PGN - INDEMNIZACION DE PERJUICIOS - Condena en costas a cargo de la nación correspondiente

Concepto 044 Bogotá D.C. 25 de febrero de 2002

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejera Ponente doctora: JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE Referencia: 250002327000199803101

Radicado: 13491

Asunto: Iva - Tarifa en vehículos subaru -PerjuiciosActor: NISSHO IWAI DE COLOMBIA De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numeral 7, de la Constitución Política; 127, 210 y 212 del Código Contencioso Administrativo; en el Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, y en la Resolución 204 de julio de 2001, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES

1. La sociedad Nissho Iwai de Colombia S.A. introdujo al país con autorización del Incomex y mediante declaración de importación 0107204052619-1 de 1997, tres vehículos camperos para el servicio particular, marca Subaru Legacy 2.0, G.L., 4WD., KOPX station wagon, modelo 1997 por Expediente 13491 2 cuyas características fueron clasificados en la subpartida arancelaria 87.03.23.00.00, clasificación que se hizo teniendo en cuenta el cilindraje de los vehículos, por ser éste el único elemento nuevo para caracterizarlos y ubicarlos, incorporado dentro de sus parámetros por el actual Arancel de

Aduanas contenido en el Decreto 2317 de 1995, y no con fundamento en la definición derogada de campero que aparecía en el texto de las subpartidas respectivas del anterior Arancel de Aduanas (Decreto 3104 de 1990).

2. La Administración de Impuestos de Bogotá previo requerimiento especial Aduanero en el que propuso modificar la declaración de importación mencionada, por no cumplir los vehículos importados con las características de campero, en lo referente al chasis que soporta el motor, debiendo, en consecuencia, tributar a la tarifa del 45% prevista para los automóviles, y no a la del 20 %, como lo declaró y pagó el importador.

3. La sociedad contestó el citado requerimiento y la División de Liquidación de la Administración de Impuestos de Bogotá, profirió la Resolución 534 -0045 del 1º de abril de 1998 a través de la cual le formuló liquidación oficial de corrección que contiene cuenta adicional por valor de $16’877.858, actuación que confirmó la División Jurídica Aduanera con la Resolución 001155 del 28 de mayo de 1998, al decidir el recurso de reconsideración interpuesto.

4. La sociedad por intermedio de apoderado judicial acudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A. en cuya demanda solicitó la nulidad de las resoluciones antes enunciadas y como restablecimiento del derecho, declarar que no esta obligada a pagar la cuenta adicional formulada, debiendo ordenarse la devolución de los dineros consignados con sus actualizaciones y la

indemnización de perjuicios incluidos el daño emergente y el lucro cesante. En esa demanda señaló que se vulneraron entre otros, el artículo 2º del Código Nacional de Tránsito Terrestre (decreto 1344 de 1970) modificado por el Decreto 1809 de 1990, pues a partir de 1996 existe una sola definición legal Expediente 13491 3 de campero dentro de la cual encajan los vehículos importados. Igualmente el artículo 84 del C.C.A. y el artículo 471 numeral 1º literal f) modificado por el artículo 16 de la ley 223 de 1995, por cuanto al expedir la cuenta adicional se desconoció que los vehículos importados quedaban clasificados conforme al arancel vigente en la posición 87.03.23.00.00 con una tarifa del 20 % por concepto del Iva y no del 45%. Señaló que también se infringieron los artículos 683 del E.T., 64 del Decreto 1909 de 1992 sobre el espíritu de justicia, así como los artículos 83 y 29 de la Constitución Política relacionados con la buena fe y el debido proceso, por cuanto se ciñó estrictamente al Decreto 2317 de 1997 en el cual no aparecía el texto anterior de las subpartidas incorporado en el antiguo arancel y al concepto 13075 de la Dian.

5. El Tribunal en sentencia del 27 de junio de 2002 anuló el acto administrativo demandado en el cual se formuló la Liquidación Oficial de Corrección y se impuso el pago de la cuenta adicional formulada. Adicionalmente el Tribunal declaró que la sociedad no estaba obligada a pagar suma alguna de las

determinadas en dicho acto, al tiempo que accedió el reconocimiento de perjuicios, atinentes al valor de $591.410 indexados, cancelado por concepto la póliza de cumplimiento que debió obtener la accionante. El Tribunal se fundamentó en un fallo del Consejo de Estado sobre un asunto semejante, en el cual se manifiesta que al haber sido derogado expresamente el Decreto 3104 de 1990 (antiguo arancel), por el artículo 7º del Decreto 2317 de 1995, también fue retirado del ordenamiento jurídico el artículo 2º del Decreto 412 de 1994, porque hacía parte del anterior arancel de aduanas y, por ello, las características de los vehículos camperos allí descritas no podían determinar válidamente la clasificación arancelaria de los bienes importados bajo la vigencia del nuevo arancel. El Consejo de Estado concluyó en dicho fallo, dándole la razón a lo sostenido por la actora, referente a que las características del vehículo ‘campero’ Expediente 13491 4 importado, no pueden atender a lo estatuido en el arancel de aduanas ya derogado para la fecha de la importación, sino a las descritas en el texto legal de la subpartida 87.03.23.00.00 del nuevo arancel vigente a partir del 1º de enero de 1996 y que por la misma razón la tarifa del Iva aplicable es la del 20% señalado en el numeral 1 literal f) del artículo 471 del E.T. para los vehículos clasificados en las subpartidas arancelarias allí señaladas, las que recoge el nuevo arancel cerrando los desdoblamientos que ellas contienen, ya que ahora

las subpartidas terminan en 00 y no en 10 o sus subdivisiones 11 y 19.

