PGN - INDEMNIZACION DE PERJUICIOS MORALES - Jurisprudencia de la corte constitucional

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por privación injusta de la libertad/ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Carácter objetivo Sobre el problema jurídico de la responsabilidad por privación injusta de la libertad ya nos hemos ocupado en anteriores oportunidades. Como lo ha sostenido esta agencia del Ministerio Público en otras oportunidades, el título de imputación de responsabilidad a la administración en los casos de privación injusta de la libertad es objetivo, cuando se absuelve por razones que se relacionan con la objetividad misma de la conducta ilícita PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO STRICTU SENSU-Liberación de responsabilidad/PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Responsabilidad objetiva La liberación de responsabilidad penal se fundamentó en la aplicación del principio in dubio pro reo strictu sensu, puesto que el Juzgado Primero Penal concluyó que las pruebas no tenían la fuerza necesaria para imputar conducta punible al investigado, o sea que no era posible hacer un juicio de tipicidad sobre su conducta para hacer la imputación objetiva del delito. No puede decirse que tal decisión obedeció a la aplicación de alguna de las causales que desvirtúan la antijuridicidad del comportamiento o la culpabilidad del mismo. En consecuencia, opera el titulo de responsabilidad objetiva. La detención que padeció el demandante se tornó injusta con la providencia que lo liberó de responsabilidad, razón por la cual resulta irrelevante estudiar si las decisiones que impusieron la privación de la libertad estuvieron o no ajustadas a derecho. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES-Jurisprudencia del Consejo de Estado Frente a la prueba de los perjuicios morales sufridos por los demandantes debe decirse que,

según las reglas de la experiencia, acogidas por la jurisprudencia, pueden válidamente inferirse en la víctima directa. El perjuicio moral se presume sufrido también por los parientes cercanos.

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 107/2011

Bogotá D. C., 17 de noviembre de 2011 Señores

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 2 Exp. 41906

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor ENRIQUE GIL BOTERO

E. S. D.

Ref: Proceso 41906 (20001233100020070015401)

Acción Reparación Directa

Actor: Argiro de Jesús Vélez Acevedo y otros Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación El Ministerio Publico presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. PRETENSIONES Argiro de Jesús Vélez Acevedo, obrando en nombre propio y en representación de su menores hijos Luís Alberto, Argiro Manuel y Manuel Alberto Vélez Rovira; Yomaira Esther Rovira de Vélez y María Oliva Acevedo, en ejercicio de la acción de reparación directa, demandaron a la Nación – Fiscalía General de la Nación para que se les declarara administrativamente responsables de los perjuicios causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad de Argiro de Jesús Vélez Acevedo,

ocurrida entre el 31 de julio y el 19 de noviembre de 20011. 1.2. LA CONTESTACIÓN La Fiscalía General de la Nación (fls. 144 a 150 C. 1) argumenta que no encuentra los supuestos esenciales que permitan estructurar responsabilidad patrimonial en cabeza de la institución, por cuanto la investigación penal realizada al señor Argiro de Jesús Vélez Acevedo se ajustó a la normatividad vigente y estuvo privado de la libertad porque existían los indicios necesarios para adoptar esta medida preventiva. 1 La acción se intentó dentro de los dos años siguientes a la providencia que lo exoneró de responsabilidad, cuando todavía no había operado la caducidad de la acción.

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Formuló como excepciones la “culpa exclusiva de la victima” y la “ineptitud formal de la demanda por falta de los elementos que estructuran la pretensión de falla del servicio”. 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Cesar (fls. 345 a 368 C. Consejo de Estado) declaró administrativa responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación de los perjuicios causados a los demandantes en razón de la privación injusta de la libertad del señor Argiro de Jesús Vélez Acevedo. En consecuencia, condenó a pagar por concepto de perjuicios morales, a Argiro de Jesús Vélez Acevedo 60 SMLMV y a Luís Alberto, Argiro Manuel y Manuel Alberto Vélez Rovira, Yomaira Esther Rovira de Vélez y

