PGN - INDEMNIZACION DE PERJUICIOS - Indexación del monto correspondiente por la pérdida de

DETENCIÓN PREVENTIVA-Necesidad de una justa causa para su aplicación como medida de aseguramiento Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva, por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática. DERECHO A LA LIBERTAD-Fundamental amparado por la normatividad internacional/PRESUNCIÓN DE INOCENCIAFundamental amparado por la normatividad internacional Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia , se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Se torna injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad/PRIVACIÓN DE LA LIBERTADJurisprudencia de la Corte Constitucional Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser

respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” enlazado a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Deber del ente estatal de responder por los daños causados en ejercicio de sus facultades Es menester recordar que el artículo 90 de la Constitución Política consagra la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de sus autoridades públicas, y por ello, se señala que la responsabilidad estatal se ha establecido de manera objetiva, porque basta con que se pruebe la existencia de un ________________________________________________________________________________________________ Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co Expediente: 760012331000-2006-02968-01(38.818)

Demandantes: Hainover Daza Naranjo y otros daño antijurídico que el ciudadano no tenga la obligación de asumir para que la entidad ejecutora del mismo responda por los perjuicios ocasionados.

De esta manera, el hecho de que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo todas las ritualidades que señala la ley penal, no la exime de la responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-No existe soporte probatorio que declare la existencia de la conducta punible Teniendo en cuenta los apartes de las providencias arriba citadas se configura la responsabilidad administrativa de la Fiscalía General de la Nación, dado que a todas luces la privación de la libertad de que fue objeto el demandante resulta injusta, pues se demostró que ninguna de las acciones desarrolladas por el actor constituían una conducta punible, con lo que surge para los aquí demandantes el derecho a ser indemnizados por tal detención y a su vez, se configura para el estado el deber de resarcir tales perjuicios. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Indexación del monto correspondiente por la pérdida de valor adquisitivo de la moneda Ahora bien, en cuanto a la inconformidad de la parte actora respecto del monto reconocido por concepto de daño emergente, en criterio de esta Procuraduría Delegada sí debe indexarse dicha cantidad, toda vez que, es bien sabido que la moneda día a día pierde valor adquisitivo provocado por el fenómeno de la inflación que es el aumento

sostenido y generalizado en el nivel de precios lo cual provoca que la cantidad de unidades monetarias requeridas para adquirir en la actualidad la misma cantidad de bienes y servicios que se obtendrían en el año 2004 con ese monto, debe ser muy superior; de allí que resulta ajustado a derecho que tal monto indemnizatorio deba ser indexado de conformidad con lo establecido en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. 5CdeE/MMER/CJCHG 2 IUS 2011-6640 _______________________________________________________________________________________________ Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co Expediente: 760012331000-2006-02968-01(38.818)

Demandantes: Hainover Daza Naranjo y otros

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D. C., 13 de enero de 2011 Doctor

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Consejero Ponente Sección Tercera - Subsección C

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 11-07

Expediente: 760012331000-2006-02968-01(38.818)

Demandante: Hainover Daza Naranjo y otros

Demandados: Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación Honorable señor Consejero: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la

Fiscalía General de la Nación y por el apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, trámite dentro del cual, esta agencia del Ministerio Público, en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.

ANTECEDENTES

 La Demanda 5CdeE/MMER/CJCHG 3 IUS 2011-6640 _______________________________________________________________________________________________ Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co Expediente: 760012331000-2006-02968-01(38.818) Demandantes: Hainover Daza Naranjo y otros En ejercicio de la acción de reparación directa1, por intermedio de apoderado judicial, los señores HAINOVER DAZA NARANJO obrando en nombre propio y en representación de sus menores hijas JESICA DAZA PELÁEZ y LUISA MARÍA DAZA USUGA, LUZ FARINE FERNANDEZ ARANDA y FANNY NARANJO DE DAZA, solicitaron al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declarar administrativa y patrimonialmente responsables a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de que fue objeto el señor HAINOVER DAZA NARANJO. Que como consecuencia de lo anterior; se condenara a la parte demandada al

