. Segundo, en cuanto a la irregularidad por la falta de notificación de dicho acto, quedó demostrado que la dependencia encargada en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de cumplir con las funciones de notificación, era la Secretaría General, tal como se estableció en el Decreto 548 de 1996, por el que se compilaron las funciones de dicho organismo y se dictaron otras disposiciones. Corrobora que tal función recaía en la Secretaria General, toda vez, que efectivamente, la doctora María del Pilar Ordoñez Mendez, mediante 0ficio 2002510 de 26 de agosto de 2002, dirigido a la señora MARINA PLAZAS LLANOS, le solicitó que compareciera para efectos de notificarla personalmente de dicha Resolución, y que si no lo hacía dentro de los 10 días hábiles de la fecha, el acto administrativo sería notificado por edicto (folio 67 C.O.). Por lo tanto, aunque llama la atención que, verdaderamente, ésta comunicación, se surtió pasados varios meses de proferida la resolución anotada, -recuérdese que tiene fecha de 31 de diciembre de 2001-, lo cierto es que se envió a la dirección, que según anotó la quejosa en el recurso interpuesto, y que coincide con la que aparece en la parte resolutiva de la Resolución (folio 66), aunado a que, aparece documento de devolución de ADPOSTAL (folio 68). De manera que, al no haberse presentado a notificarse personalmente, por las

razones que fueren, la que se surtió a través del edicto, era perfectamente admitida, de conformidad con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo, situación que descarta que no se hubiera obrado conforme a la ley. En cuanto al presunto favorecimiento al que se refiere la recurrente, no existen elementos de juicio para concluir que exista, puesto que se evidencia, es una aplicación del procedimiento por parte de las entidades que tuvieron a cargo el trámite del reclamo presentado por la quejosa, sin que éste por ser adverso a los intereses de ésta, demuestre incumplimiento de algún deber por parte de funcionario en el ejercicio de sus atribuciones. Sobre el punto atinente al envío del expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para efectos de surtirse el recurso de apelación, revisado el expediente, no se encuentra fotocopia del radicado 2003 529 003558 1 de 21 de enero de 2003, razón por la que al desconocerse el contenido del mismo, no 7 puede emitir pronunciamiento sobre una conducta que la quejosa considera como irregular de la doctora URIBE TOBÓN, sin el debido soporte probatorio. De manera que, no es posible acceder a las peticiones de la quejosa, consistentes, en sancionar y ordenar reintegro de la multa impuesta, primero, porque no existe conducta reprochable debidamente comprobada de ningún funcionario de CODENSA S.A. ESP. o de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y segundo, porque la ley disciplinaria, al tener como propósito la buena marcha de la gestión pública y que las conductas de los

servidores públicos se ciñan al ordenamiento vigente, no se encuentra dentro de su finalidad, lograr el reembolso del dinero que estima indebidamente cobrado, tema que para el Despacho, una vez revisado el trámite, cuyo procedimiento cuestiona la quejosa, no aparece que se hubiera pretermitido ninguna norma, que conduzca al reproche disciplinario. En consecuencia, y conforme a las razones expuestas por esta instancia, no existe mérito para revocar la decisión adoptada en primera instancia. En mérito de lo expuesto, el Procurador General de la Nación, en uso de sus facultades legales, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de fecha 9 de marzo de 2006, proferida por el Viceprocurador General de la Nación, mediante la cual se ordenó el archivo definitivo de la actuación disciplinaria adelantada en contra de la doctora EVAMARÍA URIBE TOBÓN, en su condición de Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, para la época de los hechos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a la interesada el contenido de esta decisión, haciéndole saber que contra la misma no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

TERCERO: La Secretaria de la Procuraduría Auxiliar devolverá el expediente a la oficina de origen, previas las anotaciones y comunicaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación Rad. 002-122625

MLRR/MCVA.

8