María Oliva Acevedo 40 SMLMV para cada uno. Por daño a la vida de relación se condenó a pagar a Argiro de Jesús Vélez Acevedo 40 SMLMV y a Luís Alberto, Argiro Manuel y Manuel Alberto Vélez Rovira, Yomaira Esther Rovira de Vélez y María Oliva Acevedo 30 SMLMV para cada uno. 1.4. LA IMPUGNACIÓN La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación contra la sentencia (fls. 370 a 378 C. Consejo de Estado). Sostuvo que existían pruebas e indicios para imponer medida de aseguramiento de detención preventiva contra Argiro de Jesús Vélez Acevedo y que no existe sustento probatorio del que se pueda concluir que hubo privación injusta de la libertad o que la Fiscalía actuó en forma contraria a derecho.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Analizado el acervo probatorio y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, en concepto del Ministerio Público la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada.

2.1. PROBLEMA JURIDICO

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El problema jurídico consiste en determinar si en este caso es aplicable el régimen de responsabilidad objetiva por privación injusta de la libertad. 2.2. PRECEDENTE Sobre el problema jurídico de la responsabilidad por privación injusta de la libertad ya nos hemos ocupado en anteriores oportunidades. En concepto No. 012 del 21 de enero

de 2011, se dijo: Como lo ha sostenido esta agencia del Ministerio Público en otras oportunidades2, el título de imputación de responsabilidad a la administración en los casos de privación injusta de la libertad es objetivo, cuando se absuelve por razones que se relacionan con la objetividad misma de la conducta ilícita3. 2.2.1. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado el marco de la responsabilidad objetiva de la administración por casos de privación injusta de la libertad a los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y a los casos en que se aplique el in dubio pro reo (strictu sensu). En sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15980, se expresó: “En estos eventos, la Sección Tercera ha explicado en varias ocasiones4, al interpretar el artículo 414 del Decreto 2700 de 19915 (C. de P. P.), que la responsabilidad del Estado es de carácter objetivo y que, por lo tanto, no hay lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención. En otras providencias6, se concluyó además, que la responsabilidad del Estado se configura cuando se demuestra que la absolución del sindicado se debió a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible. La posición actual de la Sala, plasmada en providencia del 18 de septiembre de 19977 y reiterada recientemente8, amplió la responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, por cuanto ahora el daño se configura no solo ante la ocurrencia 2 Entre otros conceptos del 2010: 19 de enero (006) Exp 37104, 8 de febrero (024) Exp 36291, 16 de junio (145) Exp 37809 y 21 de

julio (178) Exp 38365. 3 Concepto 178 del 21 de julio de 2010 Exp. 38895 4 [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 30 de junio de 1994. Exp: 9734. Actor: Nerio José Martínez Ditta. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández; 12 de diciembre de 1996. Exp: 10.299. Actor: José Ángel Zabala Méndez.; 27 de septiembre de 2001. Exp: 11.601. Actor: Ana Ethel Moncayo. Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández Enríquez; 4 de abril de 2002. Exp: 13.606. Actor: Jorge Elkin Mejía Figueroa. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 27 de noviembre de 2003. Exp: 14.530; Actor: José María Gerardo Chaves López y otros. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. 5 [Pie de página de la cita] Publicado en el Diario Oficial 40.190 el 30 de noviembre de 1991 6 [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández, reiterada en sentencia del 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencias que dictó la Sección

Tercera el 5 de diciembre de 2007: Exp: 15.431. Actor: Ismael Enrique Peña Galvis. Demandado: Nación, Ministerio de Justicia.

Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.195. Actor: Henry Marín Garzón y otros. Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.591. Actor: Alberto Mesías Chávez y otros.

Demandado: Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

7 [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández. 8 [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 5 de diciembre de 2007. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 5 Exp. 41906 de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del C. de P. P., sino también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del “in dubio pro reo” , pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia9 y que, esa situación - que la privación sea injusta - constituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño, que resulta, por tanto, imputable al Estado.” (resalto y subrayo) 2.2.2. Actualmente, la tendencia mayoritaria de la Sección Tercera ha adoptado como criterio general que se imputa responsabilidad objetiva cuando el daño proviene de la privación de la libertad que se considera injusta siempre que el investigado termina absuelto. Frente a esta interpretación se ha postulado que, con fundamento en una lectura estricta y desde la dogmática penal de la norma, las hipótesis que comprende el artículo 414 del C. P. P. de 1991 corresponden a eventos en los cuales se concluye que no se configura en el caso ni siquiera el elemento de tipicidad. En consecuencia, en los casos en los que se exonere de responsabilidad penal porque opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad la disputa sobre la responsabilidad que obliga a indemnizar ha de resolverse con el título de imputación ordinario: La falla en el servicio.