pago de las respectivas indemnizaciones por los perjuicios que les fueron ocasionados. Como fundamentos de sus pretensiones se presentaron los que se sintetizan a continuación: El señor HAINOVER DAZA NARANJO, se desempeñaba como miembro de la Policía Nacional en el grado de Patrullero y para el día 13 de septiembre de 2004 se encontraba disfrutando de su periodo de vacaciones. Ese día 13 de septiembre de 2004, el hoy demandante, fue capturado en horas de la noche por el grupo GAULA del EJÉRCITO NACIONAL en el Centro Comercial La Catorce de Calima en la ciudad de Cali, por el presunto delito de secuestro extorsivo. Los hechos que motivaron la captura del señor DAZA NARANJO se originaron en la denuncia presentada por el señor YESID AUGUSTO OCAMPO OSPINA, el cual manifestó que su primo DIEGO FERNANDO GIRALDO OSPINA había sido 1 Demanda presentada el 14 de julio de 2006 5CdeE/MMER/CJCHG 4 IUS 2011-6640 _______________________________________________________________________________________________ Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co Expediente: 760012331000-2006-02968-01(38.818) Demandantes: Hainover Daza Naranjo y otros llevado a la fuerza por el señor FORY OCAMPO mientras el señor YESID AUGUSTO conseguía un dinero que le debía a éste.

Posteriormente en las declaraciones que rindieron los implicados, así como también el señor DIEGO FERNANDO GIRALDO OSPINA presunto secuestrado, no se mencionó participación del señor HAINOVER DAZA NARANJO en ningún tipo de actividad ilícita o irregular, ni siquiera en el cobro que el señor FORY OCAMPO le hizo al señor YESID AUGUSTO OCAMPO, pues en ningún momento el demandante lo acompañó o realizó conductas que permitieran o justificaran implicarlo en una investigación penal y menos aún privarlo de la libertad por el delito de secuestro extorsivo. Inicialmente el señor DIEGO FERNANDO GIRALDO declaró que el señor FORY lo había forzado a subir al carro, lo golpeó y lo maltrató, que lo habían esposado y vendado y que el mencionado señor constantemente le ponía una pistola en la boca y lo amenazaba con matarlo si el primo de él no lo llamaba para entregarle el dinero. Posteriormente, en la ampliación de su declaración el señor DIEGO FERNANDO GIRALDO se retractó de lo dicho en su declaración inicial y manifestó que se había ido con FORY por su propia voluntad y que no había sido amenazado, ni maltratado. Igualmente manifestó que lo que había declarado inicialmente lo hizo porque su primo YESID AUGUSTO OCAMPO y el padre de éste lo estaban presionando diciéndole que FORY lo iba a matar a él y a toda su familia. Añadió que esa fue la razón para hacer caso a todo lo que le dijera su primo y que en ese momento en el cual rendía la ampliación de la declaración estaba siendo amenazado por su primo.

La Fiscalía Tercera Especializada de la Dirección Seccional de Fiscalías, en sumario 623.509 del 26 de noviembre de 2004, teniendo en cuenta las declaraciones de los implicados así como la ampliación de declaración del 5CdeE/MMER/CJCHG 5 IUS 2011-6640 _______________________________________________________________________________________________ Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co Expediente: 760012331000-2006-02968-01(38.818) Demandantes: Hainover Daza Naranjo y otros presunto secuestrado, en la cual se retractó de todo lo que había denunciado anteriormente, resolvió revocar la medida de aseguramiento que dictó en contra del señor HAINOVER DAZA NARANJO por el delito de secuestro extorsivo y ordenó que se librara la correspondiente orden de libertad. El día 8 de junio de 2005, la Fiscalía Tercera Especializada de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cali mediante sumario 690.143 resolvió precluir la investigación a favor de los señores FROYLAN FORY OCAMPO, HAINOVER DAZA NARANJO y CRISTOPHER POMBO CAMPOS, por el delito de secuestro extorsivo ocasionado en el bien jurídico de la libertad del señor DIEGO

FERNANDO GIRALDO OSPINA.