6. El apoderado judicial de la sociedad demandante interpuso recurso de apelación únicamente en relación con el no reconocimiento de perjuicios, sosteniendo que contrario a lo indicado por el Tribunal éstos aparecen comprobados tal como lo concerniente al valor cancelado por concepto de la prima de la póliza de cumplimiento para efectos del levante de los vehículos importados, así como el mayor valor cancelado por bodegaje del mismo durante el mes en que estuvo inmovilizado mientras se obtenía el levante, al igual que el perjuicio consistente en la no utilización y disposición de los mismos, reparación que debe efectuarse comprendiendo el daño emergente y el lucro cesante actualizados, sentido en el cual ha procedido el Consejo de Estado, según los pronunciamientos cuyos expedientes cita.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Se observa que los pagos a los cuales se refiere el apelante como indemnización de perjuicios que se le deben reconocer a la sociedad, son los efectuados por concepto de las primas de las pólizas de cumplimiento No. 0667977 del 18 de noviembre de 1997 por $591.410, así como la póliza judicial

No. 4-00289 del 17 de septiembre de 1998 por $117.470, constituidas la primera ante la Dian, para efectos del levante de los vehículos importados y la segunda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para los fines del artículo 140 del C.C.A. Expediente 13491 5 Sin embargo, esos pagos no provienen de la demostración de una condena de

daño en contra de la Nación como resultado de un proceso contencioso, siendo evidente que las sumas por concepto de las primas de dichas pólizas, si bien fueron sufragadas por parte de la sociedad demandante a solicitud de la Administración, tal exigencia fue en cumplimiento a expresas disposiciones legales. Es así como de conformidad con el artículo 9º del Decreto 1800 del 3 de agosto de 1994, se exige una póliza para efectos de autorizar el levante de los vehículos importados en la vía gubernativa, al igual que de acuerdo con el artículo 140 del C.C.A. se requiere la constitución de una caución ante la jurisdicción para garantizar el pago de los posibles recargos del impuesto discutido. No se puede perder de vista que el asunto objeto de ésta controversia se contrajo a establecer la tarifa del impuesto a las ventas sobre los vehículos importados y el hecho de que la Administración no hubiera tenido la razón, no necesariamente conlleva a inferir la determinación de un daño en el contribuyente, quien debe demostrarlo. Por esa razón resulta impropio hablar de perjuicios en relación con los pagos de las primas de las pólizas a que se hizo mención, los cuales obedecen a gastos y costas del proceso de determinación del tributo que se encuentran debidamente acreditados en el expediente, cuyo reconocimiento no es susceptible de hacerse a través de la sentencia como si se tratara de un juicio con su correspondiente fallo de condena por dichos perjuicios, sino en la respectiva liquidación de costas que se efectúe en la etapa procesal correspondiente.

Así lo contempla el numeral 2 del artículo 393 del C.P.C., aplicable por remisión del artículo 171 del C.C.A., modificado por la ley 446 de 1998, al disponer las reglas para la liquidación de costas, entre las cuales incluye entre otros conceptos, “los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, (en costas) siempre que aparezcan comprobadas, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. Expediente 13491 6 De otra parte, examinado el expediente en relación con los mayores valores por concepto de bodegaje que el apelante manifiesta haber pagado, así como los perjuicios provenientes de la privación del uso de los vehículos con ocasión del tiempo durante el cual no pudo disfrutarlos, no aparece la demostración de ninguno de esos conceptos. En la demanda, simplemente se solicitó el reconocimiento de tales perjuicios pero no se estimaron; tampoco aparece ninguna solicitud de pruebas tendiente a su demostración, como bien puede apreciarse en el respectivo capitulo de pruebas de tal libelo. En criterio de esta Delegada, debe mantenerse la sentencia apelada, al cual se contrajo la inconformidad del recurrente, pero no a título de perjuicios como los reclama la sociedad, sino como condena en costas a cargo de la Nación en las sumas correspondientes a las primas de las pólizas enunciadas. Por lo anterior, esta Delegada solicita respetuosamente a la Sala, confirmar la sentencia apelada con la respectiva condena en costas a cargo de la Nación conforme se expuso. Señores Consejeros,

LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO

Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado

P: B.U. / R: L.B.S.M.