“(…) las causales eximentes de responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad o la culpabilidad, no están contenidas en ninguno de los tres eventos regulados en el artículo 414 del C.P.P. de 1991, esto es: i) que el hecho no existió, ii) que el sindicado no lo cometió, o iii) que no constituía hecho punible. (…) (…) las tres circunstancias definidas por el legislador hacen referencia al tipo penal, mas no a los restantes elementos de la conducta punible. Y, si bien el último acontecimiento menciona el “hecho punible”, lo cual podría dar a entender que cualquier causal eximente de responsabilidad generaría el derecho a ser indemnizado sin ninguna consideración subjetiva, lo cierto es que la interpretación sistemática, histórica y teleológica de la norma permite concluir que el legislador determinó circunscribir esas tres hipótesis a sucesos en los que el funcionario judicial encuentra que el tipo penal no está configurado, esto es, que la conducta no es típica. En efecto, si el hecho no existió no es posible predicar la materialización de la acción contenida en el tipo; de otra parte, si el sindicado no lo cometió, a él no le es imputable objetivamente razón por la que tampoco se configura la tipicidad respecto del sindicado y, finalmente, si la conducta no constituía hecho punible, es porque no se encontraba así tipificada en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, cuando se precluye un proceso penal por el hecho de haber operado una de las causales de exoneración de la responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad del comportamiento (v. gr. legítima defensa o el estado de necesidad, etc.) o la culpabilidad del mismo (v. gr. error de prohibición o de tipo, fuerza mayor o caso fortuito, etc.), no resulta

admisible enmarcar la absolución en cualquiera de los tres supuestos establecidos en la segunda parte del artículo 414 del C. P. P. de 1991; a contrario sensu, cuando se absuelve a una persona porque su conducta no fue antijurídica o culpable, lo procedente es reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad, pero con fundamento en la primera parte del precepto en comento, razón por la que será necesario acreditar que la limitación de la libertad ostentó el carácter de injusta, es decir, habrá que imputar el daño en cabeza de la administración pública con fundamento en la prueba de una falla del servicio. (…) (…) cuando la absolución se genera por la verificación de que la conducta sí existió y era típica, pero no antijurídica o culpable, lo cierto es que corresponde al ciudadano 9 [Pie de página de la cita] “ARTICULO 445. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente responsable. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del sindicado”.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 6 Exp. 41906 en aras de obtener la correspondiente reparación del daño que supuso la privación de la libertad, acreditar que la misma provino de una falla del servicio como por ejemplo de un análisis inadecuado de las pruebas o de los indicios en que se fundamentó la medida de aseguramiento o de restricción de la libertad.” 10 (resalto y subrayo)

2.3. CASO CONCRETO

2.3.1. DEL DAÑO: La privación de la libertad Se encuentra demostrado que el señor Argiro de Jesús Vélez Acevedo estuvo privado de la libertad. A folio 259 del Cuaderno principal obra oficio del INPEC donde informa que el señor Vélez Acevedo estuvo detenido desde el 31 de julio al 19 de noviembre de 2011. 2.3.2. DE LA CAUSA DEL DAÑO. Las decisiones en la actuación penal Al proceso se aportaron copias auténticas de la actuación penal adelantada contra el señor Argiro de Jesús Vélez Acevedo, las cuales fueron debidamente allegadas por la parte actora (fls. 11 a 88 C. 1). Destacamos lo siguiente: - Proveído de 28 de junio de 2001 (fls. 25 a 44 C. 1) mediante el cual la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil revocó parcialmente el proveído de 10 de mayo de 2011 proferido por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar que definió la situación jurídica del señor Vélez Acevedo y en su lugar calificó la conducta en los punibles de peculado por apropiación y falsedad material en documento público y profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin el beneficio de excarcelación. - Proveído de 19 de noviembre 2001 (fls. 45 a 56 C. 1) mediante el cual la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar (Cesar) profiere resolución

de acusación contra el señor Vélez Acevedo como autor responsable del punible de peculado culposo. 10 Sección Tercera, sentencia de 5 de noviembre de 2009. Exp 17.117. Aclaración de voto del Consejero Enrique Gil Botero