El señor DAZA NARANJO fue retirado de su cargo como patrullero de la Policía Nacional el día 17 de septiembre de 2004 a raíz de la captura y de la investigación

penal a la que se vio sometido injustamente, iniciándosele además una investigación disciplinaria bajo el número 020/2004. El señor HAINOVER DAZA NARANJO estuvo privado de la libertad por más de dos meses en el periodo comprendido entre el 13 de septiembre de 2004 y el 26 de noviembre del mismo año.  La Contestación La Nación – Rama Judicial Por intermedio de apoderado contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, manifestando que corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los delitos, por lo cual sus actuaciones en el presente caso están amparadas en el cumplimiento de esa función. 5CdeE/MMER/CJCHG 6 IUS 2011-6640 _______________________________________________________________________________________________ Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co Expediente: 760012331000-2006-02968-01(38.818) Demandantes: Hainover Daza Naranjo y otros Añadió que el estudio jurídico hecho al expediente penal y a las pruebas aportadas a él, conducían a dictar medida de aseguramiento, pues se trataba del ilícito de secuestro extorsivo. Sostiene que el demandante estaba obligado a soportar la carga que sufrió, toda vez que, los actos jurisdiccionales fueron actos legales y normales de la administración de justicia y no arbitrarios, lo que indica que no hubo falla en el servicio, ni error judicial por privación injusta de la libertad.

Como excepción propuso i) Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, argumentando que las actuaciones con las cuales se ocasionaron los supuestos perjuicios fueron realizadas en su totalidad por la Fiscalía General de la Nación, entidad que cuenta con autonomía presupuestal y administrativa. Fiscalía General de la Nación A través de su apoderado contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que la presunta injusta privación de la libertad que reclaman los actores, no es más que el desarrollo de las actuaciones adelantadas por la entidad en cumplimiento de su deber legal y constitucional y que de acuerdo a la naturaleza del hecho investigado, las pruebas aportadas, el origen de la acusación y la observancia de los criterios fijados por la ley, se dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, pues teniéndose la obligación de asegurar la comparecencia al proceso de los presuntos infractores, es obvio que el sindicado tenía el deber jurídico de soportar la acción de la justicia y por ende, el daño o perjuicio que pudo sufrir por haber estado privado de la libertad.  La Sentencia de primera instancia El A quo mediante sentencia del 19 de marzo de 2010 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda condenando a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar i) por concepto de perjuicios morales la suma de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el señor HAINOVER DAZA 5CdeE/MMER/CJCHG 7 IUS 2011-6640 _______________________________________________________________________________________________ Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080.

Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co Expediente: 760012331000-2006-02968-01(38.818) Demandantes: Hainover Daza Naranjo y otros NARANJO y la suma de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes para su compañera permanente LUZ FARINE FERNANDEZ ARANDA, sus hijas JESSICA DAZA PELÁEZ y LUISA MARÍA DAZA USUGA, y para la señora FANNY NARANJO DAZA madre del perjudicado; ii) por concepto de lucro cesante la suma de $2.327.314 y iii) por concepto de daño emergente la suma de $24.000.000, negándose el reconocimiento de perjuicios por concepto de Daño a la Vida de Relación y al Buen Nombre. Sobre la existencia de responsabilidad de la administración, el Tribunal manifestó, lo siguiente: “(…) Teniendo en cuenta los razonamientos expuestos por el H. Consejo de Estado en su criterio jurisprudencial de fecha 10 de junio de 2009, en el cual determina que en los eventos en que se demuestre que la privación de la libertad fue injusta, esto es, cuando el proceso no termine con una sentencia condenatoria, tal como sucede en el caso de autos, se está ante un daño imputable al Estado el cual deberá ser reparado , por lo que se ordenará a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reparar los daños causados al señor Hainover Daza Naranjo y su núcleo familiar que sean (sic) demandantes en este proceso, previo el análisis de los perjuicios reclamados, (…)”

