PGN - INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO DISCIPLINARIO - Duración

Dependencia Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa Radicación 013-82074/03 Disciplinado Efrén Hernández Díaz Cargo y entidad Alcalde de Yopal Quejoso Ruperto Henao Fecha queja Junio 21 de 2000 Fecha hechos Febrero 9 de 2000 Asunto Irregularidad al no expedir los paz y salvos relacionados con el impuesto predial mediante petición de febrero 9 de 2000. Bogotá DC, febrero 20 de 2004 Procede el Despacho a evaluar las diligencias remitidas por la Procuraduría Regional de Casanare mediante auto de 21 de junio de 2000, previa las siguientes, CONSIDERACIONES Dio origen a las presentes diligencias la queja instaurada ante la Procuraduría Regional de Casanare por parte del Señor RUPERTO HENAO, quien da a conocer presuntas irregularidades de tipo administrativo atribuible al Señor Alcalde de Yopal para la época de los hechos, EFRÉN HERNÁNDEZ DÍAZ, toda vez que el quejoso y otros, solicitaron a esa Alcaldía en febrero 9 de 2000, la expedición del paz y salvo del impuesto predial correspondiente al año de 1999 y no fue atendida dicha petición. La Procuraduría Regional del Casanare inició la indagación preliminar mediante auto de 21 de junio de 2000 y una vez escuchado en versión libre el investigado EFRÉN ANTONIO HERNÁNDEZ-en febrero 5/03-remitió el expediente a las Delegadas para Vigilancia Administrativa, correspondiéndole por reparto a la Primera, para continuar

con las diligencias. Este Despacho al revisar la documentación, encuentra que, evidentemente, las diligencias no pasaron de la etapa de indagación preliminar y fueron devueltas a esta Delegada. Al analizar la cronología del proceso, se observa que, infortunadamente, se ha excedido ostensiblemente el término legal de seis (6) meses para la etapa de indagación preliminar Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia C-728/00, proferida dentro del expediente D-2697, al pronunciarse sobre la “DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD”, entre otros, del artículo 141 de la Ley 200/95, dijo: “4(…) el examen de constitucionalidad versará sobre los siguientes apartes del artículo 141 del CDU: “Cuando proceda la indagación preliminar no podrá prolongarse por mas de seis (6) meses (…) al vencimiento de este término perentorio el funcionario solo podrá, o abrir investigación o archivar definitivamente el expediente.” “6. El artículo 144 del Código Disciplinario Único establece que cuando”…el investigador encuentre establecida la existencia de una falta disciplinaria y la prueba del posible autor de la misma, ordenará investigación disciplinaria. Sin embargo, no en todos los casos la queja o el informe disciplinario arrojan claridad sobre la existencia de una falta disciplinaria y sobre el posible autor de la misma.” Precisamente la Sentencia C-430 de 1997, MP ANTONIO BARRERA CARBONEL, señaló: “(…) La indagación preliminar es de carácter eventual y previa a la etapa de investigación, pues sólo tiene lugar cuando no encuentra suficientes elementos de

juicio y, por lo tanto, existe duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria…” “(…) Corresponde al Congreso, entonces, entre otras cosas, fijar las etapas de los diferentes procesos y establecer los términos y las formalidades que deben cumplir… Sin embargo, en esta labor el legislador tiene ciertos límites, representados fundamentalmente en su obligación de atender los principios y fines del Estado y de velar por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.” “Un ejemplo de los límites del Congreso a este respecto se observa en la sentencia C-412 de 1993, MP EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, en el cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 324 del Decreto No. 2700 de 1991. (…) En el fallo, la Corte consideró que los términos tienen un contenido garantista a favor de los encartados y que la inexistencia de alguno para la realización de la investigación previa constituía una violación al debido proceso: 2 “El ejercicio anticipado del derecho constitucional al debido proceso (CP art. 29), correlativa al desarrollo de la función investigativa y punitiva del Estado, proscribe la actuación investigativa que se prolongue indefinidamente en el tiempo. La ausencia de término específico para la investigación previa, legitima constitucionalmente las más excesivas dilaciones toda vez que su finalización podría coincidir con el momento de la prescripción de la acción penal. Aparte de que esa eventual arbitrariedad-convalidada por la norma legal acusada-obliga al investigado a soportar una excesiva carga anímica y económica, representa para el Estado costos nada despreciables en términos de recursos humanos y materiales…”.

“(…) Dado que es el proceso donde con mayor intensidad y plenitud de garantías puede participar el imputado, la investigación previa debe tener un período razonablemente breve, circunscribirse a asegurar las fuentes de prueba y a verificar el cumplimiento de los presupuestos mínimos que se requieran para ejercer la acción penal, que es precisamente lo que se hecha de menos en la disposición acusada.” Precisa el alto tribunal, cómo, en este tipo de controversias se trata de establecer el derecho del encartado a no estar permanentemente subjudice, y el interés del Estado en fijarle plazos perentorios a los procesos que adelanta. Que no obstante existir la posibilidad de presentarse casos en los que dicho término no sea suficiente, habrá de respetarse la voluntad del legislador de darle prevalencia al derecho del encartado de no permanecer subjudice y a su objetivo de que se resuelvan con rapidez las dudas disciplinarias que puedan surgir, incluso en desmedro de la aspiración de que se haga justicia en todas las ocasiones. Concluyendo que la voluntad del legislador no es irrazonable ni constituye una inminente amenaza de los fines del Estado o los derechos fundamentales de los ciudadanos, razón por la cual habrá de respetarse. Este es el sentido material de un derecho garantista que identifica al Estado Social y democrático de Derecho. Lo descrito nos sitúa frente a la imperiosa necesidad de dar aplicación a lo preceptuado en el art. 141 de la Ley 200/95, en concordancia con el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 y, en consecuencia, proceder al archivo definitivo de las diligencias.

En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR PRIMERO DELEGADO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus facultades jurídicas, 3 RESUELVE PRIMERO.- Cesar el procedimiento disciplinario adelantado en contra del Señor EFRÉN ANTONIO HERNÁNDEZ DÍAZ, en su condición de Alcalde de Yopal, para la época de los hechos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; y, en consecuencia, ordenar el archivo definitivo de las presentes diligencias. SEGUNDO.- Notificar esta decisión al interesado, haciéndole saber que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la correspondiente comunicación, indicando la fecha de la providencia y la decisión tomada. En caso de no ser posible notifíquese por estado.

TERCERO: Por Secretaría de este Despacho, comunicar la presente decisión al quejoso, informándole que contra la misma procede el recurso de apelación por escrito y debidamente sustentado ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, dentro del término de tres (3) días, contados a partir de los cinco (5) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación en la Oficina de correo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 90, en concordancia con los arts. 109, 110 y 115 de la Ley 734/02.

CUARTO: Por Secretaría de este Despacho, háganse las anotaciones y constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM / emc Exp. Nº. 013-82074/03 janeth 4