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 7 Exp. 41906 - Proveído de 23 de mayo de 2005 (fls. 70 a 86 C. 1) mediante el cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar precluye la investigación contra el señor Vélez Acevedo, argumentando lo siguiente: “(…) “(…) el juzgado al valorar de manera conjunta las piezas procesales que componen el paginarlo, encuentra que para la época de los hechos, el anunciado implicado se desempeñaba como empleado del banco Agrario de Colombia, en el cargo de Subdirector, obligación que empezó a ejercer en el mes de agosto de 1.999 y, en cumplimiento de sus funciones avaló el pago de 29 títulos judiciales, de los 126 utilizados para desfalcar las arcas de la administración de justiciaoficina judicial-, de esta ciudad, los cuales habían sido endosados de manera fraudulenta a los señores ARNALDO INFANTE MORENO, OLGER JAIR FUENTES QUIROZ Y EDGAR ALBERTO HERRERA BOLAÑOS. “(…) “Vale la pena agregar, que el indagado fue claro en su exposición al sostener que entre sus funciones no estaba la de revisar la labor que había desempeñado la oficial comercial y la oficial

operativa, es decir, no tenía porque volver a realizar la labor de visación o de confirmación, puesto que de acuerdo al manual de funciones que rige en la entidad Banco Agrario y el manual de depósitos judiciales, le correspondía a él verificar el endoso en el original del documento contra el documento de identificación del beneficiario, es decir, que el beneficiario estuviera legalmente identificado y que el título ostentara la rubrica de las funcionarias en cita, en señal de haber realizado sus funciones. “(…) “Las explicaciones del indagado de marras, también encuentran eco en el haz probatorio, especialmente en los testimonios que rindieron sus compañeros de labores, señores WILFRED VILARDY NAGLADE, JUDITH MERCEDES RESTREPO LAFAURIE y JAVIER SOTO TONCEL, quienes al igual que aquél tramitaron el pago de títulos judiciales con la convicción de que se trataban de documentos legítimos, en razón de que el formato era original y todos los requerimientos exigidos para hacerlo efectivo se cumplía. Fueron enfáticos estos declarantes al manifestar, que no estaba dentro de sus funciones confrontar las firmas de los funcionarios de la oficina judicial que autorizaban el pago del documento a las personas beneficiarias, pero cuando aquellas se presentaban dudosas se podía realizar la confrontación, además de la confirmación personal del título judicial. “De otro lado, aclararon que entre sus funciones no estaba la de entregar o autorizar el pago de títulos judiciales, ya que la autorización de pagar la efectuaba la oficina judicial, quien en últimas era la que por disposición de los acuerdos 412 y 413 estaba facultada para determinar a quien debía hacérsele efectivo el depósito. “Establecido lo anterior, es improbable aceptar que al procesado VELEZ ACEVEDO, se le culpe

del delito de PECULADO CULPOSO, cuando nunca autorizó pago alguno, puesto que como bien quedó demostrado ello provenía al parecer de la oficina judicial, donde efectivamente se fraguó todo el ilícito de PECULADO POR APROPIACION. “(…) “Es preciso aclarar, que ninguna de las personas encargadas de la visación de los títulos judiciales tenía conocimiento amplio de grafología, como tampoco los funcionarios de mayor jerarquía, por lo tanto la confrontación de las firmas era visual de acuerdo a la capacidad de cada uno para establecer si era o no auténtica. Y, como en este asunto la falsedad de las rúbricas se hizo por el sistema de imitación, a ninguno de aquellos les asaltó la duda sobre tal aspecto, máxime si un empleado de la oficina judicial confirmaba el pago del título, lo que resultaba más convincente, se insiste.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 8 Exp. 41906 “(…) “(…) valorando el juzgado en forma armónica las anteriores diligencias probatorias, observa que razones le asisten al procesado ARGIRO DE JESUS VELEZ ACEVEDO cuando asegura, que al presentársele para su cobro los aludidos títulos judiciales, no estaba en capacidad de detectar la ilicitud de aquellos, ya que aparentemente estaban endosados en legal forma, es decir, las rúbricas que ostentaban aparentaban ser idénticas a las que figuran en la tarjeta