 La apelación Fiscalía General de la Nación Solicita la revocatoria de la sentencia apelada y que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda, argumentando que las actuaciones de la entidad estuvieron ajustadas a derecho y que el caso en examen debe analizarse bajo la óptica de la falla en el servicio y no bajo el régimen de responsabilidad objetiva, dado que no hubo actuaciones arbitrarias, pues no se evidencia una actuación ni grosera, ni subjetiva por parte de los Fiscales investigadores. Parte actora Solicita la modificación de la sentencia de primera instancia en cuanto al monto reconocido por concepto de daño emergente, pues se reconoció la suma de $24.000.000, pero no se hizo la respectiva indexación de dicha cantidad. Así 5CdeE/MMER/CJCHG 8 IUS 2011-6640 _______________________________________________________________________________________________ Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co Expediente: 760012331000-2006-02968-01(38.818) Demandantes: Hainover Daza Naranjo y otros mismo, pide que se modifique éste acápite para traer dicha indemnización a valor presente. Igualmente, solicita el reconocimiento de perjuicios por concepto de Daño a la Vida de Relación y al Buen Nombre, pues en su criterio está demostrada la afectación sufrida por el demandante pues “los perjuicios ocasionados con su detención le crearon un perjuicio a nivel de relacionarse con su mundo externo,

debiendo ser indemnizado por dicho concepto”. EL CONCEPTO PROBLEMA JURÍDICO Los problemas jurídicos a resolver en el sub examine son:  Puntualizar si la Fiscalía General de la Nación al cumplir con los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de un hecho punible, exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política o sí además de ello, debe dar cumplimiento a otras circunstancias.  Establecer si se configura una responsabilidad a cargo del Estado o si existe una falla del servicio.

ANÁLISIS FÁCTICO, PROBATORIO Y JURÍDICO

 LEGALIDAD DE LA ACTUACION

5CdeE/MMER/CJCHG 9 IUS 2011-6640 _______________________________________________________________________________________________ Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co Expediente: 760012331000-2006-02968-01(38.818) Demandantes: Hainover Daza Naranjo y otros Frente al primer problema jurídico, la parte demandada considera que se resuelve en forma positiva, y, en consecuencia, cuando exista una decisión de privación efectiva de la libertad si ésta cumple con las normas legales vigentes no se torna en injusta y por lo tanto, no deriva responsabilidad alguna a cargo del Estado. Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona

medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva,2 por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática3. Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal4 y la presunción de inocencia5, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos6 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y 2 C. Pol. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 3 Corte Constitucional, Sent. C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz. “...Así pues, aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el

derecho y los limites del mismo.." 4 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 5 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. 6 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 5CdeE/MMER/CJCHG 10 IUS 2011-6640 _______________________________________________________________________________________________ Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co Expediente: 760012331000-2006-02968-01(38.818) Demandantes: Hainover Daza Naranjo y otros a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos7 que en su artículo 7º establece: "1.Toda

persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”8 . Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” enlazado a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. 7 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 8 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de

2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Nestor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar. 5CdeE/MMER/CJCHG 11 IUS 2011-6640 _______________________________________________________________________________________________ Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co Expediente: 760012331000-2006-02968-01(38.818) Demandantes: Hainover Daza Naranjo y otros La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la

detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia9; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional10, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales11, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a

la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención12”. 9 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 10 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de

2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106. 11 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228. 12 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128.

5CdeE/MMER/CJCHG 12 IUS 2011-6640 _______________________________________________________________________________________________ Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado. Exts: 12076-12077-12079-12080. Carrera 5 No 15-80 piso 20 Pbx: 5878750 www.procuraduría.gov.co Expediente: 760012331000-2006-02968-01(38.818)

Demandantes: Hainover Daza Naranjo y otros Consecuente con ello, el Consejo de Estado en recientes pronunciamientos ha precisado que en cada caso en que las autoridades judiciales han privado de la libertad a una persona, incumbe analizar si la medida de aseguramiento fue más allá de lo que aquella razonablemente debía soportar a objeto de permitir que el Estado cumpla con el interés general de impartir recta y cumplida justicia.13

Corolario de lo expuesto, si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación tiene facultades constitucionales y legales para asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la Ley penal ante las instancias correspondientes mediante la medida de aseguramiento – detención preventiva -, también lo es, que el ejercicio de esta facultad no se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione un daño antijurídico. Es menester recordar que el artículo 90 de la Constitución Política14 consagra la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de sus autoridades públicas, y por ello, se señala que la responsabilidad estatal se ha est