de apertura de cuentas, el formato era original y eran confirmados por un funcionario de la Oficina Judicial. De donde se concluye, que en realidad al procesado no le asistía razón para negarse a pagar aquéllos depósitos, por lo tanto, no entiende esta oficina judicial las razones que llevaron a la fiscalía instructora a afirmar en el auto acusatorio, que el comportamiento desplegado en este sentido por el prenombrado enjuiciado ponía en evidencia su negligencia. “Demostrado quedó hasta la saciedad, que entre las funciones del prenombrado implicado no estaba la de vigilar las labores asignadas a la oficial comercial, en ese entonces, señora DINA LUZ RAMIREZ, puesto que en la entidad Banco Agrario no existía la dualidad de funciones y así lo hizo ver la doctora JUDITH RESTREPO LAFOURIE, en su exposición y lo coadyuvaron los demás funcionarios del banco. De donde se deduce, que el procesado VELEZ ACEVEDO, si cumplió con las labores que de acuerdo al manual de funciones le competía, por lo que no se le puede cuestionar por un hecho que no estaba contemplado dentro del legal giro de sus funciones; además debe tenerse de presente que la oficial comercial gozaba de una intachable reputación en cuanto al ejercicio de sus funciones, lo que generaba confianza a todas las personas que avalaba el pago de los títulos judiciales. “De otro lado surge como aventurado (Sin prueba que lo justifique), endilgarle responsabilidad al encartado VELEZ ACEVEDO, por el hecho de que para la fecha en que EDGAR ALBERTO HERRERA BOLAÑOS, le presentó el título por valor de $615.000.000, no sospechó de la ilicitud

de su endoso, si le constaba que ARNALDO INFANTE MORENO había cobrado unos títulos judiciales que la empresa Carbones del Caribe había consignado a favor de juzgados de esta ciudad, por procesos adelantados por el Banco Ganadero en contra de personas naturales; máxime si el beneficiario del anotado título se hacía acompañar de INFANTE MORENO. Si probado se tiene, que para esa fecha aún no se había podido establecer si el endoso de los títulos cobrados por el anunciado señor era o no ilícito, o sea, que sólo se tenía la información que habían sido pagados a dicho sujeto, sin haberse comprobado que el despacho judicial pertinente o en su defecto la oficina judicial no hubiese autorizado su pago. Además ARGIRO DE JESUS hizo lo que le correspondía, confirmarlo personalmente, acudiendo hasta las instalaciones de la oficina judicial y del despacho judicial del cual presuntamente provenía la orden de pagar (Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar) y no obtuvo información alguna que le impidiese pagar el anotado documento, a pesar que lo hizo dos o tres días después de su presentación, debido a que ya estaba prevenido de que algo raro estaba sucediendo, pero por la falta de conocimiento de los funcionarios de esa entidad, de cómo en realidad se adelanta un proceso no tuvieron la capacidad de inferir la ilicitud que se venía desarrollando por el auxiliar administrativo de la oficina judicial, señor HIDALDO DE JESUS OCHOA ARIZA. “Ahora no puede asegurarse con certeza, que en realidad VELEZ ACEVEDO, estuvo enterado de que detrás del cobro del título judicial de $615.000.000, estaba INFANTE MORENO, puesto que no se pudo comprobar que dicho funcionario observó o no al beneficiario del título señor EDGAR

HERRERA BOLAÑOS, en compañía de ARNALDO INFANTE MORENO, ya que si bien es cierto, que HERRERA BOLAÑOS, en su primera versión se refería en términos plurales, al interrogársele posteriormente si había acudido ante el subdirector del banco agrario en compañía de aquel individuo, manifestó que hasta esa oficina únicamente había subido él, mientras INFANTE MORENO, se quedó en la planta de abajo donde funcionaban títulos judiciales, por lo que ARGIRO DE JESUS VELEZ ACEVEDO no lo pudo ver. Luego entonces, es igualmente aventurado afirmar que el encartado de marras estaba consciente del interés de INFANTE MORENO, en el pago del supracitado título judicial. “(…), no debe olvidarse que fue ARGIRO DE JESUS VELEZ ACEVEDO, quien comprobó días después que con el producto del anotado depósito judicial se había constituido otro (de los cobrados ilícitamente) y así se lo hizo saber a la directora de la entidad, doctora JUDITH MERCEDESRESTREPO LAFAURIE, quien a su vez puso en evidencia tales irregularidades ante

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 9 Exp. 41906 los Magistrados del Consejo seccional de la Judicatura, quienes tuvieron a bien denunciarlos ante las autoridades correspondientes, es decir, que puso en evidencia la latente ilicitud que se fraguaba. “En conclusión, a juicio del despacho, el hecho indicador sobre el cual se constituyó el

indicio en contra del procesado VELEZ ACEVEDO, no está plenamente probado, porque como ya explicamos detalladamente no se pudo comprobar que la presencia de INFANTE MORENO en el banco Agrario el día en que se solicitó el pago del título judicial por parte de EDGAR ALBERTO HERRERA BOLAÑOS, fue percibida por el subdirector del banco agrario en ese entonces, señor ARGIRO DE JESUS VELEZ ACEVEDO: Por lo tanto no se puede inferir otro hecho de algo que no es cierto, o que por lo menos, no está probado con certeza. Requisito exigido para la configuración de un indicio. (resalto y subrayo) 2.3.3. DE LA IMPUTACION DEL DAÑO La liberación de responsabilidad penal se fundamentó en la aplicación del principio in dubio pro reo strictu sensu, puesto que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar concluyó que las pruebas no tenían la fuerza necesaria para imputar conducta punible al investigado, o sea que no era posible hacer un juicio de tipicidad sobre su conducta para hacer la imputación objetiva del delito. No puede decirse que tal decisión obedeció a la aplicación de alguna de las causales que desvirtúan la antijuridicidad del comportamiento o la culpabilidad del mismo. En consecuencia, opera el titulo de responsabilidad objetiva. La detención que padeció el señor Argiro de Jesús Vélez Acevedo se tornó injusta con la providencia que lo liberó de responsabilidad, razón por la cual resulta irrelevante estudiar si las decisiones que impusieron la privación de la libertad estuvieron o no ajustadas a derecho.

2.4. INDEMNIZACION DE PERJUICIOS

Como la Fiscalía General de la Nación no acreditó ninguna de las cláusulas de exoneración de responsabilidad, se le debe condenar a pagar a los demandantes los perjuicios causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Argiro de Jesús Vélez Acevedo entre el 31 de julio y el 19 de noviembre de 2001. LEGITIMACION POR ACTIVA Se aportaron los registros civiles de nacimiento de Luís Alberto, Argiro Manuel y

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Manuel Alberto Vélez Rovira (fls. 4 a 6 C. 1) y de Argiro de Jesús Vélez Acevedo (fl. 9 C. 1) los cuales acreditan la condición de hijos, así como María Oliva Acevedo (fl. 9 C. 1) demostró ser madre de la víctima. Respecto de Yomaira Esther Rovira de Vélez obra dentro del plenario registro civil de matrimonio (fl. 7 C. 1) con el señor Argiro de Jesús Vélez Acevedo, por tal razón queda demostrada su legitimación para reclamar. 2.4.1. PERJUICIOS MORALES Frente a la prueba de los perjuicios morales sufridos por los demandantes debe decirse que, según las reglas de la experiencia, acogidas por la jurisprudencia, pueden válidamente inferirse en la víctima directa. El perjuicio moral se presume sufrido también por los parientes cercanos. Al respecto

resulta ilustrativo pronunciamiento del Consejo de Estado - SECCION TERCERA, sentencia de 11 de febrero de 2009, expediente 18.721, cuando analizó los presupuestos para que se pueda condenar por concepto de perjuicios morales, así: “Establecido el parentesco con los registros civiles, la Sala da por probado el perjuicio moral en los demandantes con ocasión de las lesiones causadas a su hermano por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad. Las reglas del común acontecer, y la práctica científica han determinado de manera general, que cuando se está ante un atentado contra la integridad física de un ser querido, se siente aflicción. En efecto, en la sentencia de 17 de julio de 1992 donde sobre el particular, y con fundamento en la Constitución, se analizó el tópico, se consideró: “En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, conviv